El 1 de septiembre de 2025, Hugo Aguilar Ortiz asume la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el arranque formal del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), producto de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 y de la primera elección judicial por voto popular del 1 de junio de 2025. La transición implica relevo de ministras y ministros, reasignación de ponencias y un rediseño institucional con nuevas piezas (Tribunal de Disciplina y Órgano de Administración Judicial) que sustituyen y reordenan funciones históricas del Consejo de la Judicatura Federal.
Abogado “Ñuu Savi” (mixteco), con trayectoria en defensa de derechos indígenas y experiencia en gobierno, Aguilar llega con una narrativa de “renovación” y gestos simbólicos que subrayan la diversidad e interés por la cercanía social. Su ascenso es leído como ruptura con las élites judiciales tradicionales, pero también despierta algunas preguntas sobre su margen de independencia frente al oficialismo que impulsó la reforma.
Con la reforma, jueces, magistrados y ministros comenzaron a elegirse en urnas este año, en un hecho único a nivel global. El rediseño también incluye Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Apelación, Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración Judicial que sustituyen y reordenan funciones históricas del Consejo de la Judicatura Federal.
Los retos para Aguilar
Aguilar ha enviado señales de austeridad (revisar remuneraciones y prestaciones) y de apertura a la rendición de cuentas. La disyuntiva es concreta: ¿impulsará estándares de selección y evaluación judicial basados en méritos, desempeño y ética, o permitirá que la lógica electoral capture incentivos de carrera? La ruta crítica incluye criterios de disciplina judicial, reglas de movilidad y carrera y métricas de calidad de resoluciones accesibles al público.
Tras la controversia de 2023-2024, la Corte dejó “congelada” la desaparición de fideicomisos mientras se litigaban alcances y procedimientos. Ya con la reforma en vigor, el Pleno aprobó iniciar la extinción de varios instrumentos para acatar el nuevo marco, pero quedan decisiones técnicas (destino de recursos, protección de derechos adquiridos, cobertura médica complementaria) que el equipo de Aguilar deberá clarificar. El propio portal de la SCJN publica convenios y saldos; el manejo fino de esta “caja negra” será una prueba de transparencia y gobernanza.
El reto mayor para Aguilar será marcar distancia del Ejecutivo sin entrar en choque frontal. La nueva mayoría legislativa de Morena y aliados puede fijar el tono del ecosistema judicial (presupuesto, leyes secundarias, nombramientos).
La Corte necesitará construir una agenda de constitucionalidad que pruebe su autonomía caso por caso, en especial en controles de reformas político-electorales y de política pública donde el gobierno busca cambios rápidos.
La nueva correlación de fuerzas facilita a Morena avanzar leyes secundarias y ajustes presupuestales. Para la Corte, esto obliga a una diplomacia institucional: diálogo técnico con comisiones legislativas, defensa pública de estándares de independencia y argumentación “cara a cara” con mayorías calificadas. El margen de maniobra no está en el discurso, sino en sentencias sólidas, datos de desempeño y en la capacidad de mostrar que la independencia judicial sirve a la ciudadanía (no a corporaciones internas).
La apuesta del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) se medirá en el territorio donde duelen los rezagos: amparos en salud y seguridad, violencia de género, derechos de pueblos indígenas, conflictos laborales y agrarios, y delitos de alto impacto. Si el cambio institucional no mejora la tasa de resolución, los tiempos de trámite, la calidad de sentencias y la ejecución, la elección por voto corre el riesgo de percibirse como cosmética. Organismos y especialistas advierten: sin inversión en infraestructura, defensorías públicas, peritos y gestión digital, no habrá acceso real a la justicia.
Para el primer año en el poder, a Hugo Aguilar Ortiz le corresponderá definir prioridades jurisdiccionales: agenda de constitucionalidad en reformas clave (electoral, seguridad, derechos sociales) con criterios claros de atracción. También deberá lidiar con la transparencia de fideicomisos y prestaciones: publicar planes de extinción/uso de remanentes y blindaje de derechos adquiridos; auditorías abiertas.
Se espera que aborde también los reglamentos del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración Judicial con indicadores y plazos verificables, así como las metas semestrales de reducción de rezagos y estándares de sentencia clara (lectura ciudadana).
