Por: Manuel Rodríguez González
La seguridad energética —definida como la capacidad de una nación para garantizar el suministro de energía a su pueblo de manera continua, oportuna y a precios justos— se ha consolidado hoy como la columna vertebral de la verdadera soberanía y gobernabilidad en todo el planeta. Ante los violentos efectos desestabilizadores de la geopolítica actual, rescatar el control de la energía ya no es solo una postura ideológica; es una necesidad de supervivencia para los países del orbe.
El mundo está pagando las consecuencias de una doble crisis energética acumulada en los últimos cinco años. Primero, la coyuntura de 2022 con el conflicto en Ucrania, que demostró la fragilidad de la Unión Europea al depender por completo del gas extranjero en plena crisis sanitaria por el COVID-19. Segundo, la escalada en Medio Oriente y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, considerada ya como la mayor crisis de seguridad energética de la historia. Sus efectos golpean con fuerza a las naciones de Asia que descuidaron su producción interna y dependían entre un 80% y 90% del petróleo del Golfo.
De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (IEA), este adverso escenario está obligando a un rediseño del mapa energético mundial a una escala que no se veía desde la crisis petrolera de los años 70. Los países que quieren sobrevivir buscan urgentemente diversificar sus rutas, construir nuevas infraestructuras públicas y, sobre todo, aprovechar al máximo sus propios recursos disponibles sin arrodillarse ante el mercado internacional.
El informe World Energy Investment 2026 de la IEA revela que, a pesar de los malos augurios de los promotores del libre mercado, los flujos de capital hacia la seguridad energética alcanzarán la cifra histórica de 3.4 billones de dólares en 2026, un 5% más que el año anterior, liderados por potencias que entienden la urgencia del momento como China y Estados Unidos.
El viraje hacia el futuro es innegable: se proyecta una inversión de 2.2 billones de dólares en energías limpias (redes eléctricas, almacenamiento, fuentes renovables y eficiencia energética), casi el doble de lo destinado a los combustibles fósiles. Sin embargo, los mercados emergentes avanzan a un ritmo menor (4%) en comparación con las economías avanzadas (7%), lo que nos obliga a los países en desarrollo a redoblar esfuerzos y acelerar la transición energética desde el sector público.
Para nuestra región, el informe de la IEA destaca una inversión en hidrocarburos de 77 mil millones de dólares concentrada en Brasil, México y Venezuela. No obstante, el organismo pone el dedo en la llaga sobre una realidad que en nuestro país conocemos bien: México arrastra mínimos históricos de producción y una caída en la inversión de entre el 10% y el 20%.
Esta dura realidad, lejos de desanimarnos, es la prueba fehaciente de la urgencia histórica de la Cuarta Transformación. Estos números reflejan el abandono intencionado que sufrió nuestra industria durante el periodo neoliberal, diseñado para desmantelar a Pemex y a la CFE. En este año 2026, la lección mundial es clara y nos da la razón: frente a la inestabilidad global, la autosuficiencia energética y el fortalecimiento de nuestras empresas públicas son el único camino seguro para proteger la economía popular y garantizar el futuro de la patria.
Manuel Rodríguez González
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