La reforma electoral propuesta por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de su administración iniciada en 2024, ha desatado un intenso debate en México debido a su impacto potencial en el sistema democrático.
Con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados ostentando una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la posibilidad de aprobar cambios estructurales, sin que ocurra un amplio consenso, ha generado nerviosismo en opositores, exfuncionarios electorales y sectores de la sociedad civil.
La exclusión inicial del Instituto Nacional Electoral (INE) de las discusiones, la creación de una Comisión Presidencial liderada por Pablo Gómez, y las posturas recientes de la consejera-presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ubican al Instituto en el foco de la discusión.
Una reforma contemplada largamente
Desde la llegada de Morena al poder en 2018, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las reformas al sistema electoral han sido un tema recurrente.
AMLO impulsó iniciativas como el “Plan A”, “Plan B” y “Plan C” entre 2020 y 2023, buscando transformar el INE en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir el financiamiento a partidos políticos, eliminar legisladores plurinominales y permitir la elección de consejeros electorales por voto popular.
Estas propuestas no prosperaron debido a la falta de mayoría calificada en el Congreso o por fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró inconstitucionales varios aspectos del “Plan B” por vulnerar la autonomía del INE.
Con la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024 y la consolidación de la mayoría calificada de Morena en el Congreso, el escenario cambió. La reciente aprobación de la Reforma Judicial, que incluye la elección popular de jueces y magistrados, ha fortalecido la confianza del partido gobernante para avanzar en su agenda legislativa.
En este contexto, la Reforma Electoral se presenta como una prioridad para 2025-2026, con el objetivo de fortalecer la democracia y reducir los costos del sistema electoral.
Comisión Presidencial y exclusión del INE
El 2 de agosto de 2025, la Presidenta Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y figura histórica de la izquierda mexicana.
La comisión está integrada por funcionarios y personajes muy afines a la Cuarta Transformación: Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación), Ernestina Godoy (consejera jurídica del Ejecutivo), Lázaro Cárdenas Batel (jefe de la Oficina de la Presidencia), y otros aliados de Morena. Esto con el propósito de realizar un diagnóstico al sistema electoral y formular una propuesta legislativa que será presentada en enero de 2026, tras un proceso de consulta ciudadana que iniciará en octubre de 2025.
Para legitimar el proceso, el gobierno ha prometido realizar foros ciudadanos en diversas ciudades, encuestas de opinión y un portal digital para recibir propuestas ciudadanas. Sin embargo, la composición de la comisión, dominada por figuras cercanas al Ejecutivo, fue objeto de críticas.
La oposición, liderada por Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), argumenta que la falta de pluralidad en la comisión demerita la legitimidad de la reforma.
Figuras como el diputado panista Federico Döring han calificado a Pablo Gómez como un “Rasputín electoral” que busca consolidar el poder de Morena, mientras que en redes sociales, usuarios han expresado temores de que la reforma sea un paso hacia la “erosión de la democracia”.
Un punto particularmente controvertido es la exclusión inicial del INE de la Comisión Presidencial. El INE, creado en 2014 como sucesor del Instituto Federal Electoral (IFE), es reconocido por su autonomía y capacidad técnica para organizar elecciones libres y transparentes. Su marginación en las discusiones ha generado preocupación, ya que el Instituto administra el padrón electoral, organiza los comicios, fiscaliza los gastos de campaña y garantiza la equidad en la contienda electoral.
La exclusión ha sido interpretada por algunos como un intento deliberado de debilitar al INE, especialmente en un contexto donde propuestas previas, como la elección de consejeros por voto popular, podrían someter al organismo a influencias políticas.
La postura del INE: Guadalupe Taddei y los “irrenunciables”
La consejera-presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fijó su postura y una visión detallada de la respuesta del INE a la propuesta de Reforma Electoral.
Taddei adoptó una postura proactiva, buscando posicionar al Instituto como actor indispensable en el diseño de la reforma.
Taddei destacó varios puntos “irrenunciables” para cualquier cambio al sistema electoral, siendo el más relevante la participación ciudadana en las mesas directivas de casilla. Este mecanismo, en el que ciudadanos comunes organizan y supervisan las elecciones, es considerado un pilar de la democracia mexicana, garantizando transparencia y confianza en los resultados.
