Prioridades y tensiones
El Presupuesto 2026 impulsa programas sociales y trenes, pero recorta autónomos y enfrenta riesgos fiscales.
La madrugada del 6 de noviembre definió el rumbo financiero de la segunda mitad del sexenio. Con 355 votos a favor, la mayoría oficialista en San Lázaro aprobó un Presupuesto de Egresos histórico de 10.2 billones de pesos —un incremento real del 5.9% respecto a 2025— que consolida el “Sello Sheinbaum”: una apuesta masiva por la infraestructura ferroviaria y la expansión de la política social, financiada mediante una estricta reingeniería del gasto en órganos autónomos. Más que un documento contable, el PEF 2026 es una declaración de principios. El gobierno federal ha optado por blindar sus dos grandes banderas: el bienestar directo y la conectividad regional, lo que ha provocado críticas por presuntamente tensionar la cuerda fiscal y postergar la consolidación del déficit.
Desglose presupuestal: sectores ganadores y perdedores
La apuesta social y ferroviaria
Los grandes ganadores del presupuesto reflejan la continuidad con cambio de la Cuarta Transformación. Los programas sociales prioritarios emergen como los principales beneficiarios, aumentando de 835 mil millones en 2025 a 987 mil millones de pesos en 2026, con un crecimiento real del 14.1%. El incremento más destacado corresponde a la Pensión Mujeres del Bienestar, con un aumento del 267%, reflejando la expansión de la cobertura universal para mujeres de 60 a 64 años. La infraestructura estratégica recibe 960.1 mil millones de pesos, de los cuales 536.8 mil millones se concentran en 13 proyectos prioritarios. Los proyectos ferroviarios obtienen 168 mil millones de pesos, incluyendo los tramos AIFA-Pachuca y QuerétaroIrapuato, mientras que los “Nuevos Trenes” reciben 104.6 mil millones, un rubro inexistente en 2025. Las carreteras y caminos reciben 27 mil millones y las obras hidráulicas 20 mil millones. El sector vivienda obtiene 33 mil millones de pesos para el Programa de Vivienda Social, orientado a la construcción y mejoramiento de viviendas dignas en comunidades con mayores carencias. El campo y actividades agropecuarias cuentan con 91 mil 57 millones de pesos para fortalecer la soberanía alimentaria mediante apoyos directos a pequeños y medianos productores.
La Secretaría de Energía experimenta el incremento más dramático con un 93.3%, mientras que Defensa Nacional aumenta 7.9% y Gobernación 8.5%. Pemex recibirá un apoyo transitorio de 517 mil millones de pesos para administrar pasivos heredados, y la CFE concentrará 554 mil millones para incrementar su capacidad de generación. Se incorpora el nuevo Ramo 56 “Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar” con una asignación de 172 mil 492.4 millones de pesos, buscando disminuir la fragmentación del sistema de salud.
Austeridad en los contrapesos y retos en salud
Los órganos autónomos sufrieron los recortes más severos. El Poder Judicial fue el principal afectado con una reducción global de 15 mil 805 millones de pesos, distribuidos así: Consejo de la Judicatura Federal (-14,056 mdp), SCJN (-661 mdp) y TEPJF (-260 mdp). El Instituto Nacional Electoral (INE) perdió 1,000 millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) 933 millones y la CNDH 50 millones. Por otra parte, el gasto en salud alcanza 2.19 billones de pesos, equivalente al 2.6% del PIB, con un crecimiento real de apenas 2.9%, muy por debajo del estándar internacional de la OMS que recomienda invertir al menos el 6% del PIB. El CIEP advierte que este monto resulta insuficiente para cumplir con los compromisos del sistema de salud universal. Educación presenta resultados mixtos: aunque la asignación federal sube a 1.3 billones de pesos (3.3% del PIB), el nivel básico muestra incremento del 4.1% por alumno debido a la Beca Universal Rita Cetina, pero los niveles medio superior, superior y posgrado presentan recortes superiores al 5%. El Anexo 16 (medio ambiente y cambio climático) contempla 212 mil 569 millones de pesos, representando una disminución del 1.2% respecto a 2025. El gasto funcional en protección ambiental cayó de 17 mil millones en 2025 a 16 mil millones, una reducción del 7.3%. La CONANP recibe solo 1,002 millones de pesos, equivalente a 10.22 pesos por hectárea natural protegida.
