Nepotismo, la otra cara de la corrupción judicial

Desde 2017 existen evidencias de las redes clientelares y familiares que acaparan puestos jurisdiccionales y administrativos en el PJF; amplio estudio las exhibe… pero allí siguen.

Parte central en la trama de corrupción que ha invadido al Poder Judicial Federal, el nepotismo merece atención aparte. Nuevamente, la percepción de que los puestos de trabajo han sido monopolizados no sólo por jueces, magistrados y ministros, sino por funcionarios y servidores públicos de todos los niveles es generalizada. Lo único que cambia dependiendo de quién lo exponga, es el tono de escándalo o medida con el que se aborda el problema. Pero todo mundo acepta que existe.

La ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha reconocido que el nepotismo es algo que se debe erradicar. En el texto de su informe de labores del 8 de septiembre se reconoce el problema en su exacta dimensión, con base en las mediciones oficiales del Consejo de la Judicatura actualizadas: 37.4% de los servidores públicos tienen al menos un familiar trabajando en alguno de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal.

Este dato difiere de lo expuesto por la Presidencia de la República, que ubica en casi el 49 por ciento el acaparamiento familiar de plazas laborales por parte de jueces y magistrados en el Poder Judicial Federal, tomando como base algunas partes de un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicado en 2017.

Precisamente ese reportaje de 2017, basado en la medición más exacta que se conoce del nepotismo judicial, aportada por un estudio realizado dentro del Poder Judicial Federal, resume los datos más crudos conocidos hasta hoy, de ese tipo de corrupción entre juzgadores.

El estudio, sin embargo, no formaba parte en 2017 de ningún proyecto institucional para la mejora del PJF. Era un esfuerzo particular de uno de sus miembros, el entonces consejero de la Judicatura Federal Felipe Borrego Estrada, quien ese año daba a conocer las conclusiones del análisis elaborado por él mismo, titulado “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, mismo que a la postre sería integrado al acervo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y publicado de manera estridente por la Organización No Gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entonces presidida por el empresario Claudio X. González.

Publicado en lenguaje coloquial, el resumen del estudio de Felipe Borrego Estrada retrataba de manera cruda y muy clara la profundidad de las redes familiares y clientelares abordadas originalmente en un tono muy técnico y académico por su autor.

El poder familiar de la Federación

La pieza titulada “El poder familiar de la Federación”, firmada por Valeria Durán, Dulce González, y Raúl Olmos, resume que “hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros”.

El reportaje de MCCI refiere que el estudio realizado en 31 estados, fue entregado en su momento al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “y en él se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás”.

“El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Aunque se identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres”.

Siempre de acuerdo con el trabajo de los redactores de MCCI, con base en el documento del ahora ex consejero Borrego Estrada, la disposición legal que facultaba a los jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito —facultad limitada posteriormente, en la reforma judicial de 2021—, según establece el artículo 97 de la Constitución, fue concebida para garantizar su autonomía, pero había sido desvirtuada para el nombramiento discrecional de parientes.

“No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Los números muestran que muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, y lo hacen sin que sea posible iniciarles (proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”, advierte el estudio, hoy del dominio público y que a propósito del debate por la Reforma Judicial ha sido retomado en la discusión pública.

El reportaje de MCCI señala que en el estudio de Borrego Estrada se asienta que la multiplicación de “redes clientelares” se ha dado dentro de los órganos jurisdiccionales, “¿o bien con cruzamientos y ‘enroques’ entre los diversos circuitos”.

“En la práctica ha ocurrido que los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden en forma recíproca”.

“Los datos de este estudio”, explican los reporteros de MCCI, fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del País, y según se dice la información recabada fue corroborada con información del Consejo de la Judicatura Federal.

“De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial; de 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%”.

“Aunque hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, que corresponde a Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%”.

“En el estudio realizado en los 31 circuitos mencionados se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o ex esposa, trabajando en el Poder Judicial”.

Casos emblemáticos de nepotismo

El reportaje de MCCI no está exento de ironía. Al referirse a los datos del estudio en los que Felipe Borrego Estrada evidencia casos indignantes en los que los altos funcionarios judiciales emplean a quien les viene en gana, señala:

“¿Quién dijo que las nuevas parejas y los ex no pueden tener una sana convivencia? Hay magistrados que lo han hecho posible”.

