La glosa del Primer Informe mostró fortalezas oficiales y críticas opositoras por seguridad, baches y calidad de obras en CDMX.
La primera ronda de glosa del gobierno de Clara Brugada Molina dejó tras de sí una radiografía nítida del estado político de la capital. Lo que presenciamos entre el 12 de octubre y principios de noviembre no fue solo un trámite administrativo, sino el primer choque real de narrativas rumbo a la consolidación del sexenio. El proceso de glosa del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada Molina en la Ciudad de México representa un ejercicio constitucional de rendición de cuentas involucrando a los titulares de las secretarías del gabinete capitalino. Este mecanismo institucional permite al Congreso local evaluar el desempeño gubernamental en áreas críticas como finanzas públicas, seguridad, obras públicas y políticas sociales, mientras la oposición ejercita su función fiscalizadora. Mientras el gabinete capitalino desplegó un escudo de cifras macroeconómicas y una aprobación ciudadana superior al 70%, la oposición, fragmentada pero ruidosa, encontró en el deterioro urbano —específicamente en los baches y la percepción de inseguridad— su única trinchera efectiva.
Contexto institucional y actores
Las comparecencias se llevaron a cabo ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México y comisiones unidas, con la participación de las 10 fuerzas políticas representadas: MORENA, PVEM, PT, Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. El formato aprobado estableció 20 minutos de exposición inicial para cada funcionario compareciente, con igual tiempo para respuestas, y cinco minutos de intervención por cada grupo parlamentario. El presidente de la Mesa Directiva, diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM), definió estas sesiones como “la esencia de la democracia” y un espacio de diálogo que “refleja el compromiso compartido con el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad democrática y el bienestar de las y los capitalinos”. La jefa de Gobierno propuso establecer un ejercicio republicano de diálogo entre poderes de manera periódica para construir una agenda común, similar al funcionamiento del Cabildo con las alcaldías.
Finanzas públicas y balance fiscal
La glosa mostró fortaleza financiera, tensiones con alcaldías y críticas opositoras sobre movilidad y gobernabilidad.
Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, compareció el 30 de octubre ante el Congreso capitalino y defendió una fortaleza financiera caracterizada por un aumento del 26% en ingresos, un desendeudamiento del 1.8%, inversión pública por 44 mil millones de pesos y un crecimiento del PIB del 3%, acompañado de fuerte inversión extranjera, blindando la narrativa de la 4T frente a las críticas de austeridad. El informe trimestral enero-septiembre 2025 de la Secretaría de Administración y Finanzas reafirma el compromiso de impulsar “finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles”. Los balances generales trimestrales exponen la situación económica de la entidad a través del activo, pasivo y patrimonio neto, información útil para la toma de decisiones y el manejo eficaz de las finanzas.
Respecto a las repercusiones en las alcaldías, la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2025 establece mecanismos de transferencia directa de recursos financieros hacia las 16 demarcaciones territoriales. Sin embargo, durante las comparecencias no se profundizó públicamente sobre tensiones fiscales específicas entre el gobierno central y las alcaldías, aunque este tema permanece como área de interés para el análisis de la distribución presupuestal y su impacto en la gestión territorial.
Legitimidad ante la oposición política
Las fuerzas opositoras, particularmente PAN y PRI, ejercieron su función fiscalizadora con críticas directas al gobierno de Brugada Molina durante las comparecencias. El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) expresó preocupación por el comercio ambulante, la incertidumbre ante el delito de despojo y “la falta de inclusión, pluralidad y construcción de acuerdos con la oposición”. Criticó las marchas, bloqueos, caos en movilidad, inseguridad, baches, socavones y campamentos de migrantes, enfatizando que “la gobernabilidad no se impone, se construye con diálogo”, demandando que la Secretaría de Gobierno sea un puente efectivo entre ciudadanía y autoridad.
