La FGR investiga mientras Washington presiona: soberanía y extradición chocan en el caso Rocha Moya.
Hay fechas que funcionan como bisagras. El miércoles 29 de abril de 2026, a miles de kilómetros de Culiacán, un fiscal federal llamado Jay Clayton se paró frente a las cámaras en Manhattan y pronunció una acusación que en México se escuchó como un terremoto: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más de su gobierno habían sido imputados por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York.
Era un expediente judicial, con cargos por conspiración para la importación de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y un mínimo obligatorio —en caso de condena— de 40 años de prisión, con cadena perpetua como tope máximo. La relación entre México y Estados Unidos entró ese día en una zona que ambos países habían evitado durante décadas.
El origen: cuando el cártel se partió en dos
Para entender lo que ocurrió en abril de 2026, hay que regresar a julio de 2024. El 25 de ese mes, Ismael “El Mayo” Zambada —cofundador y figura de equilibrio del Cártel de Sinaloa durante tres décadas— fue capturado en territorio estadounidense en circunstancias que aún se disputan: según versiones que se han vuelto dominantes, fue atraído mediante engaño por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien habría pactado su entrega a la DEA como moneda de negociación. La traición, real o no, bastó para romper el pacto de no agresión que había mantenido en paz relativa a las dos facciones del cártel más poderoso del mundo.
Lo que siguió fue una guerra de exterminio. En Sinaloa, los homicidios mensuales se multiplicaron: de un promedio de entre 30 y 55 antes del conflicto, la cifra escaló a entre 120 y 212 muertes al mes durante 2025. Culiacán alcanzó una tasa de 107 homicidios por cada 100,000 habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más violentas del país. En septiembre de 2025, cuando el conflicto cumplió un año, al menos 30,000 personas marcharon en la capital sinaloense exigiendo paz. El costo económico del año de guerra fue estimado en 36,000 millones de pesos. Sinaloa, que alguna vez exportó la imagen del “narco pacificador”, se convirtió en el segundo estado menos pacífico de México según el Índice de Paz 2026.
La crisis evidentemente no era un fenómeno aislado de seguridad, fue la consecuencia de una cooptación institucional que llevaba años acumulándose. Washington lo sabía. Y había estado construyendo el expediente.
La acusación: lo que dice el expediente
El comunicado del Departamento de Justicia estadounidense del 29 de abril de 2026 no se limitó a nombrar a Rocha Moya. Presentó un mapa completo del presunto poder corrupto en Sinaloa: diez personas, todas con cargos en el gobierno o las fuerzas del orden del estado. La lista cubre cada eslabón institucional relevante:
- Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República y exsecretario general del gobierno estatal.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública (2023-2024).
- Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía del Estado.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación estatal.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía del Estado.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde en funciones de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal.
La acusación sostiene que esta red no fue producto del oportunismo sino de una ingeniería criminal premeditada: el Cártel de Sinaloa —específicamente la facción de “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— habría diseñado e impulsado la campaña electoral de Rocha Moya en 2021 mediante intimidación de rivales políticos y secuestro de opositores. Una vez instalado en el gobierno, el cártel procedió a colocar a sus operadores en los puestos clave. El resultado fue una estructura de doble lealtad: funcionarios que cobraban salario del erario y sobornos del narco de manera simultánea.
Los pagos que documenta la acusación son específicos: Dámaso Castro Zaavedra recibía 11,000 dólares mensuales por filtrar información sobre operativos policiales. Gerardo Mérida, además de su salario oficial, recibía compensaciones trimestrales y prestaciones adicionales del cártel mientras encabezaba la seguridad estatal. La investigación detalla también que los funcionarios habrían entregado al cártel listas de personas consideradas adversarias, habilitando represalias. El caso más grave involucra a Juan Valenzuela Millán, acusado de participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de ésta en 2023, utilizando recursos de la fuerza pública para ejecutar las represalias.
La acusación fue asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, y se desprende directamente del caso penal abierto contra los hermanos Guzmán Salazar —”Los Chapitos”— en ese mismo tribunal. No es un caso aislado: es la extensión lógica de una investigación que ya tiene condenas y extraditados.
