En ciudades y ‘pueblos mágicos’, el auge del turismo inmobiliario, ‘Airbnb’, nómadas digitales e inversiones han generado un incremento exponencial en los precios de la vivienda. Esto ha provocado la expulsión silenciosa de los residentes originales, especialmente en las colonias populares y en zonas consideradas patrimonio cultural.
Este fenómeno implica una transformación profunda del tejido urbano y social. A medida que se inyecta capital en determinadas zonas, comienzan a proliferar cafeterías de especialidad, galerías de arte, tiendas de diseño y desarrollos inmobiliarios de alto costo. Esta aparente ‘renovación’ no es neutral: responde a intereses económicos y tiende a privilegiar a ciertos sectores sociales, generalmente con mayor poder adquisitivo y origen extranjero o foráneo, desplazando a las comunidades que originalmente dieron vida a esos espacios.
La gentrificación, como fenómeno urbano, tiene su origen en el contexto de las grandes ciudades industriales del siglo XX, particularmente en Europa y Estados Unidos. El término fue acuñado en 1964 por la socióloga británica Ruth Glass, quien observó cómo ciertos barrios populares de Londres comenzaban a ser ocupados por clases medias y altas, desplazando a sus habitantes tradicionales. Ella usó el término ‘gentry’ (la nobleza menor o clase acomodada) para describir cómo estos nuevos residentes ‘invadían’ zonas obreras, provocando una transformación profunda.
Aunque la gentrificación suele disfrazarse de progreso, detrás del embellecimiento urbano y la supuesta mejora en la seguridad se esconde una dinámica de exclusión: familias enteras deben abandonar sus barrios porque ya no pueden pagar la renta, mientras los servicios y comercios se adaptan a las necesidades de los nuevos residentes, ignorando a las generaciones anteriormente establecidas. El arraigo, la identidad barrial y las redes comunitarias se erosionan silenciosamente bajo la promesa de ‘modernización’.
Más que un problema habitacional
En ciudades con fuerte identidad cultural, como Oaxaca, San Cristóbal de las Casas o la Ciudad de México, la gentrificación no solo implica un problema habitacional: representa una amenaza para el patrimonio intangible. Las fiestas tradicionales, los oficios locales, las cocinas comunitarias y hasta los acentos empiezan a ser desplazados por estéticas globalizadas. Lo autóctono se vuelve mercancía; lo cotidiano, espectáculo. Aunque el turista o el inversionista exigen autenticidad, en la práctica rara vez la respetan.
Además, la tecnología y las plataformas digitales han acelerado el proceso. ‘Airbnb’ permite rentar a precios turísticos viviendas que antes eran parte del parque habitacional de los residentes, mientras que los nómadas digitales, atraídos por el relativo bajo costo de la vida, generan una burbuja de precios en los barrios que antes eran populares. El espacio se convierte en un producto y vivir dignamente en la ciudad es un lujo cada vez más inaccesible.
Frente a este panorama, diversas comunidades han comenzado a organizarse para resistir. Desde cooperativas de vivienda hasta proyectos de turismo responsable y redes de comercio local, las alternativas existen y se construyen desde abajo. Pero para frenar la gentrificación no basta con buena voluntad: se requiere una política pública clara, sensible y comprometida con el derecho a la ciudad y con la preservación de la vida comunitaria. Porque no se trata solo de paredes y calles, sino de las personas que las habitan.
El 4 y 5 de julio de 2025, colectivos y vecinos protestaron masivamente en colonias como Roma, Condesa, Juárez y Obrera contra la gentrificación, con slogans como: “Gentrificación no es progreso, es despojo” y “Tu ‘Airbnb’ era el hogar de alguien”. Aunque la mayor parte de las movilizaciones fueron pacíficas, infiltrados encapuchados destrozaron negocios, lanzaron petardos y provocaron violencia. El gobierno local condenó estos actos y aseguró que muchos fueron grupos pagados para desestabilizar. La jefa de Gobierno anunció estrategias para regular las rentas vacacionales y fomentar la vivienda asequible, aunque sin proyectos ni plazos claros.