El legislador Omar Alejandro García Loria (PRI) cuestionó la estrategia de infraestructura vial ante el Mundial de Futbol 2026, señalando que “el 84 por ciento de los capitalinos considera los baches como el principal problema”. También demandó atender la falta de luminarias y el manejo de espacios públicos como las UTOPÍAS.
La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) solicitó información sobre los resultados, evaluación y eficacia del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la garantía del Consejo de Pueblos Originarios respecto a resoluciones vinculantes, y el acompañamiento a familias de víctimas del accidente en Puente de la Concordia. Desde el PRD, la diputada Nora Arias Contreras reconoció los esfuerzos en gobernabilidad y diálogo, pero señaló retos pendientes en inseguridad, instando a cerrar filas para reforzar estrategias contra el despojo, programas de desarme y combatir la impunidad en casos de feminicidio.
Por su parte, el oficialismo defendió la gestión: la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) resaltó que la jefa de Gobierno tiene una aprobación superior al 70% en “una ciudad de derechos, sin represión”. El diputado Alejandro Carbajal González (APPT) reconoció el trabajo del secretario de Gobierno César Cravioto Romero para garantizar que “la pluralidad sea el eje de la política interior y no se fragmente”.
Obra pública y calidad: entre avances y denuncias
La comparecencia del arquitecto Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), se efectuó el 5 de noviembre ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. El funcionario centró su mensaje en las UTOPÍAS (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Atención Social) como eje de la infraestructura social, planteando la construcción de más de 100 durante la gestión actual.
El presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, diputado Israel Moreno Rivera (PVEM), destacó los esfuerzos para transformar la capital en “una ciudad más justa, cuidadora y resiliente”, resaltando avances en movilidad, sustentabilidad y programas que garantizan espacios públicos seguros. La legisladora Diana Sánchez Barrios reconoció proyectos como el sistema público de cuidados, mejora de centros de abasto, regeneración urbana y construcción de UTOPÍAS como espacios integrales de recreación, cultura y deporte.
Sin embargo, persistieron cuestionamientos sobre la calidad de las obras. El diputado priista García Loria señaló que el 84% de los capitalinos considera los baches como el principal problema, evidenciando preocupación por las afectaciones viales y la preparación de infraestructura para el Mundial 2026. La presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, diputada Miriam Saldaña Cháirez (PT), advirtió sobre la necesidad de reflexionar respecto a los desafíos en “materias de planeación, mantenimiento y uso equitativo del espacio público, especialmente en zonas con carencias y rezagos”.
El gobierno capitalino ha implementado canales digitales para reportar baches y otros problemas urbanos a través de LOCATEL, donde los ciudadanos pueden hacer reportes en menos de tres minutos vía telefónica, chat, WhatsApp o la aplicación “Bachetel”. Este sistema forma parte de la estrategia de atención ciudadana ágil y transparente, aunque la efectividad en la resolución de reportes no fue cuantificada durante las comparecencias.
El dilema entre eficacia administrativa y posible clientelismo político se manifiesta en el modelo de las UTOPÍAS: mientras el oficialismo las presenta como espacios democratizadores de cultura y deporte, sectores de la oposición cuestionaron la aceptación u oposición de las comunidades a su construcción y su verdadera distribución equitativa entre alcaldías.
Seguridad y movilidad: datos vs. percepción
En materia de seguridad, el Primer Informe de Gobierno presentó cifras que contrastan con la percepción ciudadana expresada por la oposición. Según datos oficiales, los delitos de alto impacto se redujeron 60%; los homicidios dolosos, 50%; los feminicidios, 48%; se judicializaron 28 responsables y se desarticularon 14 grupos delictivos.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que en los primeros ocho meses de 2025 la incidencia delictiva descendió 4% respecto al mismo periodo de 2024, acumulando una reducción del 66% frente al punto más alto alcanzado en 2017. Agosto de 2025 registró 23,896 carpetas de investigación a nivel nacional, el segundo mes con menos registros desde 2015, representando una reducción del 50% frente al pico de mayo de 2018.
