El secretario de Seguridad de México tiene la encomienda de ser el “brazo de rigor” de la presidenta Sheinbaum; aunque el reto no es sencillo, de triunfar se le abrirán muchas puertas
La madrugada del 19 de marzo de 2025, el puerto de Tampico dejó de ser un punto anodino en el mapa del comercio internacional para convertirse en un espejo incómodo de la corrupción que corroe al país. Entre las sombras del muelle, bajo la bruma espesa del Golfo, atracó el Challenge Procyon, un buque de bandera singapurense.
El Challenge Procyon provenía de Texas (Beaumont) y se presentó con documentos irregulares que señalaban que transportaba aditivos para aceites lubricantes, pero en realidad llevaba combustible. La carga fue descargada en Altamira, Tamaulipas, y el buque quedó asegurado bajo vigilancia federal.
Ese momento marcó el inicio de lo que hoy se denomina el caso del huachicol fiscal. Ese decomiso fue el detonante para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando de Omar García Harfuch, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), pusieran en marcha una operación a gran escala para desmantelar una red de tráfico de combustibles disfrazada de comercio legal, que operaba en puertos de Tamaulipas y otras entidades.
La escena que siguió, meses después, parecía sacada de un manual de inteligencia naval: cateos simultáneos en los terrenos de Altamira, aseguramientos de 192 contenedores, 29 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas pick-up, armas de fuego, municiones. El operativo, coordinado por fuerzas federales, fue presentado por el gobierno como un golpe histórico al huachicol fiscal. Sin embargo, lo que emergió tras el decomiso fue más corrosivo que el propio combustible: la confirmación de que la Marina Mexicana, institución hasta entonces considerada casi intocable, había sido infiltrada por una red criminal de dimensiones mayúsculas.
H arfuch tiene ahora la encomienda de acabar con el huachicol fiscal, que significa redes de corrupción, muertes de denunciantes, pistas que se dejan enfriar… amenazas.
Espaldarazo e impulso a Omar García Harfuch y la FGR
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desde el 1 de octubre de 2024, ha planteado públicamente que el gobierno de Claudia Sheinbaum no tolerará la impunidad. En la conferencia mañanera del 9 de septiembre de 2025, Harfuch informó que la investigación sobre el huachicol fiscal sigue su curso.
Al respecto, se han asegurado 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas; fueron detenidas 14 personas, entre empresarios, marinos en activo y exfuncionarios o personas del entorno administrativo, en diversas entidades (CDMX, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz).
Se rastrean operaciones financieras inusuales, compras de bienes inmuebles, vehículos de lujo y pólizas de seguro con montos elevados que no se justifican con los ingresos declarados. Asimismo, se han emitido órdenes de captura y buscado a los prófugos que formaron parte de la red.
Huachicol vs Huachicol Fiscal: ¿cuál es la diferencia?
Se conoce como huachicol tradicional al robo físico de hidrocarburos extraídos ilegalmente de ductos de Pemex y tomas clandestinas; así como al transporte y la venta clandestina del combustible robado.
El huachicol fiscal, en cambio, se entiende como el contrabando de combustibles (gasolinas, diésel u otros hidrocarburos) importados legalmente o no, pero declarados como mercancías que no sufren los gravámenes fiscales correspondientes (como aceites lubricantes, aditivos y fracciones arancelarias distintas), para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) u otros impuestos aplicables. La carga entra al país bajo papeles falsos o disfrazada, y luego circula como si todo estuviera en regla.
El caso de huachicol fiscal ha sido relativamente tolerado o minimizado en comparaciones públicas con el huachicol tradicional. Detrás de eso hay varios factores:
● Porque no hay “robo físico” visible, no hay tomas clandestinas e n los ductos de Pemex o daños graves a la infraestructura petrolera, al menos no en lo que se ve por fuera.
● Porque las pérdidas fiscales son menos visibles para el ciudadano promedio, aunque sí resultan enormes para el presupuesto del país.
● Porque intervienen aduanas, puertos, empresas “fachada”, autoridades civiles y militares, lo que hace muy complejo el entramado legal para detectarlo, investigar y castigar.
● Porque de alguna manera aligeran logísticamente a Pemex. Esa gasolina que entra ilegalmente debería ser producida por la empresa nacional, pero como las refinerías rara vez funcionan a más del 40% de su capacidad instalada, no habría suficiente combustible en el país de no ser por el huachicol fiscal.
