Nuevamente dos mujeres, una panista, otra de Morena, están al frente de las Cámaras de Diputados y Senadores en México, ¿coincidencia histórica?
Cuando los rayos del amanecer del 2 de septiembre de 2025 comenzaron a colarse por los ventanales del Palacio Legislativo de San Lázaro, se vivió un momento simbólico de gran importancia: Kenia López Rabadán, diputada del PAN, tomó posesión como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en una sesión marcada por la tensión, las negociaciones detrás del telón y la expectativa de un giro en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Unas horas antes, en el Senado, Laura Itzel Castillo, senadora de Morena, había sido designada por unanimidad como presidenta de su Mesa Directiva, sucediendo a Gerardo Fernández Noroña en un mandato que arrancó el 1 de septiembre.
Por segunda vez en la historia reciente, los dos recintos del Congreso de la Unión están presididos por mujeres, una del PAN, otra de Morena, como en el 2019, y no solo eso, se trata de figuras que representan visiones distintas dentro del espectro político del país.
Pero más allá de la simbología, esas designaciones traen consigo retos institucionales —y riesgos— para el equilibrio de poderes en México. ¿Quién manda realmente en el Legislativo en esta nueva etapa? ¿Qué margen de autonomía tendrán esas presidencias? ¿Cómo responderán al Ejecutivo, cuyo poder sigue siendo fuerte?
Antecedentes: el pacto para el poder
Para entender la llegada de estas dos figuras hay que retroceder al arranque de la LXVI Legislatura, al reparto de espacios entre Morena, sus aliados y las bancadas opositoras, y a las negociaciones de poder que se libraron en lo oscuro.
La LXVI Legislatura, electa en 2024, dejó un escenario predecible: Morena, con sus aliados PVEM y PT, mantiene la mayoría legislativa. Pero, por convención política, al menos un año de la presidencia de la Cámara de Diputados debía recaer en la oposición como un gesto formal de pluralismo institucional. Así se diseñó el reparto de la Mesa Directiva. Sin embargo, Morena no se resignó sin batallar. Intentó aplazar la elección, entorpecer acuerdos y retener el control institucional. Finalmente, el 2 de septiembre, López Rabadán fue elegida con amplios apoyos.
En el Senado, el relevo no fue menos significativo. La presidencia de Gerardo Fernández Noroña concluyó entre escándalos: denuncias de corrupción, críticas por su estilo confrontativo y episodios de tensión pública con miembros del PRI y otros grupos. Laura Itzel Castillo fue propuesta por Morena y avalada por unanimidad como su relevo.
Castillo no es una figura desconocida. Con una trayectoria política arraigada en la izquierda mexicana, fue legisladora en ambas cámaras, militante del PRD y del PT, y sobresale por su perfil más calmado, institucional, moderado frente al estilo confrontativo de su antecesor.
La combinación de un PAN asumiendo la presidencia legislativa en Diputados y un Morena moderado al frente del Senado representa una curiosa tensión: la oposición encabeza formalmente un órgano del poder, mientras el partido gobernante mantiene el control político del Senado. Este arreglo abre una serie de interrogantes sobre el grado de independencia real que tendrán esas presidencias.
López Rabadán: “la palabra libre y plural como único protagonismo”
En su discurso tras rendir protesta como presidenta de la Cámara de Diputados, López Rabadán prometió respetar a las mayorías, pero también a las minorías. “El único protagonismo lo tendrá la palabra, la palabra libre y plural”, sostuvo.
Además, se comprometió a representar institucionalmente esa Cámara frente a los otros poderes. En el contexto de México, esa promesa implica gestos de autonomía frente al Ejecutivo y al Judicial, algo que no siempre ha sido la norma.
Desde su propia trayectoria, López Rabadán ha enfatizado la transparencia como un pilar de su gestión. Ha dicho que entiende al Congreso como un espacio que debe abrirse a la ciudadanía: con contraloría ciudadana, acceso a información presupuestaria y participación de audiencias y del escrutinio público.
