Paquete Fiscal 2026: disciplina, programas sociales y recaudación

El Paquete Económico 2026 busca mantener programas sociales y estabilidad fiscal vía recaudación, eficiencia y ajustes, sin nuevos impuestos generales.

Era una tarde calurosa de principios de septiembre de 2025 cuando, en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, desplegó ante los legisladores un grueso expediente: el Paquete Económico 2026. Documentos encuadernados, gráficos, comparativos, cifras macroeconómicas proyectadas, todo listo para marcar el rumbo de México el próximo año. Al fondo, opositores de diversos partidos, economistas invitados, representantes de la sociedad civil y cámaras empresariales esperaban respuestas concretas. ¿Cómo mantener programas sociales sin crear nuevos impuestos? ¿Cuánta recaudación adicional es realista? ¿Qué sacrificios implicará esta disciplina fiscal?
Desde el oficialismo se escuchaban palabras como “responsabilidad”, “justicia fiscal”, “crecimiento incluyente”. Los diputados de Morena y aliados insistían en que el esfuerzo debía recaer en quienes más tienen: grandes bancos, plataformas digitales, importadores, refresqueras, apuestas en línea. La oposición advertía riesgos, señalaba posibles efectos secundarios para la inversión, para los consumidores, para la banca, para Pemex… El debate legislativo estaba servido, y la tensión, públicamente, al menos, giraba en torno a una premisa clave: fortalecer las finanzas públicas sin subir la carga general al ciudadano promedio.

¿Qué es el Paquete Fiscal/Económico y por qué importa para el 2026?

El Paquete Económico (o Fiscal) de 2026 es la propuesta del Ejecutivo Federal para determinar los ingresos que habrá de recaudar el gobierno, los gastos autorizados, los criterios macroeconómicos que regirán la política económica (inflación, tasas de interés, crecimiento, tipo de cambio, deuda), así como modificaciones legales fiscales (Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, reformas fiscales específicas). Es un acto anual, pero en este caso cobra especial relevancia porque:
Es el segundo año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum, y se espera consolidar lo iniciado en 2024-2025; se da en un contexto de incertidumbre global: inflación internacional, presiones por tasas de interés altas, mercados cambiantes, precios del petróleo volátiles; el gobierno mantiene la promesa de no crear nuevos impuestos generales, lo cual obliga a buscar recaudación vía ajustes, eliminación de exenciones o deducciones, mejoras en la administración fiscal, controles, aranceles, etc.
El documento importa para millones de familias, porque define qué programas sociales se mantendrán, cuáles podrían expandirse, dónde se invertirá: infraestructura, salud, educación; pero también qué costo tendrá para consumidores, empresas, bancos, importadores, ahorradores, etc.

Las cifras macroeconómicas y proyecciones clave
Las principales estimaciones oficiales según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026 y documentos relacionados de la SHCP:

Estas cifras son las que orientan las medidas propuestas —si el escenario cambia (por ejemplo, inflación más alta, ingresos menores), los márgenes de maniobra se reducen.

Medidas específicas: lo que la SHCP propone
El paquete presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla diversas medidas orientadas a aumentar la recaudación y contener el gasto sin recurrir a nuevos impuestos generales.
Entre las más relevantes destaca la eliminación de la deducción fiscal que permitía a la banca múltiple deducir hasta tres cuartas partes de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Según estimaciones, esta medida podría generar alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales al año para Hacienda. El gobierno argumenta que se trata de una acción de “justicia fiscal” para eliminar beneficios considerados anacrónicos, confiando en que los bancos, por su alta capacidad contributiva, pueden absorberla sin necesidad de un impuesto general. No obstante, la medida podría reducir la utilidad neta de las instituciones financieras y, eventualmente, trasladar parte del costo a tarifas, comisiones o condiciones para los clientes, con implicaciones también para el crédito bancario y la contabilidad interna de los bancos.
En materia energética, se contempla que Pemex continúe recibiendo apoyo presupuestal en 2026 para cubrir obligaciones financieras, aunque se perfila como el último tipo de respaldo “extraordinario”, con lo que la empresa deberá avanzar hacia una mayor autonomía financiera.

