Israel cierra cerco a ONGs en Gaza al imponer un nuevo sistema de registro que redefine quién puede permanecer sobre el terreno y bajo qué condiciones. Desde marzo, las organizaciones humanitarias internacionales que operan en Gaza y Cisjordania deben someterse a un proceso de autorización basado en criterios descritos por agencias de la ONU como vagos, arbitrarios y susceptibles de uso político. Las autoridades pueden negar o cancelar el registro alegando motivos de seguridad o supuesta “deslegitimación” del Estado, sin un umbral claro de pruebas ni un mecanismo de apelación efectivo.
En la práctica, el relato que comparten trabajadores humanitarios describe pasillos estrechos, oficinas improvisadas y equipos que, mientras atienden a heridos o distribuyen alimentos, revisan correos y oficios oficiales para saber si su permiso sigue vigente o ha sido revocado. Varios equipos señalan que la permanencia en territorio palestino se condiciona a la entrega de información sensible sobre personal local y donantes, lo que ha encendido alertas sobre posibles represalias y vigilancia.
Nuevas reglas y presión sobre las ONG
Bajo el nuevo esquema, a organizaciones que trabajan como socias operativas de la ONU se les han pedido listas completas de empleados palestinos para una “verificación de seguridad”, acompañadas de la advertencia de que la negativa podría derivar en la cancelación de sus operaciones en cuestión de semanas. El mensaje que reciben muchas de ellas es que, sin ese nivel de exposición, no habrá autorización para seguir distribuyendo ayuda.
En paralelo, más de un centenar de ONGs internacionales —incluidas Cáritas, Médicos del Mundo, Oxfam y también Médicos Sin Fronteras— denuncian que la entrada de suministros esenciales es rechazada con el argumento de que ciertas entidades “no están autorizadas” para entregar la ayuda. Informes internos recogen decenas de solicitudes de convoyes bloqueados en un solo mes, pese a discursos oficiales que aseguran que no existen límites a la asistencia.
Bloqueos, vetos y “ayuda como arma”
Sobre el terreno, los equipos humanitarios describen un escenario en el que cada camión que se retrasa se traduce en hospitales sin combustible, clínicas sin analgésicos y familias que reparten una sola ración entre varios días. Las restricciones se entrelazan con el controvertido programa de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), un modelo de distribución altamente centralizado y con fuerte peso militar que concentra la gestión de la ayuda en estructuras bajo control israelí.
Desde la puesta en marcha de este esquema, organizaciones humanitarias han documentado muertos y heridos en torno a centros vinculados a la GHF, al tiempo que acusan a las autoridades de “convertir la ayuda en un arma” y marginar a los actores independientes. Para muchos equipos, el dilema cotidiano es elegir entre aceptar marcos operativos que consideran lesivos para su neutralidad o ir preparando el cierre ordenado de sus misiones.
Riesgo de colapso de servicios básicos
El Equipo Humanitario del Territorio Palestino Ocupado ha advertido que decenas de organizaciones podrían perder su registro antes de que termine el año si no aceptan las nuevas condiciones. Eso implicaría, en un plazo de semanas, el cierre de proyectos clave de salud, agua y saneamiento, así como la reducción drástica de programas de asistencia alimentaria.
En los barrios más golpeados de Gaza, se estima que la salida de las ONGs internacionales podría traducirse en el cierre de uno de cada tres centros de salud que permanecen operativos. En una población que ya enfrenta altos niveles de hambre, riesgo de epidemias y una infraestructura devastada, el vacío que dejaría esa retirada se percibe como insustituible por las agencias que todavía intentan sostener servicios básicos.
Dimensión legal y llamados internacionales
Organismos de la ONU recuerdan que, en contextos de ocupación, el acceso humanitario no se concede por cortesía, sino que forma parte de obligaciones jurídicas recogidas en el Derecho Internacional Humanitario, que exige facilitar el paso rápido y sin trabas de la ayuda. A su juicio, el uso de trabas burocráticas, vetos selectivos y la centralización militarizada de la asistencia entra en tensión con los compromisos asumidos en distintos acuerdos de alto el fuego.
Redes de ONGs han hecho un llamado a la comunidad internacional para que incremente la presión diplomática y condicione apoyos a la retirada de las exigencias de información confidencial, al levantamiento de los obstáculos a los convoyes y a la apertura sostenida de los cruces para ayuda humanitaria. Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de civiles continúa marcada por la incertidumbre sobre si mañana seguirán existiendo los mismos puntos de atención médica, comedores o programas de distribución que hoy sostienen su supervivencia.
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