La ruptura entre la mayoría de los diputados locales de Morena y la gobernadora Layda Sansores en Campeche estalla por la mezcla de deuda, presiones y disputa por el control del Congreso, y hoy ya pegó en el equilibrio de poderes y en la agenda del morenismo rumbo a 2027.
Cómo se rompió la relación
El choque arranca en noviembre de 2025, cuando el gobierno de Layda Sansores envía al Congreso un paquete que incluye la Ley de Ingresos 2026 y la solicitud de un crédito por mil millones de pesos para cubrir recortes y reforzar gasto estatal. La mayoría morenista, que hasta entonces había acompañado los proyectos del Ejecutivo, se resiste a votar a favor del endeudamiento en los términos planteados.
En diciembre, un grupo de entre 10 y 11 de los 16 diputados de Morena rechaza el crédito y deja constancia pública de su desacuerdo, lo que rompe con la imagen de bloque disciplinado alrededor de la gobernadora. A partir de ahí, la relación se amarga: los legisladores denuncian presiones para “alinearse” y acusan intentos de imponer decisiones “ya tomadas” sin discusión interna.
El 1 de febrero de 2026 la crisis sube un escalón cuando policías ministeriales intentan detener al presidente del Congreso y coordinador de la bancada de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez, hecho que se atribuye a órdenes del gobierno estatal. Días después, los disidentes anuncian formalmente que rompen comunicación política con la gobernadora, restauran el fuero constitucional para blindarse y pactan con otras fuerzas la entrega de espacios de dirección parlamentaria, incluido el control de la Mesa Directiva.
Motivos de la ruptura: deuda, presión y control
La primera fisura tiene que ver con el crédito por mil millones de pesos: los diputados inconformes señalan que la deuda se intentó empujar como un trámite obligado, sin discusión sobre condiciones, destino de los recursos ni márgenes de supervisión legislativa. La diputada federal priista por Campeche, al opinar sobre el rechazo al endeudamiento, habla de “opacidad” y falta de rendición de cuentas en el manejo del gasto estatal bajo Sansores, eco que alimenta las dudas internas.
Al mismo tiempo, los legisladores describen un ambiente de presiones y amenazas: se habla de llamadas desde el Ejecutivo, advertencias de represalias y la idea de que quien rompa la línea de Palacio pagará un costo político y judicial. La tentativa de detención de José Antonio Jiménez se lee precisamente en esa clave: un mensaje de fuerza hacia un liderazgo interno que se atrevió a encabezar la resistencia al crédito.
Hay también una disputa por la autonomía del Congreso y sus órganos de gobierno: la pérdida, por parte de Morena, de la presidencia de la Mesa Directiva y el acuerdo con Movimiento Ciudadano para cederle ese espacio muestra que el grupo rebelde está dispuesto a desarmar la arquitectura de control que el morenismo tenía sobre el Legislativo. El dirigente estatal de Morena, Erick Reyes, acusa al bloque encabezado por Jiménez de “suicidio político” y de comportarse como “Che Guevara campechano”, subrayando que la disputa no es solo técnica, sino de lealtades al proyecto de la 4T y a la propia Sansores.
Quiénes son los actores y qué buscan
Diputados disidentes
El grupo de 10 (a veces descrito como de 11) diputados morenistas que rompe con la gobernadora no funciona como una corriente formal, pero comparte rasgos: capital territorial propio, vínculos con liderazgos locales y una agenda de mayor control sobre presupuesto y fiscalización. En entrevistas y posicionamientos se muestran más pegados a la idea de un Congreso que revise convenios y créditos, y menos dispuestos a asumir las decisiones del Ejecutivo como línea automática.
En el Morena campechano conviven grupos con cercanías distintas: cuadros que provienen del obradorismo duro, militantes que se sumaron al calor del triunfo de 2018 y operadores regionales con pasado en PRI o PRD. Varios de los legisladores inconformes se ubican en este último segmento: conocen la negociación presupuestal en los municipios, mantienen relaciones con alcaldes y ven el endeudamiento como un riesgo para su propio trabajo territorial en 2026–2027.