La licencia y el “viernes negro”
La acusación fue desclasificada el miércoles 29 de abril. Tres días después, el 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso de Sinaloa, argumentando que deseaba “facilitar las investigaciones”. El 2 de mayo, el Congreso local aprobó la solicitud por mayoría y designó a Yeraldine Bonilla Valverde —quien se desempeñaba como secretaria general de Gobierno— como gobernadora interina. Rocha seguía en Sinaloa. Seguía libre. Y desde el poder en las sombras, seguía siendo el centro gravitacional del escándalo.
Lo que vino después tomó al gobierno federal por sorpresa. El viernes 9 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de Rocha Moya, las de su familia y las del senador Inzunza. Ese mismo día, o en los días inmediatos, circularon informaciones sobre negociaciones discretas entre agentes de la Embajada de Estados Unidos en México y al menos dos de los exfuncionarios acusados. El acuerdo, si existió, se materializó el viernes 15 de mayo.
Ese día, Gerardo Mérida Sánchez —el exsecretario de Seguridad Pública que conocía todos los operativos, todos los acuerdos, todos los archivos— cruzó la garita de Nogales hacia Arizona y se entregó a los US Marshals. No cruzó con las manos vacías. Según una columna del periodista Salvador García Soto publicada en El Universal, Mérida habría llevado consigo una caja con videos, memorias USB y documentos de alto valor político: material relacionado con el “Culiacanazo” de 2019 —el operativo fallido en que el entonces presidente López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán—, así como presunta evidencia de presunto financiamiento ilícito a las campañas presidenciales de Morena en 2018 y 2024. La versión no ha sido confirmada oficialmente.
El mismo 15 de mayo, desde Europa, Enrique Díaz Vega —exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quien controlaba el flujo de recursos del estado— se entregó a autoridades estadounidenses y fue trasladado a Nueva York. Ambos se declararon no culpables en su primera audiencia. Ambos podrían convertirse en testigos colaboradores.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la entrega de los exfuncionarios representara un riesgo institucional para el gobierno federal. Pero la pregunta que rondaba los pasillos del poder era inevitable: ¿quién sería el siguiente en cruzar la frontera con documentos?
La FGR entra al juego
El miércoles 23 de mayo, la Fiscalía General de la República emitió citatorios para que los diez señalados por Estados Unidos comparecieran ante el Ministerio Público Federal. La decisión fue presentada por el gobierno como una señal de que México investigaría por sus propios cauces. Rocha Moya la recibió de otra manera.
Ese mismo día, el gobernador con licencia publicó en redes sociales: “Soy un hombre probo que no tiene nada que temer y acudiré puntualmente al llamado de la FGR”. El 27 de mayo, Rocha Moya se presentó ante el Ministerio Público Federal en Culiacán. “No dejaré de luchar”, declaró al salir. Ninguno de los diez acusados ha sido detenido en México. El gobierno federal ha reiterado que no procederá con extradiciones hasta que Estados Unidos presente “elementos de prueba” que sustenten los cargos. Washington, por su parte, insiste en que los tiene.
La paradoja es incómoda, al citar a los acusados, la FGR actúa, pero también defiende su jurisdicción frente a Washington. Es la clásica tensión entre soberanía procesal y rendición de cuentas transnacional. Un abogado constitucionalista podría llamarlo competencia legítima de foros. Un analista político lo llama de otra manera: ganar tiempo.
El punto crítico bilateral
El caso Rocha Moya no ocurre en el vacío. Es la culminación de una escalada que lleva meses construyéndose entre las dos capitales. A mediados de abril, la muerte de dos agentes de la CIA durante un operativo en la sierra de Chihuahua —realizado sin el conocimiento previo del gobierno federal mexicano— provocó la primera confrontación pública seria entre Sheinbaum y Washington. La presidenta denunció la violación a la soberanía nacional. La Casa Blanca no respondió con disculpas sino con presión adicional.
El 6 de mayo, Donald Trump fue directo en una declaración desde la Casa Blanca: “Si ellos no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”. La frase condensaba meses de política: desde la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), que abrió la puerta a operaciones militares en territorio de terceros países, hasta la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 que presentó la Casa Blanca esa misma semana, confirmando la ruta injerencista. El vicefiscal general adjunto Akash Singh instruyó a 93 fiscales federales para que aplicaran leyes antiterrorismo y triplicaran acusaciones contra funcionarios mexicanos con vínculos narcos. El fiscal general en funciones Todd Blanche advirtió que vendrían más acusaciones contra políticos mexicanos.
