Estados Unidos volvió a cruzar una línea en América Latina con una operación relámpago en Caracas que terminó con Nicolás Maduro esposado rumbo a Nueva York y con Washington anunciando que “administrará” la transición política y el negocio petrolero venezolano. Esa madrugada no solo derribó a un gobierno; abrió un agujero en el mapa del hemisferio: ¿qué queda de la idea de soberanía cuando la Casa Blanca decide que un país entero queda bajo su tutela? El eco de esa decisión afecta y mucho en La Habana, en la Ciudad de México y, por extraño que parezca, también en Nuuk, la capital de Groenlandia.
Venezuela: la chispa que incendia el mapa
La “Operación Determinación Absoluta” comenzó el 3 de enero con bombardeos y el despliegue de fuerzas especiales en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Horas después, Donald Trump confirmó la detención y anunció que Estados Unidos conduciría una “transición segura”, asumiendo de facto el control del sector petrolero.
Washington justificó la operación con un discurso que mezcla narcotráfico, seguridad regional y contención de Rusia, China e Irán. Detrás de esa narrativa, el resultado es claro: Estados Unidos asegura control sobre las mayores reservas de crudo del mundo y envía un mensaje directo a sus rivales sobre quién fija las reglas en el hemisferio.
Desde el chavismo, la operación es denunciada como una invasión, con reportes de bombardeos urbanos y víctimas civiles. La retórica de la resistencia reaparece, ahora sin su líder histórico, marcada por duelo, orgullo herido y el llamado a reagruparse con los pocos aliados disponibles.
En América Latina, la reacción fue dividida. Países como México, Brasil o Chile condenaron la captura de un jefe de Estado en funciones como una violación a la Carta de la ONU, mientras otros celebraron la caída de un “dictador”, evidenciando una región partida por ideología y memoria histórica.
En el fondo, resurge una Doctrina Monroe actualizada: el hemisferio como área exclusiva de influencia estadounidense. Bajo el rótulo de “seguridad regional”, se normaliza el uso de la fuerza, las sanciones y la presión económica, diluyendo los límites de la soberanía ajena.
Desde el plano jurídico, la captura de Maduro implica una grave violación al derecho internacional y abre una serie de riesgos legales para Estados Unidos, desde responsabilidades por uso ilícito de la fuerza hasta eventuales reclamaciones ante tribunales internacionales.
Uso de la fuerza y Carta de la ONU
- El artículo 2.4 de la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo dos excepciones: legítima defensa y medidas autorizadas por el Consejo de Seguridad. En el caso venezolano no hubo ataque armado previo contra Estados Unidos ni resolución del Consejo que autorizara la operación, por lo que la intervención militar y la captura se clasifican como uso ilegal de la fuerza.
- Diversos expertos en derecho internacional califican la operación como violación clara de la Carta de la ONU y acto de agresión, al tratarse de una acción unilateral para cambiar el gobierno de un Estado y asegurar recursos estratégicos. Esa calificación implica que Venezuela podría alegar responsabilidad internacional de Estados Unidos y pedir reparaciones o medidas ante órganos de la ONU.
Inmunidad de jefes de Estado
- El derecho internacional consuetudinario reconoce inmunidad personal (ratione personae) a jefes de Estado en ejercicio frente al arresto, detención o procesamiento penal en otros Estados, protección confirmada por la Corte Internacional de Justicia en el caso “Orden de arresto (RDC vs. Bélgica, 2002)”. Esa inmunidad se mantiene incluso frente a acusaciones de crímenes graves mientras la persona ocupa el cargo.
- Al detener por la fuerza a Maduro, reconocido incluso por el propio mensaje de Washington como presidente en ejercicio, Estados Unidos vulnera esa inmunidad personal y comete un acto internacionalmente ilícito. Por eso varios juristas hablan de “secuestro” o “detención arbitraria” en términos de derecho internacional, más allá de cómo se nombre políticamente la operación.
Calificación como secuestro y posibles crímenes
- Desde una óptica jurídica, privar de libertad a un jefe de Estado protegido por inmunidad, mediante una incursión militar sin base legal internacional, encaja en la noción de secuestro en el plano internacional. También puede considerarse detención arbitraria según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que refuerza la idea de un acto contrario a obligaciones multilaterales asumidas por Estados Unidos.
- Algunos especialistas sostienen que, dependiendo de cómo se documente la operación (víctimas civiles, objetivos atacados, proporcionalidad), podrían configurarse crímenes de guerra o violaciones graves del derecho internacional humanitario, sujetas incluso a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por haberse desarrollado en territorio de un Estado parte.
