Un juez federal decretó el martes 13 de octubre de 2026 la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa 237/2023 contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien enfrentaba un proceso por ejercicio ilícito del servicio público. El expediente derivaba del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y 27 resultaron lesionadas.
La representación legal de las víctimas adelantó que impugnará la decisión, por lo que el caso aún podría tener movimientos en instancias superiores.
Una audiencia de ocho horas en el Centro de Justicia Penal Federal
La determinación se emitió tras una diligencia que se prolongó cerca de ocho horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información difundida, el juzgador, Víctor Manlio Hernández Calderón, concluyó que el excomisionado satisfizo todas las obligaciones fijadas cuando se le concedió la suspensión condicional del proceso, por lo que dio por terminado el procedimiento en su contra.
Rodolfo Pérez Velázquez, abogado defensor, explicó que el fallo confirma que se cumplieron las condiciones de reparación a las que su cliente se comprometió. Admitió, no obstante, que la resolución puede combatirse mediante un recurso de apelación y que la defensa aguardará la postura de la asesoría jurídica de las víctimas.
Qué es la suspensión condicional del proceso y qué debía cumplir
Esta figura está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales y permite detener un juicio mientras la persona imputada cumple una serie de compromisos. Si los satisface en el plazo fijado, la acción penal se extingue; si los incumple, el proceso puede reactivarse.
En este caso, el juez concedió el beneficio el 24 de enero de 2025 y lo fijó por 18 meses. Entre las obligaciones impuestas figuraron presentarse a firmar cada quince días, no cambiar de domicilio, tomar talleres en materia de derechos humanos y ofrecer una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas. Esa disculpa se realizó el 26 de septiembre de 2025, por mandato judicial, a dos años y medio de la tragedia.
En cuanto a la reparación económica, el INM informó en marzo de 2024 que 29 de las 40 familias de las personas fallecidas ya habían recibido una indemnización, mientras continuaban las gestiones para atender los casos pendientes y los de las personas lesionadas.
Garduño: silencio, derechos humanos y visitas a unidades del INM
Al conocerse la resolución, Garduño sostuvo que mantuvo silencio durante todo el proceso y que siempre se condujo con respeto a los derechos humanos, sin intención de causar daño a nadie. A la salida de la audiencia añadió que, durante su gestión, visitó las 510 unidades administrativas del instituto.
También relató que la madrugada posterior al siniestro ya se encontraba en Ciudad Juárez para atender a los lesionados, y que gestionó su traslado a hospitales con apoyo de ambulancias especiales proporcionadas por el Ejército y la Marina.
El incendio de 2023: el contexto de una tragedia
El fuego se desató la noche del 27 de marzo de 2023 en una estación provisional del INM situada a escasos metros del puente internacional que une a Ciudad Juárez con El Paso, Texas. En el interior había 68 hombres adultos originarios de Centro y Sudamérica. La versión oficial inicial atribuyó el origen del siniestro a una protesta de las personas alojadas, aunque la investigación posterior se centró en las omisiones de quienes operaban y supervisaban el recinto.
El 11 de abril de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procedería penalmente contra Garduño y contra Antonio Andrés Vidal Islas, entonces director general de Regulación y Archivo Migratorio, por presuntamente incumplir su deber de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Garduño fue vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público y, a pesar de ello, no fue separado del cargo en ese momento. Otras personas, entre ellas agentes de seguridad privada y personal público, también fueron detenidas en el marco de las indagatorias.
Las organizaciones que representan a sobrevivientes y familiares habían advertido desde 2024 que, a su juicio, existía un riesgo de impunidad en torno al caso y a las condiciones de las estaciones migratorias. Organismos públicos de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han emitido pronunciamientos sobre la situación de estos centros de detención.
De la titularidad del INM a la SEP
Garduño dejó el INM el 30 de abril de 2025, tras casi seis años al frente del organismo, que desde entonces dirige Sergio Salomón Céspedes. Meses después, el 19 de enero de 2026, se informó su incorporación a la Secretaría de Educación Pública como director general de Centros de Formación para el Trabajo, designación anunciada por el titular de la dependencia, Mario Delgado, y atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Probable apelación y determinación de sus responsabilidades reales
Con la extinción de la acción penal, el proceso contra Garduño queda cerrado en primera instancia, pero la impugnación anunciada por las víctimas deja abierta la discusión sobre el alcance de las responsabilidades por la muerte de las 40 personas. Las actualizaciones oficiales de la Fiscalía pueden seguirse en su perfil de X y en su página de Facebook, mientras que la información institucional del tema migratorio está disponible en la Secretaría de Gobernación y en el sitio del Poder Judicial de la Federación.
A más de tres años del incendio, la resolución cierra un capítulo judicial para el excomisionado, pero no despeja las dudas de familiares y organizaciones sobre la reparación integral del daño ni sobre las condiciones en las estaciones migratorias del país.
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