En sus primeros 11 meses de gestión, la Presidenta enfatizó avances en seguridad, estabilidad económica, programas sociales y megaproyectos, pero persisten retos en percepción ciudadana, inversión privada y justicia cotidiana.
El 1 de septiembre de 2025, en el Palacio Nacional, con los pasillos ornamentados, la sala plenaria del Congreso llena, las cámaras encendidas y los rostros expectantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó ante los diputados y senadores para rendir cuentas de sus primeros once meses en el poder.
No fue solo una ceremonia formal, sino un momento definitorio de la Cuarta Transformación, al que la sociedad miró con lupa, buscando señales de rumbo. Todo México se preguntó ¿fue un cambio real?, ¿hubo continuidad heredada?, ¿rupturas?, ¿mejorías palpables?, ¿o son retos que aún pesan demasiado?
El arranque presidencial en el marco de la 4T: continuidad, herencia y expectativas
Sheinbaum tomó protesta el 1 de octubre de 2024, heredando gran parte de la estructura institucional, los programas sociales, las disciplinas presupuestales, los megaproyectos más visibles y los retos acumulados: seguridad endémica, desigualdad, pobreza, vacíos regulatorios, obra pública monumental con sobrecostos, crisis económica global, inflación, variaciones cambiarias y expectativas inciertas.
Desde ese inicio, la apuesta ha sido clara: no desmarcarse radicalmente del trabajo de López Obrador, sino dar continuidad a los pilares de la 4T, añadidos de algunas correcciones tácticas. En el informe del 1 de septiembre de 2025, la Presidenta repitió y reivindicó muchos de los logros del periodo anterior (por ejemplo, la reducción de pobreza, la política de bienestar y ciertos logros en desigualdad) mientras buscó presentarse como una gobernante que pule, ajusta y dirige una nación con “humanismo mexicano” y firmeza institucional renovada.
Las preguntas que surgen ahora son: ¿cuánto de lo que se presume es realmente nuevo?, ¿qué tan sostenibles son los logros?, ¿la narrativa selecciona lo mejor dejando al margen lo urgente?, ¿los anuncios futuros tienen respaldo real, recursos y plazos?
Economía
Estabilidad aparente, crecimiento modesto y obstáculos estructurales
En su primer informe, Sheinbaum reportó un crecimiento anual estimado del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.2 por ciento, cifra que coincide con la Estimación Oportuna del INEGI para el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.
La inflación anual en julio se ubicó en 3.5 por ciento, el nivel más bajo desde enero de 2021. En cuanto al tipo de cambio, se mantuvo relativamente estable, con el peso moviéndose dentro de ciertos umbrales frente al dólar, aunque sujeto a volatilidad y presiones externas.
Inversión pública vs. privada, megaproyectos y obstáculos
En su mensaje, Sheinbaum reafirmó la centralidad de los megaproyectos, Dos Bocas, Tren Maya, interconexiones energéticas, como motores del desarrollo. Estos continúan siendo prioritarios, pero enfrentan retos vinculados con costos crecientes, plazos ajustados, exigencias de transparencia y dudas sobre su eficiencia.
Un dato preocupante es que la inversión fija bruta en México, hasta mayo de 2025, cayó 5.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto abre la pregunta de si el crecimiento reportado se sostiene principalmente por exportaciones y factores coyunturales, más que por una inversión sólida y diversificada.
El gobierno destaca un presupuesto histórico en programas sociales y de bienestar; sin embargo, especialistas advierten que, sin un incremento paralelo de la inversión privada y reglas claras, particularmente en el sector energético, los proyectos estratégicos corren el riesgo de convertirse en cuellos de botella que frenan el crecimiento.
Voces de economistas y sectores empresariales
Diversas cámaras empresariales, como Coparmex y Concamin, han reconocido avances en la estabilidad económica y un mayor diálogo con el gobierno. De acuerdo con reportes, incluso han sido invitadas a participar en discusiones sobre competitividad, comercio e infraestructura.
