La FGR presume avances contra el huachicol fiscal, pero enfrenta un reto mayor: demostrar que no es fachada política, sino una institución capaz de llevar los golpes mediáticos hasta la sentencia.
El pasado 7 de octubre, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se presentó en la conferencia Mañanera en Palacio Nacional, acompañado del gabinete de Seguridad. Desde el atril central, declaró que “no se ha vuelto a tener un solo caso de huachicol fiscal” y anunció que un grupo de trabajo interinstitucional labora “prácticamente a diario” desde la detección de la red en marzo pasado.
Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en Ensenada, Altamira y Coahuila, las rutas del contrabando de combustible han sido desarticuladas parcialmente, con millones de litros asegurados recientemente, empresarios denunciados y cargos presentados.
En redes sociales y en columnas políticas, el discurso oficial reaviva una pregunta antigua: ¿puede la FGR asumir un papel verdaderamente transformador en la lucha contra el crimen organizado, o está reflejando más una fachada que una potencia real? Después de años marcados por escándalos, rezagos y escepticismo institucional, el poder del Ministerio Público Federal, teóricamente autónomo, está en un momento de prueba.
Pero antes de juzgarla en carne viva, vale detenerse en su anatomía: su relación con las fuerzas armadas, su inserción en estructuras aduaneras, su vínculo con los poderes del Estado, y cómo todo ello ha convergido en casos paradigmáticos, como el huachicol fiscal. Ese fenómeno híbrido, mezcla de defraudación, contrabando, corrupción aduanera y crimen organizado es, quizás, la prueba de fuego para la Fiscalía.
Huachicol fiscal, evasión, aduanas y redes globales
Cuando la sociedad escucha huachicol, evoca imágenes de tomas clandestinas perforando ductos, huachicoleros cargando pipas bajo la noche y la tragedia de Tlahuelilpan, en 2019, cuando la explosión de un ducto cobró la vida de 73 personas, dejando a otros tantos heridos.
Pero los casos actuales son distintos: ya no es solo robo físico de combustibles, sino una red de importación/exportación, facturación simulada, uso de empresas fachada y rutas marítimas.
La FGR reporta que hay 555 empresas y 8 puertos implicados, conforme a su investigación inicial. Algunas compañías señaladas son Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Era Tech Combustibles, entre otras. En zonas como Tamaulipas, las importaciones ilegales se camuflaban como “aditivos” o combustibles mezclados, saltando los controles aduaneros aparentemente con complicidad interna.
Una de las piezas más álgidas son los hermanos Farías Laguna, oficiales navales cuya red operó con al menos 69 envíos y 564 millones de litros de combustible, con ganancias estimadas en 150 millones de dólares. El modus operandi era rutas marítimas entre Houston y puertos de Tamaulipas, uso de empresas de importación/exportación fraudulentas e infiltración en instancias aduanales.
Lo que hace al “fiscal” particularmente complejo es que su dimensión principal no es territorial sino estructural: la interacción entre aduanas, puertos, autoridades navales y redes privadas que mimetizan operaciones legales. En ese sistema híbrido, el crimen obtiene blindaje institucional o prebendas administrativas.
La puerta trasera del poder criminal
Durante mucho tiempo, las aduanas en México han sido focos vulnerables ante el crimen organizado. Según datos y denuncias periodísticas, funcionarios aduanales han sido señalados por recibir sobornos, alterar documentos, permitir evasiones fiscales, facilitar mercancía ilícita y colaborar con redes criminales. En el caso reciente del huachicol fiscal, la FGR misma sostiene que investigará agencias aduanales y funcionarios por su papel en un “megabuque” asegurado en Tamaulipas.
Ese reconocimiento no es menor, implica admitir que el sistema aduanero mexicano no es una muralla impenetrable, sino un terreno de disputa entre poderes, operadores legales y redes criminales. Que desde aduanas se pueda facilitar el contrabando masivo no solo es un acto de corrupción aislada, es una línea de falla institucional para el Estado mexicano.