En una entrevista con El País, la nueva presidenta señaló que había desaprendido su estilo confrontativo para volverse más conciliadora, con el fin de no bloquear su llegada al cargo. “Dejé de debatir, de entrar en la polarización”, reconoció. Aunque es consciente de las tensiones, apuesta por la neutralidad y por construir acuerdos institucionales.
Ese discurso choca, sin embargo, con el hecho de que López Rabadán proviene de un partido de oposición que ha criticado sistemáticamente el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Cómo se armoniza esa dualidad? Esa tensión será clave para medir cuánta autonomía podrá realmente ejercer en su mandato.
Castillo: “modernizar al Senado, sancionar artilugios legales, respeto radical a la ley”
Desde el Senado, la presidenta Laura Itzel Castillo ha lanzado otro tipo de promesas. En sus mensajes públicos, habla de eliminar “artilugios legales” que permiten eludir responsabilidades, de digitalizar expedientes para mejorar la transparencia, de un Senado de debate real, sin prejuicios, y de fortalecer la rendición de cuentas.
En su discurso inaugural, recuperó la idea del Senado como “la Casa del Federalismo”, plural y abierta, y enfatizó que el órgano debe asumir su responsabilidad no solo como cámara revisora, sino como guardián de la constitución.
Uno de los grandes retos que se ha planteado públicamente es agilizar los tiempos legislativos y reducir los rezagos de dictámenes, aprovechando herramientas tecnológicas para hacer más eficiente la revisión de iniciativas.
La profundidad de las promesas habla de un Senado que podría aspirar a más protagonismo frente a las mayorías oficiales del Legislativo. Pero la pregunta es cuánta capacidad de autogobierno tendrá frente a la presión del partido gobernante.
Reacciones legislativas
PAN ve contrapeso, Morena apuesta a conducción menos conflictiva.
Desde el PAN, la llegada de Kenia López Rabadán fue leída como un impulso estratégico. Jorge Romero, dirigente nacional, ha insistido en distintas entrevistas (El Universal, Proceso, 2024–2025) en que el papel de su partido es el de una oposición responsable: tender puentes de diálogo cuando sea necesario, pero también denunciar con firmeza cualquier abuso de poder. Aunque no hay registro de que lo haya expresado específicamente al referirse a este relevo legislativo, su línea discursiva coloca a la presidencia de López Rabadán dentro de esa narrativa de contrapeso activo.
En el caso de Morena, la designación de Laura Itzel Castillo ha sido retratada en medios como El País, Infobae y Expansión Política como una apuesta por una conducción menos conflictiva que la que ejerció Gerardo Fernández Noroña. Aunque no hay declaraciones textuales de senadores morenistas en ese sentido, el análisis periodístico coincide en que Castillo encarna un perfil más institucional y con mayor disposición al debate ordenado, lo que podría influir en el clima parlamentario del Senado.
Opinión ciudadana y medios especializados
En columnas de Nexos, analistas señalan que la elección de mujeres al frente de ambas cámaras no debe ser únicamente simbólica: se espera que esas presidencias aporten con una agenda de democratización legislativa real.
Uno de los editores de El País México comentó que López Rabadán ha tenido que moderar su estilo provocador para llegar al cargo, lo que plantea el dilema de si podría mantener su identidad política sin perder legitimidad.
El clima legislativo y agendas pendientes
López Rabadán y Castillo tienen retos urgentes, como el presupuesto 2026, la reforma judicial, la seguridad y el fortalecimiento de la transparencia y la autonomía legislativa.
Al asumir estos cargos, López Rabadán y Castillo heredaron un Congreso cargado de obligaciones urgentes. No basta con prometer pluralidad; tendrán que operar en una coyuntura difícil.
Una de las principales prioridades es el Paquete Económico 2026 y el presupuesto. Este es, tradicionalmente, uno de los momentos críticos del ejercicio legislativo. El gobierno, con mayoría, busca imponer su visión; la oposición busca defender sus prioridades. El desafío para López Rabadán es construir espacios de corrección, enmienda y supervisión, sin quedar rebasada por la mayoría oficial. Si su liderazgo se limita a validar lo que llegue, su presidencia perderá credibilidad.