Responsabilidad internacional y vías de reclamo
- La captura abre la puerta a que Venezuela interponga demandas ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Carta de la ONU, de la inmunidad de su jefe de Estado y de principios de no intervención y soberanía. También permite que el tema se lleve al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, donde podrían emitirse resoluciones de condena o llamados a revertir los efectos del operativo.
- Más allá de la vía judicial, la operación puede desencadenar ruptura de relaciones diplomáticas, sanciones recíprocas y apoyo de otros Estados a la posición venezolana, lo que configura una disputa interestatal prolongada. Incluso si Estados Unidos no reconoce la competencia de ciertos tribunales o ignora resoluciones políticas, la marca de ilegalidad debilita su discurso de defensa del orden internacional basado en normas.
Cuba: Vestigios de la Guerra Fría
Mientras en Caracas se movían piezas militares, en La Habana se hacía un cálculo más urgente: sin petróleo venezolano, los apagones podrían volverse permanentes. Washington dejó claro que el suministro desde Venezuela a Cuba llegaría a su fin y que cualquier nuevo acuerdo tendría condiciones más cercanas a un ultimátum que a una negociación.
La isla arrastra un embargo iniciado en 1962 y endurecido con leyes como la Torricelli y, sobre todo, la Helms-Burton de 1996, que extendió las sanciones más allá de Estados Unidos. Esta legislación no solo bloquea el comercio directo, sino que presiona a empresas de terceros países a romper vínculos con Cuba bajo amenaza de sanciones y demandas, ampliando el cerco económico.
El impacto ya no es abstracto: se refleja en hospitales sin insumos, una red eléctrica obsoleta y una economía sostenida por remesas y turismo. Aunque el gobierno cubano insiste en que no hay diálogo con Washington sin respeto mutuo y levantamiento del bloqueo, la fragilidad económica es evidente: menos petróleo implica más colas y mayor improvisación para una población habituada a la escasez.
La pregunta de fondo persiste: ¿el embargo se mantiene por convicción ideológica o porque ofrece a Estados Unidos una herramienta geopolítica clave en el Caribe? La presión permite a Washington presentarse como defensor de la democracia y enviar un mensaje duradero a otros países sobre el costo de desafiar ciertas reglas.
México: diplomacia sobre vidrios
La irrupción militar en Venezuela sacudió la conversación pública en México, pero en una dirección ambigua. Una encuesta de Gobernarte muestra que 53% aprueba la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, reflejando un rechazo al chavismo y cierta aceptación del uso de la fuerza en la región. Sin embargo, cuando se plantea una intervención similar en México contra los cárteles, el respaldo se diluye: 46.7% está en contra y 76% se sentiría preocupado o molesto ante tropas estadounidenses en territorio nacional.
La contradicción es evidente. Parte de la sociedad ve con alivio la caída de un líder extranjero considerado autoritario, pero la presencia de fuerzas estadounidenses en estados como Sinaloa o Guerrero reactiva miedos históricos. El deseo de que alguien “ponga orden” frente al narcotráfico convive con la memoria de invasiones y pérdidas territoriales, una herida aún abierta en el imaginario mexicano.
El gobierno mexicano optó por una postura más firme. La cancillería condenó la operación en Venezuela, apeló a la Carta de la ONU y defendió la no intervención como eje de su política exterior. Con ello busca mantener una diplomacia prudente: rechazar acciones unilaterales sin alinearse con rivales de Washington y evitar choques directos en medio de negociaciones comerciales y de seguridad.
La tensión persiste. Trump ha insinuado ataques “por tierra” contra los cárteles y ex diplomáticos advierten que un distanciamiento excesivo podría traducirse en castigos económicos. México queda atrapado entre la defensa de su soberanía y el riesgo de represalias que afectarían su estabilidad.
En ese equilibrio, la postura de Claudia Sheinbaum ha contenido el escenario de intervención directa y enviado una señal de firmeza sin romper el diálogo. La presión existe, pero hoy predomina la imagen de un país que intenta plantarse sin aislarse.
Cómo la presidenta Sheinbaum ha frenado a Trump
- En la llamada del 11 de enero, Sheinbaum le dijo a Trump que México está “en contra de las intervenciones militares” y que esa posición no es capricho, sino mandato constitucional; cerró ahí el tema, sin entrar en regateos. La propia presidenta subrayó después que el republicano comprendió el mensaje y que la conversación no siguió por la vía de escenarios militares.
- Tras esa conversación, Sheinbaum afirmó en su mañanera que una acción militar de Estados Unidos en México quedó descartada, pese a que Trump había vuelto a amagar con “actuar por tierra” contra los cárteles. Esa declaración pública fija un costo político para cualquier escalada futura: si Washington rompiera esa línea, lo haría frente a una postura mexicana ya clara, no en un vacío.
