A las diez de la noche del 18 de marzo de 1938, la voz del general Lázaro Cárdenas del Río salió por los radios de miles de hogares mexicanos para pronunciar una de las decisiones más audaces de la historia de América Latina: la expropiación de las diecisiete empresas petroleras extranjeras que durante décadas habían extraído la riqueza del subsuelo nacional sin reconocer siquiera los derechos laborales de quienes trabajaban para ellas.
Aquella noche, el Estado mexicano recuperó su petróleo. Ochenta y ocho años después, en la plataforma marina de Pueblo Viejo, Veracruz —una estructura de acero construida con ingeniería y manos mexicanas—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró ese legado y lanzó lo que su gobierno describe como la consolidación definitiva de Petróleos Mexicanos: una empresa pública reintegrada, con deuda a la baja por primera vez en más de una década, pero también con retos de magnitud estructural que ningún discurso puede ocultar
Pemex, levantado por y para mexicanos
La elección del lugar no fue casual. Celebrar el 88 aniversario sobre una plataforma marítima recién construida en las aguas del Golfo de México —frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas, dos estados con historia petrolera profunda— fue un mensaje político deliberado: la nueva Pemex se hace en México, con mexicanos, y se muestra desde el mar.
El protocolo del acto reflejó el arco de alianzas que sostiene el proyecto energético de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum encabezó el evento acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle —la misma que coordinó la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas—, y por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, presentaron los avances de la empresa. El momento de mayor carga simbólica lo protagonizó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del presidente de la expropiación, cuya presencia selló ante el país la continuidad del linaje cardenista con el proyecto de la Cuarta Transformación.
Fue en ese marco donde Rodríguez Padilla anunció la creación de una Comisión Consultiva del Petróleo, orientada al análisis estratégico de las tendencias nacionales e internacionales del sector de hidrocarburos, que será presidida por Cárdenas Solórzano.
De la gloria de 1938 al desmantelamiento neoliberal
Para comprender el peso político del acto en Pueblo Viejo, es indispensable recorrer el arco completo de la historia de Pemex: de su nacimiento como institución de orgullo nacional hasta su degradación sistemática durante el llamado período neoliberal.
Cuando Cárdenas anunció la expropiación aquella noche del 18 de marzo, México enfrentaba presiones diplomáticas de potencias europeas y de Estados Unidos, amenazas económicas de las compañías afectadas y una incertidumbre que parecía insuperable. Las empresas —diecisiete compañías extranjeras, en su mayoría británicas, holandesas y estadounidenses— se habían negado a acatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia que les ordenaba pagar mejores salarios y prestaciones a los trabajadores mexicanos.
El presidente convirtió un conflicto laboral en una cuestión de soberanía nacional, y el pueblo respondió con uno de los gestos de solidaridad más recordados de la historia: campesinos que llevaron gallinas y maíz, mujeres que ofrecieron sus joyas, niños que entregaron sus ahorros, todo para pagar la deuda de indemnización con las compañías expropiadas. Nació así Petróleos Mexicanos, que durante décadas financió carreteras, hospitales, escuelas, universidades y grandes proyectos de infraestructura que transformaron la vida del país.
El giro comenzó a gestarse precisamente en 1988 —año que la presidenta Sheinbaum evocó con particular carga política en su discurso de Pueblo Viejo, al recordar que el fraude electoral de ese año impidió que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia para defender el legado de su padre. A partir de entonces, Pemex fue sometida a un proceso gradual de debilitamiento: separación en subsidiarias, privatización de la petroquímica, abandono de las refinerías. En 2004, México llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios de petróleo, una riqueza extraordinaria, pero los excedentes del período Fox y Calderón —que la presidenta cifró en rangos de entre 10,000 y 16,500 millones de dólares anuales— no se tradujeron en bienestar para las mayorías.
El golpe de gracia fue la Reforma Energética de 2013: la medida abrió el sector a empresas privadas nacionales y extranjeras con el argumento de que la inversión privada elevaría la producción a 3 millones de barriles diarios para 2018. Nada de eso ocurrió. En cambio, entre 2013 y 2018, la inversión pública en exploración y producción cayó 55%, la perforación de pozos se redujo 87%, y la producción de diésel y gasolina se desplomó 61% y 51%, respectivamente. La deuda de Pemex creció más de 130% en solo diez años, convirtiendo a la empresa en la petrolera más endeudada del mundo. De más de noventa áreas petroleras entregadas a privados en las rondas energéticas, el sector privado aportó en los años siguientes apenas entre el 5 y el 6% de la producción nacional.