Estructura del gasto: programable y no programable
Del gasto total, el 69.6% corresponde a gasto programable (7 billones 94,708.8 millones de pesos), orientado a la generación de bienes, servicios y obra públicos, con un incremento del 5% en términos reales. El 30.4% restante corresponde a gasto no programable (3 billones 98,974.9 millones de pesos), integrado por: costo financiero de la deuda (50.7%), participaciones a entidades federativas y municipios (47%) y ADEFAS (2.3%).
El PEF 2026 mantiene la continuidad del modelo social con programas equivalentes al 3% del PIB que beneficiarán a más del 80% de los hogares mexicanos. La infraestructura ferroviaria se consolida como prioridad estratégica, absorbiendo el 13.4% del presupuesto total, superando lo destinado a salud (2.6%) y educación (3.3%). En el proceso de aprobación, la Comisión de Presupuesto avaló el dictamen sin modificaciones respecto a la propuesta presidencial original. Sin embargo, en la discusión particular se realizaron 12 modificaciones con reasignaciones por 17 mil 788 millones de pesos, orientadas al fortalecimiento de sectores clave. Las reasignaciones se distribuyeron: Educación Pública (10,842.6 mdp, incluyendo 5,000 mdp para centros y organizaciones educativas, 2,000 mdp para UdeG, 1,500 mdp para IPN), Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (2,500 mdp), Cultura (1,985.5 mdp), Medio Ambiente y Recursos Naturales (1,500 mdp, incluyendo 1,000 mdp para CONAGUA y 500 mdp para CONANP), Agricultura y Desarrollo Rural (641 mdp) y Trabajo y Previsión Social (319 mdp).
Negociaciones y el papel de la oposición
La aprobación se realizó en una sesión maratónica que se extendió hasta las 5:30 de la mañana del 6 de noviembre, marcada por una discusión acalorada con pancartas, reclamos opositores y protestas dentro del recinto. La mayoría morenista en alianza con PT y PVEM garantizó la aprobación con 355 votos a favor frente a 132 en contra, convirtiendo el proceso en un “trámite” dada la amplia ventaja legislativa. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos (Morena), reconoció que el dictamen “no sufrió modificaciones con respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo”, pero anticipó ajustes en lo particular. Este hecho generó críticas de la oposición por la falta de deliberación sustantiva en comisiones. El debate parlamentario estuvo marcado por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que intensificó los cuestionamientos sobre la reducción de recursos a seguridad. La oposición (PAN, PRI, MC) denunció la concentración de recursos en proyectos de infraestructura mientras se recortan fondos a órganos autónomos y se mantienen niveles insuficientes en salud y educación. El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) defendió la fusión del Coneval con el INEGI, aunque reconoció preocupaciones sobre la transparencia en la medición de pobreza. El diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) expresó inquietud por el riesgo de que “se oculten resultados” y se comprometa el prestigio del Instituto.
Las entidades federativas y municipios recibirán 2 billones 810,800 millones de pesos en transferencias federales, representando un incremento real del 3.0% respecto a 2025 y el 27.8% del gasto total. El Ramo 28 (Participaciones) tendrá 1 billón 456,045.9 millones de pesos, con un aumento real del 5.0%, recursos de libre disposición para estados y municipios. Sin embargo, la distribución es altamente desigual: el promedio per cápita será de 19,044 pesos, pero más de la mitad de los estados (20 en total) recibirán menos que esa cantidad. Puebla es el mayor perdedor con apenas 15,845 pesos por habitante (3,000 pesos menos que el promedio nacional), seguido por Guanajuato con 16,318 pesos (2,700 pesos menos que el promedio). El gasto federalizado registra un incremento principalmente por el aumento en participaciones y aportaciones federales, que representan el 91.9% del total transferido a gobiernos locales, compensando las reducciones en el Ramo 23, convenios de descentralización y salud pública.