Sin embargo, la diputada Nora Arias Contreras (PRD) señaló que “existen retos pendientes” en inseguridad, demandando cerrar filas para reforzar estrategias contra el despojo, programas de desarme y combate a la impunidad en feminicidios. El diputado panista Diego Garrido López criticó el “caos en movilidad, inseguridad, baches y socavones” como elementos que afectan la gobernabilidad.
La brecha entre estadísticas oficiales y sensación de seguridad en barrios y colonias refleja un desafío de comunicación gubernamental: mientras los datos muestran tendencias positivas de mediano plazo, las experiencias cotidianas de violencia patrimonial, despojo y deterioro urbano alimentan la percepción de inseguridad que la oposición capitaliza políticamente.
Atención a pueblos originarios y participación ciudadana
Durante las comparecencias se abordó tangencialmente el tema de pueblos y barrios originarios. La diputada Tania Larios Pérez (PRI) cuestionó específicamente sobre “la garantía del Consejo de Pueblos Originarios en cuanto a resoluciones vinculantes”, señalando preocupación por la efectividad de los mecanismos de consulta y decisión.
El Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada inició con una ceremonia simbólica donde recibió el Bastón de Mando de manos de la Abuelita Amalia y la antropóloga Teresa Herrera, mujeres sabias originarias de Santa Cruz Acalpixca con arraigo en comunidades indígenas de Xochimilco. Este gesto fue presentado como “símbolo de autoridad legítima y respeto a los pueblos originarios”, comprometiéndose con “las raíces, la historia y la diversidad cultural de la Ciudad de México”.
Sin embargo, la escasa profundidad en las discusiones parlamentarias sobre programas específicos para pueblos originarios, presupuestos asignados, mecanismos de consulta previa, libre e informada, y resultados cuantificables sugiere que este tema quedó relegado frente a asuntos como seguridad, obra pública y finanzas.
La tensión entre el discurso oficial de inclusión y la demanda opositora de garantías vinculantes refleja el riesgo de que la atención a pueblos originarios permanezca como componente retórico más que como política pública sustantiva con resultados medibles.
Transparencia y rendición digital
La disponibilidad de evidencia, informes y datos abiertos durante las comparecencias mostró avances y áreas de oportunidad. El Congreso de la Ciudad de México transmitió las sesiones en vivo a través de Facebook y YouTube, permitiendo acceso ciudadano directo al ejercicio de rendición de cuentas. La Secretaría de Administración y Finanzas publicó el Informe de Avance Trimestral enero-septiembre 2025 y entregó formalmente el Primer Informe de Actividades al Congreso el 27 de octubre. Los balances generales trimestrales del ejercicio fiscal 2025 se encuentran disponibles en el portal de transparencia, exponiendo la situación económica de la entidad.
No obstante, la experiencia de gobierno abierto enfrenta limitaciones: el acceso a versiones estenográficas completas de las comparecencias, bases de datos desagregadas por alcaldía, indicadores de desempeño por secretaría y evaluaciones independientes de programas sociales no fueron mencionados explícitamente como recursos accesibles a la ciudadanía.
La diferencia entre transmisión en vivo y documentación analizable es sustancial: mientras la primera cumple requisitos formales de transparencia, la segunda permite escrutinio ciudadano, periodístico y académico riguroso.
El portal de la Secretaría de Finanzas ofrece trámites y servicios en línea, consulta de documentos, información sobre presupuesto 2025 y transparencia fiscal. Sin embargo, la integración de datos abiertos en formatos reutilizables (CSV, JSON, API) que permitan análisis independientes y periodismo de datos no fue destacada como fortaleza del gobierno capitalino en este primer año.
