En México, como en el resto del globo, el futuro parece habernos alcanzado: una crisis hídrica sin precedentes se extiende al 41 por ciento del territorio nacional, afectando a millones de personas. Al menos 46 municipios se encuentran en sequía excepcional y 119, en situación extrema, de acuerdo con el ‘Monitor de Sequía’ de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); otras mil demarcaciones están en alerta por escasez del recurso.
De los 653 acuíferos del país, más de 100 están oficialmente sobreexplotados. La falta de monitoreo efectivo, sumada a la corrupción dentro de instituciones como la Conagua y gobiernos estatales, ha permitido que se sigan perforando pozos ilegales y se entreguen permisos en zonas sin capacidad de recarga.
A principios de año, los niveles de almacenamiento de las presas en el país estaban por debajo del 45 por ciento, en promedio, según la Conagua, una situación alarmante que pone en riesgo el abasto urbano y agrícola.
El panorama es especialmente preocupante en estados como Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Baja California, que enfrentan sequías prolongadas y una demanda creciente. Por otra parte, los casi 22 millones de habitantes de la Ciudad de México viven con cortes programados, que afectan su calidad de vida y la salud pública; mientras que en los municipios rurales simplemente no hay acceso regular al agua.
Aunque se culpa al cambio climático, la realidad entraña matices más complejos: corrupción estructural, desregulación e intereses empresariales forman parte importante del despojo hídrico. El agua no se acaba, se la llevan.
El espejismo del Pánuco
Ante la generalizada escasez de las últimas décadas, se propusieron proyectos como el trasvase del río ‘Pánuco’ a Monterrey, conocido como ‘Monterrey VI’. Esta megaobra, planteada en el 2010 por el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, buscaba llevar agua desde el también conocido como ‘Río de Canoas’ hasta la zona metropolitana de La Sultana del Norte; sin embargo, desde sus inicios se le calificó como costosa e insostenible, ya que vulneraba y amenazaba la provisión de recursos naturales y el bienestar de la población en el mediano y largo plazo.
La propuesta fue sepultada con la llegada de Jaime Rodríguez Calderón al Ejecutivo estatal. En el 2024, especialistas en geofísica, como Martín Bremer, señalaron que retomar el proyecto sería inviable y, en su opinión, las autoridades deberían enfocarse en atender la sequía del campo con aguas tratadas.
En febrero de este año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó momentáneamente esta obra, porque implicaría una inversión de más de 100 mil millones de pesos.
En el Valle de México, el Sistema Cutzamala sigue siendo la arteria vital hídrica. Con tres presas –Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria–, así como un acueducto de cerca de 127 kilómetros, proporciona entre el 20 y el 30 por ciento del agua potable de la capital del país.
Sin embargo, opera al límite de su capacidad; durante los primeros cinco meses de este 2025, perdió más de 95 millones de metros cúbicos: cayó del 64 por ciento, en enero, al 51.9 por ciento en mayo. Posteriormente, se ubicó a menos del 50 por ciento a principios de junio, debido a extracciones intensas combinadas con la sequía prolongada.
Por otra parte, la Ciudad de México no solo se nutre de Cutzamala, también están el ‘Lerma’, otras cuencas y túneles como el Emisor Oriente y el Parque Hídrico ‘La Quebradora’; no obstante, esta red está diseñada para compensar los desequilibrios, no para evitarlos, y cada trasvase aumenta el estrés de las cuencas donantes y reduce la calidad del agua en la metrópoli.
Este hecho pone en evidencia que aún la infraestructura de vanguardia, costosa y masiva, es vulnerable al cambio climático.
Sobredemanda y muchas fugas
Aunque los gobiernos han destinado más de 15 mil millones de pesos a la infraestructura hídrica en este año, a obras y recuperación de pozos, no han resuelto la raíz del problema: la sobredemanda y un sistema de tuberías con una gran cantidad de fugas.
En México, más del 80 por ciento del agua se destina a la agricultura y la industria; sin embargo, aunque el acceso al líquido define si una cosecha prospera o fracasa, no todos los productores tienen las mismas oportunidades.
