La elección del Poder Judicial en México, celebrada el 1 de junio, marcó un acontecimiento histórico. Por primera vez, más de 99 millones de ciudadanos fueron convocados a elegir a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la afluencia fue baja: solo entre 12.6 y 13.3 por ciento del padrón ejerció su voto. Este contraste plantea una pregunta crucial: ¿es este un triunfo democrático o una derrota para la confianza institucional?
Desde el lado positivo, el simple hecho de acudir a las urnas para elegir cargos judiciales representa un avance en participación; se dio voz directa al pueblo en la legitimación del sistema de justicia. Estos comicios fueron únicos en el mundo, pues ningún país elige a la totalidad de integrantes del Poder Judicial mediante el sufragio. Aunque en Latinoamérica Bolivia sentó un precedente, ahí únicamente se vota a los miembros de las altas cortes. Asimismo, Estados Unidos tiene elecciones de jueces y fiscales en algunos estados, no a nivel federal, y en Suiza, el tercer ejemplo en el globo, el procedimiento únicamente abarca a jueces de nivel cantonal, es decir, el más pequeño en la política.
Pero, más allá de la promovida devoción cívica, la abstención, que fue abrumadora, de casi 87 por ciento de los electores, pone en duda si realmente hubo una voluntad colectiva o un ejercicio simbólico. Analistas y actores políticos han cuestionado si un proceso con tan baja representatividad puede considerarse legítimo. Incluso recibió críticas de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), que lo calificó de “apresurado y propenso a errores” y recomendó no replicarlo en otros países.
Sin embargo, esta fue la primera vez que el pueblo de México sufragó para elegir cargos judiciales. Fue una elección compleja, en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) “maniobró” con un presupuesto 52 por ciento menor al solicitado originalmente a la Cámara de Diputados. Asimismo, las restricciones para hacer campaña llevaron a muchos candidatos a utilizar las redes sociales, incluso algunas tan controversiales como Tinder. A los aspirantes no se les permitió publicitarse en televisión, radio o bardas, ni siquiera en Internet; asimismo, recibieron un tope de 220 mil pesos para sus gastos personales de campaña.
Logística bajo presión: un reto histórico
Los comicios representaron para el INE un reto de dimensiones sin precedentes. El ejercicio puso a prueba tanto la logística como la legitimidad de la institución. Aunque el organismo tuvo que ajustar la operatividad y hacer recortes importantes, como la reducción en el número de casillas, de 172 mil previstas a alrededor de 84 mil, se consiguió imprimir más de 600 millones de boletas e instalar los centros de votación en tiempo y forma.
La capacitación de funcionarios electorales representó otro reto significativo. Ante la premura de la preparación y la necesidad de adaptarse a un formato de elección inédito, el INE fortaleció la preparación de su personal para garantizar que estuvieran familiarizados con la nueva mecánica de votación y conteo, particularmente para garantizar la correcta identificación de boletas y registros.
Asimismo, el Instituto enfrentó más de 2 mil 600 irregularidades durante la jornada electoral, que fueron documentadas y atendidas por los Consejos Distritales. Aunque la cifra llamó la atención de expertos y analistas, la dependencia mostró apertura para evaluar cada caso y garantizar que todas las inconsistencias estuvieran debidamente subsanadas.
También resultaron especialmente relevantes las medidas para garantizar la legitimidad del voto al Tribunal de Disciplina, donde alrededor del 90 por ciento de las papeletas coincidieron con listas de orientación entregadas a los votantes. Esto llevó a la anulación de más de mil 300 casillas.
A pesar de estos desafíos, el INE concluyó exitosamente la jornada electoral, alcanzando un nivel de participación de alrededor del 13 por ciento. Si bien esta cifra estuvo por debajo de lo esperado para un ejercicio de esta relevancia, mostró que el aparato electoral pudo adaptarse para garantizar que todas y todos los votantes que decidieran participar ejercieran su derecho en un ambiente de tranquilidad y certeza jurídica.
La decisión de cerrar el conteo de manera pública y validada por todas las fuerzas políticas involucradas fortaleció la credibilidad del INE y garantizó que todas las etapas estuvieran acompañadas de un seguimiento claro y transparente.
Analistas y expertos coincidieron en que esta experiencia servirá para evaluar y mejorar futuras jornadas similares, especialmente en lo que respecta al ajuste de plazos para la preparación logística, la necesidad de mantener un presupuesto digno para garantizar la operación y la necesidad de continuar fortaleciendo la preparación de funcionarios de casilla y personal técnico.
Así, la elección judicial de 2025 no solo puso a prueba la adaptabilidad del INE, sino que mostró que, a pesar de limitaciones significativas, la institución sigue cumpliendo su mandato para garantizar que todas y todos los ciudadanos puedan participar en la vida democrática del país, con integridad, certeza jurídica y apertura para subsanar los desafíos que inevitablemente surgen en ejercicios tan históricos e inéditos.
ÁRTICULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 9 DE REVISTA GUINDA