No obstante, economistas señalan que un crecimiento del 1.2 por ciento es insuficiente para cerrar brechas de desarrollo, aumentar la productividad y generar empleo formal de calidad. La caída en la inversión privada, sumada a las persistentes barreras regulatorias, la burocracia y la falta de transparencia, así como los riesgos externos, la inflación global y las presiones arancelarias internacionales limitan el potencial de expansión económica.
Asimismo, el rezago histórico del sur-sureste continúa siendo un lastre para la distribución equitativa del crecimiento, pese a que allí se concentran varios de los proyectos prioritarios.
Programas sociales: continuidad, alcance y eficacia
El gobierno informó una inversión de 850 mil millones de pesos en Programas del Bienestar, con un alcance de más de 32 millones de familias.
Entre los apoyos más relevantes destacan las pensiones para adultos mayores, las becas Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior, Jóvenes Construyendo el Futuro, Bienpesca y Sembrando Vida, entre otros.
En el sector salud, se reporta un abasto de medicamentos cercano al 90 % y el inicio de nuevas construcciones hospitalarias, así como la expansión de laboratorios y quirófanos.
Resultados medibles y testimonios
Beneficiarios entrevistados en medios de comunicación relatan que los programas han sido determinantes para mantener sus ingresos básicos, garantizar la alimentación o acceder a los servicios de salud. Comunidades rurales y marginadas señalan mejoras palpables en su calidad de vida gracias a estos apoyos.
No obstante, también se reportan retrasos en la entrega de recursos, dificultades logísticas y problemas de cobertura. En algunas regiones, los usuarios deben trasladarse a las cabeceras municipales más grandes para recibir medicamentos o acceder a servicios médicos, lo que limita el impacto real de las políticas.
Especialistas en política social reconocen la continuidad de los programas como una fortaleza, ya que evitan rupturas y dan certidumbre a los hogares más vulnerables. Sin embargo, advierten que, sin mejoras en la calidad y sin sistemas sólidos de evaluación y auditoría, los programas corren el riesgo de convertirse en mecanismos paternalistas, con baja transparencia y eficacia limitada.
Auditoría social, gastos y retos
No todos los programas cuentan con reportes públicos detallados sobre su ejecución: montos ejercidos, tiempos de entrega, cobertura o eficiencia. El rezago en infraestructura de salud, las carencias de servicios básicos en zonas rurales y las brechas de desigualdad en acceso continúan siendo problemas graves. Además, la presión presupuestal es evidente: el gasto social de gran magnitud implica una carga fiscal y administrativa considerable, que debe equilibrarse con otros rubros estratégicos, como seguridad, justicia, infraestructura y medio ambiente.
Obras prioritarias y megaproyectos
Dos Bocas, energía e infraestructura
La refinería de Dos Bocas continúa siendo uno de los proyectos más emblemáticos, y controvertidos, del legado lopezobradorista. En el informe presidencial se resaltan avances en operación y producción, aunque los números presentados no siempre son claros en cuanto a costos frente a metas alcanzadas. Diversos reportes externos señalan que los gastos totales se han incrementado más allá de lo previsto, que la eficiencia operativa enfrenta todavía dificultades y que la refinería dista de operar en los niveles de capacidad proyectados, particularmente en varios turnos.
Por su parte, el Tren Maya se reafirma como prioridad estratégica, con promesas de culminación, ampliación de servicios y mayor conectividad regional. Sin embargo, persisten cuestionamientos técnicos y sociales: afectaciones ambientales, conflictos con comunidades locales, dudas sobre la seguridad laboral y de los pasajeros, debido a múltiples incidentes, y carencias de transparencia en contratos y licitaciones. Además, los especialistas subrayan que algunos segmentos carecen todavía de un modelo claro de operación rentable y sostenible, tanto en términos financieros como ambientales y sociales.
