La reforma beneficiará al 48% de la fuerza laboral formal y se implementará de manera gradual y consensuada, como el aumento al salario mínimo y la eliminación del ‘outsourcing’, asegura el secretario del Trabajo, Marath Bolaños
La reducción de la jornada laboral en México ya es un hecho confirmado, pero no será inmediata; hay un margen de casi cinco años para su implementación gradual y paulatina. La meta, de acuerdo con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, es concretarla a más tardar en enero del 2030; para ello, el gobierno federal ha convocado a una serie de mesas de trabajo entre junio y julio de este año, donde participarán representantes de los trabajadores, empresarios, académicos y otros actores relevantes. El propósito es construir colectivamente un modelo justo y eficaz para la transición.
La iniciativa, presentada en el 2022 por la diputada morenista Susana Prieto Terrazas, propone reformar el artículo 123 constitucional para garantizar dos días de descanso por cada cinco trabajados, sin disminuir el salario. Apunta a mejorar la calidad de vida, la salud y la valoración del trabajo.
México es el país con más horas trabajadas entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con dos mil 226 al año. Esta carga tiene repercusiones en la salud física de los trabajadores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las largas jornadas son un importante factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares, desregulación metabólica y un sistema inmunológico deprimido. También propician el incremento de ansiedad y depresión.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, el 16.7 por ciento de la población adulta mexicana experimenta síntomas depresivos, por la falta de tiempo para el ocio y la vida personal y ambientes laborales negativos. Las consecuencias van más allá del individuo. La ‘pobreza de tiempo’ afecta el tejido social, pues limita los momentos disponibles para la familia y la comunidad, deteriora las relaciones personales y socava la participación en las actividades sociales.
Respuesta empresarial en México
Los empleadores han expresado su preocupación por los posibles impactos económicos. Antonio Fajer, CEO de Pentafon, y Rolando Silva Briceño, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, alertaron por el aumento de costos (entre el 20 y el 40 por ciento), posibles despidos y afectaciones en pequeñas empresas.
El resultado, aseguraron, sería particularmente desastroso para las pequeñas empresas, cuyo margen de utilidad no siempre es mayor a ese incremento. Esto se traduciría en un encarecimiento de los productos y servicios, pues los costos de producción tendrían que ser absorbidos por los consumidores.
El ex presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur México), Héctor Tejada Shaar, señaló, en su momento, que esta medida “castigaba” a los empleadores y promovía la informalidad, por lo que solicitaba un análisis riguroso y proponía en su lugar incentivos laborales.
Carlos Slim, fundador de Grupo Carso, cuestionó si trabajar menos realmente mejora la calidad de vida; a su parecer, las jornadas más largas pueden significar mayores ingresos.
José Abugaber, presidente de la Concamin, y Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidieron en que se podría afectar la productividad y competitividad, especialmente en el contexto del ‘nearshoring’, que también es una apuesta del gobierno, y la escasez de mano de obra.
En contraparte, los defensores ponderan que una jornada laboral más corta podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aumentando la motivación y reduciendo el ausentismo. Marath Bolaños, titular de la STPS señaló que la reforma beneficiará al 48 por ciento de la fuerza laboral formal y se implementará de manera gradual y consensuada, como el aumento al salario mínimo y la eliminación del ‘outsourcing’.
Especialistas como Alfredo Kupfer y Mayeli Cabral recomendaron un enfoque sectorizado y un acompañamiento gubernamental para mitigar impactos negativos, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
