El partido Morena construye filtros, pide opiniones favorables al gabinete de seguridad y cambia estatutos. La pregunta no es si las reformas existen. Es si llegan a tiempo.
Aprendizajes duros
El 7 de mayo de 2026, Ariadna Montiel, flamante presidenta de Morena, dijo algo que ningún dirigente del partido había dicho con tanta claridad desde que la organización comenzó a ganar elecciones: que el crimen organizado se había metido por la puerta de las candidaturas, y que el partido tenía que cerrarla. No usó eufemismos. No habló de ‘casos aislados’ ni de ‘campañas de desinformación’. Dijo que todos los aspirantes a candidatos, ‘todos, todos, todos’, pasarían por el filtro de las áreas de seguridad del gabinete federal.
El contexto inmediato es brutalmente concreto: el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, militante de Morena, por presuntos nexos con ‘Los Chapitos’, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Junto a él fueron acusados otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado. Fue la primera vez que un gobernador mexicano en funciones recibe una imputación federal de Estados Unidos. El exsecretario de seguridad estatal, Gerardo Mérida, se entregó en Arizona el 11 de mayo y fue trasladado a Brooklyn. Rocha Moya pidió licencia dos días después de la acusación.
El impacto en las encuestas fue inmediato. Según datos de Lorena Becerra de mayo de 2026, la aprobación de Claudia Sheinbaum cayó de 80% en marzo de 2025 a 59% en mayo de 2026, una baja de 21 puntos en poco más de un año. La imagen favorable de Morena descendió de 71% a 57%, y la intención de voto efectiva para diputaciones federales se contrajo de 55% a 41%. El caso Rocha no fue la única causa, pero fue el detonante visible.
El problema, sin embargo, no nació en abril de 2026. Lleva años creciendo dentro del partido que ganó la presidencia con el argumento de que era moralmente superior al sistema que desplazó.
Crecimiento explosivo
Morena llegó a la presidencia en 2018 con una ventaja estructural enorme: no era el PRI. No era el PAN. Ni siquiera era el PRD del que había surgido. Era un movimiento nuevo, con un liderazgo carismático y una promesa de regeneración moral que tocó fibras profundas en un electorado cansado de décadas de corrupción institucionalizada. Eso le abrió las puertas, y también le abrió las puertas a todo lo que después quiso entrar por ellas.
Después de 2018, Morena comenzó a ganar gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Para 2024, controlaba 22 de las 32 gubernaturas del país más dos aliadas, un escenario que no se había visto en México desde finales de los ochenta, cuando el PRI era apodado “El Invencible”. Esa expansión fue electoral, pero también fue de otro tipo: el partido absorbió perfiles de prácticamente todo el espectro político. Ex priistas, ex panistas, ex perredistas, líderes regionales con décadas de poder local, operadores electorales que habían trabajado para otros partidos y que cambiaron de camiseta en cuando quedó de qué lado estaba pegando las sombra.
Muchos de esos perfiles llegaron sin filtros ideológicos ni controles sólidos. La estructura del partido, deliberadamente horizontal, deliberadamente anti-burocrática, herencia directa del obradorista que desconfía de las instituciones, no estaba diseñada para administrar ese tamaño. Un movimiento puede sostenerse con un enorme carisma y una causa justa; un partido que gobierna 22 estados y quiere gobernar 300 municipios necesita otra cosa.
El crimen organizado no necesita convencer a nadie. No necesita argumentos. Entra donde hay vacíos, donde los controles son débiles, donde la necesidad de ganar una elección supera la capacidad de hacer preguntas incómodas sobre quién financia una campaña o quién moviliza votantes en una zona de alta conflictividad.
El dilema del partido-movimiento
Morena nació como movimiento. Esa es una parte de su identidad que no es meramente retórica: su estructura fue deliberadamente diseñada para no parecerse a los partidos que el presidente López Obrador combatió durante décadas. Sin burocracia rígida. Sin cuotas de poder claras. Con una dirección nacional que durante años fue más simbólica que operativa. Con la encuesta como mecanismo de selección de candidatos, que tiene la virtud de democratizar las decisiones y el defecto de abrirlas a quien tenga mayor capacidad de movilización territorial incluyendo quienes la tienen por razones que no conviene examinar demasiado.
Esa estructura funcionó bien mientras el partido era oposición. Le permitió ser ágil, incorporar perfiles muy distintos, moverse rápido, evitar el tipo de esclerosis que destruyó al PRD desde adentro y que ahora tiene atenazados al PRI y al PAN. Cuando Morena se convirtió en gobierno —primero nacional, luego en la mayoría de los estados, luego en cientos de municipios— esa misma flexibilidad se volvió una vulnerabilidad. Gobernar requiere controles. Los controles requieren burocracia. La burocracia contradice la identidad del movimiento.
La honestidad como marca, y cómo volverla una práctica
‘No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.’ Ese es el lema fundacional de Morena, la frase que AMLO repitió por años. Ariadna Montiel recuperó la frase en su primera entrevista como presidenta del partido en mayo de 2026. Los principios, dijo, ‘regirán su dirigencia’. Estas palabras en la boca del fundador hubiera resultado un axioma, una verdad evidente, en boca de su más reciente sucesora es una frase con su carga política, sí, pero también algo que habrá de demostrarse una tesis.