El monto proyectado asciende a aproximadamente 517 mil 362 millones de pesos, lo que representa un aumento real de alrededor del 7.7 por ciento respecto al presupuesto vigente. Este apoyo incluye el servicio de deuda, inversiones y mantenimiento de la producción, consolidando a Pemex como un pilar de las finanzas públicas, tanto por los ingresos petroleros como por su impacto en empleo e infraestructura energética. Sin embargo, la transición hacia la autonomía financiera no está exenta de riesgos, sobre todo si no se logra mejorar la eficiencia, controlar la deuda, optimizar la producción y mitigar pasivos ambientales y fiscales.
El paquete también prioriza la inversión estratégica en infraestructura y en ciencia y tecnología. Se contemplan más de 228 mil millones de pesos para el transporte ferroviario, con tramos como AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato, modernización de carreteras y fortalecimiento de puertos, así como inversiones en sectores hídrico y agrícola.
En cuanto a ciencia y tecnología, aunque los programas sociales incluyen componentes productivos, apoyos a productores e impulso a la innovación, aún queda por ver si los recursos asignados alcanzan para cerrar las brechas existentes en investigación y desarrollo, programas regionales o institucionales.
Entre otras medidas, se busca regularizar los llamados autos “chocolate” y simplificar el comercio fronterizo, aunque en los documentos oficiales revisados no se detallan los mecanismos precisos de regularización. Lo que sí se observa es un esfuerzo por mejorar la fiscalización, optimizar los trámites aduaneros y establecer aranceles estratégicos frente a países sin tratado comercial vigente.
Finalmente, la propuesta contempla ajustes fiscales adicionales, como el aumento del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para bebidas saborizadas, tabaco, apuestas en línea, plataformas digitales y videojuegos con contenido violento, combinando objetivos recaudatorios y sanitarios. Se busca además fortalecer la retención del ISR en plataformas de intermediación de servicios, ajustar las reglas de deducción de créditos incobrables para instituciones financieras y modernizar la administración aduanera a través de la digitalización, con el fin de reducir la evasión fiscal.

Programas sociales: continuidad, expansión y retos

Los programas sociales concentran más de 987 mil mdp en 2026; prioridad en pensiones y becas, con retos de disciplina fiscal y sostenibilidad.

El gobierno de Sheinbaum ha dejado claro que los Programas para el Bienestar serán una prioridad en 2026, con un presupuesto social total que supera los 987 mil 160 millones de pesos, equivalentes a más del 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Entre los programas con asignaciones más destacadas se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, con cerca de 526 mil 508 millones de pesos; la Beca Universal “Rita Cetina”, con unos 129 mil 386 millones; y la Pensión Mujeres Bienestar, que recibirá aproximadamente 56 mil 969 millones. Además, se mantendrán otros programas como la Beca Universal Benito Juárez, Sembrando Vida, Pensión para Personas con Discapacidad, La Escuela es Nuestra, y diversos apoyos a productores del campo.
El gobierno enfatiza que la continuidad de becas, pensiones no contributivas y apoyos a poblaciones vulnerables tiene un efecto redistributivo y de justicia social, y busca asegurar estabilidad presupuestal para quienes dependen de estos apoyos. Sin embargo, el costo creciente del gasto social, la rigidez presupuestal por compromisos previos y obligaciones legales, y la necesidad de mantener la inflación controlada constituyen retos significativos, ya que cualquier desviación podría afectar el poder real de los apoyos.
En cuanto a la disciplina fiscal, la SHCP mantiene que no habrá creación de nuevos impuestos generales ni reforma integral que modifique tasas de ISR o IVA. Las principales herramientas para ajustar la recaudación y contener el gasto incluyen la eliminación o limitación de deducciones, la ampliación de la base tributaria sin alterar tasas generales a través de mayor fiscalización, aduanas, aranceles y control del comercio electrónico, la aplicación de impuestos especiales más fuertes o a nuevos bienes, así como la eficiencia del gasto mediante inversiones estratégicas en infraestructura, capaces de generar empleo y dinamismo productivo. A esto se suma el blindaje fiscal mediante el uso de fondos de estabilización, reservas internacionales y líneas de crédito flexibles para amortiguar posibles choques externos.