Semáforo económico: ¿sostenibilidad o riesgo?
El presupuesto prevé un déficit de 4.1% del PIB para 2026 (1 billón 393,770.6 millones de pesos), ligeramente inferior al 4.3% estimado para 2025. La deuda pública se proyecta en torno al 52.3% del PIB, cifras que la SHCP considera consistentes con la estrategia de consolidación fiscal gradual. El costo financiero de la deuda será de 3.8%, por debajo del promedio regional de 4.9%. Sin embargo, el CIEP advierte que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) proyectados para 2026 equivalentes a 4.1% del PIB son superiores al 3.2% previsto para lograr la consolidación fiscal, posponiendo este objetivo. El organismo subraya que la combinación de mayores ingresos por IEPS y un déficit elevado refleja un esfuerzo por estabilizar las finanzas públicas, aunque persisten riesgos en la sostenibilidad de mediano plazo.
Proyecciones macroeconómicas
La SHCP prevé un rango de crecimiento económico entre 1.8% y 2.8% para 2026, con una proyección central de 2.3%, mientras que analistas privados son más pesimistas: Citi proyecta 1.4%, Banamex 1.6% y el consenso de Banxico 1.34%. Las proyecciones oficiales incluyen: inflación 3%, tipo de cambio 18.90 pesos por dólar. Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, advierte: “La Secretaría de Hacienda suele ser más optimista que los analistas, pero no hay una política pública que sustente ese crecimiento: ni inversión ni presupuesto lo respaldan”
Ingresos y medidas fiscales
Hacienda busca más recaudación vía IEPS y aranceles, mientras expertos alertan rezagos en salud, educación y finanzas.
Se propone fortalecer la recaudación mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con una recaudación esperada de 75 mil millones de pesos por tabaco y bebidas, justificado por objetivos sanitarios ante enfermedades que cuestan 180 mil millones anuales. Se plantean incrementos arancelarios entre 10% y 50% para países sin tratados comerciales con México, aplicables a 1,400 fracciones arancelarias que abarcan industrias químicas, plásticos, vidrio, papel, textil, calzado, automotriz y otras.
Opinión de expertos y organismos financieros
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
El CIEP señala que el PEF 2026 “asciende a 10.2 billones de pesos y representa un incremento de 5.8% tras la contracción observada en 2025”. El organismo destaca que el gasto en salud resulta insuficiente para cumplir con estándares internacionales y que en educación los cambios son mixtos, con nivel básico beneficiado pero niveles medio superior, superior y posgrado con recortes. El CIEP advierte que el “reto principal será enfrentar la presión de un mayor costo financiero de la deuda y la necesidad de destinar más recursos a sectores estratégicos como salud y educación”. Además, cuestiona que en cuidados, el anexo transversal contempla 466 mil 675 millones de pesos (4.6% del gasto neto total), pero “no se destinaron recursos adicionales y la mayor parte del presupuesto ya estaba comprometido en ejercicios anteriores”.
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
El IMCO concluye que la apuesta del gobierno federal está en infraestructura ferroviaria, pago de deuda y programas sociales, mientras que salud y educación continúan rezagadas frente a estándares internacionales. El organismo destaca que el gasto público alcanzará 10.1 billones de pesos con un incremento real de 5.9% en comparación con 2025.
