Las elecciones judiciales constituyeron un hito sin precedentes en la Cuarta Transformación, pero también un acto de profunda polarización. Mientras Morena aseguró que la ciudadanía desenraizó el poder del viejo régimen judicial, la oposición descalificó los comicios como una farsa destinada a concentrar el poder.
El Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Claudia Sheinbaum, calificó la jornada como un “gran avance democrático” que “escribió una página histórica”. En la Cámara de Diputados, Morena apuntaló esa narrativa: “13 millones de mexicanas y mexicanos alzaron la voz para decir que la justicia ya no es un privilegio de unos cuantos”.
El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, reforzó esa postura al señalar que “México inaugura una nueva etapa al elegir a impartidores de justicia… tendrán legitimidad y compromiso con el pueblo”.
Cifras en mano, Morena resaltó que 13 millones de votos superaron el apoyo de cualquier partido opositor en las urnas de 2024; es decir, la participación ciudadana como un mandato popular que legitima el alineamiento judicial con el Ejecutivo.
En paralelo, el gobierno admitió irregularidades como urnas con más votos que votantes, uso de boletas manipuladas y ‘acordeones’ instructivos, aunque también tomó medidas al respecto desde antes de las elecciones.
Por su parte, el PAN, PRI y MC denunciaron que participar legitimaba lo que llaman “la destrucción del Poder Judicial”. Voceros como Federico Döring, Rubén Moreira e Ivonne Ortega invitaron al boicot, con serios temores a una elección que, aseguraban, estaba amañada.
El PRI insistió en impugnar los resultados ante organismos nacionales e internacionales. Su presidente nacional, Alejandro ‘Alito’ Moreno, anunció acciones legales y diplomáticas: “México no puede aceptar a un régimen corrupto y ávido de poder absoluto… agotaremos instancias”.
El PAN, por su parte, ridiculizó la jornada judicial señalando una mayoría de votos nulos e incluso hizo humor: “si se contaran las mentadas de madre a Noroña… ya tendrían una silla en la Corte”.
Pese a esto, ninguno de los llamados consiguió deslegitimar la elección, que ya se dio por válida.
Impugnaciones y dudas
Hasta ahora, hay más de 180 impugnaciones ante el Tribunal Electoral, por irregularidades sistémicas detectadas en 27 estados, donde se usaron “acordeones” o listas partidistas. El Tribunal y posteriormente la Suprema Corte tienen hasta el 28 de agosto y 1 de septiembre para resolverlas, justo antes de la toma de protesta de los nuevos funcionarios.
Por su parte, aunque la participación ciudadana alcanzó solo el 13 por ciento, con altos niveles de votos nulos o inválidos, de hasta 22.8 por ciento, según el INE, para Morena, el ‘voto duro’ de la 4T bastó para consolidar su objetivo. Para la oposición, el bajo quórum y las boletas inválidas son evidencia de rechazo y desconfianza significativos.
La gran pregunta luego de los comicios del 1 de junio es si una elección con tan baja participación, la menor en 30 años, puede servir para legitimar el Poder Judicial; incluso estuvo por debajo del revocatorio de mandato de 2022.
Por su parte, la oposición enfrenta una paradoja: boicotear puede deslegitimar el proceso, pero participar con tan baja confianza también favorece al régimen vigente.
Las decisiones del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte en las próximas semanas marcarán un antes y un después. Si las impugnaciones son rechazadas, se consolidará una mayoría institucional. Si no, podría abrirse la puerta a una revisión de procedimientos.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 9 DE REVISTA GUINDA
