Avala Cámara de Diputados ampliación de prisión preventiva oficiosa: inclusión de nuevos delitos genera polémica
En una votación que se prolongó hasta la madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con 355 votos a favor, 108 en contra y el respaldo de Morena, PT y PVEM, se estableció que los acusados por extorsión, contrabando, operaciones con comprobantes fiscales falsos y delitos relacionados con el fentanilo tendrán cárcel automática en espera de juicio.
La propuesta, que elimina la discrecionalidad judicial en estos casos, también excluyó el narcomenudeo y la defraudación fiscal del catálogo inicial, tras modificaciones impulsadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila.
Tensión en el debate
El debate comenzó el 13 de noviembre y concluyó al día siguiente. Legisladores de oposición señalaron riesgos en la medida, argumentando que podría derivar en abusos de autoridad y atentar contra el principio de presunción de inocencia. “Esto regresa al sistema penal inquisitorio”, afirmó el priista Alejandro Domínguez.
Por su parte, Irma Yolanda Garay Loredo, del PT, defendió la prisión preventiva como una herramienta para evitar la fuga de presuntos responsables de delitos graves. Ruth Marisela Silva Andraca, del PVEM, aseguró que sólo aplicará para quienes representen un peligro real.
Implicaciones legales y sociales
La reforma prohíbe interpretaciones extensivas que permitan modificar sus términos y establece que la prisión preventiva debe aplicarse de manera automática, eliminando la posibilidad de criterio judicial.
Organismos como Coparmex manifestaron su preocupación por el impacto de esta reforma en la seguridad jurídica y los derechos humanos. Los críticos advierten que jóvenes vinculados al crimen organizado y acusados de delitos menores podrían verse afectados desproporcionadamente.
El dictamen se enviará al Senado para continuar su trámite legislativo. Esta reforma, originalmente propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, representa un punto clave en el debate sobre justicia penal y derechos humanos en México.