La reforma a las pensiones doradas en el sector público paraestatal está lista para su declaratoria en el Senado, luego de que más de la mitad de los congresos estatales aprobaron el cambio constitucional que limita estos beneficios.
Se prevé que el próximo martes el Senado emita la declaratoria correspondiente y envíe el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación, con lo que entrará en vigor la modificación al artículo 127 constitucional.
Hasta el momento, al menos 18 legislaturas estatales han respaldado la reforma, superando la mayoría requerida para validar cambios a la Constitución. Entre los estados que avalaron la medida se encuentran Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla, entre otros.
La reforma a las pensiones doradas establece que las jubilaciones financiadas con recursos públicos en organismos paraestatales no podrán superar el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo federal.
Con esta disposición, a partir de su entrada en vigor en abril, diversas pensiones consideradas elevadas serán reducidas de manera inmediata. Entre los casos más destacados se encuentran ex directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro que actualmente reciben más de un millón de pesos mensuales.
Estas pensiones, junto con otras que oscilan entre los 900 mil y casi un millón de pesos, serán ajustadas a montos cercanos a los 70 mil pesos mensuales, conforme al nuevo límite establecido en la Constitución.
De manera similar, pensiones de ex funcionarios y ex líderes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, que actualmente superan el medio millón de pesos mensuales, también serán reducidas a este tope.
El ajuste también alcanzará a beneficiarios de instituciones como Nacional Financiera, donde existen casos de pensiones que rebasan los 100 mil pesos mensuales y que han sido pagadas durante décadas.
La reforma contempla tanto las pensiones futuras como las ya otorgadas, lo que implica una aplicación inmediata para los casos vigentes una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales contarán con un plazo de 90 días para revisar y adecuar el marco jurídico correspondiente, con el objetivo de armonizar las disposiciones y garantizar su cumplimiento.
Las autoridades estiman que la aplicación de esta medida permitirá generar un ahorro anual cercano a los 5 mil millones de pesos para el erario público.
La reforma a las pensiones doradas forma parte de una política orientada a establecer límites en el uso de recursos públicos en esquemas de retiro, particularmente en empresas productivas del Estado y organismos financieros.
No obstante, la disposición establece una excepción para las fuerzas armadas. En este caso, los haberes de retiro otorgados conforme al marco legal vigente antes de la entrada en vigor de la reforma se mantendrán sin cambios.
Con la declaratoria en puerta, el proceso legislativo de esta reforma se encuentra en su etapa final, lo que permitirá su implementación en el corto plazo y su aplicación en todo el país.
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