Operativo que golpeó al CJNG
El 21 de febrero, fuerzas federales ingresaron a una zona montañosa de Tapalpa para capturar a Oseguera, de 59 años, considerado uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado federal, la operación se diseñó a partir de trabajos de “inteligencia militar central”, información del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En tierra operaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, apoyadas por aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El objetivo era detener a “Rubén N.”, alias “El Mencho”, localizar a integrantes de su círculo de seguridad y asegurar armamento pesado, vehículos blindados y equipos de comunicación.
Según el parte difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el personal militar fue atacado durante la intervención y respondió al fuego. En el lugar murieron cuatro integrantes del CJNG; otros tres quedaron heridos de gravedad, entre ellos el propio Oseguera, quien falleció durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Se reportaron dos detenidos, el decomiso de varios vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves o perforar blindajes.
Mientras las tropas despejaban la zona, la noticia se regó por los estados donde el CJNG mantiene presencia. Hubo bloqueos de carreteras, quema de vehículos, ataques a gasolineras y comercios en puntos de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de alertas emitidas a viajeros extranjeros y cancelaciones de vuelos. La reacción dejó muertos, zonas paralizadas y la imagen de un país que intenta sacudirse a una de las organizaciones criminales más violentas del mundo en los últimos años.
SEDENA como eje operativo
Detrás de la operación no destaca una acción aislada sino un aparato que SEDENA viene afinando desde hace al menos una década: planeación centralizada, inteligencia táctica en campo y coordinación con otras dependencias. En sus memorias y programas sectoriales, la dependencia acentuó su atribución y responsabilidad de “formular y ejecutar los planes y órdenes necesarios para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior”, con énfasis en el combate al narcotráfico, la erradicación de plantíos y la intercepción de cargamentos.
El documento “Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020‑2024” describe una fuerza que se organiza con base en capacidades, no solo en número de tropas: unidades de reacción rápida, despliegue flexible y uso constante de inteligencia para seleccionar objetivos. Esa lógica encaja con lo que se vio en Tapalpa: un grupo de Fuerzas Especiales con respaldo aéreo, apoyado por información previa de agencias civiles, frente a un objetivo de alto valor.
El análisis del Centro de Estudios Superiores Navales sobre inteligencia estratégica habla de una comunidad de inteligencia que combina niveles estratégico, operativo y táctico, con la obligación de compartir información entre instituciones civiles y militares. Tal estructura reduce la improvisación y permite que una operación se arme con piezas de distintas dependencias: SEDENA, CNI, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional. La muerte del “Mencho” se inscribe en ese modelo: un Estado que intenta usar su músculo militar como parte de un sistema de seguridad nacional, no como un actor solitario.
La fuerza del Estado y el mensaje interno
La federación exhibe la operación como el mayor golpe al narcotráfico en décadas y como un punto de inflexión frente al CJNG. Euronews describe la acción como “el mayor golpe contra el narcotráfico en décadas” y recuerda que Oseguera encabezaba uno de los cárteles más violentos, con presencia en buena parte del país. Para las autoridades, el mensaje se dirige a dos públicos: los grupos criminales y la población que vive en sus territorios.
Hacia dentro del propio Estado, el operativo reafirma que la fuerza legítima sigue concentrada en las instituciones federales. El comunicado oficial subraya que la operación se basó en trabajos coordinados de inteligencia de SEDENA, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía, además que la acción corrió a cargo de Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. No se menciona a un mando único ni a un “héroe” específico, sino a un entramado institucional que cubre el diseño, la ejecución y el seguimiento.
Golpe al CJNG: poder militar, cadena de mando y los límites de la violencia criminal
Para la ciudadanía, el mensaje tiene doble simbolismo. Por un lado, el Ejército abate a un capo que cargaba órdenes de detención de ambos lados de la frontera y figuraba entre los objetivos prioritarios de Washington. Por otro lado, la reacción violenta del CJNG recuerda que la desaparición de un líder no desmonta de golpe una maquinaria que se extendió durante años. La presencia de bloqueos, incendios y ataques simultáneos tensiona la promesa de tranquilidad, pero también deja ver los límites de la respuesta criminal cuando el Estado la enfrenta con fuerza federal coordinada.