El informe también hace referencia a proyectos de continuidad en política energética y de interconexión. Entre ellos, asegurar el suministro e impulsar energías limpias, con debates en torno a la regulación secundaria, reforzar la red eléctrica, mejorar la capacidad de generación y fortalecer la interconexión entre estados. No obstante, las críticas apuntan a que la regulación avanza con lentitud, que la certidumbre jurídica para la inversión privada sigue siendo frágil y que los impactos ambientales y sociales de algunas rutas energéticas no se han evaluado de manera integral.
Infraestructura social
En materia de infraestructura social, vivienda, hospitales, escuelas, agua y saneamiento, se mantienen los compromisos y los anuncios. En varios casos los avances son tangibles, pero aún hay rezagos notables en diversas entidades, lo que refleja la persistencia de brechas territoriales en la ejecución de obra pública.
Seguridad
Cifras, estrategias heredadas y desafíos persistentes
De septiembre de 2024 a julio de 2025, los homicidios dolosos habrían disminuido alrededor del 25.3 por ciento, lo que equivale a unas 22 víctimas menos cada día en comparación con el inicio del periodo.
En la Ciudad de México, la Fiscalía reportó que los feminicidios bajaron 42.9 por ciento entre enero y julio de 2025 respecto al mismo lapso de 2024, al pasar de 42 a 24 casos.
En cuanto a la extorsión, tanto fuentes oficiales como medios de comunicación coinciden en que el delito sigue al alza y que en el primer semestre de 2025 alcanzó cifras históricas.
Otros delitos de alto impacto, como el secuestro y los robos violentos, presentaron variaciones según la entidad. Sin embargo, los reportes nacionales sugieren una tendencia general a la baja en varios de ellos, aunque no en todos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su informe de incidencia delictiva actualizado a julio de 2025, incluye datos sobre homicidio, secuestro, extorsión y otros delitos que permiten dimensionar mejor el panorama.
Las políticas de seguridad no partieron de cero. El nuevo gobierno retomó muchas de las estructuras de coordinación entre la Federación y los estados ya existentes, particularmente la Guardia Nacional (GN), que se presenta como columna vertebral de la estrategia.
A ellas se suman enfoques ya conocidos: prevención del delito, fortalecimiento institucional de fiscalías y policías locales, y un mayor uso de inteligencia. Estas fórmulas heredadas se mantienen, pero con la promesa de alcanzar una mayor profesionalización, incrementar recursos y, sobre todo, acompañarlas de nuevas leyes. Un ejemplo es la propuesta de legislación en materia de extorsión.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión y expresó su intención de que este delito se investigue de oficio, además de impulsar la creación y fortalecimiento de unidades especializadas en las fiscalías estatales.
Opiniones de expertos
Criminólogos consultados señalan que las comparaciones año contra año pueden ocultar fluctuaciones estacionales, efectos de denuncias acumuladas, subregistro o cambios en los criterios de clasificación de delitos. Este último factor es especialmente relevante en casos como los feminicidios y las extorsiones, donde las cifras estadísticas pueden variar según la tipificación.
Exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad y de la propia Guardia Nacional destacan que la reducción de homicidios dolosos es un avance indudable, aunque advierten que este logro no siempre se traduce en una mejora en la percepción social de la seguridad. La razón: delitos como robos, violencia de proximidad y crímenes contra la propiedad continúan afectando la vida cotidiana de millones de personas.
En paralelo, persiste una estructura de impunidad difícil de desmontar. La lentitud del sistema judicial, la sobrecarga de las fiscalías estatales y la debilidad institucional en gran número de municipios siguen siendo cuellos de botella que limitan la efectividad de cualquier estrategia.
Pendientes
Si bien los homicidios muestran una reducción, los niveles aún se mantienen elevados, y ciertas regiones del país concentran la mayor parte de los casos. La extorsión, por su parte, ha alcanzado cifras históricas, con el agravante de que muchas víctimas optan por no denunciar, lo que incrementa el subregistro.
La percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo un problema crítico. De acuerdo con diversas encuestas, alrededor del 70 por ciento de los mexicanos declara sentirse inseguro en su entorno, lo que refleja una desconexión entre las cifras oficiales y la experiencia diaria de la población. Ese desfase constituye uno de los principales retos para la legitimidad del gobierno.
¿Y la política exterior?
Claudia Sheinbaum reafirmó en su informe que México busca una política exterior de cooperación, sin caer en la subordinación, y con un énfasis en la diversificación de alianzas y el respeto mutuo con Estados Unidos.
En materia migratoria, el gobierno destacó acciones de atención a extranjeros, agilización de trámites y protección humanitaria, así como programas como México te Abraza. En cuanto a la cooperación bilateral en seguridad, se mantienen las líneas estratégicas en narcotráfico, tráfico de armas, control fronterizo e intercambio de inteligencia. No se observan cambios drásticos: la administración ha preferido la diplomacia técnica sobre los choques abiertos, aunque persisten tensiones en temas como aranceles, comercio y políticas migratorias estadounidenses.
Los think tanks internacionales siguen con atención el rumbo de México. Reconocen ventajas geográficas, capital humano y recursos naturales que podrían impulsar la competitividad, pero advierten riesgos asociados al proteccionismo global, a la falta de claridad regulatoria y a la presión de la deuda y la inflación. Instituciones como el Wilson Center y el Council on Foreign Relations (CFR) han señalado que el reto de México será exportar credibilidad institucional, transparencia y reglas estables para atraer inversión y consolidar confianza externa.
Narrativa política: entre la continuidad y el cambio
Sheinbaum mantiene alta aprobación, pero persisten dudas en seguridad, justicia e inversión.
El discurso presidencial se vistió de metáforas de “momento estelar”, de esperanza y de un compromiso explícito de “no traicionar al pueblo”, enmarcado en el humanismo mexicano y en la justicia social.
El tono revela un claro hilo de continuidad. Reiteradamente se reconocieron logros del gobierno anterior en reducción de pobreza, desigualdad y cobertura social. Los megaproyectos y la política del Bienestar aparecen como herencias directas que Sheinbaum asume y refuerza.
Los matices de cambio se concentran en ajustes tácticos: mayor énfasis en institucionalidad, transparencia, regulación, profesionalización de cuerpos de seguridad, mejor coordinación interinstitucional y la promoción de nuevas leyes para combatir delitos específicos como la extorsión.
¿Existe ya un rumbo definido? En parte sí: seguridad con enfoque preventivo e inteligencia, obra pública estratégica, programas sociales ampliados, estabilidad económica y política exterior diversificada. Pero aún faltan piezas clave: reglas claras para la inversión privada y extranjera, regulación secundaria energética, avances sustanciales en justicia y combate a la impunidad, mejoras tangibles en la seguridad cotidiana y una narrativa más convincente en materia de rendición de cuentas.
Voces, percepciones y aprobación
Encuestas recientes ubican la aprobación de Sheinbaum en rangos de 70 a 80 por ciento tras la presentación del informe. El respaldo se explica por el énfasis en programas sociales, estabilidad macroeconómica y las cifras de seguridad.
Sin embargo, el “sentir ciudadano” muestra fisuras. Muchas personas perciben que la seguridad en su entorno inmediato no mejora; que los delitos de menor escala, robos, violencia vecinal, asaltos, siguen presentes; que los servicios públicos mantienen deficiencias en varias regiones; y que los programas sociales no siempre llegan a tiempo, ni con la cobertura ni la transparencia prometidas.
La oposición, por su parte, cuestiona la falta de rendición de cuentas profundas, la opacidad en los costos de los megaproyectos, el impacto potencial de la deuda pública y el riesgo de que la continuidad excesiva inhiba innovaciones necesarias en justicia, combate a la corrupción o reforma energética.
Los triunfos del primer año
Sheinbaum logra avances en seguridad, economía y programas sociales, pero enfrenta riesgos de percepción, inversión y vulnerabilidad externa.
