Colectivo Guerreros Buscadores ingresa a rancho ligado al CJNG; confronta versión oficial de la FGR
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó el pasado 2 de mayo al Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, un sitio señalado por diversas fuentes como un presunto centro de operaciones y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El ingreso fue autorizado por un juez federal el 1 de mayo y se llevó a cabo con trajes de bioseguridad, dada la sensibilidad del lugar y la posibilidad de encontrar restos humanos.
La visita al predio representa un nuevo capítulo en la creciente tensión entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y las autoridades federales, en particular con la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero. La líder del colectivo, Indira Navarro, relató que, tras años de exigencia y evidencias presentadas, finalmente se les permitió acceder al sitio que ellas consideran clave en la desaparición de personas en la región.
Sin embargo, esta acción también llega en un momento de abierta discrepancia entre la versión de las autoridades y la de los familiares de víctimas. El fiscal Gertz Manero declaró recientemente en conferencia de prensa que no existe evidencia que confirme que el Rancho Izaguirre haya sido usado como crematorio clandestino, como han señalado múltiples denuncias. “No hay una sola prueba”, aseguró el funcionario, añadiendo que, si bien se hallaron zanjas y restos de fogatas, no se localizaron osamentas completas o restos humanos identificables.
Ante esas declaraciones, el colectivo publicó una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que cuestionan directamente la versión del fiscal. “Le están mintiendo, Presidenta. El Fiscal General está acusando a todas las buscadoras de mentirosas”, se lee en el documento de dos cuartillas, en el que además reclaman que ya no solo les arrebataron a sus hijos, sino que ahora intentan negarles la verdad.
Indira Navarro también reveló que sostuvo una llamada telefónica directa con Gertz Manero, en la que el fiscal reconoció que no había recibido toda la información relevante sobre el caso. Según Navarro, fue él mismo quien se comunicó con ella tras tomar conocimiento de que los informes oficiales presentaban lagunas. “Dicen que es la primera vez que habla con una víctima. Por supuesto, yo le dije mi postura, mi sentir en nombre de las víctimas”, relató.
Durante esa conversación, la madre buscadora expresó su disposición a colaborar con las autoridades, pero subrayó que el respeto hacia las víctimas debe comenzar por reconocer los hallazgos y escuchar las voces que llevan años en el terreno. “Si realmente quiere que salga la verdad, esta es la oportunidad. Él como figura de justicia lo puede hacer, y de esa manera podría ganarse el respeto de la sociedad y de las víctimas”, expresó.
En su testimonio, Navarro también ofreció una disculpa al fiscal si se sintió aludido por el tono de la carta enviada a Sheinbaum, aclarando que no se trató de una ofensa personal, sino de una manifestación de desesperación acumulada: “Lo pedíamos a gritos, que la FGR interviniera, por toda la situación que estamos viviendo aquí en el estado”.
El Rancho Izaguirre ha sido objeto de múltiples señalamientos desde hace años. Diversos testimonios apuntan a que era utilizado por el CJNG como campo de reclutamiento y entrenamiento paramilitar. Aunque la FGR ha confirmado que existen pruebas documentales, confesionales y testimoniales que lo vinculan directamente con actividades delictivas del cártel, el desacuerdo se centra en la naturaleza de dichas actividades, particularmente en la posible existencia de hornos clandestinos para la incineración de cuerpos.
La confrontación entre las versiones oficial e independiente revela una fractura creciente entre las instituciones del Estado y los colectivos de víctimas, que ven en la falta de acción —y ahora en la negación de evidencia— una nueva forma de revictimización.