Sus aspiraciones inmediatas pasan por mantener control de comisiones, conservar la presidencia del Congreso o la Junta de Gobierno y llegar con margen a la definición de candidaturas para 2027, cuando se renovará la gubernatura y los ayuntamientos. A mediano plazo, algunos buscan saltar a cargos federales o asegurar reelección, por lo que tratan de construir un perfil de “contrapeso responsable” frente a un Ejecutivo visto como autoritario por franjas del electorado local.
José Antonio Jiménez Gutiérrez
José Antonio Jiménez Gutiérrez es diputado local de Morena por el Distrito V de Campeche, con funciones centrales en la Junta de Gobierno y en varias comisiones, incluidas las de movilidad, fortalecimiento municipal y patrimonio histórico. Sus cargos al frente de órganos de control presupuestal en el Congreso lo colocan como puente entre alcaldes y gobierno estatal, y lo vuelven pieza incómoda si decide no alinearse con Palacio.
Dentro de Morena se le identifica como articulador del bloque rebelde y rostro del reclamo de autonomía legislativa: es quien denuncia persecución política tras el intento de detención y quien sostiene la frase “la dignidad no se negocia” al justificar el rechazo al crédito. La dirigencia estatal lo acusa de falta de liderazgo y de detonar un “efecto dominó” que puede arrastrar al partido en 2027, lo que muestra que su figura ya se volvió un punto de ruptura dentro del morenismo campechano.
En el terreno de las aspiraciones, Jiménez se perfila para disputar posiciones mayores en 2027, ya sea dentro del Congreso o en el ámbito municipal, respaldado en una imagen de contrapeso interno que busca capitalizar el desgaste de Sansores. Su margen dependerá de si Morena lo sanciona, lo expulsa o termina por negociarle espacios a cambio de pacificar la bancada.
Layda Sansores San Román
Layda Sansores llegó a la gubernatura de Campeche como uno de los rostros más visibles del obradorismo en el sur, con una trayectoria que incluye pasos por el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y la alcaldía de Álvaro Obregón en Ciudad de México. En la 4T se volvió un personaje de alto perfil por el programa “Martes del Jaguar”, desde donde expuso audios y materiales contra figuras como Alejandro “Alito” Moreno y Ricardo Monreal, lo que le ganó aplausos dentro del círculo duro del lopezobradorismo pero también medidas de la Suprema Corte para bajar contenidos por vulnerar derechos.
Su paso por Álvaro Obregón dejó señalamientos por contratos adjudicados a empresas fantasma y por presunto uso irregular de recursos de programas sociales, con denuncias opositoras que hablaban de simulación de apoyos y cheques por más de 30 millones de pesos. Ya como gobernadora, enfrenta críticas por el uso de la Fiscalía estatal contra medios locales: el caso Telemar, donde el Ministerio Público pidió nombres de periodistas críticos bajo una carpeta por calumnia promovida por la propia Sansores, se leyó como intento de censura y desató pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión.
El intento de detención del presidente del Congreso refuerza la imagen de una mandataria que recurre a instrumentos judiciales y policiacos para presionar adversarios, ahora dentro de su propio partido. En paralelo, su equipo insiste en que la deuda de mil millones busca sostener programas y obra pública, y en que quienes se oponen le hacen el juego a la oposición de cara a 2027.
Restauración del fuero y efectos institucionales
Uno de los golpes legislativos más visibles del bloque rebelde consiste en reinstalar el fuero constitucional para diputadas y diputados de Campeche, figura que se había eliminado una década atrás como parte de las banderas anticorrupción. El argumento de los legisladores es directo: necesitan protección frente a posibles venganzas políticas y judiciales derivadas de su negativa a aprobar la deuda y de sus decisiones internas, como la reconfiguración de la Mesa Directiva.
En los hechos, el fuero vuelve a dibujar un blindaje para el Legislativo frente al Ejecutivo, pero también abre la puerta a que casos de corrupción o abuso queden atorados si no existe una mayoría dispuesta a retirar esa protección. La restauración envía un mensaje doble: hacia adentro de Morena, que la mayoría inconforme está dispuesta a usar herramientas legales de escudo; hacia fuera, que el Congreso se prepara para una etapa larga de confrontación con el gobierno estatal.
