Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades del país a garantizar que ningún plantel opere bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier término similar a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto. La SEP ordena el cierre de todas las escuelas militarizadas, su titular, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer la instrucción el 29 de julio de 2026, en un comunicado que profundiza el posicionamiento que la propia SEP había adelantado apenas cinco días antes, el 24 de julio.
La determinación llega apenas dos semanas después de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que perdió la vida mientras cursaba un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y se inserta en una revisión más amplia de un modelo educativo que, según la SEP, resulta incompatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
El caso Dafne Zapata: la tragedia que detonó la revisión
De acuerdo con reportes de medios locales, Dafne ingresó el 13 de julio a un curso de verano con internado en la Academia Doenitz y falleció días después, con un certificado que señaló asfixia por sumersión como causa de muerte y con evidencia de golpes en el cuerpo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación que se sigue bajo el protocolo de feminicidio, mientras que exalumnos denunciaron públicamente prácticas de maltrato físico, castigos extremos y novatadas al interior del plantel. Las autoridades estatales detuvieron al director de la academia, Jorge Luis Ponce Ortega, así como a una de las instructoras que era identificada por los estudiantes con el apodo de “Sargento” o “Estrellita”.
La SEP ordena el cierre de todas las escuelas militarizadas, un modelo educativo falto de supervisión
La academia operaba como una institución privada incorporada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas desde 2005, con una actualización de su autorización en 2013, pero sin vínculo alguno con la Secretaría de la Defensa Nacional ni con la Secretaría de Marina, pese a que su nombre evocaba una connotación castrense. Tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindaron públicamente del caso y precisaron que la instrucción militar es facultad exclusiva de las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas.
El caso de Dafne no resultó aislado. Autoridades educativas de la Ciudad de México ya habían revocado previamente el acuerdo de incorporación de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, señalada como responsable de un campamento en Morelos donde, en abril de 2025, murió Erick Leonardo Terán Torbellín, de 13 años, tras sufrir golpes durante actividades sin los permisos correspondientes, según reportó la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Dos años antes, en 2023, otro adolescente identificado como Zamir Pinto murió por un traumatismo abdominal luego de recibir golpes de un instructor en el Colegio Militarizado Aztlán, en el Estado de México.
La SEP ordena el cierre de todas las escuelas militarizadas para el ciclo escolar 2026-2027
En su comunicado, Delgado Carrillo solicitó a las secretarías de Educación estatales llevar a cabo una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigentes en sus territorios. El funcionario advirtió que, en los casos donde se identifiquen instituciones que continúen operando bajo alguna de estas denominaciones, deberá procederse a la suspensión inmediata de actividades y al inicio de los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva.
La instrucción también contempla dos medidas orientadas a proteger a los estudiantes: la entrega inmediata de toda la documentación escolar —certificados totales o parciales, boletas y expedientes— para que puedan continuar su trayectoria educativa en otra institución, y el reembolso sin demora de los pagos realizados por servicios aún no prestados, como reinscripciones, uniformes o materiales.
El secretario justificó la medida al señalar que la educación de carácter militar se limita, por disposición constitucional, a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y que su impartición corresponde de forma exclusiva a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ello, indicó que cualquier modelo educativo civil que se ostente como “militarizado” resulta incompatible con los fines del Sistema Educativo Nacional y con el enfoque humanista de la Nueva Escuela Mexicana, que coloca en el centro los derechos humanos, la cultura de paz y el interés superior de la niñez.
Cuántas escuelas militarizadas operan en México
Aunque la SEP no ha publicado todavía una cifra oficial consolidada de los planteles que serán revisados, análisis periodísticos basados en el Catálogo de Centros de Trabajo de la propia dependencia identificaron alrededor de 59 a 62 escuelas cuyo nombre incluye las palabras “militar” o “militarizada”. El desglose aproximado, con datos vigentes al ciclo 2024-2025, señala 37 bachilleratos, 16 secundarias, 7 primarias, un preescolar y una institución de educación superior.
Nuevo León concentra el mayor número de planteles, con 12 escuelas, la mayoría de carácter público y pertenecientes al Colegio de Bachilleres Militarizado General Mariano Escobedo. Le siguen Tamaulipas, con seis instituciones, y Guanajuato, también con seis, entre ellas el Bachillerato Bivalente Militarizado que opera bajo el sostenimiento estatal. Estimaciones periodísticas calculan que más de 12 mil estudiantes podrían verse afectados por la medida, concentrados sobre todo en los subsistemas públicos de educación media superior. Cabe precisar que las escuelas formadoras auténticas del Sistema Educativo Militar, como el Heroico Colegio Militar o la Escuela Militar de Medicina, dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, no forman parte de esta revisión, pues su función corresponde exclusivamente a la preparación de personal castrense.
Vacíos legales detrás de siete décadas de academias militarizadas
Las academias particulares de corte militar surgieron en México durante la década de 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho autorizó las primeras instituciones de este tipo. Durante décadas, estos planteles operaron bajo un reglamento de 1943 que exigía el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional, disposición que analistas educativos consideran nunca se derogó de manera expresa, lo que derivó en un vacío normativo que permitió que el modelo se mantuviera vigente sin una supervisión efectiva.
Con el paso de los años, la etiqueta “militarizada” se transformó, en la práctica, en una estrategia de mercadotecnia orientada a promover disciplina y rigor académico, sin que ello implicara necesariamente una acreditación real por parte de las autoridades castrenses. Especialistas en política educativa han señalado que esa combinación de nombre atractivo, escasa inspección y marco legal ambiguo propició, en algunos casos, la normalización de prácticas de maltrato disfrazadas de disciplina.
Qué deben hacer las familias con hijos en escuelas militarizadas
La SEP recomendó a madres, padres y tutores solicitar de inmediato la documentación académica de sus hijos ante cualquier plantel notificado, con el fin de facilitar su inscripción en otra institución antes del inicio de clases. En caso de que escuelas privadas se nieguen a reembolsar pagos por servicios no prestados, las familias pueden presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mientras que, tratándose de planteles públicos, la instancia correspondiente es la Secretaría de Educación de cada entidad.
Algunas instituciones ya comenzaron a reaccionar ante la instrucción federal. En Puebla, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza retiró parte de su publicidad exterior luego de que la Secretaría de Educación estatal iniciara acciones de revisión, de acuerdo con lo informado por la propia dependencia local. Se espera que en las próximas semanas se conozca el número definitivo de planteles clausurados en todo el país, así como el impacto que la medida tendrá sobre la matrícula de los subsistemas públicos de bachillerato militarizado, particularmente en entidades como Nuevo León.
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