Treinta agentes aduanales concentraban el control del contrabando de hidrocarburos en México, una cifra que ilustra la magnitud de las prácticas ilícitas que, por años, erosionaron los ingresos públicos y distorsionaron el mercado energético. Revista Guinda te trae los detalles.
De acuerdo con Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), más de 326 personas están vinculadas a proceso penal por delitos relacionados con contrabando energético. De ellas, 78 ya fueron sentenciadas. Existen además 818 carpetas de investigación con detenido y 6 mil 889 sin detenido. En total, 310 casos han sido judicializados ante jueces de control.
Durante la actual administración, la ANAM canceló más de 45 patentes de agentes aduanales implicados en operaciones irregulares, dentro de un universo activo de 805. Es decir, el 3.7% de los despachantes concentraba la totalidad del contrabando detectado.
Huachicol fiscal controlado por red de aduaneros documentado en puertos clave
Los operativos realizados en Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas expusieron esquemas de evasión fiscal y simulación de operaciones. Márquez detalló que algunos agentes “modularon hasta 800 operaciones en una hora”, evidencia del uso de sistemas automatizados y de la falta de control real sobre la mercancía.
También se detectaron oficinas que operaban simultáneamente desde la Ciudad de México y diferentes puertos marítimos, con adscripciones múltiples consideradas ilegales. Más del 80% de los contenedores revisados pagaban menos de 50 mil pesos en impuestos, montos irrisorios frente al valor real de los productos importados.
De los 800 agentes analizados, 550 manejaban operaciones clasificadas como rojas o vulnerables, es decir, de alto riesgo fiscal. La dinámica revela que las sanciones actuales no disuaden la práctica del contrabando. “Para ellos es más rentable pagar la multa que dejar de contrabandear”, advirtió Márquez.
Reformas urgentes a la Ley Aduanera
El funcionario solicitó al Senado respaldar la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera impulsada por el Ejecutivo Federal. El objetivo: dotar a la ANAM de mayores facultades de trazabilidad e investigación fiscal, especialmente en sectores energéticos estratégicos.
“No se trata de perseguir al gremio aduanal, sino de sancionar a quienes han convertido el contrabando en un negocio recurrente y un obstáculo para la competencia legal”, remarcó Márquez.
La intención del Gobierno federal es reconstruir la confianza en los procesos aduanales y garantizar un comercio exterior ético y transparente. La corrupción y el contrabando de combustibles, sostuvo, le cuestan al país miles de millones y debilitan su seguridad energética.
Red internacional: conexión México–Estados Unidos
Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un entramado que involucra al menos 555 empresas y ocho puertos estratégicos —Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán— donde el huachicol fiscal se transformó en red criminal.
En estos puntos, empresas fachada y documentos falsos permitían que el combustible cruzara los controles sin obstáculos. Los expedientes judiciales describen cómo los cárteles infiltraron la cadena logística mediante cómplices dentro de dependencias públicas y privadas.
El fenómeno no se limita a México. Informes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) alertaron sobre operaciones transnacionales de contrabando energético. El petróleo robado se transportaba desde zonas de Pemex hacia Tamaulipas, donde se hacía pasar por aceite residual antes de cruzar a Texas.
En territorio estadounidense, el líquido se descargaba en patios clandestinos y se vendía como crudo legítimo. Para blanquear los recursos, empresas fronterizas generaban facturas y transferencias a compañías fachada mexicanas. Cada embarque podía generar hasta cinco millones de dólares.
Hacia un control efectivo
Expertos sostienen que el huachicol fiscal controlado por red de aduaneros representa una amenaza estructural para la economía y la soberanía energética del país. Los casos documentados exhiben la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional y cerrar los resquicios legales que aún permiten la impunidad.
El desafío del Estado no está solo en la vigilancia, sino en la reconstrucción de la confianza social y comercial. Mientras las aduanas sigan siendo una frontera débil, los combustibles ilegales seguirán alimentando redes económicas paralelas y drenando la capacidad recaudatoria de la nación.