Respecto a los datos y escucha pública, podría incluir informes trimestrales con tableros de desempeño; foros con barras, academia y organizaciones civiles para retroalimentar criterios, así como establecer protocolos para relaciones con Ejecutivo y Legislativo (reuniones registradas, minutas públicas) y defensa de jueces frente a presiones externas.
Desempeño “bajo lupa”
La presidencia de Aguilar Ortiz arrancará bajo lupa. Si la Corte logra elevar calidad, tiempos y transparencia, la elección popular de juzgadores podrá consolidarse como una ventana de legitimidad democrática. Por lo contrario, si no lo hace, México habrá cambiado el discurso en vano para terminar con un Poder Judicial más politizado y menos eficaz. En un año sabremos si Aguilar fue reformista institucional o guardián del statu quo.
“A mí no me puso Morena”
Su triunfo arrollador en la elección de ministros, magistrados y jueces —la primera en la historia del país— generó altas expectativas, no sólo porque superó en votación a ministras que iban a la segura, con todo y “acordeones”, sino sobre todo por su origen indígena, lo que lo ubica como el juzgador más cercano a los grupos vulnerables, a los desprotegidos y a los que la justicia mexicana se les ha negado siempre.
Tras su triunfo, medios de comunicación de todo el mundo, sobre todo de países que veían con recelo la elección judicial, como amenaza para la democracia y las garantías ciudadanas, comenzaron a indagar su trayectoria, a seguir sus pasos y a buscarlo para conocer de viva voz lo que hará con el Poder Judicial, a cuyo frente estará a partir del 1 de septiembre.
El nombre de Hugo Aguilar Ortiz, sus imágenes y sus primeras declaraciones con impresiones y definiciones de los retos que tiene por delante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya han dado la vuelta al mundo y ocupado primeras planas de periódicos y titulares de influyentes noticieros internacionales.
The New York Times no fue la excepción y quiso presentarlo a sus lectores, con una entrevista en la que el hoy ministro Ortiz narró su historia, desde que pastoreaba cabras, cuando pensaba que no había futuro tras las montañas de Oaxaca. “Yo nunca pensé en ser abogado”, les confesó a los periodistas del NYT, Simon Romero y Emiliano Rodríguez Mega.
A sus 52 años, Aguilar Ortiz afirma que, como presidente de la SCJN, pretende dar prioridad al Estado de derecho y a las necesidades de los pueblos indígenas. Y sentenció que llega al cargo con el respaldo de los votos de seis millones de mexicanos.
“A mí no me puso Morena, no me puso ningún político. A mí no me puso la Presidenta de la República. No me puso el Congreso”, sostuvo.
“Las causas sociales serán la base del nuevo rostro de la justicia en México”, estableció Aguilar, de acuerdo con un reporte de BBC News Mundo.
“Esta Corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas en cumplimiento a la mayor expresión de democracia”, aseveró en su primer discurso después de conocerse los resultados de las polémicas elecciones judiciales del 1 de junio.
El diario madrileño El País recogió declaraciones suyas en las que Aguilar apunta que “hay un sueño latente, permanente, en los pueblos de estar en las instancias de toma de decisión”. Y agrega: “Ahora tengo la posibilidad de sostener en la Corte todos los temas que he trabajado a lo largo de 30 años y de imprimirlos en las resoluciones”.
No será ministro por consigna
En entrevista con el periodista René Delgado, para El Financiero TV, Aguilar negó que en la nueva integración de la Corte vaya a haber un populismo judicial y aseguró que él no será un “ministro de consigna”, pues si bien llegó al tribunal constitucional de manera circunstancial, la actuación del nuevo pleno de la Corte será “con plena libertad, independencia y autonomía”.
Y puntualizó que “como parte de la Unión sí tiene que hacer un diálogo (con los otros poderes) para resolver los temas grandes del país y para que nosotros también tengamos presente que la Corte no es una Corte aislada, que esté fuera del entorno mexicano. Yo diría, no esperemos a dar golpe de sentencia para mostrar el músculo. No hay necesidad”.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 10 DE REVISTA GUINDA