Mientras que las grandes empresas agrícolas, especialmente en el norte del país, han logrado concesiones millonarias, incluso en zonas con estrés hídrico, miles de pequeños agricultores pelean por tener un mínimo acceso al recurso y comunidades enteras deben racionar el agua de una sola toma.
Asimismo, más del 70 por ciento del agua concesionada está en manos de menos del tres por ciento de los usuarios. Empresas como Coca-Cola, Heineken, Bimbo o Grupo México y consorcios dedicados a la minería y la manufactura tienen permisos para extraer millones de litros diarios, incluso en zonas con escasez crítica; muchas de estas concesiones se otorgaron sin consulta pública ni estudios de impacto.
Esto evidencia un claro privilegio del sector industrial sobre el uso urbano del agua; es decir, el problema va más allá de la sequía, se trata de la distribución, control y opacidad.
En San Cristóbal de las Casas, una planta embotelladora de Coca-Cola sigue funcionando mientras comunidades enteras reciben agua cada tres días. En San Luis Potosí, la minera San Xavier bombea de mantos freáticos profundos, mientras se raciona el consumo doméstico.
Históricamente, el Estado ha favorecido a los grandes usuarios privados, en detrimento de la gente.
La concesión del agua abona a problemáticas como la contaminación de las aguas superficiales por descargas residuales sin tratamiento, incluyendo domésticas, industriales, agrícolas y ganaderas; asimismo, tiene consecuencias devastadoras en la agricultura, amenazando directamente la producción y la seguridad alimentaria del país.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México ha visto una caída en la producción de granos básicos, frutas y hortalizas, afectando principalmente a pequeños productores del norte y centro del país.
El impacto económico es devastador para las comunidades rurales que dependen del campo. Además, la falta de agua potable y adecuado saneamiento afecta la salud pública, especialmente en comunidades rurales y urbanas marginadas, eleva el riesgo de enfermedades gastrointestinales y otras condiciones relacionadas con la contaminación del líquido, lo que aumenta la desigualdad en materia de sanidad.
La crisis hídrica también genera conflictos entre la población y el sector privado, lo que debilita la gobernabilidad en diversas regiones del país. El Instituto Nacional de Administración Pública ha señalado que la percepción de injusticia y corrupción erosiona la confianza en las instituciones y desafía la capacidad del Estado para gestionar un recurso vital.
El caso más emblemático de los conflictos por el recurso hídrico se encuentra en Quintana Roo, donde la empresa ‘Aguakan’ controla la concesión del servicio de agua potable y saneamiento en zonas turísticas, mientras que las comunidades indígenas y urbanas sufren por la falta de agua potable y tarifas elevadas.
Este consorcio ha sido objeto de múltiples denuncias por acceso deficiente e irregular al agua potable y cobros injustificados; sin embargo, mantiene la concesión gracias al aparente amparo y complicidad de algunas autoridades.
Entre las irregularidades documentadas por organismos de la sociedad civil y reportes periodísticos, se encuentran la falta de mantenimiento a la infraestructura, afectaciones ambientales por el mal manejo de aguas residuales e inversiones pendientes, como los 30 millones de pesos que dejó de ejercer en Isla Mujeres desde el 2022, sin justificación.
Asimismo, hay acuerdos poco claros que favorecen a la empresa a costa del bienestar público. Diversos sectores ciudadanos y organizaciones civiles han expuesto que la concesión no garantiza el derecho humano al agua, sino que únicamente beneficia a intereses económicos.
Una polémica concesión
El origen del conflicto con Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) se remonta a 2014, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, cuando se aprobó una polémica extensión de la concesión para la empresa hasta el año 2053.
Esta decisión fue tomada sin consulta ciudadana y generó un fuerte descontento social, especialmente porque abarcaba (en ese entonces) tres municipios con alto interés turístico: Benito Juárez, Playa del Carmen e Isla Mujeres; actualmente hay un cuarto, Puerto Morelos.
La situación escaló con el paso del tiempo, generando un amplio movimiento social y político en contra de la compañía. En los municipios que abarca se han organizado protestas, foros ciudadanos y campañas para revocar la concesión.
