Un juez de control determinó que César Jáuregui Moreno, quien encabezó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, responderá en libertad condicionada por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La resolución se dictó la noche del domingo 18 de octubre de 2026, al cierre de la audiencia inicial de la causa penal 3055/2026, y se relaciona con la presencia de cuatro estadounidenses en tareas de la Agencia Estatal de Investigación entre octubre de 2025 y abril de este año.
Libertad condicional y medidas cautelares
El exfiscal había sido detenido el sábado 17 de octubre en la capital chihuahuense, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Tras escuchar a las partes, el juzgador le impuso tres condiciones: entregar su pasaporte, presentarse a firmar cada 30 días y abstenerse de acercarse a los testigos del caso.
Esta decisión no equivale a una absolución ni a una sentencia. Se trata de una medida cautelar dentro de un proceso que apenas inicia, por lo que Jáuregui conserva la presunción de inocencia mientras se desahogan las pruebas. Por separado, de acuerdo con la información divulgada tras su captura, la Fiscalía General de la República (FGR) también cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de traición a la patria, lo que mantiene abierta una segunda vía judicial en el ámbito federal.
Las pruebas que presentó el Ministerio Público
Para sustentar la acusación, la representación social dio lectura a entrevistas realizadas por la unidad especial que investiga lo ocurrido en el operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la sierra Tarahumara. Esos testimonios provienen de decenas de policías ministeriales y agentes de la Fiscalía que convivieron con los extranjeros y que los identificaron como personal de la embajada de Estados Unidos.
Según lo expuesto en la audiencia, los estadounidenses llevaban en el estado desde octubre de 2025, al menos, y participaron además en otro despliegue policiaco el 19 de marzo de 2026 en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja. Las entrevistas indican que en varias ocasiones acompañaron al fiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Arturo Zuany Portillo, a quien se señala como el encargado de coordinar su presencia. En su oficina se les habrían entregado armas largas antes de partir hacia la sierra.
El Ministerio Público sumó otros elementos de convicción: reservaciones en un hotel de la ciudad de Chihuahua donde, según la tesis de la acusación, se alojaron presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en octubre de 2025, enero y abril de 2026; contratos de renta de vehículos; y registros de geolocalización que evidenciarían estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.
El accidente del 19 de abril y las víctimas
El caso se volvió público por un hecho trágico. El 19 de abril, una camioneta en la que viajaban dos estadounidenses y el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, cayó a un barranco en la comunidad de Polanco y se incendió. Murieron los dos extranjeros, Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como servidores públicos estatales, entre ellos el propio Oseguera. Los cuerpos de los estadounidenses fueron reclamados por funcionarios del consulado de su país en Ciudad Juárez.
La primera versión oficial había presentado a los fallecidos como personal de la embajada dedicado a labores de capacitación, ajenos al operativo, una explicación que las investigaciones posteriores pusieron en entredicho.
Lo que establece la Ley de Seguridad Nacional
El debate de fondo es jurídico. La Ley de Seguridad Nacional permite el ingreso temporal de agentes extranjeros solo para tareas de enlace e intercambio de información, en el marco de convenios bilaterales, y les impide ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas. A ello se suma el principio de soberanía consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En abril, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la participación de personal extranjero sin los permisos federales vulneraba esa normatividad, y el Gobierno federal envió un recordatorio a todas las gobernaturas sobre las reglas de cooperación en seguridad. Este lunes, la mandataria reiteró que el exfiscal fue el principal responsable de esa intervención, de acuerdo con el reconocimiento de las propias autoridades chihuahuenses. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había precisado antes que la ley prohíbe la actuación de agentes foráneos en campo.
Contexto: de la renuncia al proceso penal
Jáuregui dejó el cargo el 27 de abril, tras asumir responsabilidad política por omisiones institucionales en el caso. Entonces, la Fiscalía estatal ya había creado, el 24 de abril, una unidad especial para esclarecer lo ocurrido entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos. Con el paso de los meses, la investigación derivó en la orden de aprehensión que hoy lo mantiene bajo proceso.
La actual administración de la Fiscalía subrayó que la captura no demerita el trabajo de las corporaciones y de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino, y que lo que se investiga es la forma en que se condujo el operativo. La gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó que desconocía la presencia de los extranjeros.
Con la audiencia inicial concluida, el siguiente paso será la etapa de investigación complementaria, en la que ambas partes podrán aportar nuevos datos. Mientras tanto, el expediente seguirá bajo escrutinio público porque toca un tema especialmente sensible: los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos y el respeto a la soberanía nacional.
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