México Evalúa
La organización advierte sobre el “gasto federalizado 2026: un aumento que esconde retrocesos”, señalando la distribución desigual de recursos per cápita entre estados y la concentración de beneficios en entidades específicas.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el objetivo es “no aumentar el déficit, mantener una deuda razonable respecto al PIB” (alrededor del 50%, una de las más bajas de la OCDE), mantener la austeridad republicana y “reducir cualquier gasto que no esté relacionado directamente con los beneficios para la gente”. La SHCP enfatiza que el presupuesto está “orientado a garantizar programas de bienestar, salud, educación y vivienda social”, al tiempo que impulsa la actividad productiva mediante inversión pública en programas estratégicos bajo el Plan México. La subsecretaria de Egresos destacó que el PPEF 2026 “prioriza los programas sociales, la salud, seguridad y el bienestar social”, con particular énfasis en el sector ferroviario y vivienda.
Analistas privados
Los analistas consultados coinciden en que la propuesta de Hacienda llegó “sin grandes sorpresas, ni con respuestas a los problemas de fondo, como la sobreestimación del crecimiento y la ausencia de una reforma fiscal” que permita mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin seguir recortando el gasto. Según expertos, “O recortan gasto social, lo que no parece viable, o tendrán que abrir la discusión de una reforma fiscal para 2026 o 2027” para lograr la consolidación fiscal. El consenso señala que el déficit debe reducirse a 3.2% del PIB, algo que “luce complicado sin una reforma” estructural.
Red Nacional de Refugios (RNR)
Tras la aprobación, la RNR denunció que “sin garantizar recursos específicos y transparentes no habrá derechos para las mujeres”, luego que el programa de refugios fuera afectado.
El Presupuesto 2026 representa una consolidación del proyecto presidencial de la Cuarta Transformación, con tres ejes claramente definidos: Primero, la profundización del modelo de bienestar social con programas que representan cerca del 3% del PIB, beneficiando a más de 80% de los hogares, particularmente con la expansión de la Pensión Mujeres del Bienestar. Este componente refleja la continuidad política entre los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum.
Segundo, la apuesta por infraestructura ferroviaria como eje del desarrollo económico, con una concentración presupuestal que supera lo destinado a salud y educación combinados. Esta priorización busca detonar vocaciones regionales, generar empleos y ampliar la conectividad productiva bajo el Plan México. Tercero, el debilitamiento de órganos autónomos mediante recortes presupuestales severos, particularmente al Poder Judicial e INE, en línea con la reforma judicial y el proceso de consolidación del poder político del oficialismo. Sin embargo, el presupuesto también evidencia tensiones estructurales que podrían generar reacomodos: La insuficiencia de recursos en sectores críticos como salud (2.6% del PIB vs. 6% recomendado por OMS) y educación (con recortes en niveles medio superior y superior) plantea desafíos para el cumplimiento de compromisos de cobertura universal y calidad educativa. La postergación de la consolidación fiscal con un déficit del 4.1% del PIB (superior al 3.2% necesario) y las proyecciones optimistas de crecimiento económico generan riesgos de sostenibilidad de mediano plazo, obligando eventualmente a una reforma fiscal o recortes adicionales. La concentración de gasto en infraestructura ferroviaria (13.4% del presupuesto total) mientras se mantienen niveles insuficientes en servicios básicos revela una apuesta de alto riesgo político: si los proyectos no generan el impacto económico esperado, el gobierno enfrentará cuestionamientos sobre sus prioridades. El debilitamiento institucional de órganos autónomos mediante recortes presupuestales podría generar conflictos con organismos internacionales, inversionistas y sectores que valoran la autonomía institucional como garantía de estabilidad. El PEF 2026 consolida el modelo político de la Cuarta Transformación, una apuesta de alto calibre. Claudia Sheinbaum ha decidido invertir su capital político en sostener la red de protección social y detonar el desarrollo ferroviario. El éxito de esta estrategia dependerá de que las proyecciones de crecimiento se cumplan y de que la disciplina financiera no asfixie la operatividad de un Estado que, año con año, asume más responsabilidades.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 13 DE REVISTA GUINDA