Casos emblemáticos en CDMX
En 2008 comenzó a construirse un megaproyecto en el pueblo originario de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, sin haber realizado una consulta previa con los habitantes. Los primeros conflictos públicos estallaron entre 2018 y 2019, cuando los vecinos denunciaron la tala de más de 80 árboles, bloqueos de carriles de la avenida ‘Universidad’ y la instalación de tapiales que privatizaban la calle ‘Real de Mayorazgo’.
La tala fue considerada un acto de “ecocidio” y se impuso una multa de aproximadamente 40 millones de pesos, aunque la respuesta de ‘Fibra Uno’, el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande de Latinoamérica y responsable del proyecto, fue mínima.
La obra generó fuertes protestas, bloqueos viales y acciones legales desde la asamblea local y organizaciones como ProDESC. En marzo de 2021, los pobladores denunciaron una “consulta amañada” y el intento de privatizar el acceso principal al pueblo. Aunado a esto, se detectó un deterioro en la movilidad, la electrificación y la accesibilidad peatonal, agravando los riesgos para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. En julio de 2021, la detención de Álvaro Rosales, líder opositor, fue acusada por los pobladores de “criminalización” por defender el territorio.
La modificación del paisaje
Entre las principales consecuencias se encuentran la modificación al paisaje, con infraestructura urbana adaptada para el complejo, no para los vecinos; la erosión del tejido comunitario, con agresiones durante festividades y aislamiento social de pobladores originarios.
Aunque en noviembre de 2021 un juez suspendió provisionalmente parte de las obras por amparo, el conflicto sigue vigente: continúa la presión inmobiliaria, la participación limitada de los originales y la lucha por derechos de consulta y territorio.
La colonia Palo Alto es otro ejemplo; aquí se formó una cooperativa en la década de los 70. Jornaleros de Michoacán y Puebla, organizados por el sacerdote sindical Rodolfo Escamilla, compraron 4.6 hectáreas para construir viviendas y servicios comunitarios. Durante décadas, transformaron chabolas en un barrio solidario con escuela, consultorio, biblioteca, fonditas y espacios públicos, consolidando una estructura colectiva de vida.
Sin embargo, desde los años 90, con la apertura y expansión de la zona hacia Santa Fe, empezó una fuerte presión inmobiliaria. A mediados de esa década se inició un juicio interno debido a que 42 familias buscaban individualizar escrituras, mientras el resto defendía el modelo cooperativo. Este estatus se perdió en 1994, por errores en las actas, lo que derivó en un conflicto violento, con fracturas sociales profundas, golpizas e incluso expulsiones.
Oaxaca y Guadalajara
Durante 2024, Oaxaca vivió un repunte notable de protestas ciudadanas en rechazo a la creciente ‘turistificación’. Una de las principales quejas fue la proliferación de menús únicamente en inglés en los restaurantes, una señal clara del desplazamiento cultural y la pérdida de acceso para la población local. Esto se sumó al aumento de precios inaccesibles en servicios y alimentos, que relegaron a comunidades originarias del centro histórico.
Además, en varios casos se acusó al gobierno estatal de bloquear los permisos para expresiones artísticas locales y favorecer, en cambio, a exposiciones y eventos dirigidos al turismo internacional. Estos actos provocaron movilizaciones que incluyeron marchas por la ciudad y denuncias legales presentadas ante las autoridades estatales, exigiendo respeto al patrimonio cultural y la revisión de las políticas de uso de suelo.
En Guadalajara, la Colonia Americana, considerada de clase obrera y luego hípster, se vio profundamente afectada desde entre 2023 y 2024 por desarrollos inmobiliarios de lujo.
