Deudas de Pemex evitan la inversión privada
Durante 2025, Pemex ha reconocido una deuda comercial con proveedores que supera los 500 mil millones de pesos, a lo que se suma un pasivo financiero total por encima de los 100 mil millones de dólares. Esta combinación, que incluye cuentas vencidas con empresas de servicios, navieras, arrendadores de plataformas y constructoras, ha encendido alarmas en cámaras empresariales y analistas del sector.
La presión de caja se refleja en pagos diferidos, negociaciones permanentes y promesas sucesivas de regularización, al tiempo que la actividad petrolera en el Golfo de México muestra signos de desaceleración por proyectos detenidos o replanteados. En este contexto, cada nueva convocatoria a socios privados llega acompañada de una pregunta central: si la empresa no logra ponerse al día con sus compromisos actuales, ¿hasta dónde puede garantizar el cumplimiento de los futuros?
Contratos mixtos, entre la oportunidad y la desconfianza
El plan estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex) plantea 21 contratos mixtos con empresas privadas para atraer inversiones por hasta 17 mil millones de dólares y sumar alrededor de 450 mil barriles diarios adicionales hacia 2033. La meta oficial es sostener una plataforma cercana a 1.7–1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos, apoyándose en proyectos donde el capital y el conocimiento técnico provengan del sector privado.
Sin embargo, el diseño de estos instrumentos deja poco margen de maniobra al socio: Pemex busca retener al menos 40% de participación y establece límites estrictos a la recuperación de costos, además de concentrar la toma de decisiones estratégicas. Para los inversionistas, el resultado es un esquema en el que se asumen riesgos operativos y financieros elevados, pero con un grado limitado de control sobre el ritmo de inversión, la gestión de campos y la respuesta ante contingencias.
Proveedores bajo presión y riesgo sistémico
El rezago en los pagos ha afectado tanto a grandes multinacionales de servicios petroleros, como Halliburton, como a empresas medianas y pequeñas que dependen de los flujos de la cadena energética para sostener empleos y operaciones. Ese estrés financiero se traslada a subcontratistas, proveedores regionales y trabajadores especializados, generando una cadena de atrasos que ya se percibe en menor actividad, equipos parados y proyectos en pausa.
Organizaciones empresariales han advertido que el incremento de pasivos con proveedores y contratistas, sin una ruta clara de saneamiento, no solo encarece el financiamiento para la compañía, sino que también eleva el costo país para cualquier nueva Inversión Privada vinculada a la petrolera. En la práctica, los bancos exigen mayores garantías, las tasas suben y los contratos requieren mecanismos adicionales de protección, lo que reduce el atractivo económico de incorporarse a nuevos desarrollos.
Transparencia, gobernanza y futuro de la exploración
Otro elemento que pesa en las decisiones de las compañías interesadas es la limitada transparencia en la asignación y seguimiento de los proyectos con socios privados, así como la centralización de las decisiones clave en la empresa estatal. Para jugadores acostumbrados a marcos regulatorios más claros, esta combinación de opacidad, alta exposición y deudas acumuladas hace que se perciba a México en un destino de alto riesgo para proyectos de exploración y desarrollo de campos.
Expertos coinciden en que reducir de manera creíble la deuda con proveedores, fortalecer la gobernanza de los contratos y abrir espacios reales de corresponsabilidad operativa serán condiciones indispensables para destrabar las asociaciones que Pemex necesita. Mientras esto no ocurra, las deudas de Pemex evitan la inversión privada y seguirán siendo el principal filtro para cualquier compañía que evalúe comprometer capital y tecnología en los proyectos de la empresa del Estado.
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