La entrega de la presidencia de la Mesa Directiva a Movimiento Ciudadano, con el aval de una parte de la bancada morenista, refuerza ese cambio de equilibrio. Morena mantiene la mayoría numérica, pero pierde el control monolítico de los órganos de dirección parlamentaria, lo que complica al Ejecutivo sacar adelante nombramientos, reformas y reestructuras financieras sin negociar con bloques cruzados.
Gobernabilidad, cohesión interna y reacciones
La combinación de deuda atorada, fuero restaurado y Congreso dividido deja a la gobernadora con menos margen para maniobrar en 2026. Cada proyecto que implique recursos, cambios a la administración pública o designaciones en órganos autónomos tendrá que pasar por negociaciones más ásperas con un grupo de Morena que ya mostró que puede votar en contra, y con oposiciones que buscan cobrarle la factura a la 4T local.
Dentro de Morena, la dirigencia estatal intenta contener el incendio: Erick Reyes minimiza por un lado el alcance de la ruptura (“Morena va a ganar en el 27”), pero al mismo tiempo advierte que no permitirán que 10 o 12 diputados dañen el proyecto, y deja abierta la puerta a sanciones internas. Esa estrategia mezcla regaño y amenaza, y podría empujar a los inconformes a buscar cobijo en otros partidos o a negociar directamente con figuras nacionales como Claudia Sheinbaum o la dirigencia nacional de Morena para equilibrar la presión local.
Los partidos opositores reaccionan con dos líneas: exhiben la fractura como prueba de una 4T dividida y, a la vez, tratan de capitalizar los votos del bloque rebelde para recuperar posiciones perdidas en el Congreso y en la arena mediática. Movimiento Ciudadano, al recibir la presidencia de la Mesa Directiva, se coloca como aliado táctico de los inconformes y gana visibilidad para pelear mejor en la competencia municipal y legislativa que viene.
Lo que viene para la política campechana 2026–2027
La fractura llega en un momento en que Morena necesita mostrar orden para enfrentar la renovación de alcaldías, diputaciones locales y gubernatura en 2027. Si el conflicto escala, el partido podría llegar a esa cita con dos bloques morenistas compitiendo entre sí, con candidaturas impugnadas y con una gobernadora desgastada por acusaciones de autoritarismo, censura a medios y uso del aparato judicial contra disidentes.
El grupo de diputados inconformes buscará convertir su rebeldía en capital político: venderse como quienes se atrevieron a decir que no a una deuda opaca, como defensores de la autonomía del Congreso y como contrapeso interno capaz de negociar con otras fuerzas sin romper con la marca Morena, al menos mientras no los expulsen. Del otro lado, Sansores tratará de cerrar filas con los legisladores leales, apoyarse en la estructura federal y en la figura del presidente, y usar su presencia mediática para colocar la idea de que se enfrenta a traidores, infiltrados o ambiciosos sin proyecto.
En medio queda el equilibrio de poderes en Campeche: un Congreso con fuero reforzado, una bancada gobernante partida y un Ejecutivo que ya mostró que puede llevar sus pleitos a la arena judicial y policiaca. Falta ver si esa tensión se encauza en acuerdos presupuestales o si termina por convertir la próxima discusión de deuda, ingresos y reformas en una serie de choques que reconfiguren de nuevo el mapa político del estado.
La fractura entre los diputados locales y Layda Sansores llega a las elecciones de 2027 como un lastre directo para Morena en Campeche: reduce su capacidad de ir unido, abre la puerta a candidaturas cruzadas y le regala oxígeno a la oposición.
Punto de partida: aún arriba, pero con desgaste
Encuestas publicadas en 2025 colocan a Morena al frente en intención de voto para la gubernatura de 2027, con alrededor de 40–41% de preferencias, y a Movimiento Ciudadano en segundo lugar, encima del PRI y el PAN. Es decir, el partido llega a la crisis con ventaja estructural, pero sobre un terreno donde ya se percibe que “Campeche va empeorando” con el gobierno de Sansores, según mediciones de opinión levantadas ese mismo año.