Contra el crimen
Uno de los pilares centrales del proyecto de la Cuarta Transformación fue siempre la superioridad moral sobre el viejo régimen. La 4T no prometía solo políticas distintas: prometía una clase política distinta. Más honesta, más austera, más comprometida con el pueblo. Esa promesa fue electoralmente rentable durante años. También creó un estándar que es muy difícil de sostener cuando el partido tiene gobernadores, alcaldes, senadores y diputados en número suficiente como para que las excepciones dejen de serlo.
La infiltración criminal no es solo un problema de seguridad. Es un problema de legitimidad. Cada alcalde morenista detenido o señalado por nexos con el crimen, cada gobernador acusado en una corte federal de Nueva York, cada candidato con antecedentes que llegó a una boleta sin pasar por ningún filtro, es una grieta en la estructura partidista, y si son demasiadas la estructura se puede venir abajo.
La respuesta del partido ha sido ambigua: defensiva y reformista al mismo tiempo: defensiva en casos individuales (Monreal describiendo el caso Rocha como ‘político’), reformista en el plano institucional (la comisión del INE, los filtros de seguridad, las comisiones internas). Es una posición muy difícil de sostener. No se puede negar la evidencia y al mismo tiempo construir mecanismos para prevenir exactamente lo que se niega.
El municipio como campo de pruebas
El debate público sobre infiltración criminal se concentra en los perfiles más visibles: gobernadores, senadores, candidatos presidenciables. Pero el problema más profundo ocurre en el tercer nivel de la estructura de gobierno, donde los controles son más débiles y la proximidad con el crimen organizado es hasta cotidiana.
Una alcaldía en una región de alta conflictividad no es solo un cargo político. Es el control de la policía municipal. El manejo de contratos de obra pública. El acceso a los padrones de programas sociales. La capacidad de mover dinero a través de proveedores. La posibilidad de nombrar directores de área que faciliten o dificulten el trabajo de grupos criminales. El crimen organizado lo sabe. Por eso no necesita capturar la Presidencia de la República para tener influencia sobre el Estado. Le basta con capturar suficientes municipios.
El Operativo Enjambre de noviembre de 2024 fue el episodio más visible de ese proceso en fecha reciente: fueron detenidas la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, y la de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Matías Esquivel, ambas del Estado de México, acusadas de nexos con grupos criminales. No eran figuras nacionales. Eran alcaldesas de municipios pequeños. Este es exactamente el punto.
Citlalli Hernández lo reconoció implícitamente cuando habló de ‘alertas’ sobre ‘perfiles falsos’: lo que el partido busca no es una investigación exhaustiva de cada aspirante, sino señales de alarma sobre los casos más graves. Eso es útil. ¿No es suficiente?
Montiel y Hernández: el obradorismo al frente
Ariadna Montiel viene de la Secretaría de Bienestar, la secretaría que administra los programas sociales más masivos del gobierno de AMLO. Es, dentro de la genealogía del movimiento, una figura del núcleo duro: no es una advenediza ni una tecnócrata sin historia en el proyecto; Citlalli Hernández fue senadora y figura pública del ala más combativa del obradorismo. Que sean ellas dos, no perfiles más periféricos, quienes encabecen el discurso de blindaje institucional no es un accidente.
Es un mensaje hacia adentro del partido: la depuración, si ocurre, no vendrá de afuera sino del propio núcleo. Que sean figuras con credenciales dentro del movimiento quienes impulsen los filtros significa que el mensaje tiene autoridad interna. Un tecnócrata externo haciendo lo mismo habría sido descartado como ‘traidor’ o como agente del viejo régimen. Montiel y Hernández tienen el capital político para decir que el problema existe sin que eso destruya el discurso del movimiento.
Pero ese capital tiene un costo. Si las reformas no funcionan, si, digamos, en 2027 vuelven a aparecer candidatos con nexos criminales en las boletas de Morena, si Washington activa más expedientes en vísperas de la campaña, si el Operativo Enjambre tiene una secuela, la responsabilidad recaerá sobre quienes prometieron que esta vez sería diferente. Montiel y Hernández habrán entonces prestado su legitimidad a un proceso que no dio resultados.
Hay también otra lectura posible, menos institucionalista: que las comisiones de evaluación moral, los filtros de seguridad, las ‘opiniones favorables’ del gabinete, sean instrumentos no tanto para depurar candidatos con nexos criminales sino para resolver disputas internas de candidaturas a favor de determinados grupos y en contra de otros. El crimen organizado como pretexto para el control faccional. La honestidad como herramienta de la disputa por el poder.
Esa posibilidad no invalida las reformas. Pero exige que quienes las evalúen: periodistas, analistas, ciudadanos, mantengan la mirada puesta en los resultados concretos: quiénes son los candidatos que pasan el filtro, quiénes son los que no lo pasan, y si esa distribución corresponde a criterios de integridad o a criterios de lealtad faccional.
