Infraestructura crítica, resiliencia logística y estabilidad del Estado mexicano.
Bernardo Félix-Díaz
Las cadenas de suministro han dejado de ser un asunto exclusivamente empresarial para constituirse en un componente esencial de la seguridad nacional. A lo largo de las últimas décadas, el modelo económico global apostó por la eficiencia extrema: cadenas just-in-time, inventarios mínimos y concentración productiva en regiones especializadas. Esta arquitectura logística maximizó la competitividad, pero también generó una fragilidad estructural cuyas consecuencias quedaron expuestas ante el mundo durante la pandemia de COVID-19, cuando la interrupción simultánea de centros manufactureros, puertos y mercados de consumo derivó en escasez generalizada de medicamentos, equipos médicos y bienes básicos en prácticamente todas las economías del planeta.
A este episodio se sumaron otros eventos igualmente reveladores: el encallamiento del buque Ever Given en el Canal de Suez en marzo de 2021, que durante apenas seis días paralizó miles de operaciones comerciales con pérdidas multimillonarias, y la crisis global de semiconductores, que evidenció la peligrosa dependencia de sectores estratégicos —automotriz, electrónica, telecomunicaciones, defensa— respecto de un número reducido de fabricantes concentrados geográficamente en Asia. Seis días. Eso bastó para que el mundo entendiera lo que los manuales de logística no habían logrado explicar en décadas. Estos sucesos confirmaron una realidad que la teoría de la seguridad nacional había tardado en reconocer: la logística no es infraestructura de segundo orden; es infraestructura crítica.
La categoría de infraestructura crítica, históricamente reservada para instalaciones tangibles como plantas eléctricas, sistemas de agua potable o redes de telecomunicaciones, debe ser ampliada para incorporar las cadenas de suministro. La analogía es precisa: así como la interrupción del flujo eléctrico afecta hospitales, industrias y hogares, la ruptura de un corredor logístico estratégico puede detener líneas de producción, generar desabasto de insumos esenciales o provocar incrementos abruptos en los precios de alimentos y medicamentos. La diferencia radica en que estas redes han permanecido históricamente fuera de los esquemas de protección del Estado, pese a que su funcionamiento condiciona directamente la estabilidad social e institucional.
México no es un observador externo de estas tendencias; es uno de sus protagonistas directos. La integración económica con América del Norte, consolidada a través del T-MEC, y la ubicación geográfica privilegiada del país han posicionado a México como uno de los principales destinos de inversión derivados del fenómeno del nearshoring. La relocalización de cadenas productivas —particularmente hacia los estados del norte y el Bajío— representa una oportunidad histórica de primer orden para la captación de inversión extranjera y el fortalecimiento de la posición manufacturera nacional en el hemisferio occidental. No obstante, cuanto mayor es la relevancia estratégica de un nodo dentro de una red económica, mayores son también las consecuencias de su eventual disrupción.
A esta vulnerabilidad estructural se añaden amenazas específicas del entorno mexicano que no pueden ser soslayadas. El corredor Monterrey-Laredo —uno de los cruces comerciales más activos del continente— ha sido escenario recurrente de extorsión, robo de carga y bloqueos atribuibles a organizaciones criminales. Este no es un caso aislado: la interferencia de grupos delictivos en corredores de transporte, el robo sistémico de mercancía y el control territorial de rutas estratégicas trascienden la esfera de la seguridad pública para convertirse en factores que erosionan directamente la confiabilidad de las cadenas de suministro, incrementan costos operativos y generan incertidumbre para la inversión nacional y extranjera. Paralelamente, la creciente digitalización de los procesos logísticos —sistemas de gestión de almacenes, plataformas de rastreo satelital, software de administración de transporte— ha ampliado significativamente la superficie de exposición frente a ciberamenazas cuyo impacto potencial puede ser equiparable al de una interrupción física a gran escala.
La pregunta no es si México enfrenta vulnerabilidades logísticas. La evidencia presentada responde esa interrogante. La pregunta relevante es qué hace el Estado al respecto. Concebir la resiliencia logística como responsabilidad exclusiva del sector privado resulta, a estas alturas, una posición insostenible. La magnitud de los riesgos identificados exige una respuesta articulada desde el Estado, bajo la lógica de la seguridad nacional. México requiere avanzar hacia una estrategia nacional de resiliencia logística sustentada en pilares concretos: la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia Logística capaz de monitorear cadenas estratégicas, identificar vulnerabilidades críticas y generar alertas tempranas; la identificación formal de aquellas cadenas de suministro cuya continuidad debe ser protegida como infraestructura crítica; la diversificación de proveedores y la reducción de dependencias excesivas en sectores estratégicos; el fortalecimiento de la infraestructura física y digital; y la incorporación de escenarios de disrupción logística en los sistemas nacionales de gestión de riesgos.
La fortaleza de una nación en el siglo XXI ya no puede medirse únicamente por el tamaño de su economía, la dotación de sus recursos naturales o la capacidad de sus fuerzas armadas. En un entorno caracterizado por la interdependencia global, la verdadera ventaja estratégica reside en la capacidad de mantener operativas las redes que sostienen el flujo continuo de bienes y servicios esenciales. México se encuentra ante una convergencia inédita de oportunidades y desafíos: el auge del nearshoring puede consolidar al país como una de las principales plataformas manufactureras del hemisferio, pero ese potencial solo podrá materializarse sobre la base de cadenas de suministro seguras, resilientes y diversificadas. ¿Puede México aspirar a ser potencia manufacturera regional si sus corredores logísticos son vulnerables al crimen organizado, sus sistemas digitales carecen de protección adecuada y su Estado aún no reconoce formalmente la logística como infraestructura crítica? La respuesta a esa pregunta define, en buena medida, el rumbo de la seguridad nacional en las próximas décadas.
La historia económica enseña una lección que suele ignorarse en tiempos de bonanza: las sociedades no colapsan cuando dejan de producir. Colapsan cuando dejan de distribuir. Reconocer esta realidad y actuar en consecuencia es, hoy, una exigencia ineludible de la política de seguridad nacional.
