En las elecciones del 1 de junio destaca como figura clave la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien, junto con el Consejo General, enfrentó la monumental tarea de hacer girar el aparato democrático en México, en un ambiente lleno de tensiones, contrastes, recortes presupuestales y urgencias de legitimidad.
Guadalupe Taddei, elegida por insaculación en marzo de 2023 y en funciones desde abril de ese año, llegó a las elecciones del 1 de junio con una misión ambiciosa: consolidar la promesa de la reforma judicial que encabeza Morena desde septiembre de 2024.
Su primer reto fue reivindicar al INE tras el severo recorte presupuestal del 30 por ciento que enfrentó, y que lo obligó a reducir el número de casillas de 172 mil a 80 mil, y amenazó con poner en entredicho la organización de los comicios.
La funcionaria tuvo que encarar críticas y señalamientos de irregularidades, como los “acordeones”, es decir, listas partidistas con nombres de candidatos, que comenzaron a circular semanas antes de los comicios. Al respecto, a finales de mayo se declararon procedentes las medidas cautelares para inhibir el reparto o exhibición de estos durante la veda y la jornada electoral.
Asimismo, la selección de aspirantes despertó reticencias por algunos perfiles cuestionables que llegaron a las boletas, incluyendo aspirantes con señalamientos de abuso o vínculos delictivos, y por la falta de preparación de los comités de evaluación.
Si bien estos elementos representaron una debilidad en el planteamiento de la jornada, también son una valiosa experiencia y dejan un aprendizaje claro para los futuros procesos electorales. La meta ahora es fortalecer la autonomía institucional, la preparación rigurosa de los candidatos, apuntalar la vigilancia ciudadana, combatir la infodemia digital y homologar la cartografía electoral y judicial, elementos que serán cruciales para garantizar que cada voto y cada nombramiento respondan al espíritu de la Reforma Judicial.
Las próximas elecciones dependerán también de una asignación fiscal adecuada para evitar limitaciones operativas, garantizar protocolos, modernizar tecnologías e integrar observadores ciudadanos, sin estar sujetos a presiones presupuestarias que comprometan la equidad.
Reintegrar el escrutinio ciudadano y la transparencia de resultados también será fundamental. Este año el conteo se centralizó en distritos sin presencia popular, lo que generó señales de opacidad y riesgo de manipulación; por ello, las próximas elecciones deben reincorporar la presencia ciudadana en el escrutinio y garantizar el acceso público inmediato a las actas.
Asimismo, se deben combatir las ‘fake news’, pues la narrativa en redes reflejó una creciente desconfianza hacia el INE, con señalamientos sobre vulnerabilidades digitales, desinformación y falta de comunicación efectiva. En las siguientes elecciones, el INE deberá impulsar la alfabetización digital y acuerdos con plataformas verificadoras, para reforzar la fe ciudadana en el proceso.
Por otra parte, la instalación de casillas se complicó por la disparidad entre la cartografía electoral y judicial; por ello se deberá armonizar la delimitación territorial y mejorar la logística, implementando centros de votación alternativos para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente en áreas rurales o multijurisdiccionales, tengan acceso al voto.
Todos estos ajustes permitirán que la democracia en México responda a las demandas de la ciudadanía en un marco de certeza jurídica y legitimidad pública.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 9 DE REVISTA GUINDA