La ruptura en el Congreso —10 de 16 diputados que rompen con la gobernadora por la deuda de mil millones y la restauración del fuero— cae justo sobre ese clima de desaprobación creciente y lo convierte en tema interno, no solo opositor.
Tres efectos directos sobre Morena
- Fragmentación de la oferta electoral
- La dirigencia estatal reconoce el riesgo de “efecto dominó” y llama “suicidio político” a la rebeldía de los diputados, al admitir que puede pegar de lleno en la unidad rumbo a 2027.
- Si el conflicto no se resuelve, Morena puede llegar a la definición de candidaturas con dos bloques: uno alineado con Sansores y otro encabezado por figuras como José Antonio Jiménez, con riesgo de fugas hacia otros partidos o de campañas internas de sabotaje silencioso.
- Erosión de la marca 4T en lo local
- La narrativa de los disidentes —acusaciones de persecución, uso de la Fiscalía y de policías contra el presidente del Congreso, restauración del fuero como escudo— alimenta la imagen de gobierno represor e intolerante, justo cuando Morena necesita defender su bandera de cambio frente a viejos vicios del priismo.
- Siete alcaldes morenistas se deslindan de la reinstalación del fuero y la tachan de contraria a los principios de igualdad ante la ley de la 4T, lo que exhibe a un partido peleado consigo mismo incluso en decisiones emblemáticas.
- Reordenamiento del campo opositor
- El hecho de que parte de Morena entregue la Mesa Directiva del Congreso a Movimiento Ciudadano coloca a MC como socio táctico del bloque rebelde y lo posiciona como alternativa visible frente a una gobernadora desgastada.
- Con encuestas que ya daban a MC un segundo lugar competitivo antes de la fractura, cualquier voto morenista descontento tiene hoy una opción más cercana al electorado joven y urbano que el PRI o el PAN.
Candidaturas, negociaciones y riesgos internos
La dirigencia estatal de Morena insiste en que “Morena va a ganar en el 27”, pero admite que habrá medidas estatutarias contra quienes dañen al partido. Ese tono abre un escenario de:
- expulsiones o sanciones a diputados, que podrían terminar como candidatos de otros partidos o como operadores en contra de los aspirantes oficiales;
- negociaciones de último minuto, donde la dirigencia nacional intente recomponer la unidad mediante candidaturas de conciliación o repartos de espacio en listas plurinominales.
En paralelo, la figura de Sansores se vuelve factor de doble filo: mantiene exposición mediática y peso interno, pero concentra también los costos de las acusaciones de censura a medios, autoritarismo y manejo opaco de deuda. Aspirantes locales de Morena podrían intentar despegarse de su imagen sin romper con el sello del partido, lo que complica la coordinación de campaña.
Ventanas de oportunidad para la oposición
PRI y PAN, debilitados en el estado, usan el conflicto para insistir en que Morena ya reproduce prácticas de persecución política y de endeudamiento discrecional que antes criticaba. Aunque sus números no alcanzan hoy los niveles de Morena o MC, la fractura les permite negociar coaliciones más ventajosas y presentarse como “mal necesario” ante sectores empresariales y burocráticos hartos del pleito interno guinda.
Movimiento Ciudadano, con la presidencia del Congreso y la imagen de “árbitro” frente a Morena contra Morena, tiene la oportunidad de construir una candidatura a la gubernatura que capitalice a los desencantados de la 4T sin cargar con el desgaste histórico del PRI. Todo dependerá de si logra sostener la alianza legislativa con el bloque rebelde sin parecer simple apéndice de una pelea interna.
Un mapa electoral más incierto
Antes de la fractura, las encuestas dibujaban una contienda Morena vs MC con ventaja clara para el primero; hoy el tablero se ve más abierto, no tanto por un crecimiento automático de la oposición, sino por la posibilidad de que la división morenista reste votos en tierra y complique la movilización electoral.
La pregunta ya no es solo si Morena conserva la gubernatura en 2027, sino con qué margen, con qué tipo de mayoría en el Congreso y con cuánta capacidad para recomponer una estructura interna que hoy se pelea por la deuda, el fuero y el control de los órganos legislativos.