En meses recientes, personajes como David Saucedo y Gonzalo Monroy, analistas e investigadores de seguridad y del sector energético (respectivamente), han señalado que el huachicol fiscal alcanza quizá un cuarto o hasta un tercio del combustible que circula en el país, y que muchas autoridades han sabido o tolerado estas redes por miedo, complicidad o incapacidad.
La Fiscalía General, con Alejandro Gertz Manero al frente, ha reconocido que los trabajos de investigación se remontan al menos a dos años atrás, incluyendo denuncias internas dentro de la Semar, reportes de intereses inusuales en aduanas, y advertencias hechas por algunos oficiales acerca de lo que se estaba gestando.
Pero, sobre todo, de manera extraoficial, se menciona el interés de Estados Unidos por acabar con este delito a raíz de cierto cateo sucedido en abril en Utah.
Harfuch ha utilizado la visibilidad del caso para reforzar la idea de que este sexenio tiene una postura diferente en seguridad y combate a la corrupción. Ha dicho: “el actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de la institución” (refiriéndose a la Marina) y ha prometido que no habrá impunidad.
La sombra sobre la Marina
Por décadas, la Marina cargó con la reputación de ser el brazo limpio y eficaz del Estado. Sus operativos contra el narcotráfico le granjearon prestigio y miedo a partes iguales. Pero el Challenge Procyon abrió una grieta en ese blindaje.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la red de huachicol fiscal no era un episodio aislado, sino un sistema que operaba al menos desde 2023. En ese tiempo logró introducir combustible ilegal en 69 envíos, con ganancias estimadas en más de 150 millones de dólares. Los nombres al frente eran contundentes: los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, oficiales de alto rango que tejieron complicidades con funcionarios aduanales, empresarios importadores y mandos militares.
El golpe político más duro fue la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, considerado hasta entonces un cuadro fuerte para suceder a la Secretaría de Marina. Su caída no solo expuso el tamaño del fraude, sino las conexiones familiares: es pariente del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. El arresto lo convirtió en el funcionario naval de más alto rango detenido durante la administración de Claudia Sheinbaum, y en un símbolo de la infiltración del crimen organizado en la estructura castrense.
Infiltración criminal, red millonaria
Las reacciones no se hicieron esperar. Expertos en seguridad nacional alertaron sobre el nivel de infiltración del crimen organizado en las fuerzas armadas. Militares retirados hablaron de “una vergüenza histórica”. La sociedad civil exigió transparencia y justicia, mientras que en Palacio Nacional el golpe se sintió con doble filo: por un lado, exhibía la magnitud del problema; por el otro, daba la oportunidad de mostrar que la administración de Sheinbaum podía actuar con firmeza.
La presidenta defendió la política de militarización de aduanas, aunque la detención de un vicealmirante desnudaba las contradicciones de esa estrategia. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue tajante: “No se trata de toda la institución, sino de casos aislados. La política es de cero tolerancia”. La frase buscaba blindar a la Marina en su conjunto, pero para la opinión pública resultó insuficiente.
Una maquinaria aceitada
El modus operandi de la red evidenciaba sofisticación. La agencia naviera Farías & Sons, ligada a los hermanos Farías, operaba como fachada para triangular envíos ilegales desde puertos estadounidenses. Los cargamentos entraban a México con documentos alterados para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que significaba un daño económico estimado en 177 mil millones de pesos al año, equivalentes a unos 9 mil 200 millones de dólares.
Los beneficios se multiplicaban en dos frentes: empresarios que colocaban combustible barato en el mercado negro y funcionarios que recibían sobornos millonarios. Al amparo de la corrupción, el huachicol fiscal desplazó al robo físico de ductos como el método preferido para minar las finanzas públicas.
La investigación sugiere que los hermanos Farías Laguna operaban la red con ayuda de la estructura militar: designaciones de aduanas estratégicas, control directo o indirecto del personal clave de aduanas, contactos con empresarios de transporte y de aduanas, y una compleja red que incluye empresas fachada, testaferros, sobornos monetarios.
Los Farías y sus vínculos con Alfonso Durazo Chávez
Una de las revelaciones más sensibles fue que Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, figura como socio de Fernando Farías Laguna en proyectos inmobiliarios. Otro socio común es Ramón Ángel Castillo Vásquez, empresario ganadero exportador originario de Sonora, quien está implicado en esta red de empresas con Farías Laguna y con Durazo Chávez.
