El 21 de abril de 2026, un lunes ordinario en apariencia, el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México instaló su Comisión Estatal de Procesos Internos. En la sala, Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del tricolor en la entidad, anunció el inicio de la convocatoria para renovar 7,052 comités seccionales distribuidos en los 125 municipios de la entidad más poblada del país. El proceso, dijo, debería concluir entre finales de mayo y principios de junio. En esa misma semana, los datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaban lo que nadie en el tricolor quería pronunciar en voz alta: el PRI había pasado de 1,411,889 militantes en agosto de 2023 a apenas 844,255 afiliados vigentes. Casi 568,000 priistas menos en menos de tres años. El partido que gobernó México durante 71 años consecutivos reorganiza hoy su célula más pequeña —el seccional— desde una posición de fragilidad sin precedentes en su historia moderna.
¿Puede el PRI llegar a las elecciones de 2027 como una fuerza política relevante, o su reorganización interna es apenas el rito burocrático previo a una extinción paulatina?
Un diagnóstico difícil de asimilar
Los números del INE son duros y algunos dirigentes estatales insisten en matizarlos. En San Luis Potosí, la presidenta del CDE, Sara Rocha Medina, declaró en abril de 2026 que “no es que hayan bajado los militantes, es una percepción equivocada”, y atribuyó la reducción a un proceso de reafiliación que depura afiliaciones inconsistentes. Su argumento tiene una lógica operativa: el nuevo convenio con el INE exige registros verificados ante el árbitro electoral, lo que elimina automáticamente los padrones fantasma que, históricamente, inflaban las cifras priistas. Pero incluso aceptando esa lectura, el colapso es real: Baja California Sur registra apenas 798 militantes en todo el estado; Morelos, 725. El partido resiste parcialmente en Coahuila, con 167,458 afiliados, y en el Estado de México, donde la campaña de reafiliación logró sumar 18,000 nuevos registros en dos semanas.
La caída, además, se aceleró en los últimos meses. A finales de 2025 el PRI contaba con cerca de 940,000 militantes; en febrero de 2026, la cifra había caído 30,000 personas más en apenas semanas, mientras 55 organizaciones buscaban su propio registro como nuevos partidos políticos. El contexto macro no ayuda: el presupuesto real del tricolor se ha erosionado 55% respecto a 2018 por efecto de las reformas al financiamiento público y la inflación acumulada, lo que limita la capacidad operativa en estados donde el partido no controla ningún gobierno. La cúpula controla el partido, pero el partido tiene cada vez menos partido que controlar.
La máquina territorial: 7,052 seccionales en juego
El seccional es la unidad básica de la organización priista. Corresponde a cada sección electoral —la circunscripción mínima del padrón del INE— y su función original era simple y brutal: movilizar el voto en el territorio más pequeño posible. Durante décadas, el control de los seccionales fue el instrumento por excelencia del corporativismo priista: quien controlaba las secciones, controlaba los votos. Lo que hoy se está renovando en el Estado de México, en Hidalgo, en Zacatecas, en Chihuahua y en media docena de entidades más no es, entonces, un trámite administrativo. Es la reconstrucción del músculo más fino del aparato territorial del partido más experimentado en la operación electoral de México.
En el Estado de México, la renovación contempla 7,052 secciones distribuidas en 125 municipios, con procesos coordinados por los comités municipales que fungirán como auxiliares de la Comisión de Procesos Internos. Ruiz Sandoval reconoció que el tamaño de los municipios determina los tiempos: no es lo mismo Ecatepec —con más de 700 secciones— que un municipio serrano con apenas cuatro. La meta oficial: resolver el 93% del proceso en los primeros días de la convocatoria. El requisito que antes era opcional ahora es obligatorio: los integrantes de los nuevos comités seccionales deberán estar afiliados ante el INE, lo que convierte cada seccional renovado en un registro verificable, trazable y auditables por el árbitro electoral.
En Hidalgo, el proceso es simultáneamente más modesto y más ambicioso. La dirigencia estatal contempla renovar 84 comités municipales y el Consejo Político estatal durante todo el 2026, con la instrucción explícita de que la selección de liderazgos garantice “transparencia en la selección de líderes”. Marco Antonio Mendoza Bustamante, presidente del CDE hidalguense, fue directo al hacer su convocatoria: “En todos los recorridos que hago por Hidalgo no hay una sola sección electoral donde no encuentre priistas”.