Taddei anunció que el INE colaborará con la Comisión Presidencial de Pablo Gómez, aportando información técnica sin comprometer su autonomía. Entre las propuestas del Instituto se encuentran:
Coincidencia de elecciones judiciales y legislativas, para optimizar recursos y procesos.
Revisión del modelo de casillas electorales, buscando mayor eficiencia.
Regulación de consultas populares y revocaciones de mandato, para establecer reglas claras.
Fortalecimiento de la fiscalización de gastos de campaña, un área donde el INE tiene experiencia significativa.
Ajustes al voto de mexicanos en el extranjero, un programa costoso que requiere mejoras en su implementación.
Regulación de los procesos internos de los partidos, para garantizar transparencia y equidad.
En defensa del presupuesto del INE
En cuanto al presupuesto del INE para 2026, Taddei defendió los aproximadamente 20 mil millones de pesos asignados al Instituto, más ocho mil millones para prerrogativas de partidos.
Este presupuesto incluye proyectos prioritarios como:
La emisión de credenciales para votar, esenciales para el padrón electoral.
La operación de 890 módulos en todo el país.
La modernización de sistemas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el “conteo rápido”.
La atención a grupos específicos, como personas en prisión preventiva y en estado de postración.
La coordinación con institutos electorales locales e internacionales.
Taddei enfatizó que el INE evalúa constantemente su estructura laboral para optimizar recursos, respondiendo a las críticas del gobierno sobre el costo del sistema electoral.
Su mensaje central es que el INE está preparado para contribuir con diagnósticos técnicos y propuestas que fortalezcan la reforma, siempre que se respete su autonomía y los principios democráticos fundamentales.
La contrapropuesta: por un diálogo nacional inclusivo y consensuado
Aunque Morena insiste que la Reforma Electoral irá “con o sin consenso”, exfuncionarios electorales se pronuncian por fortalecer la representación política, preservar la autonomía del INE, mantener el padrón electoral bajo la administración del Instituto y mejorar la fiscalización de los recursos de los partidos.
La oposición y exfuncionarios electorales han reaccionado con contundencia. Exconsejeros del INE y del IFE, como Lorenzo Córdova, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, junto con exmagistrados electorales, emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo un diálogo nacional inclusivo y consensuado.
Propusieron seis puntos clave para la reforma:
Fortalecer la representación política, garantizando la pluralidad en el Congreso.
Preservar la autonomía del INE, evitando su subordinación al Ejecutivo o a intereses partidistas.
Garantizar la profesionalización de los organismos electorales, manteniendo el servicio profesional de carrera.
Mantener el padrón electoral bajo la administración del INE, dado su prestigio y confiabilidad.
Mejorar la fiscalización de los recursos de los partidos, sin comprometer la equidad.
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, pero con reglas claras que eviten su manipulación.
Estos exfuncionarios advierten que una reforma sin consenso podría replicar los errores del pasado, como los intentos de AMLO de centralizar el control electoral.
Oposición, en contra de desaparecer “pluris”
La oposición, por su parte, ha señalado que la eliminación de plurinominales o la reducción del financiamiento a partidos podría beneficiar desproporcionadamente a Morena, dado su dominio electoral, afectando la representación de minorías y partidos pequeños.
Algunas organizaciones de la sociedad civil y académicos instan al gobierno a incluir al INE y a otros actores independientes en el proceso, argumentando que la legitimidad de la reforma depende de su carácter plural e inclusivo.
Por otro lado, estas propuestas parecen no tener eco al interior de las cámaras, a la luz de las declaraciones de Ricardo Monreal, líder morenista en la Cámara Baja, quien afirmó que la Reforma Electoral irá “con o sin consenso”.
Taddei
La exclusión inicial del INE de la Comisión Presidencial generó incertidumbre sobre su futuro, pero el posicionamiento de Guadalupe Taddei y las presiones de la oposición podrían (hipotéticamente) cambiar el rumbo del proceso.