Hasta finales de septiembre, el Congreso de la Unión tiene múltiples pendientes, que abarcan desde reformas judiciales hasta la regulación económica y social. Entre las más urgentes se encuentran al menos seis leyes secundarias derivadas del “Plan C”, las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente López Obrador. Estas incluyen normativas sobre empresas estratégicas, vivienda, bienestar, prisión preventiva oficiosa y protección de la salud, algunas de las cuales ya tienen vencidos los plazos legales para su aprobación.
El Poder Judicial también está en el centro de la agenda: cuatro leyes clave están pendientes de discusión, entre ellas el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo. Todas buscan agilizar los procesos legales y reducir los tiempos de resolución, un paso crucial para fortalecer la justicia en el país.
En materia de salud, la Ley relacionada con vapeadores será revisada en este periodo ordinario, mientras que iniciativas relevantes incluyen reformas electorales, ajustes a la legislación judicial y una reforma constitucional en materia de extorsión destinada a homologar los códigos penales en todo el país.
El grupo parlamentario de Morena prepara cerca de 30 leyes nuevas, que incluyen reformas vinculadas a transparencia, seguridad, presupuesto, movilidad, igualdad sustantiva y protección de datos. Además, el Senado deberá aprobar minutas pendientes sobre la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Competencia Económica.
En conjunto, estas iniciativas reflejan un enfoque legislativo orientado a armonizar leyes, reforzar instituciones y responder a los desafíos estructurales del país. El Congreso encara un periodo decisivo que definirá el rumbo de reformas judiciales, seguridad, protección social y regulación económica, con un impacto directo en la gobernabilidad y la vida cotidiana de los mexicanos.
Modernización institucional y transparencia
López Rabadán y Castillo buscan transparencia y autonomía; PAN equilibra diálogo y fiscalización.
López Rabadán y Castillo han puesto la transparencia como estandarte. Pero más allá del discurso, el reto es que los mecanismos internos (control interno, contralorías, rendición de cuentas, parlamentos abiertos) funcionen. Implica reformar reglamentos internos y criterios de operación de comisiones.
Un punto esencial será que cada Cámara fortalezca su autonomía presupuestal, su capacidad técnica y sus órganos de supervisión internos. Si esas estructuras siguen dependientes del Ejecutivo o de los partidos mayoritarios, la promesa de neutralidad se quedará únicamente en un buen eslogan.
Oposición institucional: entre vigilancia y diálogo
Para el PAN, la presidencia de la Cámara de Diputados no solo es un acto simbólico, sino una oportunidad para articular una oposición más institucional y propositiva.
Desde la dirigencia nacional (Jorge Romero), se ha planteado que el partido combinará una estrategia de diálogo con el gobierno cuando haya coincidencias, y una estrategia frontal cuando se detecten abuso o cercenamientos de libertades. Esa dualidad será puesta a prueba diariamente.
La presidencia de López Rabadán le da al PAN una plataforma para empujar reformas en presupuesto, rendición de cuentas, transparencia presupuestaria, mecanismos de participación ciudadana, y vigilancia rigurosa del Ejecutivo. Pero también dará al Ejecutivo un interlocutor legítimo frente al que podrán medirse los excesos.
No obstante, hay límites claros: sin mayoría, el PAN dependerá del alineamiento circunstancial de otras bancadas, especialmente del PRI, MC o incluso de disidencias dentro de Morena. La capacidad de negociación será tan importante como su capacidad de denuncia pública.
Desde la oposición más radical, algunos críticos dirán que el PAN está demasiado cerca del centro y que podría perder fuerza ante su electorado si no demuestra coherencia. Pero ese riesgo es el costo de una postura institucional en un sistema con mayoría oficial dominada.
La prueba de fuego de la transparencia en el Legislativo
López Rabadán y Castillo enfrentan presiones del Ejecutivo y mayorías para consolidar un Congreso autónomo.
Aunque López Rabadán y Castillo prometen neutralidad e institucionalidad, el Legislativo mexicano enfrenta desafíos históricos. Deben garantizar que los mecanismos internos funcionen de manera efectiva. Esto implica reformar reglamentos y criterios de operación de comisiones, fortaleciendo la autonomía presupuestal, técnica y de supervisión de cada Cámara. Sin estas estructuras sólidas, la promesa de transparencia podría quedarse en palabras.
El riesgo no es menor: las mayorías legislativas podrían limitar la presidencia de San Lázaro o del Senado mediante la asignación estratégica de comisiones, manejo de tiempos legislativos o coordinación de bloques internos. López Rabadán y Castillo deberán actuar con firmeza para que el poder real del Legislativo se mantenga sólido. La experiencia de otros congresos latinoamericanos muestra que incluso con marcos legales claros, la fuerza de las mayorías puede erosionar la autonomía si no se establecen contrapesos eficaces.
Riesgo, esperanza y responsabilidad
La ascensión de López Rabadán y Castillo a las presidencias de ambas cámaras no garantiza un cambio profundo en el equilibrio de poderes. Ambas cuentan con legitimidad electoral y discursos de resonancia pública, pero deberán superar estructuras partidistas complejas y rutinas legislativas que favorecen a las mayorías.
Para que su mandato tenga impacto real, deben construir mecanismos autónomos de supervisión interna, negociar con rigor con los partidos minoritarios, exigir transparencia y mantener firmeza en los momentos de tensión. Su liderazgo se pondrá a prueba con cada iniciativa que llegue al Legislativo, desde el Paquete Económico hasta reformas legales clave, pasando por medidas de seguridad, justicia y bienestar social.
El PAN, desde la oposición institucional, obtiene una credencial inédita de interlocución. Si López Rabadán aprovecha su posición para articular políticas con respaldo legislativo y crítica constructiva, fortalecerá tanto al partido como al Congreso. Si se limita a funciones decorativas, la oportunidad simbólica se perderá.
El saldo final dependerá de la capacidad de ambas presidencias para mantener autonomía, rigor y transparencia frente a las dinámicas de poder del Legislativo. Superadas estas pruebas, la presidencia del Congreso podría pasar de símbolo a contrapeso real en México, consolidando un modelo de gobernanza más equilibrado y eficiente.
Sheinbaum y su año legislativo
20 iniciativas para consolidar la transformación de México
Las propuestas legislativas de Claudia Sheinbaum combinan sus prioridades con el legado de López Obrador, en un Congreso dominado por Morena y con una oposición fragmentada
En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum prepara el terreno para un año legislativo intenso, clave incluso para los próximos años. Este nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inició el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de diciembre, promete ser intenso. En la agenda se programaron 20 iniciativas de ley. Propuestas que combinan las prioridades de la presidenta Sheinbaum con el legado del llamado “Plan C” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, estas representan la gran apuesta de Morena por consolidar la transformación de México.
En un contexto de hegemonía del partido Morena y una oposición muy fragmentada, estas iniciativas podrían redefinir el rumbo del país en temas como justicia social, seguridad, energía y transparencia. Pero, ¿qué significan realmente estas reformas para México, y podrán superar las tensiones políticas y sociales que las rodean?
Un paquete legislativo ambicioso
El anuncio de las 20 iniciativas de ley, realizado por Sheinbaum el 26 de diciembre de 2024 durante su conferencia matutina, marcó su raya y planteó la agenda política de su administración. De estas, ocho iniciativas reflejan las prioridades de su gobierno, mientras que otras seis son leyes secundarias pendientes del “Plan C”, el proyecto legislativo impulsado por López Obrador para consolidar su visión de la Cuarta Transformación. Las seis iniciativas restantes abordan temas diversos, desde la regulación de aduanas hasta la protección de derechos indígenas. Este paquete, descrito por la presidenta como “una agenda legislativa muy importante”, busca no solo fortalecer las reformas constitucionales previas, sino también introducir cambios estructurales que respondan a las demandas ciudadanas.
“Estamos trabajando para que estas iniciativas sean un paso más hacia un México más justo y soberano”, afirmó Sheinbaum en su encuentro con los medios. Su discurso, mesurado, firme, serio, decididamente alejado del estilo desenfadado de Andrés Manuel, subrayaba la continuidad de su proyecto, el segundo piso de la transformación, ni más ni menos, pero también su intención de dejar su propia huella. El camino no sería todo lo sencillo que pudiera parecer desde fuera: si bien el Congreso está dominado por Morena y sus aliados, enfrenta presiones internas y externas que podrían complicar la aprobación de estas reformas.
Las prioridades de Sheinbaum: un sello personal
Sheinbaum impulsa reformas clave en jornada laboral, seguridad, aduanas e Infonavit.
De las 20 iniciativas, ocho llevan el sello distintivo de Claudia Sheinbaum. Estas propuestas, delineadas tras reuniones con líderes legislativos reflejan las prioridades de su administración: justicia social, seguridad, sostenibilidad y eficiencia gubernamental.
- Reducción de la jornada laboral: Una de las propuestas estrella es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una reforma que busca mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene una de las jornadas laborales más largas entre sus países miembros, con un promedio de 2 mil 124 horas al año por trabajador. La iniciativa incluye plazos para que las empresas se adapten, aunque enfrenta resistencia del sector empresarial, que advierte sobre posibles impactos económicos.
- Ley contra la extorsión: En respuesta a la creciente ola de violencia, Sheinbaum impulsa una ley general para combatir la extorsión, un delito que afecta a comerciantes y comunidades de muchos estados como Zacatecas, Guerrero y Michoacán, por mencionar algunos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron más de 8 mil denuncias por extorsión, un aumento del 10 por ciento respecto al año anterior. La ley propone una estrategia nacional unificada y sanciones más severas.
- Regulación de aduanas: Otra iniciativa clave busca combatir el contrabando y aumentar la recaudación fiscal en las aduanas. México pierde aproximadamente 1,5 por ciento de su PIB anual por actividades ilícitas en el comercio exterior, según estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La reforma incluye medidas para modernizar la infraestructura aduanera y fortalecer la vigilancia
- Ley del Infonavit: La revisión de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una prioridad para Sheinbaum. La propuesta busca facilitar el acceso a viviendas dignas, pero ha generado controversia. Trabajadores del Infonavit han criticado el plan, calificándolo de “regresivo” por su propuesta de convertir al instituto en una constructora, lo que podría implicar recortes laborales.
- Prohibición de vapeadores: En el ámbito de la salud pública, Sheinbaum impulsó una ley para sancionar la importación, producción y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, argumentando su impacto negativo en la salud, especialmente de los jóvenes. En 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó un aumento del 20 por ciento en el consumo de estos dispositivos entre adolescentes. “El motivo (para prohibirlos) en México tiene que ver con el daño a la salud que provocan y porque se volvieron muy populares entre los jóvenes. Entonces es para proteger la salud”, sostuvo la presidenta.
- Protección de mamíferos marinos: En materia ambiental, la reforma a la Ley General de Vida Silvestre, también llamada “Ley Mincho”, por el delfín que murió a causa de las lesiones recibidas en un accidente ocurrido en un show marino en Cancún, prohíbe el cautiverio de mamíferos marinos, como los delfines, para erradicar su uso en espectáculos. La transición será gradual, considerando los riesgos de liberar a estos animales sin preparación adecuada e incluso considerando que varios de estos no lograrían adaptarse jamás a la vida silvestre. Estos individuos se conocerían como “la última generación en cautiverio”.
- Combate al lavado de dinero: Una reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fortalecerá las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear y sancionar actividades ilícitas. En 2023, la UIF congeló más de 15 mil cuentas bancarias vinculadas a operaciones sospechosas, pero la falta de coordinación con otras instancias ha limitado su efectividad.