La apuesta de la 4T: reforma, reintegración y resultados medibles
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el Estado mexicano cambió de rumbo. Se redujo la carga fiscal de Pemex, se combatió la corrupción al interior de la empresa, se detuvo la tendencia creciente de endeudamiento, y se tomaron decisiones estratégicas para reconstruir la capacidad industrial: la refinería Olmeca en Dos Bocas —con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios— y la adquisición del 100% de la refinería Deer Park en Houston, Texas, antes compartida con Shell, por 596 millones de dólares más el pago de inventarios.
Pero la reforma más profunda llegaría con Claudia Sheinbaum. En 2024, el gobierno impulsó una reforma constitucional que restituyó a Pemex y a la CFE su carácter de empresas públicas, estableciendo expresamente que sus actividades estratégicas no pueden considerarse monopolios —lo que técnicamente se logró al regresar al texto original del artículo 28 constitucional. Las leyes secundarias derivadas de esa reforma, publicadas hace exactamente un año, permitieron eliminar las subsidiarias en que había sido fragmentada la empresa y reintegrar a Pemex como una sola organización verticalmente integrada.
El director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, fue explícito en Pueblo Viejo: “Era impostergable acabar con el modelo corporativo privatizador y devolverle al pueblo de México su empresa petrolera”. La reintegración, señaló, ha permitido mejorar las condiciones operativas, reducir tiempos de respuesta, elevar rendimientos y reducir costos.
Las cifras de la consolidación: avances reales con retos inevitables
El acto del 18 de marzo no hubiera tenido el mismo peso político sin datos concretos. El gobierno de Sheinbaum los presentó con énfasis, y los números son, en efecto, significativos.
En materia financiera, la deuda total de Pemex se redujo en 2025 en alrededor de 20,000 millones de dólares respecto a 2018, situándose en 84,500 millones de dólares al cierre del año pasado, su nivel más bajo en once años. Sólo en 2025, la reducción anual de la deuda fue de aproximadamente 10,000 millones de dólares, y el costo financiero de la empresa fue 78,000 millones de pesos menor a lo programado. Por primera vez en doce años, las tres principales agencias calificadoras —Moody’s, Fitch y S&P— mejoraron simultáneamente la calificación crediticia de Pemex. Fitch la elevó de BB a BB+, y Moody’s la subió dos escalones, de B3 a B1.
En el frente operativo, la secretaria González Escobar anunció que la capacidad de refinación ha aumentado 100% respecto a 2018, con un procesamiento promedio en 2025 de 1.27 millones de barriles de crudo diarios. La producción de petrolíferos —gasolinas, diésel y otros derivados— alcanzó 908,000 barriles diarios en 2025, su nivel histórico más alto. La producción de fertilizantes creció 25% en ese mismo año, contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria del país. Y el acuerdo con el sector gasolinero para mantener el precio máximo de la gasolina magna en 24 pesos por litro —renovado el 11 de marzo de 2026 por otro semestre— protege el bolsillo de millones de familias en un contexto de alta presión inflacionaria global.
Sin embargo, los avances tienen contrapesos que el análisis periodístico no puede ignorar. La producción de crudo de Pemex cerró 2025 en 1.36 millones de barriles diarios, su nivel más bajo en 46 años, con una caída anual del 8% frente a 2024. La meta del Plan Estratégico 2025-2035 era alcanzar 1.8 millones de barriles diarios —objetivo que en este 2026 luce lejano, con una brecha de casi 160,000 barriles por encima del reporte más reciente. Asimismo, las mejoras en la calificación crediticia de la empresa no reflejan una mejora en su rentabilidad o eficiencia operativa intrínseca, sino el mayor respaldo del gobierno federal: una distinción que las propias calificadoras se encargaron de subrayar.
El talón de Aquiles: la dependencia del gas estadounidense
Si existe un dato que resume con claridad el límite estructural del proyecto de soberanía energética de la 4T, ese es el siguiente: México importa actualmente el 75% del gas natural que consume, prácticamente en su totalidad desde Estados Unidos.
Las dimensiones del problema son mayores de lo que sugiere ese porcentaje. En la última década, México duplicó sus importaciones de gas estadounidense; en noviembre de 2025, el flujo alcanzó 6,758 millones de pies cúbicos diarios, con un récord de 7,500 millones registrado en mayo de ese año. Este combustible no es solo un insumo industrial: mueve las plantas de generación eléctrica de la CFE y de los generadores privados, sostiene la industria manufacturera y abastece el consumo urbano.