Empresas como Falaycava (inmobiliaria) con sede en Guaymas, Sonora, creada en septiembre de 2024, son parte de esas sociedades. También se menciona a Sedona Springs y Proxima Centauri Development LLC.
La FGR sostiene que los Farías Laguna facilitaron el ingreso de al menos 31 embarcaciones con hidrocarburo ilícito. Testimonios protegidos refieren conversaciones donde se alude a una presunta protección de Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y actual senador.
Hasta ahora, no aparece que Alfonso Durazo Jr. figure directamente en la carpeta de investigación penal de la red de huachicol fiscal desmantelada, pero los vínculos empresariales, fotografías en eventos, y posiblemente intereses comunes generan preguntas legítimas sobre el grado de conocimiento o la complicidad.
LOS IMPLICADOS
● Manuel Roberto Farías Laguna: Vicealmirante de la Marina. Ha sido detenido. Fue promovido dentro de la estructura naval, ocupando puestos de responsabilidad en aduanas clave.
● Fernando Farías Laguna: Contralmirante. Prófugo. Sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. La Interpol tiene en su contra una ficha roja.
● Miguel Ángel Solano Ruiz (“Capitán Sol”): marino retirado con intervención directa en el diseño de las rutas de contrabando, gestionaba sobornos, coordinaba personal aduanal.
Existe un expediente de LatinUS y Reforma que contiene más de 500 páginas, y detalla, según los medios, los nombres, fechas, cargos, montos, evidencia documental, testimonios, reportes.
En cambio, Roberto Blanco Cantú, apodado “el señor de los buques”, ha sido señalado como figura central dentro de esta supuesta red de huachicol fiscal. De acuerdo con reportes oficiales de la Guardia Nacional, desde el 20 de enero de 2022 fueron retenidos al menos tres autotanques pertenecientes a Mefra Fletes S.A. de C.V., compañía relacionada con Blanco Cantú, debido a anomalías detectadas en su documentación.
La misma empresa quedó bajo investigación después de diversos decomisos de grandes volúmenes de combustible ilegal en puertos del país, entre los que figura el Challenge Procyon, el cual ha sido vinculado a Blanco, también identificado en estas operaciones bajo el nombre de Roberto Brown.
Otro nombre importante es el de Hernán Bermúdez Requena, recién detenido en Paraguay, en la madrugada del 12 de septiembre de 2025. Habitaba en una lujosa residencia del barrio Surubi’i, en Mariano Roque Alonso, cercana a Asunción. Su captura fue parte de una operación conjunta entre autoridades paraguayas (la SENAD, Secretaría Nacional Antidrogas; la Secretaría Nacional de Inteligencia; el Ministerio Público) y mexicanas (el Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras).
Las órdenes de aprehensión en su contra fueron emitidas en febrero de 2025, por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Estuvo prófugo varios meses; según las autoridades mexicanas, abandonó el país a inicios de año, pasó por Panamá, Brasil, y finalmente se ocultó en Paraguay. También existía una ficha roja de Interpol desde julio de 2025.
“El Abuelo” está bajo acusación de liderar “La Barredora”, un grupo criminal que opera principalmente en Tabasco y que se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las actividades que se le imputan incluyen robo de combustible (huachicol), extorsión, secuestro, tráfico de drogas y operaciones de control territorial; también se le señala por colaborar con redes de corrupción institucional que le permitían operar con impunidad.
La trama no solo apunta a redes criminales locales: exhibe la manera en que históricamente se configuraron las condiciones para que este tipo de esquemas prosperaran.
Críticos recuerdan que las reformas que entregaron a la Marina el control de aduanas, puertos, áreas de transporte marítimo y comercio internacional implicaron una concentración de poder sin contrapesos ni supervisión adecuada. Para ellos, esta estructura abrió espacios de connivencia entre actores militares, aduanales y políticos estatales, como muestran los vínculos del hijo del gobernador de Sonora con los hermanos Farías.
De acuerdo con analistas, la administración de Sheinbaum heredó buena parte de estas estructuras: el rol central de la Marina en puertos y aduanas, la coordinación de fuerzas federales y el peso de la SSPC en el diseño de la política de seguridad. En este ambiente, destapar la red de huachicol fiscal no solo representa una oportunidad para trazar una ruptura política con el pasado, sino también un riesgo: el de quedar atrapada en sus mismas inercias si no se llega hasta las últimas consecuencias.
