Trump lanza ofensiva contra programa californiano que ayudó a migrantes indocumentados durante la pandemia
La administración del expresidente Donald Trump anunció este lunes el inicio de una investigación formal al Programa de Asistencia Económica para Migrantes de California (CAPI, por sus siglas en inglés), que durante la pandemia de la Covid-19 brindó apoyo económico a personas indocumentadas mayores o con discapacidades que quedaron fuera del alcance de la ayuda federal.
La pesquisa está siendo liderada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en colaboración con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Como parte de la investigación, las autoridades federales emitieron una citación formal al condado de Los Ángeles para obtener acceso a registros detallados sobre la implementación del programa durante los años más críticos de la emergencia sanitaria.
Entre los datos requeridos por la administración republicana se encuentran nombres completos, fechas de nacimiento, estatus migratorio y otra información confidencial de los beneficiarios del CAPI, según confirmó el DHS mediante un comunicado de prensa. La medida se enmarca en una estrategia más amplia del expresidente Trump para confrontar a estados gobernados por demócratas que han impulsado políticas de inclusión para la población indocumentada.
“Los políticos de izquierda radical en California priorizan a los migrantes indocumentados sobre nuestros propios ciudadanos, incluso al otorgarles acceso a beneficios en efectivo”, declaró Kristi Noem, actual secretaria del DHS, en tono crítico hacia la gestión estatal.
Noem también advirtió que la recolección de datos no se limitará al condado de Los Ángeles y anticipó que algunas jurisdicciones podrían negarse a colaborar, lo que abriría un nuevo capítulo en la tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales.
Durante la pandemia, California se convirtió en el primer estado del país en crear un programa de asistencia directa para migrantes indocumentados, quienes quedaron excluidos de los beneficios federales como el seguro de desempleo y los cheques de estímulo económico. A través del CAPI, el gobierno estatal aprobó un pago único de $600 dólares para ayudar a aliviar las dificultades económicas derivadas del confinamiento y la crisis sanitaria.
Diversos analistas han señalado que la iniciativa respondió no solo a un imperativo humanitario, sino también a un reconocimiento del papel esencial que desempeña la población indocumentada en sectores clave de la economía californiana como la agricultura, la construcción y los servicios.
La investigación impulsada por Trump también ha reavivado el debate sobre las contribuciones fiscales de los migrantes sin estatus legal. Aunque no califican para recibir beneficios como el Seguro Social, se estima que estos trabajadores aportaron aproximadamente $25.700 millones de dólares en impuestos a ese sistema durante 2022, de acuerdo con un estudio del Instituto de Impuestos y Política Económica. Se trata de fondos que ayudan a financiar servicios públicos sin que los contribuyentes indocumentados puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones.
Grupos de derechos civiles y organizaciones de defensa de los migrantes han calificado la ofensiva del gobierno de Trump como un intento de criminalizar la solidaridad estatal y disuadir futuras políticas de inclusión. A su vez, alertan sobre el posible uso de esta información para alimentar operaciones de deportación masiva o persecución administrativa.
California, que alberga a más de dos millones de personas sin estatus legal —la mayor población indocumentada del país—, ha reiterado en distintas ocasiones su compromiso de garantizar ciertos derechos fundamentales, independientemente del estatus migratorio.
La evolución de esta investigación y la respuesta de las autoridades californianas podría escalar hacia un nuevo conflicto jurídico entre los estados y el gobierno federal, con implicaciones significativas para el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos.