El Poder Legislativo avaló la reforma aduanera, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con control digital, certificación de agentes y medidas para combatir contrabando y evasión fiscal.
El 21 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con trámite rápido por considerarla de urgente resolución, la reforma a la Ley Aduanera enviada previamente por el Senado, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Con 343 votos a favor y 13 en contra, los legisladores avalaron tanto la aprobación en lo general como en lo particular, destacando la modificación transitoria que difiere la entrada en vigor del decreto y otorga tiempo para preparar la reglamentación necesaria.
Aunque la discusión se centró únicamente en la fecha de aplicación de la ley, la oposición aprovechó para expresar su rechazo a la reforma en su conjunto, señalando que su implementación podría afectar directamente al comercio y las empresas. Diputados del PRI y PAN advirtieron que el marco normativo resultante impone sanciones severas sin diferenciar entre errores menores y fraudes fiscales, depositando en los agentes aduanales responsabilidades que corresponden al gobierno y centralizando el control, lo que podría impactar la competitividad del país.
Organismos como la Cámara Internacional de Comercio en México y la Coparmex alertaron que los cambios implicarán ajustes en sistemas, capacitación y homologación de catálogos, generando costos adicionales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, mientras que la Canacintra señaló posibles afectaciones a la cadena de suministro y riesgo de desabasto.
Entre las modificaciones, la reforma fortalece las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), busca profesionalizar a los agentes y agencias aduanales y establece sanciones más severas para los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir con los requisitos o el pago de contribuciones.
Esta aprobación sigue al aval del Senado, que modificó la minuta para modernizar el sistema aduanero, garantizar la eficiencia en el comercio exterior y asegurar la certidumbre y trazabilidad sin aumentar la carga fiscal para los ciudadanos. Entre los cambios, se prevé la creación del Consejo Aduanero, convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, eliminación de patentes vitalicias y certificaciones periódicas para agentes aduanales, así como el fortalecimiento de controles para combatir la evasión fiscal y el contrabando.
La reforma ha generado posiciones encontradas: legisladores de Morena y el PVEM defienden que moderniza y transparenta el sistema, protege la recaudación y fortalece la competitividad, mientras que la oposición advierte riesgos por sobrerregulación, discrecionalidad y efectos negativos en el comercio exterior, especialmente frente a los compromisos del T-MEC y la integración con socios comerciales como Estados Unidos y Canadá.
¿En qué consiste la reforma y por qué era considerada urgente?
La iniciativa, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, llega en un contexto álgido: las aduanas mexicanas llevan años en el ojo del huracán por denuncias de corrupción, contrabando de combustibles, el llamado “huachicol fiscal”, y evasión sistemática.
Según el dictamen y los comunicados oficiales, uno de los objetivos centrales de la reforma es modernizar y transparentar el sistema aduanero para que “todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, mejorando la competitividad del país y combatiendo la evasión y elusión fiscal, cerrando las puertas a la subvaluación y al contrabando”.
Asimismo, busca fortalecer las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la inspección, verificación y control de mercancías; elevar los estándares de los agentes y agencias aduanales, dotando de mayor responsabilidad y certificación al personal que maneja el flujo de importación/exportación y utilizar herramientas tecnológicas (videovigilancia, monitoreo y trazabilidad digital) como eje de fiscalización en las aduanas.
Entre las modificaciones se encuentran requisitos más estrictos para ostentar la patente de agente aduanal; entre estos, que el agente no sea servidor público ni esté inhabilitado, que no tenga vínculos de consanguinidad con el administrador aduanal de su adscripción, que presente cada año su evolución patrimonial y que no sea socio o accionista de personas para las cuales gestione operaciones de comercio exterior.
También se estableció la creación del Consejo Aduanero, un órgano deliberativo conformado por la SHCP, la ANAM, el SAT y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que tendrá a su cargo otorgar, prorrogar, suspender o cancelar patentes de agentes aduanales y agencias.
La reforma contempla igual nuevas sanciones e infracciones, como multas más elevadas y mecanismos más severos de inhabilitación o cancelación de patentes para quienes incumplan.
Todo esto implica mayor control tecnológico y digitalización de procesos: los recintos fiscalizados y estratégicos deberán contar con sistemas de control de inventario, videovigilancia, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de mercancías.
Por otra parte, aunque la ley fue aprobada este 21 de octubre, el texto acordado con el Senado difirió su vigencia al 1 de enero de 2026, salvo algunas fracciones que tendrán plazos adicionales de implementación. Este conjunto de medidas busca, en teoría, cerrar fisuras históricas del sistema aduanero mexicano y dar un nuevo impulso al comercio exterior bajo un esquema de mayor orden, control y eficacia.