La vulnerabilidad no es sólo técnica: es geopolítica. Especialistas como Carlos Pascual, director de Geopolítica de S&P Global, y Aleida Azamar Alonso, investigadora del sector, han advertido que Estados Unidos utiliza el gas natural como instrumento de presión económica y que el simple contexto de volatilidad política y comercial genera incertidumbre adicional en la agenda bilateral, sin necesidad de una amenaza explícita. El episodio de la tormenta invernal de Texas en 2021, que provocó un corte abrupto del suministro de gas a México con consecuencias para el sistema eléctrico nacional, quedó como la demostración más dramática de esa fragilidad.
El gobierno de Sheinbaum anunció a comienzos de 2026 la preparación de un plan integral para reducir esa dependencia, centrado en expandir fuentes renovables —solar, eólica, geotérmica e hidráulica— y en aumentar la producción nacional de gas natural.
El modelo: empresa pública fuerte, transición ordenada
La presidenta Sheinbaum delineó en Pueblo Viejo lo que puede considerarse una “doctrina energética” de su administración: fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas verticalmente integradas, avanzar en la autosuficiencia en gasolinas —que ya es parcialmente real—, aumentar la producción nacional de gas natural e incorporar de forma creciente las fuentes renovables, sin abandonar los hidrocarburos como palanca de financiamiento del desarrollo. No es, en sentido estricto, una política de transición energética acelerada al modo europeo; es una política de soberanía energética con componentes de transición progresiva.
El modelo tiene coherencia interna, pero enfrenta tensiones que serán difíciles de resolver simultáneamente. La primera es financiera: pese a la reducción de la deuda, Pemex tiene vencimientos significativos en 2026, 2027 y 2028, y las mejoras crediticias obtenidas hasta ahora dependen en gran medida de las inyecciones fiscales del gobierno federal, no de mejoras en la rentabilidad operativa propia de la empresa.
La segunda es productiva: la caída en la producción de crudo a mínimos de 46 años contradice la narrativa de consolidación y obliga a inversiones masivas en exploración y extracción que el actual presupuesto difícilmente puede sostener sin comprometer otros rubros del gasto social. La tercera es ambiental: un mundo que avanza hacia la descarbonización impone presiones sobre empresas que siguen siendo predominantemente hidrocarburíferas, en términos de acceso a financiamiento internacional y de exigencias ESG.
Rodríguez Padilla lo reconoció en su tono más solemne ante la presidenta y los trabajadores: “Hacerla valer en el mundo convulso, riesgoso, inestable, actual exige visión, compromiso y amor por la patria”. La frase captura bien el estado real de Pemex en 2026: una empresa con avances genuinos y verificables, pero navegando en aguas que no controla del todo.
El legado de 1938 y la pregunta del siglo XXI
La expropiación petrolera de 1938 fue, ante todo, un acto de fe del Estado mexicano en su propia capacidad: la fe de que los técnicos e ingenieros mexicanos podían operar la industria sin las compañías extranjeras. Esa apuesta fue ganada, con los bemoles y las corrupciones que la historia registra. La pregunta que el 88 aniversario plantea con renovada urgencia es si el Estado mexicano del siglo XXI puede repetir esa hazaña en condiciones radicalmente distintas: mercados globales interconectados, precios del petróleo volátiles, exigencias climáticas que no admiten dilación, y una dependencia del gas de un socio comercial que no siempre actúa como amigo.
El acto en Pueblo Viejo ofreció una respuesta política a esa pregunta: sí, con la empresa reintegrada, con ingenieros mexicanos construyendo plataformas propias, con la deuda en descenso y con Cuauhtémoc Cárdenas como figura tutelar del proyecto, el gobierno de Sheinbaum afirma que México puede. La respuesta definitiva no está en los discursos, sino en los pozos que se perforen, en los contratos de gas que se negocien, en las plantas de energía renovable que se construyan, y en la capacidad de Pemex para generar valor por sí misma, no sólo con el respaldo del erario.
El petróleo sigue siendo del pueblo de México. La pregunta relevante hoy no es quién lo posee, sino qué hace el Estado con él —y qué tan preparado está para el momento en que los hidrocarburos dejen de ser el centro de la geopolítica energética global. Esa es la verdadera conmemoración que exige el legado del general Cárdenas.