Adicionalmente, en octubre de 2025, el Congreso de México aprobó, en medio del escándalo del huachicol fiscal, una nueva ley de aduanas promovida por el gobierno, con el propósito de reforzar controles, eliminar exenciones que protegían agentes aduanales y elevar sanciones. La reforma contempla la tecnificación, digitalización de trámites y la creación de un Consejo Aduanero. No obstante, la reforma ha generado críticas de que no ataca el problema de raíz, la infiltración sistémica, sino que busca aumentar la supervisión desde arriba.
Que una red así haya involucrado fuerzas navales no es una acusación leve: desde la FGR se ha señalado la complicidad de oficiales de la Secretaría de Marina (Semar). En los casos referidos, algunos de los implicados eran oficiales con mando en la institución naval, lo que lleva a preguntarse cuán profundo ha sido el vínculo.
El discurso oficial lo reconoce con cautela: en declaraciones recientes, el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, describió cómo se detectó una red con rutas marítimas y ferroviarias operada “sin violencia” mediante alteraciones fiscales, dijo, y destacó la participación de la Marina en los operativos. Pero la institución naval ha abierto investigaciones internas para deslindarse parcialmente.
El problema es que en casos judiciales la FGR ha enfrentado resistencias, por ejemplo, el caso del capitán Clímaco N, implicado, fue vinculado a proceso, pero su juicio oral está detenido por amparos. Un juez otorgó suspensión provisional a órdenes de aprehensión contra 14 implicados en la causa del huachicol, incluyendo personas con lazos políticos. Este tipo de bloqueos judiciales revelan una parte invisible de la lucha: el riesgo de que la judicialización sea neutralizada por jueces, recursos legales o presiones mediáticas.
La suma de estos elementos, empresas fachada, aduanas permeables, autoridades navales implicadas y jueces intervinientes, genera un espejo del crimen que la FGR debe enfrentar: no son solo un adversario externo, sino un sistema con grietas que atraviesa al Estado.
La FGR bajo Gertz Manero: ¿capacidad o máscara?
Gertz Manero asumió en 2019 con un encargo prolongado: nueve años de mandato, que lo llevarán más allá del sexenio presidencial. En estos años ha sido objeto de múltiples críticas: acusaciones de usar la FGR para venganzas políticas, como contra científicos de Conacyt; señalamientos de alineamiento con el poder ejecutivo; denuncias de escasa eficacia en casos de alto impacto y cuestionamientos sobre el rumbo estratégico de la procuración de justicia.
Un ejemplo paradigmático fue el “rancho Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco. El colectivo Guerreros Buscadores ingresó en marzo de 2025 y descubrió restos humanos, calcinaciones y cientos de artículos personales de personas desaparecidas. Sin embargo, la FGR descartó que se hubiera cremado a personas ahí, y su actuación fue criticada como formalista e insuficiente frente al clamor social.
El contraste entre esa actuación y los discursos del fiscal revela una tensión: ¿prioriza el discurso de control mediático o el litigio real? En opinión de Salvador Camarena (El Financiero), Gertz ha demostrado gran capacidad de adaptación política, pero poca voluntad de investigación autónoma. La editorial “Una Fiscalía sin norte” (Nexos) evalúa que la FGR bajo Gertz carece de estrategia clara: que el uso frecuente del “no ejercicio de acción penal”, el cierre de carpetas y el uso de mecanismos alternativos plantea dudas sobre su eficacia real.
Sin embargo, no todo es crítica sin matiz. En los casos del huachicol fiscal la FGR ha logrado algunos resultados que no pueden pasarse por alto, como la presentación pública de las denuncias, con nombres de empresas y funcionarios implicados, y operativos de gran escala: decomisos masivos en Tabasco (más de 3 millones de litros) y en Cunduacán (880 000 litros).
Por otra parte, la cooperación interinstitucional entre la Semar, Sedena, Aduanas y Seguridad muestra que la FGR no actúa aisladamente. El fiscal mismo afirma que, desde marzo, no se ha detectado un nuevo caso.
También se han registrado vinculaciones con grupos delictivos: por ejemplo, la FGR relacionó a un detenido, Jared Roberto “H”, con “Los Metros” (Cártel del Golfo) como presunto asesino de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado estatal de la propia Fiscalía.