Balance mediático
Los medios locales y nacionales construyeron narrativas diferenciadas sobre el Primer Informe y las comparecencias. Parte de la prensa destacó los indicadores positivos: finanzas sólidas, reducción de delitos de alto impacto, inversión en infraestructura social y aprobación superior al 70% de la jefa de Gobierno. Buzos.com.mx anticipó que “PAN y PRI cuestionarán al funcionario sobre la operación política del gobierno y el manejo de las movilizaciones sociales”, evidenciando expectativas de confrontación.
El encuadre mediático refleja la polarización política: mientras medios cercanos al gobierno enfatizan logros cuantificables (inversión, crecimiento del PIB, reducción delictiva), la cobertura crítica visibiliza problemas cotidianos (baches, socavones, inseguridad percibida, caos vial) que resuenan con la experiencia ciudadana inmediata.
La credibilidad gubernamental depende de la capacidad de traducir estadísticas macroeconómicas en mejoras palpables en la vida diaria. El diputado panista Diego Garrido López capturó esta tensión al criticar simultáneamente marchas, bloqueos, inseguridad y deterioro urbano, sugiriendo que los indicadores agregados no capturan la complejidad de gobernar una metrópoli de 9 millones de habitantes.
Impacto político
El ejercicio de comparecencias consolidó la capacidad del gobierno de Clara Brugada para sostener su narrativa de transformación con justicia social, honestidad y bienestar compartido. La jefa de Gobierno declaró: “Escuché detenidamente el posicionamiento plural de todos ustedes. Somos un gobierno democrático que acepta críticas constructivas y legítimas, pero replicamos las que consideramos sin fundamentos”.
Esta postura combina apertura al diálogo con defensa política estratégica: reconoce pluralidad sin ceder terreno ante cuestionamientos opositores. La propuesta de establecer un ejercicio republicano de diálogo entre poderes de manera periódica busca institucionalizar la rendición de cuentas como práctica continua, no como evento anual.
El oficialismo mostró cohesión parlamentaria: MORENA, PVEM, PT y asociaciones parlamentarias afines defendieron consistentemente la gestión gubernamental, destacando avances en sistema de cuidados, movilidad, vivienda, seguridad y programas sociales. Esta coordinación legislativa-ejecutiva facilita la gobernabilidad pero limita el escrutinio crítico efectivo.
La oposición fragmentada (PAN, PRI, PRD, MC) planteó cuestionamientos legítimos pero sin articular una narrativa alternativa cohesionada ni propuestas programáticas específicas. Sus críticas, aunque pertinentes en temas puntuales (baches, seguridad percibida, transparencia en UTOPÍAS), no alcanzaron a construir un contra-relato que dispute efectivamente la hegemonía comunicacional del gobierno capitalino.
Recepción mediática: local vs. nacional
La cobertura de medios locales fue más extensa y detallada que la nacional, reflejando el carácter subnacional del ejercicio. El Congreso de la Ciudad de México publicó notas oficiales sobre las comparecencias en su portal institucional y redes sociales, garantizando difusión controlada del mensaje gubernamental. Medios especializados en política local como Buzos y el portal oficial del gobierno capitalino ofrecieron cobertura puntual de cada comparecencia, mientras que medios nacionales como El Financiero cubrieron principalmente la sesión solemne del Primer Informe ante el Congreso, sin seguimiento detallado de las comparecencias sectoriales.
No se identificaron posicionamientos públicos de economistas destacados, cámaras empresariales o centros de investigación sobre el balance fiscal presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas, lo que sugiere limitado impacto del ejercicio de rendición de cuentas fuera del ámbito político-gubernamental inmediato. Esta ausencia de análisis independiente contrasta con la cobertura que reciben informes de gobierno en otras entidades federativas y el ámbito federal, donde think tanks, universidades y organizaciones empresariales emiten evaluaciones sistemáticas.
Percepción ciudadana: confianza y prudencia
La percepción ciudadana sobre la rendición de cuentas muestra elementos contrastantes. Por un lado, la aprobación superior al 70% que el gobierno capitalino atribuye a Clara Brugada sugiere respaldo mayoritario a su gestión. Por otro, las quejas vecinales sobre baches, socavones, inseguridad y deterioro urbano expresadas por legisladores opositores reflejan insatisfacción en sectores significativos de la población.
