por EDGAR FERNANDO CRUZ
Hoy el mundo ha cambiado, y en ese giro, México ha encontrado una brújula propia que la vieja guardia mediática se niega a reconocer.
Los soldados de la opinión
Oposición, medios y opinadores han construido de México un relato de caos cinematográfico. Desde hace siete años, el guion de los medios empresariales ha sido el mismo: según ellos, la catástrofe es inminente.
Hemos visto desfilar a analistas y opinadores que, con una seguridad pasmosa, auguraban un dólar a 30 pesos y una fuga masiva de capitales que dejaría al país en la ruina. Veían un desastre en cada decisión de política pública que priorizara el bienestar social sobre el privilegio corporativo. Auguraban que México sería como Venezuela y nada ha resultado cierto.
Hoy, la realidad les propina un golpe seco. El peso mexicano se mantiene firme, rondando los 18 pesos, y la inversión extranjera, lejos de huir, ha alcanzado niveles históricos gracias a la relocalización de empresas y la estabilidad macroeconómica. La profecía del desastre resultó ser, en realidad, un deseo mal disfrazado de análisis técnico, dejando a los analistas agoreros de la ruina en ridículo.
El comportamiento de ciertos medios no es azaroso; responde a intereses que poco tienen que ver con el derecho a la información. La batalla que libra actualmente TV Azteca es el ejemplo más puro de esta editorialización adversa. No se trata de una crítica periodística legítima, sino de una resistencia simbólica y material de las élites que se sienten desplazadas del centro del poder político.
Para estos grupos, la Cuarta Transformación no es un proceso democrático, sino un obstáculo para sus negocios. Por ello, utilizan sus pantallas no para informar sobre el contexto global, sino para intentar crear una percepción de inestabilidad que justifique su retórica de odio.
El mundo giró y la vieja prensa se quedó mareada, aferrada a un pasado donde sus palabras podían tumbar gobiernos o devaluar monedas.
Sin embargo, la crítica legítima a la editorialización adversa de los grandes consorcios no debe ser un chantaje para la inversión en pauta del Estado.
La respuesta ante la distorsión informativa tampoco puede ser el aislamiento o la réplica de los mismos vicios desde los medios públicos del SPR. Si bien el modelo de comunicación ha cambiado, la objetividad en los medios públicos debe seguir siendo la brújula que los distinga de los intereses privados.
El recurso utilizado es, ante todo, dinero del pueblo, y su fin último es garantizar el derecho a la información de todos, sin distinción de simpatías partidistas.
En este sentido, el gobierno no debe, ni puede, seleccionar medios de comunicación basándose en afinidades ideológicas para invertir en campañas informativas. La libertad de expresión se marchita cuando se condiciona la pauta publicitaria.
El viejo axioma echeverrista que derivó en el golpe a Excélsior en los años 70 no puede tener cabida en la Cuarta Transformación: el “me pegas, no te compro” o “eres adverso, no te invierto” debe quedar enterrado como un vestigio del autoritarismo del siglo pasado.
El fin de la dictadura del rating
Un dato duro pone en perspectiva esta transición: mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron cerca de 60,000 millones de pesos en publicidad oficial para aceitar la maquinaria de opinión, la administración actual ha reducido ese gasto en más de un 70%, reorientando esos recursos a programas sociales. Pero el reto no es solo gastar menos, sino gastar mejor.
La política de comunicación no puede guiarse exclusivamente por el rating. El Estado tiene la obligación de llegar al 100% de la población. Detrás de los medios pequeños, de las radios comunitarias y de los comunicadores independientes en las regiones más apartadas, hay un público que merece ser informado sobre sus derechos y las acciones de gobierno.
Ignorar a los medios pequeños solo por no tener los números de las grandes televisoras es una forma de exclusión informativa.
Estamos asistiendo a un necesario acomodo de fuerzas. La era del chantaje mutuo —donde el medio extorsionaba con el escándalo y el gobierno con el presupuesto— debe dar paso a una madurez democrática. Ni los medios deben ser oficinas de propaganda, ni el gobierno debe usar el erario para domesticar líneas editoriales.
La batalla simbólica que hoy vemos es el síntoma de una transición dolorosa pero necesaria. Al final, el objetivo es un ecosistema de medios abiertos, plurales y libres de campañas de lodo, frente a un gobierno que comunica a todo su público sin usar la chequera como bozal.
Solo así, el ciudadano ya no es un espectador pasivo; es un juez informado que sabe distinguir entre el periodismo de Estado y la defensa de los privilegios.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 14 DE REVISTA GUINDA