¿Qué está a favor y qué en contra de la reforma?
Los defensores del paquete destacaron varios elementos positivos, como el refuerzo del control fiscal y la lucha al contrabando; la mejora institucional y profesionalización del sector, así como una mayor competitividad y certidumbre para el comercio exterior.
Para entender la magnitud de la reforma, conviene ponerla en perspectiva. En 2024, la recaudación aduanera mexicana fue de aproximadamente 1 billón 238 mil 361 millones de pesos, apenas 0.3 por ciento más que en 2023 y 6.6 por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia. En el primer semestre de 2025 la recaudación alcanzó 711 mil 807 millones de pesos, un crecimiento en términos reales del 23 por ciento.
El comercio exterior representa un porcentaje significativo del PIB mexicano y es palanca esencial de la competitividad global. La reforma se inserta en la lógica de un país que busca integrarse fuertemente a las cadenas regionales de valor.
Esto refuerza el argumento oficial de que el sistema tiene margen para modernizarse, cerrar fugas y aprovechar mejor el potencial que representa el comercio exterior para la hacienda pública.
Con mayores requisitos para los agentes aduanales, la creación de órganos especializados, el monitoreo digital y la trazabilidad de mercancías, el Estado pretende pasar de una lógica de “vigilancia reactiva” a una de “control proactivo”.
En palabras del diputado morenista, Fernando Jorge Castro Trenti, “va a haber más orden, se va a barrer la corrupción de arriba para abajo y van a ser corresponsables los que reciben una patente para que en nombre del Estado certifiquen lo que entra y lo que sale.” Tal profesionalización, de aplicarse bien, podría elevar la confianza de inversionistas y operadores logísticos en México.
Por otra parte, el uso de tecnología, digitalización, trazabilidad y estándares más altos puede traducirse en procesos aduanales más transparentes, menos riesgo regulatorio y una mejor imagen internacional del país. La narrativa oficial sostiene que se busca “tener aduanas a la altura de las mejores del mundo”.
Si bien la reforma está lejos de ser una garantía inmediata de eficiencia, el discurso apunta en esa dirección: menos desorden, menos fugas y mayor captura fiscal.
Riesgos, críticas y ejemplos
Sin embargo, el camino no está garantizado; varios actores del sector empresarial, organismos internacionales y partidos de oposición han señalado riesgos concretos, como la sobrerregulación y alerta sobre competitividad; la concentración del poder y limitación de consulta; efectos sobre importación/exportación y cadenas logísticas y un contexto de persistente corrupción y riesgos institucionales.
La ICC México (Cámara de Comercio Internacional, representación México) advirtió que la reforma podría frenar la competitividad y el nearshoring al introducir cargas excesivas, requisitos duplicados y sanciones desproporcionadas. Aunque reconocen que la propuesta contiene avances valiosos, su diseño actual plantea riesgos que podrían frenar el dinamismo del comercio exterior y desalentar inversiones clave.
Para empresas del sector automotriz, químico, farmacéutico o de alta tecnología, la lentitud, sobrecarga documental y el aumento de los costos pueden erosionar la competitividad frente a otros países.
Algunos críticos acusan que la reforma fue aprobada bajo trámite de urgente y obvia resolución, con debate reducido y sin un diálogo amplio con el sector privado. La diputada Teresa Gínez Serrano (PAN) expresó que la reforma representa un retroceso para el país que afectará a varios sectores empresariales.
Existe el temor de que el afán de control fiscal derive en una arquitectura normativa rígida, lejos de la facilitación comercial moderna.
Aunque las cifras de recaudación suben, también se reporta que el número de operaciones (“pedimentos”) ha empezado a caer: por ejemplo, en agosto de 2025, los pedimentos de importación bajaron 7.6 por ciento respecto al año anterior, y los de exportaciones, 4.6 por ciento. Esto puede reflejar dos aspectos: menor actividad o el inicio de una carga burocrática que frena el flujo de comercio.
Aunque la reforma aspira a cerrar fugas, la realidad previa es preocupante: el SAT tiene abiertos desde enero de 2025 más de 109 expedientes penales por fraudes fiscales, por un perjuicio de unos 22 mil 843 millones de pesos. Las instituciones van mejorando, pero el riesgo de que la reforma no logre detener la impunidad y la institucionalización del contrabando sigue siendo alto.
En consecuencia, se proyectan efectos al exterior, como un impacto inmediato en importadores/exportadores.