Estos hechos son políticamente resonantes: ofrecen visibilidad, remarcan que la FGR retoma ciertas riendas del combate al crimen y buscan reinstaurar la narrativa de autoridad del Estado frente a redes estructurales.
Sin embargo, los puntos débiles son persistentes y estructurales. La judicialización sigue bloqueada: los amparos y suspensiones frenan procedimientos clave. El caso del capitán Clímaco “N” lo demuestra; aunque fue vinculado a proceso, el juicio se paralizó por resoluciones judiciales. A ello se suma la ausencia de nuevos casos en materia de “huachicol fiscal”. Según la propia FGR, el grupo de trabajo no ha presentado un expediente fresco desde marzo, lo que puede interpretarse tanto como un indicador de éxito como de estancamiento institucional.
También hay contradicciones sobre las cifras reales del desfalco. Mientras la Procuradora Fiscal habla de pérdidas por hasta 600 mil millones de pesos, la Presidencia lo niega públicamente. Esta disparidad abona a la percepción de subordinación política dentro de la Fiscalía: el fiscal ha sido señalado por actuar alineado con la narrativa del Ejecutivo. Algunos columnistas sostienen que minimiza investigaciones incómodas y que su lealtad política influye directamente en las causas que abre o detiene.
La capacidad operativa también luce limitada. La FGR carece de recursos suficientes, unidades especializadas robustas o personal confiable con habilidades reales de infiltración, inteligencia y litigación. Un análisis de la revista Nexos advierte que, ante el rezago estructural del sistema de justicia, la institución no ha logrado revertir su imagen clásica de aparato lento, burocrático y reactivo.
En conjunto, estos elementos configuran un dilema: la FGR puede lanzar golpes visibles, pero la sostenibilidad del combate al crimen estructural dependerá de que esos golpes se traduzcan en procesos judiciales exitosos, condenas firmes y reformas institucionales profundas.
Diagnóstico y propuestas
La FGR enfrenta un dilema estructural: seguir apostando a detenciones espectaculares o virar hacia la prevención y la inteligencia financiera.
Para evaluar si la FGR opera con fuerza real o solo se cubre con un barniz de eficacia, es necesario contrastarla con estrategias nacionales e internacionales contemporáneas que se han probado o planteado en escenarios similares. Uno de los grandes dilemas que enfrenta México es el de priorizar la incapacitación o la prevención. Un trabajo académico reciente sostiene que el Estado debería reducir su dependencia en la detención y desarticulación de células criminales y redirigir recursos hacia la reducción del reclutamiento. Según este enfoque, impedir que nuevos integrantes ingresen a organizaciones delictivas tiene mayor impacto en la disminución de la violencia que aumentar los arrestos. Sin embargo, esta lógica choca con la narrativa tradicional del Ministerio Público, cuyo mandato gira en torno a la persecución y judicialización de delitos. Si el contexto social —marcado por pobreza estructural, impunidad local y corrupción municipal— permanece intacto, las redes criminales continúan regenerándose. La pregunta para la FGR es si puede combinar operativos de alto impacto con políticas de prevención que exceden su ámbito inmediato, lo cual obligaría a una coordinación real con áreas de desarrollo social y gobiernos locales.
Otro eje de transformación apunta a la innovación institucional. El combate eficaz al crimen organizado en otros países se ha apoyado en la creación de fiscalías especializadas en lavado de dinero, corrupción, delitos fiscales o seguridad fronteriza. En el papel, México ya cuenta con divisiones similares, pero su capacidad operativa y autonomía siguen en duda. Diversos análisis jurídicos plantean que la FGR necesita verdadera independencia presupuestal, operativa y legal, con mecanismos de control externos que la protejan de presiones del Ejecutivo. Sin ese blindaje, cualquier ofensiva corre el riesgo de subordinarse a intereses políticos. Se ha planteado incluso la creación de figuras específicas como un fiscal de aduanas o de contrabando energético con facultades interinstitucionales. El nuevo proyecto de ley aduanera podría ir en esa dirección, pero todo dependerá de quién controle esas áreas y qué tanto margen tengan frente a poderes militares o navales.
