El 7 de marzo de 2026, en un salón del Trump National Doral Miami Resort and Spa —un complejo turístico que el presidente estadounidense adquirió en 2012 por 150 millones de dólares—, Donald Trump firmó una proclamación que aspira a reescribir las reglas de la convivencia hemisférica. Lo hizo rodeado de una docena de mandatarios latinoamericanos y caribeños, con el telón de fondo de los bombardeos estadounidenses sobre Irán y el eco de la captura de Nicolás Maduro semanas atrás. La escena condensaba el mensaje que Washington quiere grabar en el mapa del continente: Estados Unidos ha vuelto a reclamar su “vecindario” y lo hará con la fuerza de sus armas, la presión de sus aranceles y la lealtad de un club selecto de aliados.
El “Escudo de las Américas” —nombre oficial de la iniciativa— y su brazo operativo, la Americas Counter Cartel Coalition (ACCC), más que una cumbre aislada o un foro multilateral, son el intento más articulado de la segunda administración Trump por institucionalizar lo que sus propios funcionarios llaman el “Corolario Trump de la Doctrina Monroe” o, en la taquigrafía mediática que ya circula en Washington, la “Donroe Doctrine”. Bajo el discurso de combate a los cárteles y el narcoterrorismo, la arquitectura de Doral funciona como dique de contención frente a China y como instrumento de presión sobre los gobiernos que apuestan por una política exterior más autónoma. Las ausencias de México, Brasil y Colombia —que juntos representan más de la mitad del PIB regional— no son un accidente: son la frontera que separa a los aliados incondicionales de quienes se resisten al nuevo orden hemisférico.
Una foto de familia cuidadosamente editada
Trece jefes de Estado y de gobierno posaron en Doral: los presidentes de Argentina (Milei), El Salvador (Bukele), Paraguay (Peña), Ecuador (Noboa), Panamá (Mulino), Honduras (Asfura), Bolivia (Paz), República Dominicana (Abinader), Costa Rica (Chaves), los primeros ministros de Guyana y Trinidad y Tobago, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la presidenta electa de Costa Rica. Delegaciones de defensa de Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica y Perú completaron los 17 firmantes de la declaración de seguridad conjunta.
Lo que esa foto no mostraba era igual de elocuente. Ni Claudia Sheinbaum, ni el primer ministro de Canadá, ni los presidentes de Brasil, Colombia o Cuba fueron invitados. Esos tres países latinoamericanos ausentes —México, Brasil y Colombia— representan más de la mitad del PIB regional. La paradoja es cristalina: se construye una coalición contra los cárteles dejando fuera al país que Trump señaló desde la misma tribuna de Doral como “el epicentro de la violencia de los cárteles”. Sheinbaum lo confirmó desde Palacio Nacional: “México no fue invitado”, aunque enmarcó la situación como expresión de su política de “autodeterminación y respeto” y señaló que el diálogo bilateral sigue abierto.
El “Escudo” como arquitectura de seguridad dura
El corazón operativo fue formalizado dos días antes en la Americas Counter Cartel Conference que presidió el secretario de Guerra Pete Hegseth. La declaración conjunta firmada el 5 de marzo compromete a los signatarios en cuatro puntos: expandir la cooperación en seguridad, cooperar en control fronterizo y combate al narcoterrorismo, avanzar la “paz mediante la fuerza” y unirse a la coalición contra amenazas compartidas. Cuatro puntos en media página: ese fue el producto documental de una cumbre que se presentó como el reordenamiento hemisférico del siglo. No hay compromisos de financiamiento, no hay planes para rastrear flujos ilícitos transfronterizos, no hay promesas para atender las causas raíz de la inseguridad —pobreza, debilidad institucional, corrupción. Es lo que el analista Diego Area, de Global Americans, describe como “minilateralismo estratégico”: coaliciones pequeñas de gobiernos alineados que sustituyen a los grandes foros multilaterales.
La retórica de Trump fue más explícita que cualquier declaración. Desde la tribuna ofreció misiles “extremadamente precisos” contra líderes de cárteles —”Pew, right into the living room”, dijo entre risas— y aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses están disponibles para operar en cualquier país que lo solicite. Rubio subrayó que el Escudo no sería de “conferencias y white papers”, sino una “coalición de acción”. Kristi Noem, removida de la Secretaría de Seguridad Interior y recolocada como enviada especial, trazó los objetivos: destruir cárteles, mantener a los “adversarios” fuera del hemisferio y revertir “las influencias extranjeras nocivas” que han penetrado en tecnología y negocios de la región.
Del Monroe al “Donroe Doctrine”
La dimensión geopolítica del Escudo trasciende el discurso antinarcóticos. En la conferencia previa, Hegseth lo declaró sin ambages: “El presidente Trump ha restablecido el Corolario Trump de la Doctrina Monroe. Si prefieren abreviarlo, pueden llamarlo la Donroe Doctrine”. El concepto fue codificado en la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025: “Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio”.