El mapa nacional de renovaciones muestra un proceso descentralizado en su ejecución pero comandado verticalmente desde el CEN. En Nuevo León, el presidente del CEN autorizó a la Comisión Estatal de Procesos Internos ejercer “facultad de atracción” sobre la elección de las presidencias y secretarías generales de los 51 comités municipales. Lo mismo ocurrió con los 217 municipios de Puebla y los 67 de Chihuahua.
El convenio con el INE y la afiliación digital: modernización o parche
El 6 de febrero de 2026, en un acto protocolario en la sede del Instituto Nacional Electoral, Alejandro Moreno y la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, firmaron un convenio de colaboración para que el PRI use la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano INE” en la captación de registros, ratificación y refrendo de afiliados.
Taddei Zavala subrayó que la herramienta “permitirá afiliaciones rápidas y con plena certeza jurídica”. Moreno lo presentó como un hito de modernización institucional y como señal de la confianza del tricolor en el árbitro electoral, en contraste implícito con lo que describió como los intentos del gobierno federal de abaratar y debilitar a la autoridad electoral.
El mando vertical: Alito, Viggiano y los seis que controlan todo
En agosto de 2024, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano fueron reelegidos como Presidente y Secretaria General del CEN del PRI para el periodo 2024-2028, con el 97.35% de los votos emitidos en el Consejo Político Nacional. La fórmula opositora de Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos obtuvo ocho votos; cuatro fueron nulos. El resultado —440 votos contra 8 en un universo de 452 sufragios— describe con precisión matemática lo que los analistas denominan “centralización absoluta”: el PRI de 2026 no tiene oposición interna orgánica visible.
El núcleo de poder que opera desde el CEN es reducido pero eficiente. Moreno controla la presidencia nacional y su escaño en el Senado. Viggiano articula la operación territorial desde la Secretaría General, con más de 30 años de carrera y experiencia en cuatro legislaturas federales. Rubén Moreira coordina la bancada en la Cámara de Diputados; Manuel Añorve encabeza el grupo senatorial. En el flanco mediático y ciudadano, Rosario Robles —reincorporada a la vida pública en marzo de 2026— coordina el proyecto “Defensores de México”, articulando a coordinadores en las 17 entidades con elecciones en 2027. En los bastiones regionales, Manolo Jiménez en Coahuila y Mario Zamora en el noroeste mantienen la vigencia territorial del partido con ratings de aprobación positivos.
Esta arquitectura de poder compactado tiene ventajas y riesgos. La ventaja es la velocidad de toma de decisiones: cuando el CEN decide que Nuevo León, Puebla y Chihuahua requieren intervención directa en sus procesos internos, la “facultad de atracción” se activa en días. El riesgo es la simulación: un partido donde el 97% del Consejo vota por la misma fórmula no está deliberando, está ratificando.
El 27 de abril de 2026, Moreno reunió en la sede del CEN a 15 exgobernadores del tricolor para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”. La lista incluía a Roberto Madrazo, Andrés Granier, César Camacho, Miguel Ángel Riquelme, Fernando Yunes, Zapata Bello y Rosario Robles, entre otros. La reunión fue presentada como una apertura hacia los cuadros históricos del partido.
Lo que no se dijo en los boletines oficiales es que varios de esos cuadros históricos cargaron en sus gobernanzas algunos de los episodios más cuestionados del priismo contemporáneo. La pregunta que la opinión pública se hace con naturalidad: ¿Con qué autoridad moral los exgobernadores más polémicos del tricolor lideran la narrativa de la renovación?
Las voces que el partido no quiere escuchar
La crítica más incómoda para el PRI no viene de sus adversarios en Morena ni del PAN. Viene de adentro, en voz baja pero constante. Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del CDE en el Estado de México, pronunció en la convocatoria de renovación seccional la frase que condensa el diagnóstico más honesto que un priista ha hecho públicamente en años: “Nos dimos cuenta que la gran derrota de nuestro partido fue la simulación”. No dijo “la competencia de Morena”. No dijo “la represalia del gobierno”. Dijo: la simulación. La de los seccionales que existían en el papel pero no en el territorio. La de los militantes que aparecían en el padrón pero no llegaban a votar. La de los candidatos que se “ungían” en asambleas donde el resultado ya estaba decidido.