- Incorporación de figuras femeninas en símbolos nacionales: En un gesto simbólico, Sheinbaum propuso reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para incluir figuras femeninas relevantes en la historia de México, promoviendo la igualdad de género en la narrativa nacional.
Estas iniciativas reflejan el enfoque de Sheinbaum: una combinación de pragmatismo y compromiso social, con un énfasis en sectores estratégicos como la vivienda, la seguridad y la salud. Sin embargo, la resistencia de sectores empresariales y la oposición podría complicar su aprobación.
El legado del Plan C: las leyes secundarias pendientes
El “Plan C” deja leyes clave pendientes en justicia, energía, derechos y seguridad para 2025.
El “Plan C” de López Obrador, concebido como una serie de reformas constitucionales para consolidar la Cuarta Transformación, dejó un conjunto de leyes secundarias pendientes que ahora forman parte de la agenda legislativa de 2025. Están diseñadas para complementar reformas aprobadas entre 2020 y 2024 y abordan temas clave como la justicia, la energía y los derechos de comunidades vulnerables.
- Leyes secundarias de la reforma judicial: Buscan regular los procesos electorales, los requisitos para los candidatos y las funciones de los nuevos órganos judiciales. La reforma ha sido criticada por organismos como la Barra Mexicana de Abogados, que advierten sobre riesgos para la independencia judicial.
- Leyes secundarias de Pemex y CFE: Se centran en fortalecer el control estatal sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas leyes secundarias complementan la reforma energética de 2024, que priorizó la soberanía energética. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pemex acumula una deuda de más de 100 mil millones de dólares, siendo así la petrolera más endeudada del mundo, lo que plantea desafíos para su viabilidad financiera.
- Protección de pueblos indígenas y afromexicanos: Busca reglamentar los derechos de estas comunidades, establecidos en la reforma constitucional de 2023. La ley establecerá mecanismos para garantizar el acceso a la justicia, la educación y la salud con perspectiva cultural.
- Ley General de Bienestar Animal: Derivada de una reforma constitucional, busca establecer estándares nacionales para la protección de los animales, incluyendo sanciones por maltrato y regulaciones para el uso de animales en actividades recreativas.
- Código Nacional de Procedimientos Penales: La reforma pretende agilizar los juicios penales, fortaleciendo la eficacia de las instituciones judiciales. En 2024, el Poder Judicial reportó un rezago de más de 300 mil casos penales, lo que subraya la urgencia de esta medida.
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: Esta iniciativa busca actualizar los marcos legales para combatir redes criminales, incluyendo el tráfico de drogas y armas. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 70 por ciento de los homicidios dolosos en 2024 estuvieron vinculados al crimen organizado.
Estas leyes secundarias son esenciales para concretar las reformas estructurales de López Obrador, pero también representan un desafío para Sheinbaum, quien debe equilibrar la continuidad del proyecto de nación con su propia visión de gobierno.
Morena y la oposición
Morena domina el Congreso, mientras la oposición fragmentada lucha por ser un contrapeso efectivo.
El dominio de Morena en el Congreso es determinante. Con 364 escaños en la Cámara de Diputados y 85 en el Senado, la coalición oficial (Morena, PVEM y PT) cuenta con mayoría calificada, lo que le permite aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición. Sin embargo, la dinámica interna de Morena no está exenta de tensiones. La virtual anulación de Adán Augusto López como actor político, que fue clave en las reuniones preparatorias de la agenda legislativa, genera especulaciones sobre posibles fracturas dentro del partido. “Morena tiene que ser un partido amplio para garantizar la democracia sin perder la esencia”, afirmó Sheinbaum, en un intento de apaciguar las divisiones.
