Las funciones de CRE, CNH, Mejoredu, INAI y Coneval pasan a secretarías de Estado, mientras que los arbitrajes antimonopolios y de telecomunicaciones se fusionan en un nuevo ente, para cumplir con el T-MEC para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción; son órganos que nos van a permitir generar mayor competencia económica en nuestro país.

En la modificación al texto constitucional que crea al nuevo ente antimonopolios, se define que el Ejecutivo Federal, “a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar eficazmente las carreras a la competencia y a la libre concurrencia”.

De igual forma, establece que la mencionada autoridad “impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”.

Además, “ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando los dispuesto en los artículos 6º y 7º” de la Constitución.

Para realizar dicha labor, se creará la “entidad paraestatal denominada Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, la cual “quedará sectorizada a la SICT”.

Dicha autoridad “contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”.

“Lo que hacen es canibalismo. Destruyeron el Seguro Popular, sin importar que dejaban a 50 millones de personas sin accesos a salud; crearon el Insabi y también lo llevaron a la destrucción, desapareciendo 400 mil millones de pesos sin rendir cuentas, y ahora destruyen Mejoredu, otra institución que ellos mismos crearon”.

Héctor Saúl Téllez
Diputado del PAN

Sin contrapesos perdemos años de avances: expertos

En un análisis de las implicaciones de la desaparición de los organismos autónomos, publicado justo cuando la reforma que los elimina se aprobaba en el Poder Legislativo, académicos destacados de la Universidad Iberoamericana concluyen que por la importancia de las funciones que ya no serán ejercidas de manera independiente del Poder Ejecutivo, este cambio representará un grave retroceso democrático para el País.

En el documento que se puede consultar completo en la página de la IBERO, el director del Departamento de Derecho de dicha universidad, doctor Ricardo Ortega, así como sus colegas doctores Luz María Moreno, Chele Teruel y Diego García Ricci, explican la importancia de los organismos autónomos, sus logros y relevancia, así como las consecuencias directas de su desaparición.

Eliminar los organismos autónomos, se lee en el análisis, “es un retroceso para la democracia en nuestro país, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado”.

Los integrantes del cuerpo académico y de investigación de la Universidad Iberoamericana, llaman al Gobierno Federal, que absorberá esas funciones, a no destruir lo ya avanzado a lo largo de más de dos décadas en el País, sino a transformarlo por el bien de México.

¿Para qué sirven los organismos autónomos?

El Dr. Ricardo Ortega, Director del Departamento de Derecho de la IBERO, señala que la preocupación de fondo con la desaparición de estos organismos es que el estado se convierta en juez y parte, eliminándolos como piezas de “un cuarto poder” –como los categorizó el constitucionalista Mark Tushnet–, que es capaz de limitar al Estado y exigirle rendición de cuentas.

Si se construye una carretera, “lo lógico es que la sociedad quiera conocer cuánto se gastó y a quién se le adjudicaron esas obras”. Si se implementa una política social, se querrá saber “cómo se está ejecutando, cuál es el padrón de beneficiarias y beneficiarios”. Y este tipo de funciones “no pueden ser realizadas por el mismo Estado que las implementa”, porque “si hay un acto de corrupción o si la obra se ejecutó de manera inadecuada, o si no se garantizan las condiciones de igualdad en la política social, lo más seguro es que quienes implementan la medida no quieran revelar esa información”, ejemplifica el jurista quien resume: Con su desaparición pierde la democracia en México.

¿Cómo afecta la desaparición del INAI a la ciudadanía?

El Dr. Diego García Ricci, profesor-investigador y Procurador de Derechos Universitarios de la Ibero, recuerda que hace más de 22 años, con la transición a la democracia México configuró como derechos fundamentales los mecanismos de escrutinio ciudadano para el ejercicio del poder. Creó el andamiaje institucional para transparentar el uso de los recursos y lograr un mejor ejercicio del gasto público. Para ello, creó una autoridad pública, independiente, con conocimiento técnico y solvencia moral, el IFAI (hoy INAI).

