El reloj político vuelve a correr en México, esta vez con una reforma electoral presentada por el Gobierno federal que la presidenta Claudia Sheinbaum ha oficializado en Palacio Nacional. Tras posponerla para afinar detalles, la iniciativa que será enviada al Congreso finalmente se dio a conocer el 25 de febrero de 2026.
El plan no llega vacío. Llega con un país dividido entre quienes quieren modernizar el aparato electoral y quienes sospechan que detrás hay un intento por mover los equilibrios del poder. A unos meses de su presentación, la reforma ya desató cálculos, advertencias y fracturas internas dentro de la coalición que sostiene al Gobierno.
Una herencia en disputa
Desde el inicio del sexenio, Sheinbaum asumió como propia la idea de revisar el sistema electoral surgido de la transición democrática. Los cambios de las últimas dos décadas dieron estabilidad al voto, pero también crearon un aparato costoso, burocrático y, en palabras de la propia presidenta, “distante de la gente que lo financia”.
Por eso, el objetivo es redefinir el modelo sin desmontar la base institucional. El discurso oficial sostiene que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrá su autonomía, aunque tendrá que adaptarse a márgenes presupuestales más reducidos y a nuevas facultades de control técnico. En el tablero político nadie lo toma a la ligera: modificar el marco electoral, aún con buenas intenciones, reacomoda cómo se gana y conserva el poder.
El momento no es casual. México se encamina a una serie de elecciones locales y federales en 2027, y las reglas que salgan de esta reforma podrían operar directamente en esos comicios. Los partidos lo saben y miden cada palabra como si fueran cartas marcadas.
Menos dinero para los partidos
Uno de los ejes que más ruido ha provocado es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. La Secretaría de Hacienda y el equipo jurídico de la Presidencia diseñaron una fórmula que achica las transferencias anuales a las fuerzas con registro nacional. Con ello, el Gobierno pretende ahorrar miles de millones de pesos bajo la bandera de la austeridad.
En números preliminares, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) serían los primeros afectados, con recortes superiores a cien millones de pesos cada uno. Morena, por tamaño y votación, también vería una disminución, aunque seguiría concentrando la bolsa más grande del financiamiento público.
El argumento oficial es simple: los partidos deben aprender a funcionar con menos dinero y rendir cuentas con mayor rigor. Sus dirigentes, sin embargo, lo ven como un golpe directo a la estructura partidista. “Con menos recursos se debilita la operación territorial”, advirtió un legislador del PVEM en privado. En su bancada calculan que el nuevo esquema alteraría el modo en que se organizan campañas locales y la formación de cuadros.
La oposición también tomó nota. A ojos del PAN y del PRI, la reducción del financiamiento podría favorecer al partido en el poder, que mantiene una base social amplia y el aparato gubernamental en los estados. “Austeridad no puede ser sinónimo de control político”, señaló el diputado panista Jorge Romero, al catalogar el plan como un intento de asfixia presupuestal para fuerzas minoritarias.
La representación en el Congreso, en revisión
Otro de los temas que mantiene la tensión elevada es la revisión del modelo plurinominal, el mecanismo que permite asignar escaños por porcentaje de votos y no por distritos. El Gobierno propone modificar la manera en que se calcula esa representación para evitar que los partidos ganen más curules de las que obtienen por su votación real.
El cambio afectaría directamente la composición del Congreso. Bajo el sistema actual, los partidos grandes suelen acumular ventaja doble: por mayoría relativa (distritos ganados) y por representación proporcional (votos nacionales). La iniciativa busca limitar ese efecto y acercar los escaños al voto efectivo.
Los aliados del oficialismo, sobre todo el PT y el PVEM, resisten esa idea. Con menos plurinominales, su presencia disminuiría drásticamente y comprometería su capacidad de negociación en la Cámara de Diputados. Morena, en cambio, calcula que podría mantenerse como fuerza dominante aunque con menos sobrerrepresentación formal.
En círculos legislativos se discute también la posibilidad de asignar los plurinominales según el porcentaje de votos válidos, eliminando el tope de ocho puntos que actualmente limita la sobrerrepresentación. Esa fórmula premiaría la votación directa y castigaría a los partidos con presencia mínima.
El debate toca fibras viejas. En la historia reciente, cada cambio en los plurinominales ha tenido consecuencias visibles: el movimiento que llevó a Morena al poder en 2018 se benefició precisamente de los márgenes del modelo vigente. Tocar esa parte implica, de algún modo, ajustar la escalera con la que el propio partido ascendió.
El INE en medio: autonomía con cuentas claras
A diferencia del intento previo de reforma electoral promovido en 2023, la propuesta actual no busca desaparecer al INE ni fusionarlo con otras autoridades. El discurso de Claudia Sheinbaum se distancia de la confrontación abierta que mantuvo su antecesor con el instituto.