El adversario central, aunque pocas veces nombrado en Doral, es China. En 2024, el comercio bilateral entre Beijing y América Latina superó los 518,000 millones de dólares; la inversión directa china en la región alcanzó 14,710 millones, y en mayo de 2025 Xi Jinping anunció una línea de crédito de 9,000 millones de dólares para la CELAC. Esa presencia se materializa en una red de más de tres docenas de puertos, infraestructura espacial y la penetración de Huawei en las telecomunicaciones regionales. El Escudo es, en este marco, el instrumento diplomático-militar que complementa la ofensiva arancelaria: los países que se sientan a la mesa obtienen cooperación y acceso preferente; los que no, acumulan presión y etiquetas.
El negocio y el símbolo: política de Estado desde un resort privado
Hay un detalle que ningún análisis serio puede soslayar: la arquitectura hemisférica de una generación se lanzó desde un complejo turístico propiedad del presidente. El Trump National Doral Miami también será sede del G20 en diciembre de 2026. La Casa Blanca asegura que operará “al costo”, pero el mensaje simbólico es inescapable: el hemisferio se reúne literalmente en la “casa” de Trump, bajo sus reglas. El presidente cubano Díaz-Canel describió la cumbre como “pequeña, reaccionaria y neocolonial”. El director del Instituto Chino de Estudios Internacionales, Wang Youming, la interpretó como coerción sobre los “países de patio trasero” de Washington. Más allá de las caracterizaciones ideológicas, la elección del lugar expone una confusión deliberada entre patrimonio personal y política de Estado que es, en sí misma, una declaración de principios del trumpismo.
SEGURIDAD, MIGRACIÓN Y NARCO: COARTADA ESTRATÉGICA
El problema de los cárteles y la violencia en América Latina es real y urgente. La producción de cocaína en Colombia creció 53% solo en 2023, según la UNODC. Entre 2023 y 2024, Estados Unidos incautó más de 45,000 libras de fentanilo en su frontera, la enorme mayoría producida en y enviada desde México. La inseguridad es la preocupación número uno de los ciudadanos latinoamericanos según encuestas recientes y el propio Fondo Monetario Internacional. No se trata, pues, de una amenaza fabricada.
Lo que resulta cuestionable es la reducción de esa crisis multidimensional a una respuesta exclusivamente militar gestionada desde Washington. Trump describió a los cárteles como “cáncer” que “se propaga” y debe ser erradicado con “el poder de nuestros militares”. El marco conceptual no deja espacio para las dimensiones de desarrollo, desigualdad, corrupción estructural ni, por supuesto, para la responsabilidad de Estados Unidos como primer mercado consumidor de drogas del planeta y como proveedor, a través de sus distribuidores legales de armas, de buena parte del arsenal que alimenta la violencia en México y Centroamérica.
El mapa redibujado: ¿qué le queda a México?
Para entender el alcance de lo ocurrido en Doral, conviene notar que la Cumbre de las Américas —el foro inclusivo nacido en 1994 bajo Clinton— ha sido de hecho reemplazada. En su lugar emerge un club de aliados afines, sin los tres mayores países latinoamericanos, con una declaración de media página y la promesa de misiles teledirigidos. Si la Doctrina Monroe de 1823 advertía a las potencias europeas que no se entrometieran en el hemisferio, el “Corolario Trump” de 2026 va más lejos: reclama el derecho de Washington a elegir qué gobiernos merecen sentarse a la mesa y cuáles deben quedar fuera por no plegarse a sus prioridades geopolíticas.
Todos los mandatarios presentes comparten un perfil: de centro-derecha a extrema derecha, elogiados o directamente impulsados por Trump —como Asfura en Honduras— o decididos a alinearse con Washington desde el primer día, como Kast, quien firmó acuerdos de minerales críticos y cooperación en seguridad en su primera jornada como presidente de Chile. La lógica del bloque es transaccional: cooperación en seguridad e inversión a cambio de alineamiento geopolítico y disposición a restringir la presencia china.
Para México, la ecuación es la más delicada del hemisferio. Excluido de la cumbre pero señalado desde su tribuna como el “epicentro” del problema, el gobierno de Sheinbaum no puede resolver su situación con declaraciones de soberanía ni invocando principios constitucionales. El mapa hemisférico se está redibujando desde un resort en Florida, y la silla vacía de México en Doral refleja, cada vez con más nitidez, el precio que se paga por no sumarse al corolario de Trump. La pregunta que queda abierta no es si el Escudo de las Américas perdurará —la historia regional de organizaciones fallidas sugiere que no—, sino cuánto daño puede hacer mientras dure, y qué margen de maniobra le queda a quienes decidieron no formar parte de él.