El uso de inteligencia, datos y transparencia también es crucial. Enfrentar redes sofisticadas —que operan con empresas fachada, rutas múltiples y operadores financieros invisibles— exige fortalecer la inteligencia financiera, cruzar bases de datos fiscales y aduaneras, digitalizar procesos y proteger a denunciantes. La tecnificación aduanera propuesta en la reforma podría ser una oportunidad, siempre y cuando vaya acompañada de rendición de cuentas pública. Transparentar criterios de no ejercicio penal, avances en investigaciones y destino de recursos no solo informaría, sino también inhibiría la captura institucional.
Nada de lo anterior funcionará sin una coordinación vertical y horizontal entre niveles de gobierno. La criminalidad no se mueve únicamente en la esfera federal; depende de complicidades municipales y estatales. La FGR necesita actuar como palanca estratégica, no como un ente centralizador que actúa solo desde arriba. La voluntad política no basta: se requieren protocolos, incentivos y contrapesos que eviten reproducir la corrupción local bajo un nuevo formato federal.
Focos rojos de inseguridad y respuestas institucionales
Para dimensionar el papel de la FGR es necesario observar el entorno criminal donde actúa. México sigue entre los países con mayor número de homicidios en el mundo, con cifras particularmente altas en estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco o Tamaulipas. La Fiscalía no solo interviene en casos de huachicol, sino también en feminicidios, secuestros federales y delitos ambientales vinculados a redes delictivas. Sin embargo, muchas de estas indagatorias se topan con barreras de competencia estatal, lo que impide llevarlas a buen puerto.
Las desapariciones forzadas siguen siendo uno de los temas más dolorosos. El hallazgo del Rancho Izaguirre reavivó la indignación social. Colectivos de búsqueda acusan a la FGR de lentitud, falta de coordinación y desinterés en muchos casos. Las promesas de crear bases forenses unificadas o fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda aún no se traducen en resultados tangibles.
Mientras tanto, en zonas urbanas el robo, la extorsión y los secuestros cotidianos son la principal fuente de miedo para los ciudadanos. La FGR solo puede intervenir si hay un delito federal involucrado, pero la gran mayoría de estos casos recaen en autoridades locales. El discurso de “ganarle las calles” implica que la Fiscalía federal no puede limitarse a reaccionar, sino que debe contribuir a reconstruir capacidades institucionales a nivel municipal y estatal. El problema de fondo es que la mayoría de los delitos denunciados no llegan jamás a judicializarse, ya sea por falta de confianza o de medios para sostener un proceso.
Expertos, opositores y sociedad: un aparato bajo escrutinio
El dispositivo institucional que representa la FGR está sometido a miradas encontradas. Desde el poder, el discurso oficial es de recuperación de iniciativa y coordinación sólida con Marina, Ejército y Guardia Nacional. Se presume que “ya no hay margen de impunidad” y que el huachicol fiscal ha sido contenido. Encuestas recientes indican que buena parte de la población respalda esas acciones, lo que otorga cierto margen político.
Sin embargo, desde la oposición y la sociedad civil, la crítica es directa: se acusa de que la Fiscalía está subordinada al Ejecutivo, que evita casos incómodos y actúa de forma selectiva. Organizaciones especializadas señalan retrocesos en la investigación de delitos y advierten que la autonomía es más retórica que real. Exfuncionarios han filtrado testimonios sobre colusiones históricas con gobiernos locales. Expertos en derecho penal apuntan que los éxitos mediáticos no deben ocultar la fragilidad estructural: fiscalías débiles, redes territoriales intactas y ausencia de políticas de prevención efectiva. Las voces ciudadanas, especialmente de colectivos de víctimas, denuncian lentitud, falta de sensibilidad y desconexión entre las investigaciones federales y la realidad en campo.
La conclusión compartida por actores muy distintos es contundente: si la FGR quiere dejar de ser un espejo adornado, debe construir credibilidad sostenible.
Los retos inmediatos
El 2025 representa para la FGR un punto de definición. Desmantelar redes poderosas como las de los Farías Laguna implica enfrentar estructuras transnacionales incrustadas en aduanas, empresas y logística marítima. De nada sirve asegurar millones de litros o propiedades si los procesos judiciales quedan congelados por amparos o falta de pruebas. Convertir decomisos en condenas será crucial para enviar un mensaje real de disuasión.