Los posibles escenarios para el INE son los siguientes:
Preservación de la autonomía con ajustes: Sheinbaum ha reiterado que no se contempla despojar al INE de su autonomía ni del control del padrón electoral. La participación del Instituto en las discusiones, como propone Taddei, podría resultar en una reforma que mantenga la estructura del INE, pero con ajustes en áreas como el voto en el extranjero, la fiscalización o la reducción de costos operativos. Esto preservaría el rol del INE como garante de elecciones libres, aunque con un presupuesto más ajustado.
Centralización y reforma estructural: La propuesta de sustituir al INE por un INEC, como se planteó en el “Plan B” de AMLO, sigue siendo una posibilidad. Este organismo podría centralizar los procesos electorales, eliminando los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y reduciendo el número de consejeros de 11 a siete, posiblemente electos por voto popular. Esto generaría preocupaciones sobre la influencia del Ejecutivo en los comicios, especialmente si se reduce la colegialidad y profesionalización del organismo.
Reducción de costos y plurinominales: La reforma busca disminuir el gasto electoral, incluyendo el financiamiento a partidos y la eliminación de legisladores plurinominales. Aunque estos cambios podrían simplificar el sistema, la oposición advierte que afectarían la representación de minorías y pequeños partidos, consolidando el dominio de Morena. El INE podría verse obligado a operar con menos recursos, lo que limitaría su capacidad para organizar elecciones complejas o implementar nuevos programas.
Polarización y resistencia social: La falta de consenso podría polarizar aún más el debate, como ocurrió con la reforma judicial. La oposición, exconsejeros y sectores de la sociedad civil podrían movilizarse para defender la autonomía del INE, especialmente si perciben que la reforma favorece al partido en el poder. El hashtag #ElINENoSeToca y las protestas de años anteriores son un indicio de la capacidad de movilización de estos actores.
El proceso de consulta anunciado por el gobierno, que iniciará en octubre de 2025 con foros ciudadanos, encuestas y un portal digital, será crucial para determinar la legitimidad de la reforma.
La composición de la Comisión Presidencial, dominada por figuras afines a Morena, plantea un desafío para su aceptación entre sectores críticos. La participación del INE, como ha propuesto Guadalupe Taddei, podría mitigar estas preocupaciones, siempre que sus aportaciones técnicas sean tomadas en cuenta.
Sin embargo, la mayoría calificada de Morena en el Congreso otorga al partido gobernante la capacidad de aprobar cambios sin un consenso amplio, lo que podría generar tensiones sociales y cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema electoral.
La experiencia técnica del INE, su prestigio internacional y su rol como garante de la democracia mexicana lo convierten en un actor indispensable.
La insistencia de exconsejeros en preservar su autonomía y profesionalización, junto con las demandas de la oposición por un diálogo inclusivo, podrían forzar al gobierno a moderar propuestas radicales.
Por otro lado, la retórica de Morena sobre la necesidad de “democratizar” el sistema electoral, reduciendo costos y eliminando privilegios, refleja una narrativa popular que podría resonar entre sus bases, pero que también arriesga polarizar al país.
Los próximos meses, con los foros de octubre de 2025 y la presentación de la propuesta en enero de 2026, serán decisivos para determinar si México fortalece su sistema electoral o enfrenta una crisis de legitimidad democrática.
Las reformas: a tiempo para elecciones del 2027
La reforma electoral de 2025-2026 representa un momento definitorio para la democracia mexicana. Dejar fuera de inicio al INE de la Comisión Presidencial generó temores sobre su futuro, pero la postura de Guadalupe Taddei, que combina defensa de principios “irrenunciables” como la participación ciudadana con una disposición a colaborar técnicamente, ofrece una vía para que el Instituto influya en el proceso.
La Comisión de Pablo Gómez, aunque criticada por su falta de pluralidad, tiene la oportunidad de legitimarse a través de los foros y consultas anunciados.
Sin embargo, el riesgo de una reforma impuesta por la mayoría de Morena persiste, lo que podría debilitar la autonomía del INE y generar resistencia social.
El futuro del INE dependerá del equilibrio entre las prioridades del gobierno —eficiencia y participación ciudadana— y las demandas de la oposición y exfuncionarios por preservar una institución autónoma y profesional.
La participación activa del INE, como propone Taddei, y la presión de la sociedad civil serán clave para garantizar que la reforma respete los principios que han sostenido la transición democrática del país.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 10 DE REVISTA GUINDA