Las medidas propuestas han generado un amplio debate. Desde el gobierno y el oficialismo, se sostiene que son necesarias para contener el déficit, estabilizar las finanzas públicas y evitar que la inflación o la deuda se descontrolen. Argumentan que los sectores con mayor capacidad contributiva, como la banca, plataformas digitales, empresas importadoras y refresqueras, deben aportar más, sin castigar al consumidor promedio ni generar cargas excesivas en los hogares. Asimismo, consideran la política social no como un gasto puro, sino como una inversión, vinculando salud, educación e infraestructura con el crecimiento a mediano plazo.
Analistas y expertos han advertido que las proyecciones de crecimiento de entre 1.8 y 2.8 % podrían resultar optimistas, dado el contexto internacional, la desaceleración global, las presiones inflacionarias importadas y la posibilidad de choques internos. Señalan que mantener tasas de interés relativamente altas podría afectar consumo, inversión y endeudamiento privado. Algunos resaltan los riesgos para la banca por la eliminación de deducciones fiscales, que podría reducir utilidades, limitar su capacidad de crédito y encarecer servicios financieros. Aunque no se implementen nuevos impuestos generales, los impuestos especiales y otras medidas fiscales específicas sí podrían trasladarse indirectamente a los precios al consumidor. En cuanto a Pemex, expertos destacan que la autonomía financiera es un objetivo loable pero complejo, dado el nivel de deuda, los costos de mantenimiento de infraestructura y los pasivos ambientales.
Por su parte, la oposición política critica que la fiscalización y la eliminación de deducciones podrían generar incertidumbre regulatoria para las empresas y advierte que los efectos sobre precios, comisiones bancarias e inflación podrían recaer en los sectores más vulnerables si no se acompaña de medidas de protección. También exige mayor claridad sobre la autonomía de Pemex: cuánto del respaldo se convertirá en deuda, y qué implicaciones tendrá para proveedores, trabajadores y contadores anteriores.
Finalmente, la sociedad civil y los medios han mostrado preocupación por el impacto de estas medidas en servicios financieros, transporte, combustibles, refrescos y tabaco. Algunos ciudadanos interpretan que, pese a los anuncios de “sin nuevos impuestos”, los aumentos en IEPS y otros gravámenes pueden afectar los precios finales. Por su parte, medios especializados enfatizan que la bancarización, la digitalización y la formalización de plataformas digitales siguen siendo áreas con rezago, y que la ejecución efectiva de las medidas, más que la planeación, será crucial para que los ingresos estimados se concreten.

Escenarios de impacto concreto para distintos sectores

Aunque los apoyos sociales protegen loshogares, el IEPS y la banca presionan el consumo; Pemex sigue dependiente y con riesgos financieros.

El análisis sectorial del paquete de medidas para 2026 permite observar cómo distintos actores podrían verse afectados de manera concreta. Para los consumidores promedio y hogares vulnerables, la continuidad de pensiones, becas y otros apoyos gubernamentales amortigua el impacto de la inflación y asegura una mayor estabilidad para quienes dependen de estos programas.
Las inversiones en salud, educación y vivienda pueden mejorar la calidad de los servicios, mientras que los programas sociales generan un efecto redistributivo y de justicia social. No obstante, los aumentos del IEPS sobre refrescos, tabaco o incluso videojuegos, junto con posibles incrementos de precios si las empresas trasladan los costos fiscales, podrían erosionar el poder adquisitivo. Además, la inflación no controlada y el posible encarecimiento del crédito bancario ante la eliminación de deducciones constituyen riesgos adicionales para los hogares más vulnerables.
Para los grandes bancos, la eliminación de la deducción al IPAB, la limitación de créditos incobrables y un mayor pago de ISR implican un impacto directo sobre utilidades y podrían exigir ajustes en la estructura de comisiones. Estos actores enfrentan la posibilidad de trasladar parte del costo a sus clientes, así como un riesgo en la rentabilidad si la competencia no logra moderar los efectos. Por su parte, las empresas importadoras, el comercio fronterizo y las plataformas digitales podrían enfrentar mayores obligaciones de cumplimiento, costos adicionales derivados de aranceles y fiscalización, así como ajustes en sus cadenas logísticas. Aunque estas medidas pueden generar mayores controles y formalización, también existe el riesgo de afectar la competitividad y de que los consumidores finales vean reflejados los costos en precios más altos.
En el caso de Pemex, la continuidad del apoyo presupuestal garantiza el cumplimiento de obligaciones de deuda, mantenimiento de la producción y ejecución de inversiones, con la posibilidad de mejoras si se incrementa la eficiencia operativa. Sin embargo, la dependencia del respaldo público y la transición hacia la autonomía financiera representan desafíos significativos: si no se implementa de manera gradual y con reformas estructurales, la deuda y los pasivos podrían aumentar, mientras que los costos ambientales y de mantenimiento pueden generar obligaciones imprevistas. Además, cualquier déficit en inversión para tecnologías más limpias o mantenimiento podría afectar la producción y la competitividad de la empresa.