Cadena de mando y liderazgo militar
El operativo se sostiene en una cadena de mando que tiene origen en la Presidencia y transita por el Alto Mando de SEDENA y el Estado Mayor, encargado de planear y conducir operaciones. En la estructura formal, el general secretario de la Defensa Nacional y los mandos operativos subordinados, entre ellos el general Ricardo Trevilla Trejo, dan forma al diseño de las campañas y supervisan su ejecución.
Los documentos internos de SEDENA describen un esquema donde el Alto Mando formula los planes de empleo de las fuerzas y asigna misiones a comandos territoriales y unidades de fuerzas especiales. Esa arquitectura permite que decisiones estratégicas —como ir por el líder del CJNG— se traduzcan en órdenes concretas para unidades en campo, con claridad sobre responsabilidades y márgenes de acción.
Aunque los comunicados no mencionan nombres específicos de generales, la operación de Tapalpa encaja en la lógica de estricto apego a la línea de mando: una decisión tomada en el nivel político superior, canalizada por el Alto Mando y ejecutada por unidades especializadas, con supervisión permanente del gabinete de seguridad. Esa cadena ayuda a explicar por qué una acción con alto riesgo —enfrentar a un grupo con armamento pesado en terreno montañoso— se sostiene un reducido costo en bajas militares y con captura de armamento y vehículos blindados.
Sheinbaum al frente del aparato de seguridad
La presidenta Claudia Sheinbaum se colocó desde el inicio como la cabeza política del operativo. En cuanto SEDENA confirmó el resultado, la mandataria anunció que el gabinete de seguridad presentaría un informe detallado y subrayó que serían sus integrantes, encabezados por el secretario Omar García Harfuch, quienes explicarían el dispositivo. Esa decisión refuerza dos ideas: la Presidencia conduce, pero comparte el foco mediático con el aparato institucional, y el control civil se ejerce sobre las Fuerzas Armadas sin borrar su rol operativo.
En meses previos, Sheinbaum había usado el Consejo Nacional de Seguridad para reunir a gobernadores, titulares de seguridad y fiscalías, con el objetivo de coordinar esfuerzos y “consolidar la paz” mediante operativos conjuntos con SEDENA y Marina. En diciembre de 2025 lideró una sesión del Consejo donde se resaltó que los avances dependían de la coordinación entre fuerzas estatales, Guardia Nacional y fiscalías, más que de acciones aisladas.
En el discurso oficial, la presidenta actúa como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, según la fórmula constitucional, pero insiste en que las operaciones se apegan a la ley y se construyen a partir de acuerdos en el gabinete de seguridad. Tras la muerte del “Mencho”, llamó a la población a mantenerse en calma y dejó en manos del gabinete la explicación técnica de lo ocurrido, mientras ella marcaba la línea política general. La ecuación combina mando civil, despliegue militar y una narrativa que intenta mostrar control sobre la información y sobre el uso de la fuerza.
Harfuch y la inteligencia civil
Omar García Harfuch ocupa un lugar central en el diseño de la seguridad federal bajo Sheinbaum. Su trayectoria incluye la jefatura de la Agencia de Investigación Criminal, cargos de inteligencia y mando policial en la Ciudad de México, así como un atentado del que salió con tres impactos de bala. Para la presidenta, Harfuch es el encargado de articular la inteligencia civil con las capacidades militares.
En la estrategia que anunció Sheinbaum antes de asumir la Presidencia, el hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana desarrollaría una agenda basada en cinco ejes: honestidad y atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, coordinación con policías estatales y fiscalías, y reforma del Poder Judicial. Esa hoja de ruta se traduce en operativos donde la SSPC participa con trabajo previo de investigación y análisis de redes criminales, mientras SEDENA y Marina ejecutan los golpes en terreno.
