Piden cancelar 18 candidaturas judiciales por vínculos con delitos graves y falta de requisitos académicos
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, solicitaron este domingo al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 18 candidaturas en la histórica elección judicial del próximo 1 de junio, por presuntas violaciones a requisitos constitucionales y éticos. La petición incluye además observaciones sobre otras ocho candidaturas que no cumplen con el promedio mínimo de calificación exigido para los cargos.
En un comunicado conjunto, los legisladores argumentaron que las 18 personas impugnadas “no gozan de buena reputación”, como exige la Constitución, al estar presuntamente vinculadas con investigaciones penales federales vigentes. Entre los delitos señalados se encuentran abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones e incluso delincuencia organizada.
Asimismo, denunciaron que algunas de estas personas “han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado”, lo cual comprometería su imparcialidad en caso de acceder a una posición en el Poder Judicial. “Esto representa un evidente conflicto de interés”, subrayaron.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, declaró Gutiérrez Luna, quien insistió en que la idoneidad de los aspirantes debe evaluarse más allá del marco legal, como una cuestión de principios fundamentales para garantizar la legitimidad institucional.
En cuanto al aspecto académico, los legisladores señalaron que otras ocho candidaturas no alcanzan el promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura en Derecho, establecido como requisito para los cargos de jueces, juezas y magistraturas. Los promedios documentados en estos casos oscilan entre 7.0 y 7.93.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, afirmó Gutiérrez Luna. “Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.”
Ambos legisladores solicitaron formalmente al INE que proceda con la cancelación de los registros impugnados, argumentando que “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública” en quienes ejercerán funciones judiciales es una responsabilidad de todas las instituciones involucradas.
El reclamo se suma a los señalamientos que Fernández Noroña ya había anticipado el pasado 23 de abril, cuando advirtió que la Cámara Alta llevaría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra aproximadamente 20 aspirantes judiciales supuestamente ligados al narcotráfico. Un día antes, el senador había declarado a medios que detectaron a “defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder al Poder Judicial” a través de este inédito proceso electoral.
El próximo 1 de junio, México celebrará su primera elección judicial por voto popular, en la que más de 99.7 millones de personas podrán elegir 881 cargos entre más de 3,400 candidaturas, incluidas posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el renovado Tribunal Electoral.
Las campañas, iniciadas el pasado 30 de marzo y que concluirán el 28 de mayo, han estado marcadas por crecientes tensiones. Diversos actores, entre ellos la oposición, jueces en funciones, asociaciones civiles y organismos internacionales como la ONU, han expresado preocupación por una posible intromisión del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.