Desde la perspectiva de las finanzas públicas y la macroeconomía, la disciplina fiscal y la concreción de la recaudación estimada podrían generar un mejor equilibrio fiscal, reduciendo el déficit al 4.1 por ciento del PIB y mejorando la percepción internacional del país. Esto a su vez abriría mayor espacio para la inversión pública y reforzaría la credibilidad del gobierno.
No obstante, si los ingresos reales no alcanzan lo proyectado, el déficit podría incrementarse, la deuda crecer ante choques externos y la inflación importada o presiones internacionales podrían erosionar los márgenes. Asimismo, las tasas de interés elevadas podrían frenar el consumo y la inversión, afectando el crecimiento económico.
Existen además omisiones e incertidumbres que complican la evaluación completa de los efectos. La regularización de autos “chocolate” carece de un marco legal detallado, y aún no se especifica el procedimiento, los impuestos o los estándares de seguridad aplicables.
La transición de Pemex hacia su autonomía financiera tampoco incluye plazos, métricas de eficiencia ni responsabilidades claras; surgen preguntas sobre el papel de la iniciativa privada y el manejo de pasivos ambientales, laborales y fiscales.
Los riesgos sobre la inflación y las tasas de interés permanecen, especialmente si las presiones externas elevan los precios de las importaciones, materias primas o energía, mientras que la eficacia de la recaudación dependerá de la capacidad institucional, transparencia y control de evasión y litigios fiscales. La inversión privada también estará atenta a si la carga regulatoria o fiscal adicional afecta la rentabilidad y el atractivo de invertir, particularmente en industrias sensibles y en comercio exterior.
En el contexto histórico e internacional, los programas sociales han sido prioridad desde el inicio de la actual administración, con ampliaciones de becas, pensiones y apoyos rurales. El paquete de 2026 sigue esta línea de priorizar la redistribución y la equidad. México ha enfrentado en el pasado déficits fiscales elevados, ciclos de endeudamiento y presiones inflacionarias, por lo que una disciplina fiscal con déficit decreciente y deuda estable se considera clave para un crecimiento sostenible.
A nivel internacional, economías de todo el mundo enfrentan presiones similares, entre ellas inflación global, alzas de tasas de interés y volatilidad en commodities. Las experiencias más exitosas combinan disciplina fiscal, reformas estructurales, inversión en capital humano y tecnología, y políticas sociales focalizadas, ofreciendo un marco de referencia para evaluar los posibles impactos de las medidas mexicanas.

Clímax del debate legislativo: tensiones y puntos de inflexión

La oposición cuestiona deducción IPAB, Pemex y supuestos macroeconómicos: advierte riesgos en bancos, consumo y deuda.

El momento más intenso del debate ocurrió cuando la oposición planteó que la eliminación de la deducción del IPAB, sin acompañarse de mecanismos que aseguren transparencia en los bancos, podría traducirse en un costo indirecto para los consumidores: comisiones bancarias, intereses de crédito y condiciones menos favorables. Algunos diputados señalaron que aunque el aumento del IEPS se justifique por razones de salud pública, su efecto regresivo (que recae en los consumidores de bajos ingresos) no debe subestimarse.
Otro momento álgido fue la discusión sobre Pemex: los legisladores exigieron saber qué garantías hay de que la transición a autonomía no signifique mayor endeudamiento de la empresa, ni que los apoyos presupuestales “finales” dejen vacíos de servicio, empleo, inversión, mantenimiento de infraestructura. Sectores empresariales del energético protestaron que los costos ambientales (pasivos fósiles, contaminación) y los desafíos globales de la transición energética no parecen reflejados adecuadamente en el paquete.
La oposición cuestionó también si las proyecciones macroeconómicas son realistas: ¿cómo crecer al 2 por ciento si la inversión privada está débil? ¿Cómo contener la inflación si los precios internacionales siguen al alza? ¿Qué pasa si el tipo de cambio se debilita? ¿Si hay choques externos? Es decir: los supuestos del paquete: precio del petróleo, estabilidad monetaria e inflación objetivo, podrían no cumplirse.

Implicaciones para la ciudadanía: ¿qué se siente?

Para los hogares, las medidas planteadas implican una serie de efectos directos en su economía cotidiana. En el rubro de los costos, se prevén aumentos en productos como refrescos, bebidas saborizadas y tabaco, además de ajustes en servicios digitales y en videojuegos sujetos a regulación. Algunos bienes importados también podrían encarecerse debido a nuevos aranceles o al alza en los costos de importación.
Del otro lado de la balanza, quienes reciben programas sociales, pensiones, becas, apoyos al campo o de vivienda, podrían experimentar una mejora en sus ingresos o, al menos, la certeza de continuidad. A ello se suma que la inversión en infraestructura promete beneficios indirectos en transporte, conectividad y servicios públicos.

