Un grupo de empresarios bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) continúa operando de manera activa en sectores que van desde la construcción hasta el turismo, incluso tras ser vinculados al delito de posesión y almacenamiento ilícito de combustibles. Revista Guinda te trae los detalles.
La red de los intocables del combustible
Las pesquisas federales apuntan a que Roberto Blanco Cantú, conocido como “El señor de los buques”, encabeza una red de empresarios que mantienen más de 30 negocios distribuidos entre Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí y Jalisco; la cual Aquedó al descubierto en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
Junto a él figuran Brenda Mariela Salas Ramírez, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Luis Francisco Rodríguez Orozco, los hermanos Cristián Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, así como Héctor Manuel Portales Ávila, José Isabel Murguía Santiago y Anuar González Hemad.
De este grupo, tres ya están detenidos; otros permanecen prófugos o sin órdenes de aprehensión activas, como el exsenador Gerardo Novelo Osuna.
Implicados en huachicol fiscal conservan sus negocios en seis entidades
Los negocios vinculados al huachicol fiscal operan en giros tan diversos como transporte de carga, venta de combustibles, agricultura, abarrotes, turismo y hasta productos médicos. Según la Fiscalía General de la República, estas estructuras empresariales funcionan como vehículos financieros para lavar recursos procedentes del contrabando de hidrocarburos. En varios casos, los socios han mantenido sus registros vigentes en el Registro Público de Comercio, lo que demuestra que, a pesar de las investigaciones y detenciones, el andamiaje financiero de la red continúa en movimiento.
Mefra Fletes: la puerta del fraude
El nombre de Mefra Fletes aparece de forma reiterada en los expedientes judiciales. Según las indagatorias, esta empresa habría servido como eje logístico para introducir millones de litros de gasolina y diésel al país desde buques extranjeros.
El truco: declarar el combustible como “aditivos lubricantes” o “resinas de policarbonato” para evadir impuestos y simular legalidad en la importación. La operación se extendía también a Transportes Especializados AMOL, donde se detectaron más de 8.8 millones de litros de diésel durante un cateo en marzo de 2025 en Ensenada, Baja California.
En ese inmueble, arrendado por el exsenador Novelo Osuna a Luis Francisco Rodríguez Orozco, las autoridades hallaron tractocamiones y pipas rotuladas con leyendas como “Cristian Noé Amaya Olvera AMOL”, “Autolíneas Roca” y “Mefra Fletes”.
Empresas conocidas, nombres nuevos
Una revisión de las actas empresariales revela que algunos de los implicados manejan compañías con décadas de existencia, como Regio Transportación S.A. de C.V. o Materiales para Construcción Tijerina, ambas con sede en Nuevo León. Otras son de creación reciente, como Transporte Mursan S.A. de C.V., fundada en 2024 en Jalisco por José Isabel Murguía Santiago, quien también estableció Reisa Logistic en Sonora.
Pese a las detenciones, Implicados en huachicol fiscal conservan sus negocios, incluso con vacantes publicadas en línea, como en el caso de Héctor Manuel Portales Ávila, propietario de Grupo HMPA en Tamaulipas y Pasaje y Turismo Ventura en San Luis Potosí.
Brenda Mariela Salas Ramírez, otra pieza clave de Mefra Fletes, opera en Guadalajara la empresa Audición Mercante S.A. de C.V., dedicada a productos médicos y ortopédicos. En Baja California, Rodríguez Orozco mantiene Construcciones y Edificaciones Rodpe, Establo La Pila y Comercializadora Rivera.
Mientras tanto, el exsenador Novelo Osuna conserva al menos seis sociedades en Ensenada, entre restaurantes, inmobiliarias y un hotel de playa.
La estructura resiste
La persistencia de esta red empresarial sugiere una estrategia de blindaje legal y financiero que ha permitido a los implicados mantener operaciones comerciales incluso bajo investigación penal.
Según fuentes judiciales, los vínculos de varios de estos empresarios con grupos del crimen organizado abarcan no solo el huachicol fiscal, sino también tráfico de armas y evasión fiscal a gran escala.
En este tablero donde se cruzan intereses políticos, financieros y criminales, el combustible parece ser solo el punto de partida de un esquema mucho más amplio —uno que, por ahora, sigue encendido.