La implementación de canales digitales para reportar problemas urbanos (LOCATEL, Bachetel, App CDMX) demuestra voluntad de atención ciudadana ágil, aunque la efectividad en la resolución de reportes no fue evaluada públicamente durante las comparecencias. Esta brecha entre disponibilidad de mecanismos de reporte y verificación de resultados limita la confianza en la eficacia administrativa.
El gobierno capitalino presenta su gestión como “cercana a la gente”, destacando que casi 2 millones de personas se benefician de programas sociales, incluyendo becas, apoyo a infantes, familias y adultos mayores, reconociendo por primera vez el derecho a un ingreso básico universal. Sin embargo, la oposición cuestiona si estos programas representan políticas de inclusión efectivas o mecanismos de clientelismo político disfrazados de derechos sociales.
La prudencia administrativa queda en entredicho cuando el 84% de capitalinos señala los baches como principal problema, mientras el gobierno destaca inversión récord en obra pública. Esta disonancia entre discurso oficial y experiencia cotidiana erosiona la confianza ciudadana en la rendición de cuentas como ejercicio sustantivo de transparencia y mejora de la gestión pública.
Una glosa con luz propia, pero sombras persistentes
La primera ronda de comparecencias del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada dejó claro que la Ciudad de México transita un momento bisagra entre la continuidad de un proyecto político y la exigencia pública de resultados visibles. Si bien el ejercicio cumplió con la formalidad constitucional de rendición de cuentas, también funcionó como un termómetro político: mostró a un gobierno confiado en sus cifras, a una oposición dispuesta a tensionar la narrativa dominante y a un Congreso que, a pesar de su pluralidad, opera bajo una correlación de fuerzas favorable al oficialismo.
El gabinete capitalino presentó un balance económico robusto: ingresos al alza, disciplina fiscal, inversión pública elevada y una economía local que se mantiene dinámica pese a un contexto nacional moderado. Estos datos apuntalan la narrativa de estabilidad y continuidad de la 4T en la capital.
Sin embargo, el contraste entre esos indicadores y la experiencia cotidiana de miles de capitalinos —baches, luminarias que no funcionan, transporte público saturado, inseguridad en zonas específicas y deterioro urbano acumulado— evidenció una fractura entre el discurso macro y la realidad micro. Ese desfase es el terreno donde la oposición ha encontrado mayor tracción.
Los partidos rivales, aunque sin una estrategia unificada, coincidieron en subrayar tres flancos débiles: la calidad de la obra pública, las tensiones con alcaldías opositoras —especialmente en materia de recursos y mantenimiento urbano— y la insuficiencia de mecanismos efectivos para pueblos originarios y participación ciudadana. Si bien el gobierno defendió avances y compromisos, la falta de respuestas públicas detalladas sobre estos rubros abre un espacio discursivo que la oposición seguirá explotando.
Otro punto crítico es la transparencia. Aunque hubo transmisión en vivo de las comparecencias y se publicaron informes trimestrales, la ausencia de datos desagregados, versiones estenográficas completas y evaluaciones independientes limita la posibilidad de una fiscalización profunda. La transparencia formal cumple, pero la transparencia sustantiva aún está lejos de consolidarse.
El desafío para Brugada no es menor: convertir indicadores positivos en mejoras tangibles y perceptibles; balancear control político con gobernabilidad incluyente; profundizar la participación y no solo simbolizarla; y avanzar hacia mecanismos de transparencia que permitan escrutinio real, no solamente ceremonial. Si logra cerrar esa brecha entre narrativa y cotidianidad, su administración podrá consolidar su legitimidad. Si no, el desgaste podría llegar antes de lo esperado, especialmente frente a un ciclo político que será determinante para su futuro y el de su proyecto.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 13 DE REVISTA GUINDA