Sin embargo, persisten dudas sobre el costo del crédito: si los bancos ajustan sus márgenes tras la eliminación de las deducciones fiscales, podrían encarecerse los intereses y comisiones. Para las pequeñas y medianas empresas, esto se traduciría en condiciones más estrictas de financiamiento.
La inflación representa un riesgo central. Si no logra estabilizarse o si se presentan choques externos, los precios de los alimentos, la energía y el transporte seguirán golpeando los bolsillos, neutralizando los beneficios de los programas sociales.
Finalmente, el acceso a los servicios públicos dependerá de la eficacia con la que se ejerzan los presupuestos. La ciudadanía podría percibir mejoras tangibles en salud, educación y vivienda, pero también déficits si el gasto se diluye entre la corrupción, ineficiencia o la falta de ejecución.

Posibles escenarios futuros

Con base en lo analizado, se perfilan tres escenarios plausibles para 2026. En el optimista, se cumplen las proyecciones macroeconómicas: un crecimiento cercano a 2.5 por ciento, con inflación controlada y una recaudación tributaria conforme a lo previsto. En este marco, las medidas fiscales se aplican con eficiencia, Pemex logra avances hacia su autonomía financiera y mejora su productividad, mientras que los programas sociales se mantienen robustos. La ciudadanía percibe mejoras en servicios públicos, infraestructura y oportunidades laborales. Todo ello permitiría reducir el déficit, contener la deuda y reforzar la credibilidad internacional del país, atrayendo así nuevas inversiones.
En un escenario intermedio, algunas políticas funcionan pero otras tropiezan. La recaudación se ve mermada por evasión, morosidad o problemas administrativos; la inflación supera ligeramente el objetivo; Pemex enfrenta costos imprevistos y ciertos productos encarecen su precio. Los programas sociales permanecen, aunque con ajustes. El déficit fiscal sería mayor al proyectado, sin llegar a una crisis, mientras que la percepción ciudadana se mantendría dividida. El resultado sería un entorno de tensiones políticas y demandas de correcciones en el rumbo económico.

Si la propuesta se mira con ojos pesimistas, se podría ver un choque externo, como un alza internacional en combustibles, una crisis global o una caída en el precio del petróleo, que derive en inflación importada, volatilidad cambiaria y menor recaudación. La deuda se volvería más pesada y Pemex continuaría dependiendo de mayores apoyos públicos, sin lograr autonomía. En consecuencia, los programas sociales enfrentarían recortes o retrasos, los hogares sentirían una presión financiera creciente y el descontento social escalaría. Para el gobierno, este panorama traería un fuerte costo reputacional, mayor presión de la oposición y la necesidad de ajustes fiscales abruptos.

Redistribución sin renunciar a la disciplina

El Paquete Económico 2026 de Claudia Sheinbaum representa un intento ambicioso de equilibrar lo que muchos gobiernos enfrentan: mantener la justicia social, la inversión pública y la estabilidad macroeconómica sin perder la sostenibilidad financiera. La apuesta a fortalecer la recaudación vía eliminación de deducciones, mejor administración, IEPS selectivo, y apoyo final a Pemex, junto con la continuidad de los programas sociales, marca una hoja de ruta clara: redistribuir sin renunciar a la disciplina.
Pero el camino está plagado de incógnitas: ¿se cumplirán las metas de crecimiento y de inflación? ¿El aparato fiscal responderá al impulso de nuevas medidas? ¿Podrá Pemex adaptarse? ¿Se evitará que los costos recaigan más en quienes menos tienen? ¿Los impactos indirectos (en precios, comisiones, crédito) erosionarán los beneficios de los apoyos sociales?
Para la ciudadanía informada, este Paquete es una pieza clave de lo que será la economía del 2026. No es un juego de cifras: es decidir si México mantiene financiamiento para salud, educación, pensiones universales, si sigue construyendo infraestructura que modernice regiones rezagadas y si conserva una estabilidad que permita que los hogares planifiquen, gasten, inviertan y esperen un futuro menos incierto.
En ese balance está la prueba: entre lo planificado y lo logrado. Y habrá que mirar de cerca cuando los votos en el Congreso concreten o modifiquen lo propuesto, cuando el presupuesto empiece a ejecutarse, cuando los mercados evalúen la credibilidad y cuando los ciudadanos, en plazas, mercados, bancos y escuelas, sientan el impacto real.

ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 11 DE REVISTA GUINDA