Tamaulipas, la violencia como ecosistema
La elección de Tamaulipas como epicentro de la operación no fue casual. El sur del estado, con los puertos de Altamira y Tampico, ha funcionado como corredor logístico de alto tonelaje que conecta el Golfo con rutas internacionales.
La intrincada red logística del huachicol se entrelaza con un historial grave de violaciones a derechos humanos y prácticas de seguridad que han generado impunidad. Organismos internacionales y nacionales han documentado, desde 2018, patrones de desapariciones, detenciones y abusos en Tamaulipas en los que en varias ocasiones han sido señaladas fuerzas militares y navales; la ONU, Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han advertido sobre la magnitud del problema y de la insuficiente rendición de cuentas. Ese contexto, donde la militarización de funciones civiles creció y las denuncias contra personal castrense aumentaron, creó un entorno en el que las redes criminales pueden operar con menor riesgo de exposición.
Además, la combinación de la riqueza portuaria y debilidades institucionales se ha traducido en oportunidades económicas para el contrabando: inversiones públicas y privadas en dragado y ampliación en Altamira y Tampico han aumentado la capacidad de recepción de buques de mayor calado, pero también multiplican los puntos de vulnerabilidad si no existe control y supervisión efectivos. Expertos en seguridad y comercio exterior han advertido que, sin cadenas de custodia, equipos de inspección independientes y transparencia en operaciones aduaneras, la mayor capacidad logística se vuelve también una mayor palanca para el huachicol fiscal y otros circuitos ilícitos.
Por todo ello, la investigación sobre la operación detectada en la región no puede leerse únicamente como un episodio policial: expone la confluencia entre capacidades estratégicas (infraestructura portuaria), prácticas de seguridad militarizadas y frágiles mecanismos de fiscalización aduanera, y un historial de violencia y violaciones de derechos humanos que ha erosionado la confianza ciudadana y las posibilidades de control jurídico efectivo.
Accidentes, ataques directos y suicidios
Medios especializados y reportes de organizaciones como Código Magenta han levantado alertas sobre al menos siete muertes de personas vinculadas con esta red, debido a diversos accidentes (de mucha oportunidad) y hasta suicidios.
● 21 abril 2024, Manzanillo (Colima): una estilista murió en un ataque armado en el que también resultó herido un marino.
● 6 junio 2024, Manzanillo: Giovany Muñoz Román, segundo maestre del 18º Batallón de Infantería de Marina, fue ejecutado frente a su domicilio.
● 21 octubre 2024, Manzanillo: Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR, fue asesinada mientras conducía su vehículo, se cree que ella es “la mujer” señalada en las investigaciones que habría brindado información a las autoridades.
● 29 octubre 2024, Col. Miramar (Manzanillo): Josué de la Mora Cobián, elemento del 18º Batallón de Marina, murió en un ataque armado desde una camioneta.
● 8 noviembre 2024, Manzanillo: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue ejecutado al conducir. Había denunciado la red de los Farías Laguna en una carta enviada al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. Se menciona en las investigaciones que hubo “un denunciante”, se cree que fue él.
● 8 septiembre 2025, Altamira (Tamaulipas): el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe aduanal, falleció en circunstancias reportadas como suicidio.
● 9 septiembre 2025, Puerto Peñasco: el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ex adscrito a la aduana de Manzanillo, murió en lo que se informó como un accidente durante práctica de tiro.
Las muertes tienen en común que los afectados eran mandos o funcionarios con información sensible sobre la introducción ilegal de buques con combustible. A estas se suman a otros fallecimientos no esclarecidos de operadores relacionados con esquemas de huachicol fiscal durante el sexenio anterior; entre ellos Sergio Carmona, Carlos Narváez Romero, Gerardo Vázquez Barrera, Julio Almanza, Daniel Flores y Ángel Arnoldo Salinas Ramírez.
Daniel Flores era director de Grupo Industrial Proyecta, firma que recibió más de 27 mil millones de pesos en contratos de Pemex, la mayoría de ellos enfocados en la construcción de la Refinería de Dos Bocas. Este fue la principal fuente de financiamiento de la ambiciosa precampaña presidencial de Adán Augusto López. Se sabe que para entonces “La Barredora” extraía crudo del Puerto de Dos Bocas y se lo estaba vendiendo al Tren Maya.
Cuando el expresidente López Obrador decidió que la precampaña de Adán Augusto López tendría que concluir, citó a Daniel Flores en Palacio Nacional. Al salir de la reunión, el empresario tomó su aeronave privada rumbo a Veracruz, donde se encontraba Adán Augusto López. Aterrizó y sostuvo una breve conversación con el exsecretario de Gobernación, se dice que los vieron discutir, regresó a su avión, despegó y a escasos minutos de ello, cuando sobrevolaba el Golfo de México, la aeronave se desplomó en el mar.
