La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León activó formalmente la etapa de diligencias e investigación dentro del juicio político promovido contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. El procedimiento se centra en una presunta triangulación de fondos públicos que involucra a dependencias federales, locales y empresas proveedoras.
La determinación fue aprobada por mayoría en el órgano legislativo. Exige a un total de 69 oficinas gubernamentales de niveles federal y local, así como a 12 compañías proveedoras, la entrega de documentación certificada sobre sus operaciones contractuales.
De acuerdo con la información en medios nacionales, las entidades notificadas tienen un plazo de seis días hábiles a partir del 27 de junio para presentar los comprobantes y contratos requeridos. El incumplimiento de este plazo podría derivar en sanciones legales.
Durante la lectura del dictamen oficial, las autoridades parlamentarias detallaron las instrucciones legales aprobadas para recopilar las evidencias necesarias sobre las transacciones financieras cuestionadas. La solicitud de información abarca contratos de prestación de servicios celebrados directamente por la autoridad o a través de interpósita persona física o moral.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, Armida Serrato Flores, leyó los alcances de la petición. Señaló que se requieren copias certificadas de toda la documentación que acredite la existencia de dichos contratos con las empresas señaladas.
Serrato Flores también hizo alusión a las declaraciones remitidas por escrito por el mandatario estatal el pasado 23 de junio. En ese documento, García Sepúlveda argumentaba el origen privado de los fondos que están bajo escrutinio público.
La legisladora interpretó que el gobernador reconoce, en su propio escrito, que existieron transferencias de recursos desde esas empresas hacia despachos legales. Consideró que esa afirmación constituye un reconocimiento de que las transferencias ocurrieron, aunque falta determinar los montos y las fechas exactas.
Para esclarecer esos datos, la comisión solicitó información al Servicio de Administración Tributaria sobre las transferencias bancarias relacionadas. La dependencia federal deberá informar los movimientos financieros que vinculen a las empresas proveedoras con los despachos jurídicos contratados por la administración estatal.
Por su parte, el gobernador Samuel García ha sostenido firmemente que los cobros efectuados por su oficina no constituyen ningún tipo de delito. Su defensa se basa en que las empresas proveedoras tienen plena libertad para contratar los servicios de cualquier despacho jurídico externo, sin que ello implique un uso indebido de recursos públicos.
Sin embargo, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León busca determinar si esos pagos ocultaron una ruta de desvío de fondos gubernamentales. La investigación se enfoca en rastrear el origen y destino final de los recursos transferidos a los despachos legales.
En paralelo al avance de las diligencias, el ambiente político en el recinto parlamentario se ha tensado. Integrantes de las bancadas opositoras manifestaron haber sido objeto de actos intimidatorios en días recientes. Uno de los casos más visibles es el de la diputada panista Claudia Caballero.
Caballero reveló que ha recibido mensajes con amenazas dirigidas contra su persona, su familia y sus hijos. Decidió no exhibir el contenido de esas comunicaciones porque ya forman parte de una carpeta de investigación que fue presentada ante la Fiscalía General del Estado.
La denuncia formal fue interpuesta por la legisladora al término de la sesión en la que se aprobaron las diligencias. Aunque no se dieron detalles sobre el contenido de los mensajes, la diputada aseguró que las amenazas buscan generar temor entre quienes impulsan el juicio político.
El expediente del mandatario estatal podría ser remitido al pleno del Congreso local durante el mes de agosto. Será en ese momento cuando los legisladores determinen si existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento de destitución o si se archiva el caso.
Mientras tanto, la comisión investigadora continuará recabando pruebas y analizando la documentación que entreguen las dependencias y empresas notificadas. El resultado de esta etapa definirá si el juicio político avanza hacia una fase de debate en el pleno.
La transparencia en el manejo de los recursos públicos es uno de los ejes del conflicto. Los opositores al gobernador exigen que se aclare el destino de cada peso transferido a los despachos legales, mientras que el mandatario insiste en que todas sus acciones han sido legales y privadas.
El desenlace de este proceso dependerá en gran medida de la documentación que aporten el SAT y las dependencias requeridas. También será clave la interpretación jurídica que haga la comisión sobre si las transferencias constituyen o no un delito de triangulación de fondos.
La situación mantiene en vilo a la clase política local y ha generado expectación en distintos sectores de la sociedad. El caso se suma a otros antecedentes de señalamientos contra funcionarios estatales por presuntos actos de corrupción en los últimos años.
Por ahora, la Comisión Anticorrupción del Congreso local mantiene abierta la investigación y espera la respuesta de las oficinas notificadas. El plazo de seis días hábiles comenzó a correr el 27 de junio, por lo que los resultados preliminares podrían conocerse en los primeros días de julio.
La ciudadanía y los observadores políticos estarán atentos a la evolución de este proceso. La decisión final del pleno del Congreso, prevista para agosto, será determinante para la continuidad del mandato de Samuel García al frente del estado.
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