Con mayor control, vigilancia reforzada y requisitos más estrictos, los importadores podrían enfrentar tiempos más largos y costos adicionales, al menos durante el período de transición. Esto puede traducirse en aumento en la carga regulatoria a agentes aduanales, que tras la reforma serán más monitoreados y corresponsables de las mercancías; así como en mayor riesgo regulatorio para empresas que hacen importaciones/exportaciones frecuentes, lo que podría traducirse en primas de riesgo más altas y necesidad de mayor capital de trabajo o de cumplimiento más elevado.
En sectores vulnerables, como las pymes que operan comercio exterior, el impacto puede significar mayores barreras de entrada o menor participación en cadenas globales.
Finalmente, aunque México ha sido uno de los grandes beneficiarios de la relocalización de industrias, la llamada estrategia de nearshoring en América del Norte. Pero si las aduanas se vuelven más lentas, costosas o inciertas, se corre el riesgo de que los inversionistas reconsideren a otras naciones de la región con procesos más ágiles.
Recaudación y efecto fiscal
La reforma aduanera aumenta la recaudación, fortalece las finanzas públicas y mejora la credibilidad de México en tratados comerciales.
Una de las motivaciones claras de la reforma es el aumento en la recaudación, que alcanzó 953 mil millones de pesos entre enero y agosto de 2025, un incremento del 23.2 por ciento respecto al mismo periodo del 2024. Con esto, el Estado espera consolidar ingresos que permitan financiar el gasto público sin recurrir a nuevos impuestos. Este fortalecimiento del fisco, si se implementa correctamente, puede permitir mayor inversión pública y estabilidad macroeconómica.
Por otra parte, en un contexto global donde los tratados comerciales, las cadenas de suministro y las reglas de origen cuentan, una reforma aduanera que uniformiza estándares, endurece responsabilidades y digitaliza procesos puede ser vista como positiva para la credibilidad de México frente a bloques como los de América Norte o la Unión Europea. Pero, de nuevo, esto depende de la eficacia operativa: si las aduanas quedan más lentas o arbitrarias, la imagen de México como socio fiable podría verse afectada.
¿Cuándo entra en vigor y qué pasará entonces?
La reforma incluye un calendario diferido para su aplicación. Según el documento, entrará en vigor el 1 de enero del 2026, en lugar de hacerlo al día siguiente de su publicación. Algunas fracciones, por ejemplo, del artículo 86-A, fracción I, segundo párrafo, entrarán en vigor un mes después del inicio general de vigencia.
Esta obliga a quienes importen mercancías de forma definitiva y declaren un valor menor al estimado por la Secretaría, que dejen una garantía en una cuenta aduanera por la diferencia entre ambos montos. Esta cubrirá los posibles impuestos y cuotas compensatorias que pudieran generarse. El depósito se liberará seis meses después de la importación, salvo que la autoridad inicie una revisión; en ese caso, permanecerá retenido hasta que se emita una resolución final o se determine si hubo contribuciones pendientes.
Por su parte, el SAT, la ANAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrán un período de preparación para emitir reglamentos, lineamientos y formar al personal. Por ejemplo, la reforma prevé que, en los 120 días naturales posteriores a la publicación del decreto se reforme el reglamento de la Ley Aduanera, y dentro de los 90 días naturales la SHCP debe emitir nuevos lineamientos para agentes aduanales.
Desde el día de entrada en vigor, los importadores y exportadores podrían empezar a operar bajo el nuevo marco normativo, lo cual significa que cualquier mercadería, operación o agente aduanal que no cumpla con los requisitos de la nueva ley podría verse sujeto a sanciones, suspensión de patente o rechazo de operación.
¿Qué pasará cuando la reforma se implemente?
La reforma aduanera busca eficiencia y transparencia, pero su éxito dependerá de una transición ordenada y cooperación público-privada.
Se espera que, si la implementación es ordenada, los sistemas se pongan en funcionamiento sin interrupciones mayores, y los agentes aduanales se alineen; entonces, a partir del 2026 el sistema aduanal mexicano podría gozar de mayor transparencia, menor corrupción, menores fugas fiscales y procesos más confiables para el comercio exterior. Esto podría reforzar la posición de México como hub logístico en América Latina.
En cambio, si la transición es caótica, con lentitud, duplicidad de requisitos, falta de claridad operativa o resistencia del sector privado, se corre el riesgo de que el comercio exterior sufra cuellos de botella. Esto puede traducirse en importaciones más caras, exportaciones más lentas, menor inversión extranjera directa y una caída de competitividad frente a otros países que modernizan sus aduanas más rápido.