Con su desaparición, pregunta el académico, ¿quién garantizará la información pública y la protección de datos personales?

Para el experto, la desaparición del organismo resulta preocupante porque implicará un cambio en la forma como ejercemos el acceso a la información y la protección de datos personales, “y debilitará la participación ciudadana que hasta hoy tenemos ganada”, ya que la autoridad que vigile estos derechos “debe ser una aliada de las y los ciudadanos. No puede ni debe quedar dentro de la verticalidad de la Presidencia de la República, como pudiera ser una Secretaría de Estado”.

Coneval, un sistema emulado por otros países

La Dra. Graciela Teruel Belismelis, directora de la División de Estudios Sociales de la IBERO, también hace una breve reseña: Antes del 2002, al preguntar el número de personas que vivían en pobreza en el país, había múltiples respuestas de académicos que estudiaban el tema. Uno podía argumentar que el 10 por ciento de la población padecía pobreza, mientras otro daba un porcentaje de 80%.

Tampoco se podía conocer si los programas sociales estaban cambiando la vida de las personas. Se sabía cuántos litros de leche repartía Liconsa, por ejemplo, pero no si se mejoraba la anemia de los niños. Todo eso cambió con la creación del Coneval en 2004, cuyo mandato es medir la pobreza de forma distinta y evaluar los programas sociales y la política social en su conjunto.

La también ex consejera e integrante fundadora del Coneval, junto con otros cinco académicos del país, destaca que gracias a la información generada por el Consejo “fue posible cerrar programas, abrir nuevos y mejorar aquellos que no funcionaban del todo bien”.

Para Teruel Belismelis, la información que proporciona el Coneval es “transparente y muy valiosa”, ya que permite a la ciudadanía conocer los niveles de pobreza, monitorearla a lo largo del tiempo y conocer en qué se está gastando y si se está gastando bien. “Es un sistema de evaluación único en el mundo, que fue retomado por otros países”.

¿Cuál es la relevancia de Mejoredu?

La Dra. Luz María Moreno, profesora-investigadora de la IBERO y Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, argumenta que Mejoredu no duplica las funciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y es un organismo que necesita mantenerse como autónomo para conservar su capacidad técnica de hacer recomendaciones al sistema educativo.

Su labor “no podría recaer en las funciones de la SEP, porque se necesitan esos organismos autónomos que nos den esa transparencia y esa posibilidad de que no sean únicamente las oficinas gubernamentales centrales las que se encarguen de todas las decisiones educativas”, señala.

Por ello, la académica llama a fortalecer el Sistema Nacional de Mejora Continua, del que Mejoredu es parte, y no a desaparecer este ente autónomo, “frente a todos los logros que ha tenido en este nuevo paradigma de la evaluación continua en nuestro país”.

Comisión de Hidrocarburos, regulación independiente

La CNH ha servido como regulador cuenta con independencia frente al poder público y los regulados, uno de los aspectos más importantes para evitar favorecer a alguno de ambos. Su tarea es la de regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México.

Entre sus quehaceres, da certeza y transparencia al país en la explotación de hidrocarburos; administra eficientemente los contratos petroleros de Pemex y privados; hace que los privados y Pemex cumplan con sus planes de trabajo; evalúa los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos; incentiva el incremento de las reservas de petróleo y gas.

CRE, adecuada regulación de la energía

En lo que hace a la Comisión Reguladora de Energía, ésta arbitra el funcionamiento del sector energético de México, que abarca tanto al sector eléctrico como el de hidrocarburos (gasolinas, gas natural, gas LP).

También otorga permisos, establece las reglas y promueve su desarrollo, lo cual ha contribuido a garantizar la competencia entre los agentes económicos, lo que ha significado algunos avances a favor de consumidores.

Asimismo, ha reducido las barreras a la entrada de nuevos participantes; da puntual supervisión a los permisionarios y verifica sus obligaciones; apoya la planeación del sector eléctrico y de hidrocarburos; diversifica la matriz energética de México; incentiva precios justos y competitivos para los consumidores.