El 13 de mayo de 2025, fue asesinado en Polanco, Ciudad de México, Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas. Recibió disparos cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela; en ese momento no contaba con escolta.
Narváez era originario de Tabasco y sobrino del exdirector de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Versiones periodísticas y en redes sociales lo señalaron como cercano a figuras de Morena y como operador de Duarte, además de relacionarlo indirectamente con Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021, llamado también como “El Rey del Huachicol” y acusado de financiar campañas políticas con recursos obtenidos de esa manera.
La Fiscalía capitalina abrió una investigación, aunque hasta ahora no ha ofrecido información detallada sobre móviles o responsables. La magnitud política y familiar de Narváez ha llevado a interpretar el crimen como una ejecución vinculada a redes criminales y a pugnas dentro del aparato aduanero.
La respuesta oficial
El gobierno federal puso en marcha una batería de acciones que incluyen operativos coordinados en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, con participación de la Marina, la Sedena, la FGR, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. Denuncias formales de Pemex, que en sexenios anteriores guardó silencio, permitiendo que la red operara sin contrapeso. Aseguramiento de bienes: fincas, cuentas bancarias, armas, flotas de transporte y propiedades ligadas al huachicol fiscal.
Asimismo, echó a andar un modelo de trazabilidad reforzado para importaciones de combustible, con la participación de la Secretaría de Energía, Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y mesas de trabajo semanales para dar seguimiento a los casos y evitar que los procesos judiciales se diluyan.
El discurso oficial intentó equilibrar la narrativa: un escándalo de dimensiones históricas con un mensaje político de cero tolerancia hacia la corrupción en las fuerzas armadas, ejemplificado con los arrestos de altos mandos.
Escenarios futuros: la fractura de la confianza
La magnitud del reto es enorme: no bastan arrestos aislados, se requiere transparencia, protección real a testigos, reformas en aduanas y puertos, y mecanismos sólidos de rendición de cuentas. El caso del huachicol fiscal descubierto bajo la administración de Sheinbaum, con García Harfuch y la FGR al frente, revela una crisis institucional de gran escala: una red de corrupción que involucra mandos navales, empresarios y autoridades aduanales; denuncias internas desatendidas; muertes de quienes se atrevieron a denunciar; vínculos políticos y empresariales que sostuvieron el esquema; un buque, el Challenge Procyon, que destapó la operación; un prófugo de peso, Fernando Farías Laguna; y detenciones que apenas rozan la superficie. En conjunto, todo apunta a un fenómeno de macrocriminalidad que cruza fronteras entre lo civil y lo militar.
Si este caso se resuelve con justicia y sanciones proporcionales, podría marcar un punto de quiebre: demostraría que el Estado mexicano es capaz de romper redes históricas de corrupción en su propia estructura. Pero si no se llega al fondo, se convertirá en otro episodio más de promesas incumplidas, donde la impunidad se impone y las redes se reacomodan en la sombra, dejando detrás muertes sin justicia y una sociedad cada vez más escéptica frente a la palabra oficial.
La complicidad como herida
La magnitud del reto es enorme: no basta con arrestos, se requiere transparencia, sustento legal, protección real a testigos, reforma institucional de aduanas, puertos, fiscalización, rendición de cuentas.
El caso del huachicol fiscal que ha descubierto el gobierno de la 4T, bajo la administración de Sheinbaum, con García Harfuch y la FGR actuando al frente, tiene todos los ingredientes de una crisis institucional: red de corrupción que involucra altos mandos navales, empresarios, autoridades aduanales; denuncias internas ignoradas; muertes de denunciantes; vínculos políticos hasta en lo empresarial; un buque (Challenge Procyon) que destapó el esquema; un prófugo (Fernando Farías Laguna); detenciones de otros implicados, en una palabra: “macrocriminalidad”.
Si en realidad este caso se concluye con justicia, transparencia y castigos proporcionales, podría marcar un antes y después: haría evidente que el Estado mexicano, con la actual administración, puede romper redes profundas de corrupción militar-civil. Pero si no, será solamente otro episodio más en la larga lista de promesas incumplidas, de redes que vuelven a invisibilizarse, de muertes sin justicia.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 11 DE REVISTA GUINDA