Incluso, durante el proceso electoral de 2022 se incluyó una consulta popular estatal para conocer la opinión de los quintanarroenses sobre la empresa. La voz del pueblo fue clara: más del 90 por ciento de los participantes votaron por la expulsión de ‘Aguakan’; sin embargo, como participó menos del 40 por ciento del padrón, no se pudieron activar los mecanismos legales automáticos para terminar el contrato.
Aunque municipios como Playa del Carmen han buscado crear organismos descentralizados de agua potable para recuperar el control local del servicio, de manera legal, ‘Aguakan’ sostiene que la concesión firmada en 2014 le otorga exclusividad en toda la región concesionada, lo que ha generado conflictos de competencia y bloqueos judiciales para concretar el cambio.
Actualmente hay una pugna legal de grandes dimensiones, que entre amparos y demandas contra los gobiernos municipales y estatal, podría escalar a tribunales federales o, incluso, en el extranjero.
Un nuevo modelo hídrico con justicia social
Ante esta crisis del agua, surge la oportunidad de construir un nuevo modelo hídrico basado en la justicia social. Esto implica reconocer el agua como un derecho humano y no como una mercancía.
Es necesario implementar políticas públicas que prioricen el abastecimiento urbano y rural, regulen el uso industrial y agrícola del agua y promuevan la participación ciudadana en la gestión del recurso.
El ‘Plan Nacional Hídrico 2024-2030’, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, coloca al agua en el centro del diseño institucional. Sus ejes incluyen el ordenamiento de concesiones, la tecnificación de riego y el saneamiento de cuencas clave (Lerma Santiago, Tula, Atoyac).
Este enfoque garantiza la justicia hídrica al priorizar el acceso y equidad, y plantea mecanismos como un ‘Registro Nacional de Agua’ y regulación de concesiones, elementos esenciales para centrar la gestión del agua en las necesidades de las comunidades.
Asimismo, se han planteado iniciativas como la Ley General de Aguas, que busca un manejo más integrado y participativo, así como programas de ahorro y reúso de agua en sectores urbanos y agrícolas.
La pregunta clave es: ¿cómo garantizar la sustentabilidad del agua a largo plazo?
La negligencia institucional, las concesiones poco transparentes y la corrupción han generado un ‘caldo de cultivo’ para los conflictos sociales, así como un daño ambiental irreversible. Además, la extracción desmedida para la industria genera contaminación de acuíferos y afecta la recarga natural, poniendo en jaque la sustentabilidad del recurso.
El estrés hídrico afecta a todos
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el estrés hídrico es más que un problema ambiental; afecta a la salud e higiene por el consumo de agua contaminada; a la nutrición, por la escasez y carestía de los alimentos, e impacta a los medios de vida, ya que el rendimiento de la tierra disminuye.
Este problema no es privativo de México, sino que, a nivel mundial, en los últimos 40 años la demanda de agua se ha duplicado y la oferta es cada vez más reducida.
Detrás de los trasvases y las megaobras está la urgencia de replantear el modelo hídrico: combinar infraestructuras colosales con estrategias de ahorro, reúso, gestión de cuencas y participación comunitaria.
Como alternativas se han implementado parques hídricos, como el de Iztapalapa, para recargar acuíferos y captar lluvia. Existe incluso una iniciativa de ley para impulsar la ‘cosecha’ de agua de lluvia, y extender esta práctica a los hogares y escuelas, priorizando las zonas vulnerables.
El reto central es pasar de depender de obras de ingeniería a gestionar el agua como un bien común. Esta transición exige transparencia, consulta social y el reconocimiento de derechos ambientales, más que una avalancha de bombas y túneles.
El agua se perfila como el nuevo petróleo en México. Es un recurso estratégico cuya escasez amenaza la estabilidad social, ambiental y económica del país.
La crisis hídrica actual es el resultado de años de mal manejo, corrupción y falta de visión a largo plazo. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad en la gestión del agua y que la sociedad civil participe activamente en su defensa.
Solo así se podrá garantizar el acceso al agua para las generaciones presentes y futuras.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 9 DE REVISTA GUINDA