Probablemente México termine en un punto intermedio, en el que algunas aduanas operen eficazmente bajo la nueva ley, y otras (especialmente los recintos pequeños o fronterizos) arrastren rezagos. Parte del éxito real de la reforma dependerá del acompañamiento logístico, el presupuesto tecnológico y la coordinación público-privada.
La aprobación del 21 de octubre no fue solo un trámite, fue el punto de tensión en que convergieron varios frentes. Por un lado, está el escándalo del contrabando de combustibles, el denominado “huachicol fiscal”, que puso a las aduanas mexicanas bajo lupa internacional y socavó enormemente la confiabilidad en instituciones antaño “intachables”, como la Secretaría de Marina.
Por otro, el acelerón de la recaudación aduanera, que ha generado tanto optimismo como preguntas sobre sostenibilidad. En medio de esto operó el estrado legislativo, donde la mayoría de los diputados y senadores afines a la 4T empujaron la aprobación de la nueva ley con “dispensa de trámite”, lo cual generó críticas sobre el proceso.
La lucha contra la evasión, el contrabando y la corrupción en la aduana no solo se trata de ingresar mercancías, sino de garantizar que estas contribuyan al país, al erario y a la competitividad. En ese sentido, la reforma es un hito, pero el peligro es que se quede en el papel.
Para la administración de Claudia Sheinbaum, este paquete legislativo es parte esencial de su estrategia para cuidar el ingreso público y mejorar la eficiencia sin aumentar impuestos; pero esa apuesta solo dará frutos si las leyes se traducen en operaciones reales, sin sorpresa para los operadores del comercio exterior.
Comparativamente, muchos países han optado por modelos de “agentes confiables”, ventanillas únicas de comercio exterior, digitalización del despacho aduanero y enfoques de facilitación de comercio más que de represión. Sin embargo, México se adentra ahora en una reforma dual, con facilitación y control fiscal. El reto está en equilibrar ambos.
Para los mexicanos, la reforma es más que una ley, es una apuesta estructural, pero requiere vigilancia ciudadana, seguimiento de su implementación y voluntad política constante. El país observa ahora si las máquinas de las aduanas se modernizan o simplemente se llenan de nuevas regulaciones sin movimiento.
Rafael Marín Mollinedo y el cerco contra el huachicol fiscal
Bajo la dirección del tabasqueño, la ANAM ha recuperado 225 mil millones y desmantelado redes de contrabando en el combate al huachicol fiscal.
Bajo la dirección de Rafael Marín Mollinedo, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha logrado avances sin precedentes en la lucha contra el huachicol fiscal, una red de corrupción que durante años drenó miles de millones de pesos del erario mediante contrabando y evasión de impuestos en el sector energético.
Entre 2024 y 2025 se han abierto más de siete mil carpetas de investigación que involucran a empresarios, agentes aduanales, transportistas, militares y civiles. Estas acciones han permitido la recuperación de más de 225 mil millones de pesos, cifra superior a la registrada en administraciones anteriores. Marín califica el huachicol fiscal como “un cáncer en el sistema aduanal mexicano”, aludiendo a su carácter estructural y al grado de complicidad pública y privada que lo sostuvo durante décadas.
Los decomisos de buques, ferrotanques y carrotanques han sido parte esencial de la estrategia. Destacan operativos como el aseguramiento del buque Challenge Prosi en Tampico, que descargó ilegalmente millones de litros de combustible, y el decomiso de más de 15 millones de litros de diésel y gasolina en Coahuila, realizados con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.
Marín ha subrayado que el combate a este delito no se limita a los decomisos, sino también a depurar el sistema aduanal, donde se han detectado complicidades entre funcionarios, exagentes y militares en activo. Para él, no basta con cerrar válvulas, hay que romper los lazos entre la corrupción pública y la ganancia privada.
El esfuerzo se sostiene en una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agencias estadounidenses, que aportan inteligencia para rastrear redes y flujos financieros. Además, se impulsa una reforma a la Ley Aduanera para fortalecer el mando civil, digitalizar procesos y evitar la manipulación del valor de importaciones.
El impacto económico es tangible: la reducción del contrabando ha incrementado la recaudación y debilitado las redes que lucraban con la corrupción. Marín reconoce que el problema no está erradicado, pero asegura que su administración lo ha reducido a niveles históricos.
“El huachicol fiscal fue un monstruo alimentado por la complicidad y la indiferencia”, afirmó. “Hoy lo tenemos acorralado, pero aún respira. Nuestro deber es no volver a dejarlo crecer.”
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 12 DE REVISTA GUINDA