A principios del año anterior nació el Grupo Anti Gentrificación (GAG), en respuesta directa a la llegada masiva de nómadas digitales y estadounidenses que ocupan múltiples inmuebles vía ‘Airbnb’, elevando rentas y provocando el desalojo de residentes de ingreso medio y bajo.
Las rentas de departamentos, que solían costar 4 mil 500 pesos en 2018, se dispararon a más de 12 mil pesos en solo cinco años, impulsadas por la demanda de alojamientos turísticos de corta estancia.
En marzo de 2024, vecinos realizaron una protesta en ‘Bruselas’ y ‘Libertad’ para exigir que se respetaran los planes parciales de desarrollo, debido a la construcción de una torre de siete niveles que amenazaba una finca patrimonial.
Según uno de los arquitectos del programa Esarq, la densificación no solo elevó los precios, sino que también deterioró la vialidad, seguridad y cohesión social de la colonia. Una columna reciente incluso calificó al fenómeno como una “transformación agresiva” que convierte la colonia en una “vitrina inmobiliaria”, con más del siete por ciento de las viviendas ahora dedicadas a estancias cortas, desplazando a la población que gana entre uno y dos salarios mínimos, y que constituye el 76.7 por ciento de los trabajadores.
Las rentas de departamentos, que solían costar 4 mil 500 pesos en 2018, se dispararon a más de 12 mil pesos en solo cinco años, impulsadas por la demanda de alojamientos turísticos de corta estancia… La densificación no solo elevó precios, también deterioró la vialidad, seguridad y cohesión social.
Tu comodidad es nuestro desplazamiento
La gentrificación, además de provocar desplazamientos físicos, ha generado una fractura emocional y simbólica en muchas comunidades urbanas. En zonas como la colonia Americana de Guadalajara, el antagonismo vecinal hacia los nuevos residentes ha derivado en expresiones abiertas de rechazo.
Carteles con frases como: “Go home digital nomads” o “Esta no es tu ciudad” se han vuelto frecuentes, mientras asociaciones como el Grupo Anti Gentrificación (GAG) organizan acciones públicas para visibilizar su inconformidad.
Si bien estas manifestaciones buscan proteger el derecho a la ciudad, muchas veces rozan con la xenofobia, especialmente cuando el rechazo no distingue entre el turista, el migrante o el nuevo vecino.
La declaración de la colonia como ‘Barrio Mágico’, promovida por la Secretaría de Turismo federal como parte de una estrategia de atracción de inversión, ha profundizado la sensación de despojo. Para muchas personas habitantes de la zona, esta etiqueta no representa un homenaje al valor patrimonial del barrio, sino una forma de mercantilización urbana que impulsa el desarrollo de torres, ‘lofts’ y hoteles boutique que desplazan a los residentes de toda la vida.
Fuera gring…
Este tipo de tensiones también se han manifestado en destinos turísticos como Playa del Carmen. En julio de 2025, una ‘influencer’ estadounidense llamada Angela Marie denunció en su cuenta de ‘TikTok’ haber sido tratada de forma “grosera” mientras comía en la Quinta Avenida. Sin aportar evidencia, acusó a los mexicanos de ser “hostiles” con los extranjeros y amenazó con no regresar al país.
Su publicación fue ampliamente difundida y polarizó opiniones: algunos usuarios compartieron experiencias similares, mientras que otros la criticaron por su tono colonialista, acusándola de invisibilizar las realidades de explotación y desplazamiento que enfrentan las comunidades locales en los principales polos turísticos.
Ante un choque cultural
Estos episodios reflejan un choque sociocultural más profundo, donde ni el visitante ni el habitante logran reconocerse mutuamente. Por un lado, los turistas se sienten señalados y juzgados en espacios que consideran abiertos al disfrute global; por el otro, las comunidades locales perciben que su derecho a permanecer se ve amenazado por un modelo económico excluyente. Lo que está en disputa ya no es solo el espacio físico, sino también quién tiene derecho a habitar, nombrar y transformar la ciudad.
