Soberanía energética: la electricidad como derecho
La reciente reforma con la cual se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, aprobada en el Poder Legislativo, representa un avance fundamental para fortalecer la seguridad y la soberanía energética del país.
Al devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un papel predominante en la generación de energía eléctrica, se asegura que los recursos energéticos de México se utilicen prioritariamente en beneficio de su población y no de los intereses privados. Esta medida busca corregir las deficiencias del modelo anterior, en el que las empresas privadas habían adquirido un rol dominante, limitando a la CFE y generando desigualdades en el acceso y costo de la energía eléctrica.
Para millones de mexicanos, el acceso a la electricidad debe ser un derecho y no depender de las fluctuaciones del mercado ni de los intereses de un grupo limitado de actores. Con el fortalecimiento de la CFE, el Estado podrá regular de manera más efectiva los precios de la energía, garantizando tarifas justas y accesibles para todos, especialmente en un contexto global, donde los costos energéticos se han visto afectados por crisis internacionales. Esta estructura permitirá que las tarifas eléctricas sean estables y predecibles, favoreciendo a los hogares y pequeñas empresas que dependen de un servicio accesible y continuo.
Además, al otorgar mayor control al Estado sobre la generación y distribución de electricidad, se abre la puerta a una planeación energética más sustentable y alineada con los intereses nacionales a largo plazo. A diferencia de las empresas privadas, cuya prioridad es maximizar las ganancias, la CFE puede enfocarse en garantizar un suministro constante y, con los recursos adecuados, explorar una transición energética que no esté sujeta a especulación. Así, se prioriza la inversión en tecnología y energía limpia, a partir de criterios que beneficien a todos los mexicanos, independientemente de su capacidad económica.
Esta reforma permite que el país recupere el control de su energía, promoviendo no solo una reducción de precios, sino también el acceso equitativo y la estabilidad económica a largo plazo.