Sin embargo, ya han sido varias las ocasiones en que las bancadas morenistas han preferido dar trámite primero a las propuestas que vienen desde el “Plan C” a trabajar otras que vienen directamente de la presidenta Sheinbaum. Un ejemplo de esto es la “Ley Antinepotismo” que prohíbe expresamente que un familiar pueda suceder a un funcionario público en un puesto de elección popular. Esta propuesta afecta directamente a dinastías políticas locales, siendo el ejemplo más notorio el de la familia Monreal, que da la casualidad de que el coordinador de los diputados de Morena es precisamente Ricardo.
La oposición, formada por el PAN, PRI y PRD (aunque este último ya sin registro), enfrenta un panorama negro. Figuras como la senadora Lilly Téllez han intentado posicionarse como contrapeso, pero la fragmentación en la que se encuentra limita, y mucho, su impacto. En 2024, la oposición logró retrasar algunos debates, pero no pudo evitar la aprobación de reformas clave como la judicial y la energética. “No hay tal cosa como la oposición”, señala Carlos Bravo Regidor, politólogo del CIDE, señalando la falta de coordinación entre el PRI y el PAN, principalmente por la situación del PRI: “Una cosa es tener en común que no nos guste algo; otra cosa, completamente distinta, es asumir que entonces nos gustará lo mismo. No es cierto aquello de que el enemigo de mi enemigo siempre es mi amigo. Coincidir en un antagonismo no significa compartir un proyecto”.
El mismo Bravo Regidor afirma que la oposición “tiene no uno sino dos grandes rivales. El primero es la coalición oficialista” y que el segundo “son sus defectos y debilidades: el rechazo contra los partidos y la clase política tradicionales, el descrédito de los llamados ‘gobiernos de la transición’, la ausencia de liderazgos novedosos y atractivos entre sus filas, (…), la minúscula estatura política de sus dirigentes, su desdibujamiento histórico y programático…”
Retos y controversias de la agenda legislativa
Las reformas clave avanzan entre protestas laborales, críticas empresariales y judiciales.
La agenda legislativa de 2025 no está exenta de controversias. La reforma al Infonavit, por ejemplo, generó protestas de los trabajadores del instituto, quienes temen recortes y una reestructuración que afecte sus derechos laborales; la reforma judicial sigue siendo un punto de fricción, con críticas de internacionales, que han advertido sobre posibles riesgos a la democracia, lo cual no impidió su total aprobación y que ya en estos momentos hablemos de un Nuevo Poder Judicial totalmente elegido por voto popular.
En el ámbito económico, las iniciativas sobre aduanas y la jornada laboral enfrentan oposición del sector empresarial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha señalado que la reducción de la jornada laboral podría incrementar los costos laborales en un 15 por ciento, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Incluso hay cierta reticencia en el interior de Morena por trabajar la propuesta.
Por otro lado, las reformas energéticas, centradas en Pemex y CFE, despertaron en su momento preocupaciones sobre la viabilidad financiera de estas empresas en un contexto de transición global hacia energías renovables. Al final se han aprobado, resultando en la presentación de un plan estratégico para los próximos 10 años, del cual se espera transforme el sector energético nacional y ha sido recibida en algunos con el beneplácito de inversionistas nacionales y extranjeros, aunque con comentarios y matices sobre cuestiones que pudieran surgir en el mediano plazo.
Año crucial
Las 20 iniciativas de la agenda legislativa, que combinan las prioridades de la presidenta con el legado de López Obrador, representan una apuesta por consolidar un modelo de gobernanza basado en la justicia social, la soberanía y la transparencia. Sin embargo, el éxito de estas reformas dependerá de la capacidad de Sheinbaum para mantener la cohesión al interior de Morena, superar las resistencias de la oposición y de su propio partido, amén de responder a las preocupaciones de la sociedad civil.
En un país donde la política es un reflejo de las pasiones y las contradicciones de su población, el periodo legislativo de 2025 será un termómetro del rumbo que México tomará en el porvenir. Claudia Sheinbaum, con su estilo metódico y decidido, enfrenta el desafío de transformar las promesas en realidades, mientras sigue el sendero que las reformas de López Obrador para seguir avanzando hacia el horizonte que marca el proyecto morenista de nación.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 11 DE REVISTA GUINDA