En este contexto, la xenofobia urbana se convierte en síntoma de una herida mayor: la pérdida del derecho a vivir con dignidad, a conservar la identidad colectiva y a participar en las decisiones sobre el territorio. Las ciudades no son solo mercancías; son cuerpos vivos atravesados por memorias, luchas y afectos.
En la capital del país, el proceso de gentrificación ha forzado a más de 400 mil familias a salir de las colonias céntricas hacia la periferia de la Ciudad de México. Muchos de los afectados, de ingresos bajos o medios, vieron rebasados sus presupuestos.
Actualmente, el 38 por ciento de los hogares capitalinos destinan más de la tercera parte de sus ingresos a la renta, superando el límite recomendado internacionalmente. En consecuencia, se han visto obligados a mudarse a zonas menos conectadas, frecuentemente con menor oferta de servicios, oportunidades laborales y de transporte.
Por otra parte, los barrios populares, con su vida cotidiana basada en la vecindad, mercados y tradiciones, se transforman drásticamente. En lugar de fondas tradicionales, surgen cafés boutique; el comercio local es sustituido por estancias cortas. En las colonias Roma y Condesa, por ejemplo, el auge de Airbnb transformó el 8 por ciento de las viviendas en alquileres vacacionales en 2020, en plena pandemia, reduciendo el parque habitacional tradicional. Esta pérdida de “espacios de vida” alimenta un sentimiento de extrañeza entre quienes crecieron allí.
Profundización de desigualdad estructural
Con las rentas elevadas y la vivienda convertida en inversión, los que permanecen gastan altos porcentajes de sus ingresos sin mejorar su calidad de vida. Se ven obligados a vivir lejos de sus trabajos, con peores servicios y en condiciones más precarias. La ciudad se estratifica: el centro se reserva para quienes pueden invertir y los menos afortunados se concentran en periferias con baja infraestructura, aumentando las desigualdades urbanas.
Débil respuesta gubernamental
Para frenar esta lógica, en 2024 se reformó la Ley de Turismo de la CDMX; se exigió registro obligatorio a los anfitriones, poniendo como máximo tres inmuebles, y límites a las rentas vacacionales, con un tope de seis meses al año; y se establecieron multas de hasta 21 mil 600 pesos por incumplimiento.
Sin embargo, en la realidad, la implementación está detenida. Desde su entrada en vigor, ‘Airbnb’ y varios anfitriones lograron interponer más de 65 amparos ante tribunales, frenando la ley. Como resultado, las medidas existen en el papel, pero no en la práctica, permitiendo que la renta vacacional siga ganando terreno.
¿Ganancias por encima del derecho a vivienda?
La narrativa dominante del desarrollo inmobiliario justifica los altos precios con argumentos como: aire acondicionado de lujo, plusvalía creciente e inversión extranjera. Sin embargo, estas ganancias se construyen a expensas de la habitabilidad y del derecho humano a una vivienda digna.
Cuando la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en objeto de inversión, se alimenta la desigualdad y se margina a quienes la ocupan de forma tradicional.
En este escenario, el balance entre desarrollo económico y justicia social está roto: se priorizan los beneficios financieros a corto plazo frente al bienestar colectivo y el principio constitucional de vivienda digna.
Estrategias reales contra la gentrificación
Movimientos vecinales y colectivos como Frente por el Arraigo, Antigentrificación.mx y Acción Vecinal Xoco, entre otros, han llevado a cabo acciones como marchas, foros, tendederos de pancartas y carnavales reivindicativos.
En la Roma-Condesa, por ejemplo, durante el ‘Foro Lindbergh’, el 4 de julio de 2025, se instalaron mensajes como “la vivienda no se vende, se cuida y se defiende”, convirtiendo el espacio público en un acto creativo de denuncia colectiva.