También deberá demostrar autonomía frente a intereses políticos y militares. Investigar sin filtrar y sin negociar es el estándar mínimo que se espera de una fiscalía verdaderamente independiente. En paralelo, necesita fortalecer sus capacidades internas: técnicos en finanzas, especialistas forenses, mecanismos de protección para denunciantes y procesos de depuración que eliminen infiltraciones criminales dentro del propio aparato.
Más allá de la fuerza operativa, deberá mantener una narrativa creíble frente a la ciudadanía. El respaldo público puede ser un escudo institucional, pero solo si se traduce en resultados verificables. Finalmente, no podrá limitarse a reaccionar; tendrá que integrarse a estrategias de prevención y políticas sociales de largo plazo. Si las causas estructurales del crimen permanecen intactas, las redes volverán a levantarse. En ese escenario, incluso los mayores operativos se volverían apenas reflejos fugaces en el espejo.
Las alternativas al futuro de la Fiscalía
La FGR está ante un punto de quiebre: puede convertirse en un órgano autónomo y eficaz que lleve los golpes mediáticos a sentencia, quedar como mera fachada política o instalarse en un limbo de éxitos parciales.
Frente al espejo del crimen, la FGR tiene tres sendas posibles, no mutuamente excluyentes: un fortalecimiento real; si la Fiscalía logra convertir investigaciones en condenas, despliega autonomía verdadera, gana credibilidad ciudadana y empuja reformas institucionales, como una fiscalía aduanera autónoma, entonces puede emerger como un actor central en la reconfiguración del Estado frente al crimen organizado. En ese escenario, el huachicol fiscal sería el punto de inflexión para una nueva era de procuración federal más eficaz y menos permeable.
También puede portar una máscara institucional, en caso de que las acciones se queden en golpes mediáticos, sin judicialización consistente, sin reformas internas profundas, y bajo dependencia política del Ejecutivo. Así, la FGR seguirá siendo un órgano simbólico de combate al crimen, una vetusta fachada que refleja la voluntad política más que la justicia efectiva. Una tercera posibilidad es que la FGR tenga éxitos parciales, decomisos, denuncias, algunos juicios, pero que conviva con áreas donde el crimen siga operando. En ese caso, su rol será mixto: actor de intervención, pero con zonas de impunidad aceptadas tácitamente.
Las implicaciones de estas sendas no son menores. Un fracaso mantenido reforzará la desacreditación institucional del Estado, aumentará el desencanto social, y podría agravar la violencia territorial. Un fortalecimiento, por el contrario, puede contribuir a reconstruir la confianza en la justicia federal y desarticular redes que erosionan el pacto republicano.
Para la presidencia de Sheinbaum, apostar por la FGR como motor de la estrategia de seguridad implica riesgos y responsabilidades: mantener su respaldo político, pero garantizar autonomía operacional. Si la fiscalía sigue siendo un apéndice, su narrativa perderá fuerza.
Bajo la conducción de Alejandro Gertz Manero, la FGR se encuentra ante uno de los momentos más delicados de su historia reciente: ser evaluada no por la validez de sus discursos sino por la solidez de sus procesos. El huachicol fiscal le ofrece una oportunidad inédita: enfrentar no solo el crimen visible, sino los entramados de la corrupción aduanera, la penetración institucional y las alianzas discretas entre el poder militar y económico.
Hasta ahora, la FGE ha dado señales de coordinación, operativos notables y exposiciones mediáticas, pero también enfrenta bloqueos judiciales, contradicciones numéricas y dudas sobre su autonomía real. Ni el discurso paranoico del “Estado capturado” ni la certeza triunfalista son útiles: el espejo que le devuelve el crimen es complejo, fragmentado y exigente.
En un México que demanda resultados, y que guarda memoria histórica de promesas no cumplidas, la FGR deberá demostrar que puede saltar del papel al tribunal, del anuncio a la sentencia, de la fachada al cambio institucional. Si lo logra, habremos visto el inicio de un Ministerio Público renovado. Si no, el reflejo seguirá siendo una máscara.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 12 DE REVISTA GUINDA