“Un magistrado del segundo circuito del Estado de México tiene trabajando a su actual cónyuge en el cargo de secretario de tribunal y a su expareja como secretario de juzgado; además, empleó a su cuñado como oficial administrativo”.

“En el circuito correspondiente a Guanajuato hay un caso parecido: un magistrado tiene a su ex cónyuge como oficial administrativo y a su actual pareja como secretaria del tribunal, además de emplear a dos hijos”.

El reportaje de MCCI y el estudio completo del ex consejero de la Judicatura Felipe Borrego Estrada pueden ser consultados en las ligas https://contralacorrupcion.mx/web/magistrados/ y https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/download/12316/13952/15621, mismos que ponemos a su consideración por tratarse de un asunto de interés público.

Elegir a jueces no resolverá el clientelismo

Siete años después de realizado el estudio del ex Consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, las conclusiones del mismo siguen vigentes en cuanto a la existencia del nepotismo y redes clientelares.

Ninguno de los presidentes del Poder Judicial Federal desde entonces: Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar y Norma Piña, realizó los cambios sustanciales que recomendaba el análisis de Borrego Estrada para eliminar el nepotismo y las redes clientelares ya existentes y los conflictos de interés que ellos provocan.

Sin embargo, otra conclusión del estudio, la que recomendaba establecer trabas para los nombramientos sospechosos de nepotismo, endogamia o clientelismo (…), como es la institución del examen de habilitación previa a cualquier designación, fue recogida parcialmente en la reforma de 2021 promovida por Zaldívar, en lo que respecta al ingreso del personal jurisdiccional a la carrera judicial y a las promociones por exámenes de oposición, más no así del personal administrativo y de algunos puestos de personal jurisdiccional, que sigue siendo facultad de los titulares de los organismos.

El estudio de 2017 concluía que todos los nombramientos en instancias judiciales, incluyendo las correspondientes áreas administrativas, deberían responder a pruebas de habilitación para el ingreso al cauce del servicio de carrera y a los exámenes de oposición para ocupar las plazas vacantes, esto “para cumplir con los extremos del artículo 134 de la Constitución”.

En 2021, Zaldívar Lelo de Larrea presumía que gracias a su reforma, se había logrado “elevar a rango constitucional y legal el combate a la corrupción y al nepotismo”.

“Se ha conseguido un perfil diferente de juzgadores y juzgadoras federales, más modernos, más comprometidos con la gente, con mayor sensibilidad social y humana”, afirmaba el entonces presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

Si bien en la Ley de Carrera Judicial del PJF publicada en el DOF el 7 de junio de 2021, mediante decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se establecía que todas las convocatorias de ingreso, establecieran “la obligación de la persona aspirante de manifestar bajo protesta de decir verdad todas las relaciones familiares por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado en el Poder Judicial de la Federación”, ni en el apartado del “perfil del funcionario judicial” ni en el de los “requisitos de los perfiles de puesto” se establece como causa de exclusión ser familiar por afinidad o consanguinidad de funcionarios judiciales en activo.

Sin embargo, dicha ley sí prohíbe a los funcionarios judiciales en activo “participar, directa o indirectamente en la designación o nombramiento en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación en que ejerza funciones, de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”, lo que no limita las redes clientelares a que se refiere el estudio de Felipe Borrego Estrada, al advertir que los funcionarios judiciales se hacen favores mutuos contratando a sus recomendados para que sus adscripciones sean en áreas distintas a las que sus promoventes dirigen.

De esa forma, nada impide a un titular de organismo jurisdiccional contratar a familiares de sus homólogos, puesto que la Ley aún vigente, le permite discrecionalidad en las contrataciones administrativas e incluso algunas excepciones de personal jurisdiccional como las de secretarias o secretarios proyectistas de Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito, que no están consideradas en la nueva ley que mandata la elección popular sólo de personas juzgadoras, es decir, jueces, magistrados y ministros, nueva ley que tampoco prohíbe ser candidatos a esos puestos, a quienes tengan familiares en el servicio activo del Poder Judicial Federal.