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Seguridad bajo lupa: México y EE.UU. redefinen estrategias frente al crimen organizado

Hak Guinda Por Hak Guinda
septiembre 20, 2026
in Impreso
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Seguridad bajo lupa: México y EE.UU. redefinen estrategias frente al crimen organizado

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan un grupo binacional contra cárteles, armas, trata y huachicol; cooperación con límites de soberanía, retos institucionales y futuro incierto.

La visita de Marco Rubio a México, en septiembre de 2025, no fue un simple gesto diplomático: fue una señal política y estratégica que obliga a reconfigurar la manera en que ambos países enfrentan el crimen organizado. Rubio, senador y miembro destacado del Comité de Relaciones Exteriores de EE.UU., llegó con la agenda clara: consolidar la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y combate a redes criminales que cruzan fronteras. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió con una estrategia de equilibrio: apertura a la cooperación, pero preservando la soberanía nacional como línea roja.
El resultado inmediato fue la creación del Grupo de Alto Nivel Binacional en Materia de Seguridad, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos para frenar el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el robo de combustible. Los comunicados conjuntos de la SRE y el Departamento de Estado enfatizan que la colaboración se realizará respetando la integridad territorial mexicana. Sin embargo, más allá del comunicado, surgen interrogantes sobre la eficacia real de esta iniciativa y las tensiones estructurales que enfrentará.

La dimensión criminal: redes diversificadas y transnacionales

El crimen organizado mexicano ya no puede ser comprendido únicamente como narcotráfico. La diversificación de ingresos ha generado estructuras complejas: el robo de hidrocarburos, el tráfico de personas y armas, así como el blanqueo de capitales, son actividades tan lucrativas y peligrosas como la producción de drogas sintéticas. Según reportes recientes de FinCEN y alertas del Departamento del Tesoro, las redes de “huachicol fiscal” se articulan con intermediarios financieros y empresas fachada, creando canales que cruzan estados, puertos y fronteras internacionales.
El fentanilo representa otro frente crítico: los insumos químicos provienen de Asia, ingresan por puertos mexicanos y luego son distribuidos hacia Estados Unidos. Las cifras del CDC señalan que el opioide sintético causa más de 70 mil muertes anuales en EE.UU., consolidando la gravedad del desafío binacional. Para Rubio, la presión es clara: Washington exige resultados tangibles en un contexto donde los cárteles se consideran actores transnacionales que operan casi como empresas globales, adaptando rutas, métodos y mercados.

Cooperación bilateral: alcances y límites

En los últimos ocho meses, ha habido una cooperación histórica entre México y EE. UU. con resultados concretos: disminución del 93 por ciento en encuentros en la frontera, un 50 por ciento menos de incautaciones de fentanilo y una reducción del 32 por ciento en crímenes en México.
La coordinación binacional se ha traducido en operaciones conjuntas de inteligencia, intercambios de información y capacitación continua.
Se han logrado incautaciones significativas y desmantelamiento de redes, incluso telarañas de contrabando fiscal de combustible, vinculadas a cárteles como el Jalisco Nueva Generación.
El grupo binacional busca establecer mecanismos de inteligencia compartida, coordinación de operaciones y seguimiento a compromisos estratégicos. Sin embargo, expertos consultados por este medio advierten que la cooperación efectiva no depende solo de la creación de mesas técnicas.
Exaltos mandos de la Sedena y la Guardia Nacional subrayan que la eficacia dependerá de la inteligencia local, la presencia sostenida en territorios críticos y la depuración de funcionarios corruptos.
Por su parte, analistas del Wilson Center señalan que sanciones financieras y alertas son herramientas útiles, pero insuficientes si no se acompañan de procesos judiciales robustos y transparencia institucional.
Finalmente, investigadores de CIDE e Insyde insisten en que la violencia no se reduce solo con operativos: requiere políticas sociales, anticorrupción y reformas estructurales en la justicia y la policía.

Entre 2018 y 2024, el robo de combustible generó pérdidas estimadas en 200 mil millones de pesos (Pemex), un indicador de la magnitud de la amenaza que enfrenta el Estado mexicano.

Evaluación crítica de los acuerdos

La iniciativa binacional tiene fortalezas evidentes, como la visibilidad política, pues proyecta la capacidad de México de dialogar con EE.UU. sin ceder soberanía. Asimismo destaca la coordinación técnica: permite el acceso a recursos, capacitación y datos de inteligencia. También pone el foco en el crimen transnacional, identificando prioridades concretas, como el fentanilo, el huachicol, la trata de personas y el tráfico de armas.

No obstante, también enfrenta riesgos estructurales, como la dependencia de la cooperación estadounidense; en este aspecto, un exceso de confianza puede limitar la autonomía operativa mexicana.
Asimismo, se pone en tela de juicio, ante los ojos del mundo, la capacidad institucional mexicana; la eficacia de esta dependerá de la depuración interna, así como del fortalecimiento de la inteligencia y los sistemas judiciales.
El éxito de la cooperación internacional se medirá en el mundo real, en la reducción de la violencia, decomisos y desarticulación de redes, no solo en comunicados o conferencias.

“México conducirá las operaciones en su territorio, siempre con respeto a nuestra jurisdicción. La cooperación es bienvenida, pero bajo nuestros términos.”
Claudia Sheinbaum Pardo

Escenarios futuros

El Grupo Binacional podría transformarse en una herramienta eficaz si logra sincronizar la inteligencia financiera con operativos locales; reducir las rutas de huachicol y el tráfico ilícito de armas, así como desmantelar las redes transnacionales de trata y blanqueo de capitales.
O bien, podría limitarse a ser un foro diplomático útil pero meramente simbólico, con resultados tácticos dispersos y sin impacto estructural.

El 70 % de las armas aseguradas en México proviene de EE.UU., y cada año cruzan aproximadamente 200 mil unidades de forma ilegal. Esto evidencia que los acuerdos deben enfocarse tanto en frontera como en fiscalización financiera y operativa.

La cooperación México–EE.UU. representa un paso hacia la articulación de estrategias frente a un crimen cada vez más sofisticado y transnacional. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad de México de mantener autonomía operativa, fortalecer instituciones y traducir inteligencia en justicia efectiva. Los próximos meses serán un termómetro de esta iniciativa: si logra resultados tangibles, marcará un precedente de cooperación equilibrada; si falla, evidenciará la fragilidad de acuerdos que dependen demasiado de la retórica y poco de la acción sostenida.

ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 11 DE REVISTA GUINDA 

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