Los números de la cooperación son contundentes: en el segundo mandato de Trump, México ha entregado 96 extradiciones y 92 criminales adicionales según datos de la Embajada de Estados Unidos. En 2025 se rompió el récord anual con 130 entregas, de las cuales 126 fueron a Estados Unidos. Desde enero de 2026, México extraditó a 37 delincuentes en la primera semana del año. La presidenta Sheinbaum, en busca de simetría, recordó que México tiene 269 solicitudes de extradición pendientes ante Washington —entre ellas casos de factureros y exgobernadores— sin que se haya concretado ninguna entrega.
La presión bilateral tiene un contexto económico que la amplifica: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) entra en su fase de renegociación, y la economía mexicana atraviesa su propio ciclo de anemia. Para analistas como Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, “con que EE.UU. decida levantarse de la mesa de negociación, a México no le quedará otra alternativa que hacer alguna concesión en seguridad”. El Mundial de Fútbol, que ambos países coorganizan en 2026, funciona momentáneamente como amortiguador de la tensión. Pero la tregua tiene fecha de vencimiento.
La paradoja soberanía-cooperación
Ante la avalancha, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido consistente en su formulación, aunque cada vez más difícil de sostener en los hechos: “Coordinación sin subordinación, como iguales”. México ha cooperado con la agenda de seguridad de Trump en niveles sin precedente —extradiciones, operativos conjuntos, entregas masivas— pero ha puesto un límite claro cuando la presión toca el territorio de la soberanía formal: ningún funcionario mexicano será juzgado en un tribunal extranjero si México no lo decide así.
La dificultad es que ese límite se vuelve cada vez más difuso. Dos exfuncionarios ya están en custodia estadounidense. El material que presuntamente llevaron consigo tiene el potencial de escalar el caso más allá de Sinaloa. El fiscal Blanche lo insinuó con toda claridad: “Una consecuencia de haber traído aquí a muchos líderes de algunos de estos cárteles es que algunos probablemente querrán cooperar, y eso podría derivar en cargos adicionales”. Cada testigo colaborador es una puerta que se abre hacia un nivel superior de la cadena.
El caso también tiene una dimensión política doméstica que el gobierno federal no puede ignorar: Rocha Moya es un cuadro del partido gobernante, Morena. La acusación no solo daña a un gobernador; pone en tensión la narrativa central de la Cuarta Transformación —la lucha contra la corrupción y el crimen— con la realidad de que uno de sus mandatarios está señalado por Washington de haber gobernado al servicio de un cártel. El analista David Pérez Esparza lo resumió con precisión quirúrgica: “El combate contra la corrupción es la gran cuenta pendiente de la 4T, que solo ha sido de momento una narrativa”.
¿Qué viene?
El expediente del Distrito Sur de Nueva York no se cierra con la declaración de Rocha ante la FGR. Se cierra con una sentencia, con una extradición, o con un acuerdo político que ninguno de los dos gobiernos ha confirmado ni descartado. Los plazos del tratado de extradición bilateral dan a México 60 días para actuar sobre cada solicitud formal; los acusados casi con certeza recurrirán al amparo, extendiendo los tiempos.
Lo que está en juego supera al propio Rocha Moya. Este caso establece un precedente sin antecedente en la historia bilateral: por primera vez, un gobernador en funciones de un estado mexicano enfrenta cargos formales en un tribunal federal estadounidense. Si Washington logra juzgarlo —por las vías que sean—, el mensaje hacia otros mandatarios y funcionarios mexicanos es inequívoco. Si México logra resolver el caso por sus propios mecanismos con resultados creíbles, demuestra que la soberanía no es sinónimo de impunidad.
Entre esos dos extremos hay un espacio de negociación que ambos gobiernos explotan con cautela. La pregunta que Sinaloa —y México— deben responder ya no es quién ganó la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos. La pregunta es hasta dónde penetró esa guerra en las instituciones del Estado. Y la respuesta, según el expediente de Nueva York, alcanza todos los pisos del edificio gubernamental: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, las finanzas públicas y las fuerzas del orden. Toda la estructura. Todo al mismo tiempo. Eso no se deshace con un citatorio de la FGR.