Pese a los riesgos y tensiones, el primer año de Claudia Sheinbaum muestra logros concretos que sostienen su legitimidad. La reducción de los homicidios dolosos en casi un 25 por ciento representa un avance significativo, aunque todavía distante de los niveles deseables.
En el ámbito económico, el control de la inflación, que en julio se situó en 3.5 por ciento, ha sido presentado como una señal de estabilidad frente a presiones internacionales. A ello se suma un entorno macroeconómico relativamente sólido, con un peso estable, bajos niveles de desempleo, turismo en crecimiento e inversión extranjera que, aunque no crece de manera uniforme, mantiene una resistencia notable.
En el terreno social, la ampliación de programas con mayor cobertura, presupuestos inéditos y una presencia territorial más amplia refuerza la narrativa de prioridad a los sectores vulnerables. Finalmente, la coherencia discursiva y una política exterior sobria proyectan la imagen de un México soberano, capaz de cooperar en migración, comercio y seguridad, sin caer en confrontaciones innecesarias, pero con firmeza en la defensa de sus intereses.
Sin embargo, los riesgos que acompañan a este éxito parcial son igualmente visibles. La desconexión entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana de inseguridad amenazan con socavar la legitimidad si los avances estadísticos no se traducen en mejoras tangibles. La impunidad, la corrupción y las deficiencias del sistema judicial siguen siendo sombras persistentes que limitan los resultados.
En lo económico, la baja inversión privada y los obstáculos regulatorios ponen en riesgo los megaproyectos, que podrían encarecerse o retrasarse. En el sector energético, la falta de certeza jurídica abre la puerta a bloqueos, litigios y oposición social. Además, el elevado gasto social y los proyectos de infraestructura de gran escala presionan las finanzas públicas, obligando a un difícil equilibrio entre inversión social, estabilidad fiscal y control de la deuda.
A estas tensiones internas se suman vulnerabilidades externas como la inflación global, la volatilidad en los precios de energéticos, los aranceles internacionales y las tensiones geopolíticas, todos factores con incidencia directa en la economía mexicana.
Hacia dónde vamos
A once meses de mandato, Claudia Sheinbaum logra presentarse con una narrativa de consolidación: continuidad con matices, con correcciones tácticas, con anuncios ambiciosos, con logros visibles, al menos en seguridad, inflación, bienestar. Pero el margen entre lo logrado y lo posible sigue siendo grande.
El Primer Informe no solo es un recuento; es también una promesa. En él se dibujan rutas, que no siempre están completamente trazadas, hacia una 4T refinada, más institucional, quizás menos rupturista en forma que en fondo, pero con la mira puesta en gobernar con mayor eficiencia, equidad y dignidad.
Los escenarios futuros pueden delinearse en tres posibles trayectorias. En el mejor de los casos habría un horizonte de mejoras visibles en seguridad, justicia y reducción de delitos de alto impacto, acompañado de una mayor atracción de inversión privada, megaproyectos más eficientes, programas sociales consolidados bajo auditorías robustas y un posicionamiento firme de México como destino confiable en el escenario internacional.
En un caso intermedio, habría estabilidad macroeconómica y avances parciales en seguridad, aunque con desigualdades persistentes, rezagos regionales, megaproyectos con sobrecostos o demoras y un crecimiento insuficiente frente a los retos estructurales.
En el peor de los escenarios se tendría la falta de avances en justicia, corrupción e inseguridad cotidiana, con un debilitamiento de la aprobación ciudadana, tensiones políticas internas, estancamiento económico y crecientes dificultades para sostener las promesas sociales.
El verdadero examen llegará en los próximos meses: si las cifras continúan mejorando; si los ciudadanos sienten que su vida diaria cambia; si los megaproyectos cumplen plazos, costes y estándares sociales y ambientales; si la justicia deja de ser lenta o incierta; si la política exterior produce alianzas reales que beneficien la economía, y si la economía crece lo bastante para cerrar brechas. Porque hacer historia no basta: hay que dejar huella tangible.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 11 DE REVISTA GUINDA
