La propuesta de Laura Itzel Castillo para garantizar la justicia energética en México se ha inscrito como uno de los ejes centrales de la política energética nacional, en el marco de la discusión de esta materia. La senadora, presidenta de la Mesa Directiva del Senado y titular de la Comisión de Energía, ha afirmado impulsar un modelo que busca acceso equitativo a la energía, soberanía nacional y transición hacia fuentes renovables. Revista Guinda te trae los detalles.
Justicia energética como eje central
El concepto de justicia energética ha sido incorporado en la nueva Ley del Sector Eléctrico, publicada en marzo de 2025. Esta norma busca disminuir la pobreza energética, garantizar un suministro seguro y promover un acceso asequible para la población.
Castillo plantea que la energía debe ser un derecho fundamental. Por ello, la propuesta de Laura Itzel Castillo para garantizar la justicia energética en México ha incluido la creación de un Fondo de Servicio Universal Energético destinado a financiar proyectos de electrificación en zonas rurales y marginadas, donde aún más del 10% de la población carece de suministro eléctrico estable.
Reformas estructurales y soberanía nacional
La propuesta de Laura Itzel Castillo para garantizar la justicia energética en México se apoya en reformas constitucionales que redefinieron a Pemex y CFE como empresas públicas del Estado. Con este cambio, se busca reforzar la rectoría estatal sobre los recursos energéticos y dejar atrás la lógica meramente mercantil.
En total, se modificaron 11 leyes secundarias relacionadas con biocombustibles, transición energética y planeación del sector. El objetivo es reducir la dependencia de importaciones, especialmente de gas proveniente de Texas, que actualmente representa cerca del 80% del consumo nacional.
Transición energética y renovables
Un pilar esencial de la propuesta es el impulso a energías limpias como la eólica y la solar. Para la CFE, se han proyectado inversiones por más de 32 mil millones de dólares que permitirán agregar 22 mil megawatts de capacidad, de los cuales al menos el 25% provendrá de fuentes renovables.
La meta es lograr que el 99% del país cuente con electricidad al cierre del sexenio, fortaleciendo un suministro confiable y sostenible.
Pobreza energética como parte de la propuesta de Laura Itzel Castillo para garantizar la justicia energética en México
La senadora ha resaltado que más del 60% de los hogares mexicanos enfrenta algún nivel de pobreza energética. Con la nueva legislación, se busca atender estas desigualdades y promover un acceso justo, con especial atención en comunidades indígenas y rurales.
El enfoque no solo se centra en la cobertura, sino también en la reducción de brechas de género y sociales vinculadas al acceso a la energía.
Democracia energética y participación social
Otro componente de la propuesta es la llamada “democracia energética”. Esta apuesta impulsa la participación ciudadana en la definición de políticas y busca que las comunidades se beneficien directamente de los recursos energéticos disponibles en sus territorios.
Mesas de diálogo, foros nacionales y consultas públicas forman parte de este mecanismo, con el fin de transparentar la toma de decisiones.
Cooperación internacional y sustentabilidad
La propuesta también integra compromisos internacionales de reducción de emisiones y combate al cambio climático. México busca fortalecer su cooperación en América del Norte con Estados Unidos y Canadá, bajo un modelo basado en diversificación energética y responsabilidad ambiental.
En este marco, la inversión extranjera es aceptada siempre que cumpla con criterios regulatorios y contribuya al desarrollo social y sustentable del país.
