Un audio difundido entre el 10 y el 11 de agosto de 2026 por el periodista Gildo Garza volvió a poner en el centro del debate público a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. En la grabación, presuntos agentes estadounidenses, junto con una referencia a su abogado, Michael Nadler, le advierten que se trata de la “última oportunidad” para cooperar, argumentando que las agencias involucradas “ya no quieren hablar” y consideran que se ha “perdido el tiempo”. Pese a la contundencia del tono, el propio contenido del audio deja sin resolver la pregunta central: qué información concreta le están pidiendo y a cambio de qué.
El audio no precisa el delito ni la información solicitada
De acuerdo con la reconstrucción difundida por Gildo Garza en su cuenta de X, la gobernadora cuestiona directamente a sus interlocutores: “¿Cargos y sanciones, pero por qué delito?”. Los agentes se niegan a especificarlo y en su lugar le indican que, junto con su abogado, elabore una proffer letter, también conocida coloquialmente como “Queen for a Day” dentro del sistema judicial estadounidense.
Ese documento no obliga a revelar toda la información de antemano, sino que sirve para que la persona señale los temas sobre los que estaría dispuesta a declarar y qué podría ofrecer a cambio. Gildo Garza ha insistido públicamente en la misma incógnita que motivó este reportaje: qué se “puso sobre la mesa” y qué recibió la gobernadora a cambio.
La oferta más explícita: las “mesas de seguridad”
El antecedente más concreto se ubica en un audio distinto, publicado el 13 de julio de 2026 por el periodista Héctor de Mauleón, en el que Marina del Pilar habría expresado su disposición a cooperar, diciéndose dispuesta a compartir lo que ha escuchado en las llamadas “mesas de seguridad”.
Estas mesas son espacios de coordinación binacional en los que participan autoridades estatales de Baja California, dependencias federales mexicanas y, con frecuencia, contrapartes de Estados Unidos. De acuerdo con el Gobierno de Baja California, en ese tipo de reuniones se revisa la incidencia delictiva, se identifican objetivos prioritarios y se da seguimiento a operativos contra la delincuencia organizada.
Autoridades federales minimizan la sensibilidad de la información
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciaron públicamente sobre el caso, señalando que la información que se discute en esas mesas de coordinación no compromete la seguridad nacional y que, de los audios conocidos hasta ahora, “no se infiere ningún delito”.
La postura de Marina del Pilar
Por su parte, la gobernadora ha negado en repetidas ocasiones haber entregado información confidencial o reservada de esas mesas a autoridades extranjeras. Ha sostenido que cualquier mención en los audios corresponde a la coordinación institucional habitual que Baja California mantiene por su condición de entidad fronteriza, y ha calificado las grabaciones difundidas como descontextualizadas o manipuladas.
Una pregunta que sigue abierta
Hasta el momento no existe confirmación pública de que se haya entregado documentación, nombres de operativos o datos específicos a las autoridades estadounidenses. Tampoco se ha difundido el contenido de la proffer letter que, según el propio audio, debía elaborarse junto con el abogado Michael Nadler. Lo único verificable, con la información disponible hoy, es la disposición verbal expresada por la gobernadora en el audio de julio.
La pregunta que Gildo Garza planteó desde el inicio, qué se ofreció exactamente y a cambio de qué, continúa sin respuesta oficial, y todo apunta a que solo el contenido de la proffer letter, si llegara a conocerse, podría despejarla.
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