- La presidenta ha encuadrado la relación en dos ejes: cooperación en seguridad con resultados concretos (como la reducción reportada del tráfico de fentanilo) y respeto a la soberanía. Esa combinación le permite decirle a Trump que México no es un obstáculo, pero tampoco un territorio disponible para operaciones unilaterales.
¿Hay nerviosismo en el país?
- Encuestas como la de El Financiero y otros sondeos muestran que la mayoría de los mexicanos rechaza la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y que una parte importante teme un escenario similar en México. A la vez, estudios como el de Gobernarte registran una opinión dividida sobre una hipotética intervención contra cárteles, lo que refleja inquietud y también cansancio ante la violencia interna.
- Esa mezcla de temor y hartazgo es el terreno sobre el que Sheinbaum está actuando: si se inclinara hacia una aceptación ambigua de la agenda militar de Trump, alimentaría el miedo; si rompiera puentes, pondría en riesgo la economía y la cooperación de seguridad. Por ahora, su apuesta por la “cabeza fría” —condenar la intervención en Venezuela, reafirmar la no intervención y, al mismo tiempo, reforzar la colaboración en migración y drogas— ha contribuido a evitar que el nerviosismo se convierta en pánico o sensación de inminencia bélica.
- La reacción social también le da respaldo: una mayoría prefiere que México rechace la intervención armada en Venezuela y defienda sus principios de política exterior, línea que coincide con el discurso presidencial. Ese alineamiento entre opinión pública y postura del gobierno vuelve más creíble su “no habrá intervención en México” y manda un mensaje hacia Washington de que la presidenta no habla sola.
Groenlandia: la pieza fría del tablero caliente
Mientras América Latina digiere tensiones militares y políticas, otro frente se activa en el Ártico. Donald Trump volvió a insistir en la idea de adquirir Groenlandia, ahora bajo el argumento de “seguridad nacional”, advirtiendo que Rusia y China podrían capitalizar la ventaja estratégica que ofrece la región.
Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, no es un capricho: concentra rutas marítimas emergentes, recursos minerales y una posición clave para la defensa del Atlántico Norte y proyectos antimisiles estadounidenses. Su control permitiría vigilar movimientos rusos y contener la expansión china.
Dinamarca y las autoridades groenlandesas rechazaron de plano la propuesta, alertando que una compra o anexión dañaría a la OTAN y alimentaría acusaciones de imperialismo. Aun así, Trump elevó la presión con amenazas arancelarias y maniobras militares, tensando la línea entre cooperación defensiva y ambición nacional.
El argumento de seguridad resulta débil: dentro de la OTAN, Estados Unidos podría ampliar su presencia militar sin necesidad de poseer la isla. El interés real apunta a otro lado: el acceso a petróleo, tierras raras, pesca y nuevas rutas comerciales que el deshielo ha vuelto viables.
PÁGINA 6
ILUSTRAR: Trump Oficina, OTAN Unión Europea, Cuba bajas Maduro
Así, un territorio de apenas 56 mil habitantes se vuelve símbolo de la disputa por el Ártico, donde la autodeterminación y los compromisos ambientales chocan con una lógica de poder orientada al control de recursos y a la competencia con Rusia y China. No sorprende que incluso en Estados Unidos la idea genere rechazo: solo una minoría respalda la iniciativa, mientras la mayoría la ve como un conflicto innecesario con aliados clave.
Hegemonía, soberanía y una pregunta que no se deja en paz
El vínculo entre Caracas, La Habana, Ciudad de México y Nuuk es la fricción constante entre hegemonía y soberanía. Estados Unidos justifica sus acciones como defensa de un orden amenazado; los países afectados responden con acusaciones de violaciones al derecho internacional, sanciones extraterritoriales y decisiones tomadas sin consultar a quienes viven en esos territorios.
El derecho internacional queda atrapado en interpretaciones a conveniencia. Washington apela a la seguridad, al combate al narcotráfico o a la OTAN; sus críticos invocan la ONU y normas que prohíben el uso unilateral de la fuerza. Caso por caso parecen excepciones, pero en conjunto normalizan bloqueos prolongados, presiones económicas y golpes “quirúrgicos” contra países con escaso margen de respuesta.
El costo se traslada a la vida cotidiana. En Venezuela, la intervención deja muertos, miedo y un Estado sin control efectivo. En Cuba, el embargo se traduce en escasez y migración. En México, la amenaza de intervención revive heridas históricas y una incómoda sensación de dependencia. En Groenlandia, comunidades pequeñas escuchan a potencias discutir su futuro como si fuera mercancía.
La pregunta persiste: ¿hasta dónde se tolera que una potencia decida por otras fronteras en nombre de la seguridad? El panorama no ofrece un cierre claro, solo un hemisferio que redescubre que el mapa nunca es fijo y que “protección” y “soberanía” pueden cambiar de significado de un día para otro.