Desde la academia, el diagnóstico es más severo. El analista Roberto Soltero advirtió que el esfuerzo organizativo del PRI “será insuficiente, en razón a que existen fuerzas políticas mejor posicionadas”, refiriéndose a la ventaja estructural que Morena mantiene en términos de financiamiento, estructura gubernamental y cohesión territorial. El politólogo Javier Contreras fue aún más directo al evaluar el programa “Defensores de México”: el PRI “nunca lo ha hecho con el propósito auténtico de brindarle espacios a la ciudadanía de a pie”. La apertura a candidatos ciudadanos, en su lectura, es una estrategia de marketing político que reconoce implícitamente que los cuadros propios del partido no son competitivos en 2027.
El columnista Alejo Sánchez Cano publicó en El Financiero, en el aniversario 97 del partido, una tesis que sintetiza el debate de fondo: “la pregunta de fondo es si el priismo asumirá que su crisis es estructural y no solo coyuntural”. La distinción es crucial. Una crisis coyuntural se resuelve con renovación de seccionales, convenios con el INE y asambleas de exgobernadores. Una crisis estructural exige una respuesta política de mayor calado: ¿qué propone el PRI que no proponga ningún otro partido? ¿Qué electorado está esperando su oferta? ¿Qué lo distingue de Morena hacia la izquierda y del PAN hacia la derecha? En sus 97 años de historia, el tricolor nunca había necesitado responder esas preguntas porque el Estado respondía por él.
La Asamblea Nacional de 2027: promesa o epitafio
En el marco de su 97 aniversario, el 4 de marzo de 2026, Alejandro Moreno anunció ante el Consejo Político Nacional que el PRI realizará una Asamblea Nacional después de 2027 para emprender una reforma integral de sus estatutos, transitar hacia un modelo “digital y de vanguardia” y reconfigurar sus estructuras territoriales. La Asamblea fue presentada como el horizonte de la renovación profunda: el gran momento refundacional que el partido necesita para llegar a su centenario en 2029 como una fuerza renovada.
El problema con esa promesa es su condicionamiento temporal. La Asamblea viene después de 2027, no antes. Primero hay que sobrevivir a las urnas; luego, el partido se reinventa. Esta secuencia tiene una lógica política comprensible —ningún partido en campaña puede al mismo tiempo disputar su propia identidad interna— pero también revela una subordinación de la reforma al ciclo electoral que el PRI ha repetido en cada momento de crisis desde el año 2000.
¿Podrá llegar a 100 años?
El PRI tiene, en 2026, activos reales que ningún análisis crítico debería ignorar. Dos gobernadores bien evaluados —Manolo Jiménez en Coahuila y Esteban Villegas en Durango—, bancadas legislativas federales cohesionadas bajo el mando de Moreira y Añorve, una infraestructura jurídica y electoral aceitada por décadas de operación, y una militancia residual que en estados como Coahuila todavía supera los 167,000 afiliados. Esos activos no son suficientes para ganar la presidencia de la República, pero sí para sobrevivir como tercera o cuarta fuerza en un sistema político que sigue siendo multipartidista en los márgenes.
Lo que el proceso interno de 2026 revela, sin embargo, es que la supervivencia orgánica y la renovación política son dos objetivos que el PRI está tratando de alcanzar simultáneamente con recursos insuficientes para ambos. Renovar 7,052 seccionales en el Estado de México antes de junio requiere cuadros, recursos, logística y voluntad política territorial. Articular una propuesta diferenciada que explique al electorado de 2027 por qué votar por el PRI en lugar de por Morena, el PAN o Movimiento Ciudadano requiere un trabajo intelectual y comunicativo de otro orden. La energía organizativa de la cúpula está, en este momento, concentrada en el primer objetivo. El segundo permanece, en abril de 2026, sin respuesta clara.
La crónica más lúcida del momento priista no la escribió ningún analista político: la escribió Cristina Ruiz Sandoval al pedir “seccionales de carne y hueso, reales”.
En 2029 el PRI cumplirá cien años. Para un partido que gobernó México durante siete décadas sin interrupción, llegar al centenario como fuerza de oposición es, en sí mismo, una transformación histórica. La pregunta es si esa transformación la está procesando el tricolor con lucidez o si, como ha ocurrido en cada encrucijada desde el año 2000, está confundiendo la supervivencia del aparato con la renovación del proyecto. La respuesta, esta vez, la darán las urnas de 2027. Y los 7,052 seccionales del Estado de México que en este momento están eligiendo a sus nuevos presidentes de comité.
ARTÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN 18 DE REVISTA GUINDA
