Claudia Sheinbaum defiende la constitucionalidad de la Reforma Judicial ante la intervención de la corte
En el contexto de la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, diversos constitucionalistas y la Consejería Jurídica han sugerido que la Corte debería retrasar su decisión sobre los amparos presentados por algunos partidos políticos.
Esta recomendación se basa en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del cambio constitucional que declara el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo como constitucional, un aspecto que podría influir en el proceso judicial actual.
La presidenta de la República ha expresado su preocupación respecto a la recepción de amparos por parte de la Corte provenientes de partidos políticos que, según se argumenta, carecen de personalidad jurídica. Esto representa un problema legal significativo, ya que estos partidos, al estar sujetos a las leyes electorales, deberían presentar sus amparos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no ante la Corte. La presidenta enfatizó que la actual discusión sobre la reforma al Poder Judicial no debería estar en manos de la Corte, ya que la Constitución establece claramente que el poder para realizar reformas constitucionales recae en el Legislativo y en el Constituyente, compuesto por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales.
La situación ha suscitado debates sobre el papel de la Corte en este proceso, con críticos argumentando que su intervención podría estar sobrepasando sus funciones establecidas. La presidenta afirmó que el proceso de reforma se llevó a cabo de acuerdo con las reglas constitucionales, luego de una amplia discusión en el Congreso y la aprobación por parte de las mayorías requeridas en ambas cámaras legislativas y en los congresos estatales.
Se ha planteado que, en caso de que la Corte decida actuar de manera contraria a la Constitución, el problema constitucional podría radicar en la intervención de la propia Corte, en lugar de la presidenta de la República. La presidenta subrayó que el proceso electoral, que incluye el envío de reformas a la Constitución y la validación de las mismas por parte de los ciudadanos, se realizó conforme a lo estipulado en las leyes y los procedimientos electorales.
La reforma fue publicada oficialmente el 15 de septiembre de 2024, siguiendo todas las pautas requeridas. Con este contexto, la presidenta ha enfatizado que el objetivo es respetar las decisiones del Constituyente y que cualquier negociación debería centrarse en el respeto a los procedimientos constitucionales, más que en un diálogo personal con la presidenta de la República.
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial continúa siendo un tema candente en el panorama político del país, y se espera que las decisiones de la Corte tengan un impacto significativo en el futuro del sistema judicial mexicano.
