El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó el 25 de septiembre de 2026 la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato. La decisión se tomó luego de detectarse presuntas anomalías en el manejo del aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que ahora deberá determinar si el producto asegurado tiene un origen ilícito.
Cómo comenzó el operativo
La indagatoria se originó el 3 de julio de 2026, cuando fue detenida una persona que descargaba diésel de una pipa con capacidad aproximada de 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz, sin que en ese momento pudiera acreditar la procedencia del combustible. A partir de ese hallazgo, las autoridades realizaron cateos adicionales en la misma estación de servicio, en un inmueble dedicado a la distribución de gas LP en Dolores Hidalgo —vinculado al mismo propietario— y, finalmente, en la terminal La Fragua, situada sobre la carretera federal 57 en San José Iturbide.
De acuerdo con las cifras difundidas por la FGR, el volumen total asegurado asciende a 59 millones 36 mil 870.527 litros, distribuidos en 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.27 millones de gasolina premium y 18.27 millones de diésel. Junto con el combustible se aseguraron diez tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y diversa documentación. La cantidad equivale a unos 371 mil barriles, o cerca de dos mil pipas de 30 mil litros cada una, por lo que en un primer momento se describió como el mayor decomiso de hidrocarburos del sexenio.
La terminal y la respuesta de la empresa operadora
La instalación es operada por Gas Natural del Noroeste (GNN), filial de Grupo SIMSA, empresa encabezada por los hermanos Nesim y Salomón Issa Tafich. Se trata de una terminal de almacenamiento de petrolíferos que cuenta con permiso federal PL/19344/ALM/2016, vigente por 30 años y con modificaciones posteriores, además de autorizaciones ambientales, ferroviarias y municipales. Su capacidad operativa ronda los 142 millones de litros, por lo que el volumen asegurado representa una fracción de su capacidad total y no la totalidad de las existencias.
La empresa ha señalado que no es propietaria del combustible almacenado, sino que presta un servicio de almacenamiento a clientes permisionarios, quienes son responsables de acreditar la propiedad, procedencia y calidad del producto. SIMSA afirmó haber entregado a la FGR los permisos y la documentación correspondientes, y recordó que la terminal ha sido utilizada históricamente por Petróleos Mexicanos, así como por otras empresas del sector energético. La planta continúa en operación mientras avanza la investigación. Por su parte, la FGR indicó que no todas las empresas relacionadas con el uso de la terminal entregaron documentación completa que acreditara el origen, manejo y destino lícitos del combustible, motivo por el cual la fiscal general Ernestina Godoy ordenó que FEMDO atrajera la carpeta de investigación.
Quién es Vera Ayala y las razones de su remoción
Vera Ayala es licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y cuenta con maestría en juicios orales. Desarrolló su carrera dentro de la extinta Procuraduría General de la República y posteriormente en la FGR, donde se desempeñó como agente del Ministerio Público y en unidades especializadas contra la delincuencia organizada en materia de salud, secuestro, robo de vehículos e hidrocarburos. También formó parte de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y de la Coordinación Nacional Antisecuestro. En 2026 estuvo al frente de la Dirección General de Análisis Criminal dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encabezada por Harfuch, y llegó a la delegación de Guanajuato en enero de 2026, en sustitución de Ignacio Alejandro Vila Chávez.
Según explicó Harfuch, el equipo de la fiscal general Ernestina Godoy detectó inconsistencias relevantes en el manejo del caso: el cateo principal se realizó alrededor del 4 de septiembre, pero el anuncio público se hizo hasta el 17 de septiembre —coincidiendo con una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato— sin que se hubiera completado la verificación de toda la información. Además, la actuación estuvo a cargo únicamente de la delegación local en coordinación con la policía estatal, sin la participación de las fiscalías centrales ni de FEMDO. La presidenta Sheinbaum subrayó que la investigación se originó en la representación estatal de la FGR y que corresponde a las instancias centrales aclarar si hubo alguna irregularidad.
Días antes de la confirmación oficial circularon versiones sobre una posible renuncia de Vera Ayala, mismas que la delegación estatal de la FGR desmintió en su momento. Finalmente, el 25 de septiembre, Harfuch confirmó que se trató de una destitución. Para relevarlo se perfila Norma Quevedo Vázquez, funcionaria con trayectoria dentro de la PGR y la FGR en los estados de Morelos y Campeche. Hasta el momento no se han anunciado responsabilidades penales en contra de Vera Ayala.
Lo que aún falta por esclarecer
Hasta el 26 de septiembre de 2026, no se han reportado personas detenidas derivadas del aseguramiento, aunque Harfuch había anticipado que podrían presentarse capturas en las siguientes semanas. El Gobierno federal tampoco ha confirmado si el combustible asegurado corresponde a huachicol proveniente del robo de ductos, a contrabando o a lo que se conoce como “huachicol fiscal”, es decir, evasión de impuestos en la importación o comercialización de hidrocarburos.
FEMDO continúa revisando la propiedad, la operación y la trazabilidad financiera y fiscal del combustible asegurado. La presidenta Sheinbaum reiteró que la Fiscalía General de la República dará a conocer los resultados una vez que concluya la revisión de los permisos correspondientes. Harfuch, además, descartó que el fiscal estatal de Guanajuato o el secretario de Seguridad Pública de la entidad estén siendo investigados por este caso.
El episodio pone en evidencia la distancia entre un cateo sustentado en indicios concretos —como la pipa detenida en julio y los inmuebles vinculados a ella— y la calificación inicial del hallazgo como un golpe histórico contra el huachicol, tratándose de un volumen almacenado en una terminal regulada, con permisos públicos vigentes y clientes de talla internacional. La destitución de Vera Ayala, hasta ahora, apunta más a fallas de procedimiento, verificación y comunicación institucional que a una conclusión definitiva sobre el origen ilícito del combustible.
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