La más reciente reforma aprobada en el Congreso busca garantizar un derecho que parecía obvio, pero que en la práctica se había erosionado: la libre entrada al mar. Con esta medida, se establecen penas a quienes cobren o bloqueen acceso a playas, enviando un mensaje claro de que el litoral mexicano es patrimonio de todos. Revista Guinda te trae los detalles.
La playa en disputa
Durante años, distintos complejos turísticos y propietarios colindantes con el mar implementaron cobros o restricciones para impedir el paso a los ciudadanos. Lo que para algunos era una “medida de control”, en la práctica significaba la privatización de un espacio público.
A causa de esto, el debate llegó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma con un muy amplio respaldo. Se trata de un cambio legal que refuerza la idea de que el mar y la zona federal marítimo-terrestre son bienes de la nación, y que nadie puede lucrar con el acceso.
Penas a quienes cobren o bloqueen acceso a playas
La nueva legislación prevé sanciones económicas y, en casos graves, responsabilidades penales para quienes incumplan. Al subrayar que habrá penas a quienes cobren o bloqueen acceso a playas, se busca enviar un mensaje ejemplar: las playas no se negocian, son de uso público, libre y gratuito.
El dictamen establece que cualquier persona podrá denunciar restricciones indebidas, y las autoridades deberán actuar inmediata. Esta acción también se enlaza con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, recordando que el acceso a la naturaleza es parte del derecho a un entorno sano.
Un impulso político con nombre propio
En la Cámara de Diputados, una gran diversidad de voces de todos los partidos, desde la de Miguel Alejandro Alonso, del PRI, hasta la de Ricardo Monreal de MORENA destacaron la importancia de blindar esta reforma. El legislador sostuvo que las playas son patrimonio común y que garantizar su libre acceso es una cuestión de justicia social.
El planteamiento no fue menor: porque México, con más de 11 mil kilómetros de litoral, tenía un rezago en la defensa legal de este derecho frente a las prácticas privadas que imponían barreras de facto.
El papel de las instituciones ambientales
La aplicación de las nuevas reglas no recaerá solo en el Congreso. Se espera que la Secretaría de Medio Ambiente refuerce la supervisión en coordinación con autoridades locales, cerrando la puerta a interpretaciones ambiguas.
La implementación. La vigilancia, las denuncias ciudadanas y la disposición de sancionar a infractores marcarán si esta reforma se convierte en un cambio real o de nuevo quedarán las leyes en calidad de letra muerta.
Una reforma simbólica y práctica
Los defensores de la medida señalan que es un triunfo no solo legal, sino cultural. México arrastraba una contradicción: playas abiertas en el papel, pero cerradas en la práctica.
Ahora, la ley apunta a corregir esa paradoja. Con penas a quienes cobren o bloqueen acceso a playas, se refuerza un principio: el mar pertenece a todos, no a unos cuantos.
La reforma no sólo responde a una exigencia ciudadana, sino que también recupera la confianza en la capacidad del Estado para proteger bienes comunes. El reto ahora será mantener la vigilancia, castigar con firmeza a quienes insistan en cerrar los accesos y consolidar un nuevo pacto entre sociedad y naturaleza.