Aun así, en el interior del INE hay preocupación. Sus consejeros saben que el nuevo marco podría reducir recursos, modificar atribuciones y endurecer mecanismos de fiscalización. En los pasillos del organismo se comenta que el recorte administrativo podría alcanzar hasta un 15% de su presupuesto operativo, lo que implicaría ajustes en personal y logística.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que “la autonomía estará garantizada en la Constitución”. Pero especialistas electorales advierten que la autonomía real no solo depende del texto legal, sino de la suficiencia presupuestal y de reglas que impidan presiones desde Hacienda o la Secretaría de Gobernación. En otras palabras, un INE sin dinero es un INE limitado.
Organizaciones ciudadanas han pedido que el nuevo paquete incluya candados financieros y transparencia plena. La discusión técnica gira, por ahora, sobre cómo equilibrar autonomía y rendición de cuentas sin ahogar al órgano electoral en trámites o controles innecesarios.
Participación ciudadana: del papel a la práctica
La propuesta presidencial también incluye una revisión amplia a los mecanismos de democracia directa, entre ellos las consultas populares y la revocación de mandato. Aunque este punto ha recibido menos atención pública, el borrador que circula entre legisladores plantea reformas a la Ley Federal de Consulta Popular y al artículo 35 constitucional.
El objetivo oficial es reforzar la validez y alcance de las consultas, haciendo que sus resultados sean vinculantes con un umbral de participación menor al actual. Hoy se requiere un 40% de participación para que sean obligatorios; la propuesta podría reducirlo a un 30%.
También se estudia la posibilidad de nuevas figuras de deliberación local, donde los municipios puedan convocar ejercicios ciudadanos para resolver temas de obra pública, seguridad o planeación urbana. En teoría, serían procesos más ágiles y menos costosos. Los críticos, sin embargo, advierten que abrir demasiados cauces de consulta sin control puede incentivar simulaciones, o ejercicios organizados desde el poder con fines políticos.
La iniciativa busca aprender de errores pasados. Durante el sexenio anterior, varios ejercicios de participación —como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la consulta sobre el Tren Maya— fueron señalados por su escaso rigor técnico y bajo nivel de participación. El reto de Sheinbaum es darles sustancia y credibilidad.
Las grietas dentro de la coalición
Aunque Morena encabeza el impulso, el bloque oficialista no se mantiene sin tensiones. En las últimas semanas, tanto el PT como el PVEM han puesto condiciones para aprobar el texto final. Sus objeciones giran principalmente en torno al dinero y la representación legislativa.
En el Palacio Nacional se percibe cierto cansancio con esa resistencia. La presidenta lo dijo sin rodeos en una conversación con senadores morenistas: “Una reforma a medias no tiene sentido”. En su círculo cercano reconocen que, si no se cierra pronto el acuerdo, Sheinbaum evaluará presentar la iniciativa con o sin la firma de sus aliados.
Morena, por su parte, ya adelantó que respalda el documento completo “como venga”, aun si después deben negociar ajustes en el Congreso. La estrategia consiste en presionar por la vía legislativa y mostrar capacidad de mando político. Dentro de la bancada, sin embargo, algunos diputados reconocen que la tarea no será sencilla: para cambiar la Constitución se requiere mayoría calificada, y los votos del PVEM y el PT siguen siendo imprescindibles.
La presentación de la reforma se dio pese a que no hay consenso total dentro de la coalición oficialista. PT y PVEM han expresado reservas sobre varios puntos —especialmente financiamiento y representación legislativa— y aún no confirman su respaldo.
Sin embargo, figuras de Morena insisten en mantener la propuesta completa tal como fue presentada, bajo la lógica de que la reforma representa una modernización del sistema y un recorte de privilegios.
Un paquete de cambios más amplio de lo anticipado
La reforma, ahora formalizada, va más allá de financiar a los partidos y reorganizar la representación legislativa. Sus principales ejes, según el Gobierno, buscan:
- Reducir en 25 % los costos de los procesos electorales y del financiamiento público, canalizando esos ahorros a programas sociales.
- Reconfigurar cómo se eligen legisladores, con plurinominales sujetos a voto directo y eliminación de listas cerradas partidistas.
- Modificar la integración del Congreso: la Cámara de Diputados seguiría con 500 curules pero todos electos por voto directo; el Senado quedaría con 96 miembros.
- Regular el uso de inteligencia artificial en campañas, prohibir bots y aportar transparencia fiscal, además de reducir tiempos de radio y TV en campañas.
- Facilitar el voto desde el extranjero, ampliar mecanismos de democracia participativa y prohibir la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030.
- Reforzar reglas contra el nepotismo y duplicidades funcionales.