Tras la muerte del “Mencho”, Harfuch calificó la acción del Ejército como un “hito histórico” en la lucha contra el narcotráfico y confirmó la identidad del cuerpo de Oseguera, así como el destino de sus restos. En sus declaraciones, recalca que el resultado es producto de coordinación entre SEDENA, el CNI, la FGR y la SSPC, y que no surgió de un golpe de suerte. Desde su oficina se empuja la idea de un frente unido entre seguridad civil y fuerzas armadas, donde la inteligencia y la investigación criminal abren paso a las operaciones militares.
Operación de Estado, no hazaña personal
El lenguaje oficial alrededor del operativo evita nombres propios, salvo cuando se habla del objetivo abatido. El comunicado se refiere a “trabajos de inteligencia militar central”, al “Centro Nacional de Inteligencia” y a la “Fiscalía General de la República (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), y a Fuerzas Especiales del Ejército apoyadas por la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. No hay una figura individual que reclame el crédito, sino una lista de instituciones que comparten responsabilidades.
Este enfoque coincide con lo que plantean los estudios sobre inteligencia estratégica en México: la necesidad de una comunidad de inteligencia que reduce rivalidades y reparte tareas entre agencias. El texto del CESNAV señala que la coordinación minimiza los espacios para la improvisación y permite que distintas dependencias contribuyan con información y capacidades específicas. En la práctica, el caso del “Mencho” se presenta como un ejemplo de esa lógica: cada actor aporta su parte, desde la vigilancia en campo hasta el análisis financiero y la persecución judicial.
El gobierno intenta evitar la figura del “súper policía” o del general providencial. Sheinbaum remite a su gabinete, Harfuch habla del Ejército y la comunidad de inteligencia, y SEDENA enumera instituciones antes que nombres. El resultado es una historia en la que el sujeto es el Estado y la operación aparece como producto de una estrategia nacional más amplia de seguridad, no como una incursión aislada destinada al lucimiento de una sola persona.
Dimensión internacional
La operación no se entiende solo desde la lógica interna de seguridad mexicana. Oseguera cargaba investigaciones y órdenes de captura en Estados Unidos, donde se ofrecía una recompensa millonaria por información que ayudara a detenerlo. Euronews señaló que la Defensa mexicana contó con apoyo de inteligencia estadounidense para localizarlo y planear el operativo en la sierra de Jalisco.
Medios internacionales presentan la muerte del “Mencho” como un golpe contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, y como una señal de cooperación entre agencias de ambos países. La lectura es directa: México actuó contra una figura que también se consideraba prioridad en Washington, en un operativo donde el intercambio de información cruzó fronteras.
Esa dimensión externa refuerza la imagen de un Estado que combate al crimen organizado no solo por presión interna, sino también por compromisos de cooperación regional. A la vez, muestra que cualquier reacomodo del CJNG tendrá efectos que van más allá de las sierras de Jalisco, porque su red de tráfico y lavado traspasa la frontera norte.
Ejército Mexicano como fuerza del Estado
La operación contra el “Mencho” vuelve a colocar al Ejército Mexicano como la fuerza visible del Estado en el combate al crimen organizado. SEDENA define entre sus objetivos el combate integral al narcotráfico, la erradicación de plantíos y la participación en tareas de seguridad interior cuando la autoridad civil lo solicita. En la práctica, estas funciones se han ampliado a operaciones de alto impacto como la que terminó con la vida de Oseguera.
El programa sectorial de Defensa subraya que la institución debe responder a amenazas que ponen en riesgo la seguridad nacional, entre ellas las organizaciones delictivas con capacidad armada y financiera para controlar territorios. El CJNG encaja en esa descripción: un grupo que domina rutas, impone reglas en zonas rurales y urbanas y mantiene un arsenal capaz de enfrentar a fuerzas estatales. Al ir por su líder con Fuerzas Especiales y apoyo aéreo, el Estado decidió usar el tramo más robusto de su aparato coercitivo.
La presidenta, como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, tiene la última palabra sobre el empleo del Ejército en tareas de seguridad interior. Bajo su mandato, la operación de Tapalpa se convierte en un ejemplo de cómo la fuerza militar se despliega bajo conducción civil, con un objetivo concreto y con respaldo jurídico. La pregunta ya no gira solo en torno a si se debe usar al Ejército, sino a cómo y bajo qué controles se utiliza cuando se decide que entre en juego.