Asimismo, durante el segundo día del ‘Foro Capital y Metrópolis’, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), activistas, académicos y representantes de organizaciones vecinales reclamaron la creación de una Ley Inquilinaria local, como parte del nuevo Plan General de Desarrollo Urbano. El objetivo principal es proteger a los inquilinos ante el creciente fenómeno de la gentrificación y los desalojos forzados en la capital.
Jaime Rello, vocero de la Unión Popular Emiliano Zapata, advirtió que en la ciudad se han contabilizado más de 30 mil desalojos en los últimos años; propuso que una ley de este tipo ayude a equilibrar las relaciones entre arrendadores e inquilinos, para evitar que el mercado inmobiliario siga operando sin restricciones claras. “Las leyes que tenemos hoy no garantizan el derecho a la vivienda ni el arraigo de quienes habitamos estos espacios”, señaló durante su intervención.
En el escenario internacional, existen modelos que han logrado contener los efectos más agresivos de la gentrificación mediante políticas públicas sólidas, participación ciudadana y regulación del mercado inmobiliario. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Viena, ciudad que ha mantenido durante décadas una política robusta de vivienda social.
Actualmente, alrededor del 43 por ciento del parque habitacional vienés pertenece al sector público o cooperativo, lo que permite ofrecer alquileres en promedio 30 por ciento más bajos que los del mercado privado. Este modelo se financia con impuestos directos a la plusvalía urbana y reinversión estatal en vivienda digna; ha sido reconocido por organismos internacionales como una estrategia sostenible que promueve la inclusión y la estabilidad urbana.
Otro caso relevante es el de Washington D.C., donde han proliferado los Community Land Trusts (CLT), una figura jurídica y organizativa que permite separar la propiedad del suelo de la propiedad de la vivienda, evitando la especulación. El ‘Douglass Community Land Trust’, por ejemplo, adquirió edificios enteros con base en la Tenant Opportunity to Purchase Act (TOPA), una legislación que otorga a los inquilinos la primera oportunidad de compra cuando sus viviendas se ponen a la venta.
Este modelo ha demostrado ser efectivo para preservar alquileres accesibles y mantener comunidades unidas, incluso frente a fuertes presiones de mercado.
En Dallas, Texas, el colectivo Builders of Hope lanzó una guía práctica para frenar el desplazamiento de comunidades vulnerables. Esta herramienta recopila políticas antidesalojo, diseñadas a partir de procesos de investigación participativa y diálogo directo con autoridades locales. Entre las estrategias propuestas se incluyen incentivos fiscales para propietarios que mantengan precios asequibles, financiamiento comunitario y creación de zonas de vivienda protegida.
Lo que estas experiencias comparten es un enfoque centrado en la regulación pública, la propiedad colectiva y la organización comunitaria, priorizando el derecho a la vivienda antes que el lucro inmobiliario, en contraste con los modelos de urbanización neoliberal que dominan muchas metrópolis latinoamericanas.
En la Ciudad de México, ya existen propuestas legislativas que apuntan en esta dirección, como la Ley de Turismo o el proyecto de Ley Inquilinaria, pero su efectividad dependerá de la voluntad política, la presión social organizada y la capacidad de adaptación a contextos locales.
La gentrificación en México no es solo una cuestión inmobiliaria, sino una disputa sobre el derecho a la ciudad: ¿para quiénes son las ciudades? Cuando se prioriza la inversión sobre el arraigo vecinal, se quiebran tejidos comunitarios, memoria urbana y equidad.
La respuesta no puede ser expulsiva, xenófoba o aislacionista, como reflejan las acusaciones de Angela Marie y algunos slogans de protesta, sino regresar la ciudad a su población original, con mecanismos de regulación, acceso a vivienda social y digna, y respeto al patrimonio cultural. Solo así se podrá defender el derecho humano a vivir en ciudades habitadas, no rentadas.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 10 DE REVISTA GUINDA
